Audiencias públicas «Guardia Nacional» | Participación de Miguel Concha en la Mesa sobre Derechos Humanos y Guardia Nacional en la Cámara de Diputados
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados. Me es muy grato poder participar en este espacio tan importante, en momentos cruciales para la transformación y la construcción de paz en nuestro país. Saludo el diálogo que se ha entablado con diversos sectores de la sociedad, y que se considere la participación de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria que tengo a bien dirigir, y en el que desde el 1984 hemos trabajado de la mano con la gente en la defensa y promoción de sus derechos humanos. Aprovecho la ocasión para instar al diálogo con las víctimas, quienes cuentan con total legitimidad para pronunciarse también en la materia que nos ocupa. La experiencia de la guerra contra el narcotráfico y la guerra sucia nos trajo varias lecciones sobre la participación de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Situación que nos lleva a plantear las siguientes preocupaciones: PREOCUPACIONES 1.- Desde la década de los setenta, y especialmente desde el año 1984, se ha observado que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha ocasionado graves violaciones a los derechos humanos para las personas que habitan o transitan por México, principalmente por el constante uso indiscriminado e ilegal de la fuerza por parte de militares en contra de civiles. 2.- La implementación del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública contraviene las múltiples observaciones, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. La lista es larga. En los últimos años se le ha instado al Estado mexicano a limitar la intervención militar en tareas de este tipo, por constituir un riesgo latente de violaciones a los derechos humanos; a fortalecer a los cuerpos de seguridad civiles, y a adoptar un cronograma preciso con miras al retiro paulatino y progresivo de las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Un cronograma que en nuestra opinión no debe ir más allá de los tres años. 3. El modelo de Guardia Nacional que se presenta en la Iniciativa que se comenta, es contrario a los principios de un Estado democrático de derecho. La gran atribución de facultades y protagonismo concedido a las fuerzas armadas se traduce en un reconocimiento de la incapacidad por parte de las autoridades civiles para hacerle frente a los retos de inseguridad que aquejan al país. Lo cual es jurídica y políticamente muy peligroso. Tal situación debilitará la atención y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad policiacos, generando con ello una mayor dependencia e injerencia por parte de las fuerzas militares en tareas que les corresponden a instituciones y autoridades civiles. 4. Saludamos la información que ha trascendido en el sentido de que la Guardia Nacional ya no estará adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como la información que reconoce que su mando operativo sea civil, pero nos sigue preocupando que se proponga reformar el artículo 21 de nuestra Constitución, para otorgarles a las fuerzas armadas facultades de seguridad, administración y procuración de justicia que les competen a las autoridades civiles, particularmente cuando se trata de delitos cometidos por éstos. 5. La implementación de la Guardia Nacional, tal y como aparece en la iniciativa originalmente enviada por el Ejecutivo, es contradictoria con la garantía de no repetición en un nuevo modelo de justicia en transformación. Teniendo en cuenta que en los últimos años las fuerzas armadas se han visto involucradas en múltiples casos de graves violaciones a los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional resulta contradictoria e incluso revictimizante. 6. Dicha Iniciativa contraviene además las obligaciones internacionales contraídas por México y es por tanto regresiva. NUESTRA OPINIÓN Tal y como ya lo expuso el representante en México de la ONU-DH , recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano en el caso Alvarado y otros vs México, mismo que por su relevancia y actualidad en el tema de seguridad pública consideramos pertinente retomar, recordando que el cumplimiento de dicha sentencia es obligatoria para México. La sentencia aludida nos señala los principios que deben regir el orden público interno, y en primer lugar destaca que tanto éste último, como la seguridad ciudadana, deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. Cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a. Extraordinaria, es decir, que toda intervención en tareas de seguridad debe ser justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso. b. Subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que éstas puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia, policía judicial o ministerial. c. Regulada a través de mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia. d. Fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. A pesar de que dadas las circunstancias concretas de inseguridad en algunos estados y regiones del país, por responsabilidad política consideramos que la Guardia Nacional debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares en tareas de seguridad pública, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. EXIGENCIAS ● Exigimos que en la conformación del Dictamen de la Iniciativa de la Guardia Nacional no se soslaye la urgente necesidad de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad pública a todos los niveles, y su correspondiente coordinación, con especial énfasis en la salvaguarda de los derechos humanos con perspectiva de género. ● Es menester el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, a fin de que sean capaces de prevenir, investigar, identificar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos, bajo la dirección del ministerio público, y con estricto apego a derecho. ● Las tareas de investigación, persecución de delitos, detención y procuración de justicia deben recaer
Justicia para víctimas del sismo #19S en riesgo
Sin argumentos basados en elementos de prueba, decisión de Procuraduría de CDMX amenaza impedir conocer la verdad, combatir la corrupción y fincar responsabilidades. Parcial voluntad de Gobierno de la CDMX para atender las demandas de acceso a justicia de víctimas del sismo El día 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más tristes en su historia. Aproximadamente a la una de la tarde de ese día, nos tomó por sorpresa un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos. La fuerza de este sismo dejó múltiples inmuebles dañados, y algunos de ellos se derrumbaron en cuestión de segundos, provocando la muerte de un gran número de personas. Ejemplo de esto fue el caso del inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 168, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este edificio colapsó dejando atrapadas a diversas personas, así como víctimas mortales. Si bien los sismos generalmente son entendidos como “fenómenos” de la naturaleza que no se pueden evitar, también diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos han documentado, en diversos informes e investigaciones, una gran cantidad de factores que son omitidos para posibilitar disminuir los riesgos ante tales fenómenos; identificamos prácticas de corrupción y la omisión por parte de diversas autoridades en las tareas de inspección y revisión de la seguridad de los edificios, situaciones que aumentaron vulnerabilidades y daños, por lo cual es pertinente hablar de desastres socialmente construidos. En este marco, el día 29 de septiembre del 2017, se abrió una carpeta de investigación para investigar los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra, homicidio y lesiones en el caso del inmueble ubicado en Bolívar 168. Desde ese entonces, ha pasado más de un año en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha omitido brindar información y avances efectivos en sus investigaciones; incluso se ha dificultado recabar pruebas debido a la omisión de diversas autoridades, así como las trabas para acceder a la carpeta de investigación, pues ésta constantemente era llevada de un lado a otro sin que se informara a las víctimas y sus asesores, violentando con ello el derecho de las víctimas a conocer y contribuir en las investigaciones. En días recientes, fue notificado a familiares y víctimas que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal para el caso de Bolivar 168. En la exposición de su criterio menciona que no encuentra elementos suficientes que determinen una conducta penal y atribuye el resultado al sismo mismo. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toman en cuenta las múltiples observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), mismas que derivaron en recomendaciones; tampoco consideran los diversos medios de prueba que integrados en la carpeta de investigación. Es importante, señalar que se determinó el no ejercicio de la acción penal sin haber investigado las irregularidades relacionadas a los permisos de uso de suelo y reglamentos en la materia, y sin considerar los peritajes emitidos por expertos que develan que la causa del colapso es el sobrepeso del inmueble. Para las víctimas y esta organización defensora de derechos humanos acompañante del caso de Bolívar número 168, es evidente que la PGJ-CDMX incurre en arbitrariedades y omisiones al momento de resolver de esta manera. Con ello, impide el acceso a la justicia para las víctimas del sismo del 19 de septiembre. Derivado de esta determinación, corresponde resolver al juez de control en turno revocar el no ejercicio de la acción penal y ordenar una investigación apegada a derecho que considere los derechos de las víctimas y se valoren todos los elementos de pruebas a fin de que se pueda judicializar el caso, para que de esta manera las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia, sentándose un precedente para la no repetición de este tipo de casos. Exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver tomando en cuenta los más altos estándares en derechos humanos y valorando los medios de prueba que integran la carpeta de investigación, a no cerrar las investigaciones de éste ni de ningún caso relacionado con el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de ordenar que se realicen los peritajes pertinentes y diligencias necesarias para evitar la impunidad, estableciendo adecuadamente responsabilidades, y asegurando de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas. De igual manera exhortamos a la PGJ-CDMX para que se ocupe y realice las investigaciones con estricto apego a derecho, sin favorecer a algunas de las partes y tomando en cuenta los más altos estándares en materia internacional de los derechos humanos de las víctimas. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Imagen destacada: Alberto Ledezma
Perfil de vacante | Área jurídica
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Puesto de trabajo: Abogada/e/o Área: Defensa Jurídica. Vigencia de la convocatoria: 07 de enero de 2019 a 25 de enero de 2019 Puestos disponibles: 1 Condiciones laborales: La sede del Centro Vitoria se encuentra en la Ciudad de México. Temporalidad: Contrato inicial de 3 meses de prueba, renovación en función de desempeño. Horario: Tiempo completo Fecha de inicio: Febrero 2019 Idioma: Español, inglés Indispensable disponibilidad para viajar. Descripción de la organización El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria es una organización con más de 30 años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos entre los sectores más vulnerables o discriminados. Nuestro trabajo se fundamenta en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, especialmente los ratificados por México, y en las leyes nacionales. El área de Litigio Estratégico Impulsar la protección de Derechos Humanos a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos nacionales e internacionales de protección, así como crear insumos metodológicos, informativos y políticos para visibilizar las estrategias y el trabajo de los procesos y casos que acompañamos Perfil requerido. Persona titulada en Derecho y con cédula vigente, con experiencia en el litigio de casos y capacidad de comunicación asertiva tanto con autoridades como con las personas que acompañamos en la organización, además de ser una persona responsable con gusto por el trabajo en derechos humanos. El Área de Litigio Estratégico responde directamente a la Coordinación General y trabaja de manera muy cercana con el resto de áreas que forman el Centro Vitoria, por lo cual es sumamente importante la comunicación y coordinación interna de forma constante para el acompañamiento integral de los casos y procesos. Requisitos. Formación académica y experiencia laboral. Escolaridad mínima: Título de licenciatura en Derecho con cédula profesional vigente. Experiencia mínima: 1 año de experiencia comprobable en litigio ante tribunales nacionales. Deseable Experiencia de trabajo ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos. Experiencia en procesos de acompañamiento a casos en organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales u organizaciones internacionales. Experiencia previa de trabajo en la sociedad civil organizada desde una perspectiva de derechos humanos. Conocimiento comprobable del derecho nacional e internacional de los derechos humanos, en particular en el ámbito de los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Experiencia en el diseño e implementación de líneas de defensa integral, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, a través de recursos que permitan el acceso al sistema de justicia de las personas. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Experiencia y capacidad para la redacción de informes que documentan violaciones a los derechos humanos de las personas. Conocimientos en justicia transicional. Conocimientos necesarios. Computación: Office, software libre, servicios de mensajeria, servicios de google. Habilidades profesionales requeridas: Uso de lenguaje incluyente Trabajo con perspectiva interseccional y de género, tanto en la organización como con los actores que ésta atiende y con los que se relaciona. Excelente redacción y ortografía. Sensibilidad para el trato con personas en condiciones de vulnerabilidad Habilidades en comunicación asertiva Capacidad de argumentación y análisis Capacidad para trabajar bajo presión, en equipo y en red con otros actores sociales y profesionales de otras disciplinas. Capacidad organizativa Capacidad de comunicación interna. Capacidad de análisis y propuesta en equipo para llegar a objetivos estratégicos. Capacidad de implementar estrategias de justiciabilidad en casos de violaciones colectivas a derechos humanos, sobre todo relacionadas con DESCA. Conocimiento del sistema procedimental mexicano, regional e internacional, para el seguimiento ante los tribunales de casos de violaciones de derechos humanos Actividades y responsabilidades del puesto. Contribuir en la implementación, seguimiento y evaluación de una estrategia de defensa integral de los derechos humanos. Orientación y seguimiento legal de casos de violaciones a derechos humanos, en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en el uso y mantenimiento de la base de datos de casos acompañados por la organización. Elaborar documentos, demandas, denuncias, artículos, informes de casos y otros escritos jurídicos, incluyendo juicios de amparo, procedimientos en instancias de Procuración e Impartición de Justicia, procedimientos administrativos y otros mecanismos de protección a los derechos humanos. Colaborar en la presentación y seguimiento de quejas ante CNDH o cualquier otra instancia no jurisdiccional, tanto del ámbito nacional como del internacional (sistema interamericano y sistema universal). Aportar a la implementación de estrategias de litigio estratégico puestas en marcha por la organización en casos de violación de derechos humanos en particular respecto a derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Colaborar en la elaboración de informes que documenten graves violaciones de derechos humanos. Asistir y asesorar legalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad. Apoyo en la elaboración de amicus curiae para fortalecer la defensa de los casos propios y de otras organizaciones. Participar en espacio de profesionalización en temas de derechos económicos, sociales culturales y ambientales, el derecho a la protesta social y derechos de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad en particular de las juventudes. Participar en reuniones con organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación y otros actores en el diseño, implementación, evaluación, seguimiento y consulta de políticas públicas. Participar en espacios de articulación y vinculación con actores gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y civiles, academia, medios de comunicación, y otros actores respecto a los temas de prioridad para la organización. Participar en la implementación de medidas de seguridad y de autocuidado PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Las personas interesadas en la convocatoria deben remitir con anterioridad a las 24 h
Sexenio de EPN, regresivo para la libertad de expresión y la protesta social: ONG
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social ha documentado casos y legislaciones represivas entre 2012 y 2018 De julio de 2015 a noviembre de 2018 se presentaron por lo menos 175 casos de represión Pide al nuevo gobierno garantizar y respetar la libertad de expresión, de reunión y de tránsito en el espacio público. Durante el sexenio 2012-2018 en México, el ejercicio de la protesta social fue objeto de constante de represión, criminalización y diversas restricciones a través de normas, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública, tanto a nivel federal como estatal, tendientes a estigmatizar la protesta y cerrar los espacios públicos; así lo ha documentado el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018. Cabe recordar que el #1DMX (1° de diciembre de 2012), fecha en que tomó protesta Peña Nieto, marcó un punto de partida simbólico y reprobable, observando una clara representación de lo que vendría en los siguientes seis años. Detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias derivadas de un uso letal de la fuerza pública, tortura, uso arbitrario del sistema penal, amenazas, intimidación, fueron huellas que quedaron marcadas frente al ejercicio de la protesta social. Estos actos, según explica el Frente, se pueden identificar “antes, durante y después” de la protesta: antes, señalando aquellas legislaciones locales y federales que restringen y criminalizan el ejercicio de la protesta social a través de normas ambiguas, disposiciones que permiten el uso letal y arbitrario de la fuerza pública o que restringen el uso del espacio público; durante, en los actos de represión cometidos contra diversos actores movilizados a lo largo del sexenio, quienes han sufrido encapsulamientos, agresiones físicas y sexuales, detenciones arbitrarias, ataques con todo tipo de armamento letal y no letal, e incluso ejecuciones extrajudiciales; y después, cuando integrantes de movimientos sociales y personas solidarias son judicializadas por delitos imputados de manera arbitraria, aprovechando su redacción ambigua, tales como los delitos de “ultrajes a la autoridad”, “ataques a la paz pública”, “resistencia de particulares”, “sedición”, “terrorismo”, entre otros. El informe contabiliza que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo menos en 15 entidades federativas se aprobaron legislaciones restrictivas a la libertad de expresión y la protesta social. Algunas de estas restricciones son: la obligación de dar aviso o solicitar autorización previa, sin considerar manifestaciones espontáneas; la restricción de vialidades o espacios públicos para manifestarse, así como determinados horarios; la inadecuada regulación sobre armas y el otorgamiento de facultades amplias y discrecionales para el uso de la fuerza, sin controles adecuados para privilegiar el ejercicio de derechos y la rendición de cuentas. Asimismo, en el periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2018 se registraron 175 casos de violaciones a derechos humanos en contextos de protesta social; esto quiere decir que, en promedio, se dio un acto represivo a la semana a lo largo de estos dos años y medio. Dentro de estos casos se encuentran Chalchihuapan (2014), Ayotzinapa (2014) Nochixtlán (2016), las movilizaciones contra el gasolinazo (2017), la represión en Tiripetío, Michoacán (2017), entre muchas otras. Resulta necesario un cambio de enfoque, prevaleciendo uno en el que se coloca el ejercicio de la protesta social como un tema de orden público y un riesgo para la estabilidad, debiendo adoptar un enfoque de derechos humanos y seguridad ciudadana, sin contraponer a la protesta con orden, y verlo como un ejercicio natural de derechos y autonomía que robustecen una democracia. Finalmente, el FLEPS, por medio de su Informe, hace un recuento de los retos que los nuevos gobiernos locales y el federal deben asumir para garantizar, respetar y proteger el derecho a la protesta social: caracterizar de manera positiva el ejercicio de la protesta, adoptar modelos de concertación política que faciliten la interlocución entre las personas movilizadas y las autoridades, derogar los tipos penales y las legislaciones que mitigan y criminalizan las manifestaciones, y garantizar la debida investigación y sanción de violaciones a derechos humanos en contextos de movilizaciones sociales. El FLEPS está conformado por 11 organizaciones y colectivos dedicados a la defensa de los Derechos Humanos, y surgió en abril de 2013 dedicándose a realizar labores de documentación de violaciones al ejercicio de la protesta social, las libertades de expresión y reunión; así como labores de incidencia y promoción con el fin de que el Estado mexicano garantice estas libertades. El informe El Sexenio de la Resistencia: Informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-2018 puede ser consultado aquí y en el sitio libertadyprotesta.org. Contacto: contactofleps@gmail.com FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Mujeres tejiendo redes de apoyo y autocuidado
A finales de 2018, el CDHVitoria convocó a un Encuentro Regional para diálogo entre mujeres al que acudieron compañeras defensoras de derechos humanos, pertenecientes a colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y academia de los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, quienes ayudaron a generar espacios de análisis y reflexión para abonar a la discusión sobre las estrategias y tácticas para el autocuidado y cuidado colectivo entre mujeres de corporalidades y orientaciones sexuales diversas. Este documento es fruto del compartir anécdotas y del tejer resistencias, sueños y esperanzas entre grupos de mujeres que cotidianamente se organizan y generan espacios de escucha, contención y construcción colectiva de saberes con el fin de hacer frente a la narrativa de violencias de género que permea en los espacios públicos, desde el ámbito local hasta el nacional. Tiene la intención de recordarnos lo fundamental de la presencia de las mujeres en los ejercicios de organización y de lucha que históricamente han protagonizado por la reivindicación de sus derechos, también de seguir brindando herramientas para la conformación de redes de sororidad y solidaridad que transforman la vida cotidiana.
Carta Pública | OSC manifestamos preocupación respecto a Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México
ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México FÉLIX ARTURO MEDINA PADILLA Subsecretario de Gobierno Calle Plaza de la Constitución 1, Colonia Centro (Área 1), Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México P R E S E N T E Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2018 Entre las organizaciones y personas firmantes existen una preocupación con respecto a la definición de la próxima persona titular del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras y Periodistas de la Ciudad de México; por lo que consideramos fundamental transparentar y publicitar el proceso de selección, garantizando la participación plena del Consejo Consultivo del Mecanismo y de la sociedad civil con el objetivo que éste se adecúe a las necesidades de las personas defensoras y periodistas que acuden a dicha instancia a solicitar protección por la situación de riesgo en la que se encuentran; consideramos que las y los postulantes a ocupar el cargo deben contar con el conocimiento y la experiencia necesaria. Es necesario hacer una serie de valoraciones con respecto a la persona al frente de este mecanismo de protección pues, debe contar con la capacidad para liderar su implementación dentro del marco de una política pública integral acorde a estándares internacionales, en conjunto con personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunidades, y organizaciones de la sociedad civil, con miras a garantizar el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio periodístico, mediante la debida coordinación entre las instituciones involucradas en la materia así como con el Mecanismo de Protección Federal; asimismo, la adecuada elaboración e implementación de programas de prevención y planes de protección que salvaguarden la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas, garantizando el desarrollo de sus labores en un entorno seguro. Además de los requisitos establecidos en la ley, consideramos que las personas que ocupen estos cargos deberán tener: Alta calidad moral, sensibilidad y empatía a las problemáticas de derechos humanos y víctimas. No haber sido candidato u ocupado un cargo de elección popular, ni puestos de dirección en partidos políticos, por los menos en los dos años previos a su designación. En cargos públicos o privados no haber tenido declaraciones o pronunciamientos en contra de las personas defensoras y periodistas, y en general contra los derechos humanos. Independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus labores. Conocimiento profesional y técnico para el desarrollo de las funciones del cargo. Experiencia probada en terreno y reconocida trayectoria vinculada en la defensa, protección y reparación a víctimas. Experiencia probada y reconocida trayectoria en materia de prevención, protección y acompañamiento con perspectiva de género y enfoque diferencial de personas defensoras y periodistas en riesgo. Experiencia en el manejo de relaciones con medios de comunicación, altos funcionarios gubernamentales, expertos y organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y público en general. Experiencia en procuración, transparencia y administración de recursos humanos y financieros. Compromiso y probada experiencia con la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Capacidad de diálogo, manejo de conflicto y trabajo con grupos. Capacidad de dialogar y conciliar opiniones e intereses entre las diferentes partes involucradas en el Mecanismo e implementación. Para la selección de la persona titular es necesario asegurar la participación del Consejo Consultivo del Mecanismo de la Ciudad de México, en la toma de decisiones y seguimiento al proceso, con miras a garantizar que la o el titular cumpla los requisitos establecidos en la ley, y acorde al perfil que como sociedad civil hemos propuesto para asegurar el buen desarrollo de las competencias y obligaciones del puesto. Las nuevas servidoras y servidores públicos encargados de operar el Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de la Ciudad de México tienen la obligación y la oportunidad, a través de la composición de dicho Mecanismo, de empezar a realizar acciones concretas, que solventen las falencias actuales y garanticen su efectividad en su funcionamiento y coordinación con las demás instituciones locales y con el propio Mecanismo Federal; así como el aumento de capacidades técnicas y económicas para el desempeño de sus labores. Quedamos en espera de su apreciable respuesta, informando de los avances en los procesos de selección. Atentamente, ORGANIZACIONES FIRMANTES Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP” A.C. Ednica I.A.P. El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta AC Espacio OSC Las organizaciones que conforman el Espacio_OSC son: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC¬Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); Reporteros sin Fronteras SMR; Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por las Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Justicia Pro Persona Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay, A.C. Imagen destacada: Jorge Aguilar
Presentación «Mujeres tejiendo redes de apoyo y autocuidado»
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] A finales de 2018, el CDHVitoria convocó a un Encuentro Regional para diálogo entre mujeres al que acudieron compañeras defensoras de derechos humanos, pertenecientes a colectivas feministas, organizaciones de la sociedad civil y academia de los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, quienes ayudaron a generar espacios de análisis y reflexión para abonar a la discusión sobre las estrategias y tácticas para el autocuidado y cuidado colectivo entre mujeres de corporalidades y orientaciones sexuales diversas. Este documento es fruto del compartir anécdotas y del tejer resistencias, sueños y esperanzas entre grupos de mujeres que cotidianamente se organizan y generan espacios de escucha, contención y construcción colectiva de saberes con el fin de hacer frente a la narrativa de violencias de género que permea en los espacios públicos, desde el ámbito local hasta el nacional. Tiene la intención de recordarnos lo fundamental de la presencia de las mujeres en los ejercicios de organización y de lucha que históricamente han protagonizado por la reivindicación de sus derechos, también de seguir brindando herramientas para la conformación de redes de sororidad y solidaridad que transforman la vida cotidiana | Entrada libre. Ilustraciones : Anacoreta Martes 11 de diciembre del 2018. 16:00 hrs Centro Universitario Cultural | Odontología 35, Copilco Universidad, 04360 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX
Pendientes cambios de fondo para erradicar y atender la violencia feminicida en CDMX Organizaciones y víctimas exhortamos a Jefa de Gobierno y Procuradora a atender urgentemente deuda en materia de violencia contra las mujeres Procuraduría debe poner especial atención en garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género El pasado 13 de septiembre de 2018 la Jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum se reunió con víctimas de violencia feminicida, cuyos casos se encuentran en la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para la Ciudad de México; en ese entonces, escuchó atentamente de viva voz las experiencias de las víctimas, quienes le compartieron un panorama de la terrible situación de violencia feminicida que permea la Ciudad, y las obstrucciones que generan las instituciones citadinas encargadas de atención y procuración de justicia para acceder a la verdad y la justicia. Las Organizaciones de la Sociedad Civil que acompañamos casos de violencia feminicida hemos podido constatar que las víctimas se encuentran con un sinfín de impedimentos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en su búsqueda por la verdad y la justicia, situación que vulnera sus derechos humanos y las revictimiza. A partir de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se ordena la transición de Procuraduría a Fiscalía autónoma, situación que en conjunto con el cambio de gobierno en la Ciudad, representa una oportunidad para que las autoridades encargadas de esta transición revisen las fallas estructurales que han obstaculizado el acceso a la verdad y a la justicia de las víctimas de violencia feminicida y encaminen acciones contundentes para superar dichas dificultades y trabas. Dentro de las tareas urgentes, en materia de impartición de justicia, se encuentran el diseño de perfiles adecuados del personal encargado de atender en todos sus niveles de responsabilidad a víctimas de violencia feminicida en las diferentes áreas, quienes deberán tener conocimientos en materia penal, derecho internacional de los derechos humanos y contar con perspectiva de género; revisión del desempeño de las actuaciones de los funcionarios de dicha institución, poniendo especial énfasis en los altos funcionarios y, en su caso, iniciar o continuar los procedimientos de sanción pertinentes; asimismo, revisar que los procedimientos sean llevados a cabo en los términos establecidos en la ley, a fin de no vulnerar los derechos humanos de las víctimas. Derivado del proceso de AVGM, y en cumplimiento de la medida urgente ordenada por el Grupo de Trabajo, se estableció la Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidos en la solicitud de AVGM, a través de la cual se revisaron las fallas en los procesos y se impulsaron acciones que atendieran no sólo los casos que se encuentran en la Alerta, sino generar impactos positivos en los casos en general de violencia feminicida. Sin embargo, la última mesa de casos se llevó a cabo pasado el 06 de noviembre, dejando inconclusos los procesos. Las víctimas y organizaciones estamos preocupadas por que los equipos asignados para la investigación y acompañamiento de los casos de la mesa de victimas son retirados, dejando en la incertidumbre el seguimiento de las investigaciones pendientes y procesos judiciales de casos graves. En ese sentido, solicitamos a la Jefa de Gobierno electa dé continuidad a los trabajos iniciados en la mesa de casos durante las administración saliente, debido a la gravedad de los mismos y a las fallas estructurales persistentes. La organizaciones peticionarias de la AVGM, conscientes de que el trabajo realizado para mejorar en materia de acceso a la verdad y a la justicia debe hacerse en conjunto, nos encontramos en condiciones de colaborar críticamente para continuar las tareas que se estimen pertinentes en coordinación con la Procuradora y la Jefa de Gobierno, refrendado nuestra compromiso para que la Ciudad de México cuente con instituciones eficaces y eficientes para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres. ATENTAMENTE Víctimas de Violencia Feminicida en la Ciudad de México Justicia Pro Persona A.C Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P A.C Fotografía destacada : Esx Queso
El Sembrador | Testimonio de Miguel Concha en la entrega del reconocimiento 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Testimonio presentado por Fray Miguel Concha Malo, O.P., Director General del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C., al aceptar el Reconocimiento «El Sembrador», otorgado por diversas organizaciones de la sociedad civil. Considero que mi modesta colaboración en la defensa y promoción de los derechos humanos tiene su origen consciente en la pasión por la justicia que se despertó en mí durante la primera mitad de la década de los sesenta, cuando, siendo estudiante de filosofía en la Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), descubrí el pensamiento original de Santo Tomás de Aquino sobre la propiedad privada. Probablemente a ello contribuyeron también mis raíces familiares y los ejemplos y enseñanzas de congruencia cristiana que recibí de mis padres, pues por parte de mi madre soy nieto de una persona que por ideales se levantó dos veces en armas a comienzos del siglo pasado contra la dictadura de Porfirio Díaz y la reelección posterior de Obregón, y quien murió con el grado de General; y por parte de mi padre, quien fue hijo de una familia de hacendados que perdió casi toda su fortuna después de la Revolución. Ello no fue obstáculo para que quien tuvo que aprender a trabajar como artesano para mantener a duras penas a mis abuelos, la bendijera porque “le enseñó a trabajar”, y no a vivir de las rentas de sus familiares. Santo Tomás, en efecto, nunca consideró a la propiedad privada como un derecho natural, y por lo mismo inalienable, imprescriptible e inmutable, porque, para él, el verdadero propietario de los bienes de la tierra es Dios, creador de todas las cosas. Los seres humanos no somos sino administradores y distribuidores de lo que Él hizo para todas y todos sin excepción, sobre todo cuando nos encontramos con situaciones y casos de necesidad. Por eso, en su concepción la propiedad privada es sólo una institución humana en la que han convergido muchos pueblos (derecho de gentes) para facilitar la conservación de los bienes, su mejor administración y la armonía entre los seres humanos que hacen uso de ellos para su subsistencia. Con ello no hizo otra cosa que traducir en los conceptos y lenguaje filosófico de su época el mensaje bíblico de los profetas, la doctrina evangélica de Jesucristo y la enseñanza de los primeros escritores cristianos. Hoy podemos preguntarnos si el régimen de propiedad privada, tal y como es defendido por el pensamiento liberal del Siglo XIX, y sobre todo por la globalización neoliberal del Siglo XX, realmente ha garantizado la paz, la conservación de la naturaleza y la mejor administración de la riqueza. Para nuestra fortuna el pensamiento de Santo Tomás sobre la propiedad fue retomado con vigor por el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965), bajo cuyas enseñanzas hice mis cursos de Teología con profesores holandeses y franceses que fueron precursores y actores de esa magna asamblea eclesiástica internacional, y con italianos y españoles que a pesar de sus inercias lo asumieron con decisión y entusiasmo. No debemos olvidar que a ese Concilio se le debe la primera Declaración sobre la Libertad Religiosa en la Iglesia católica, y que además de reconocer la trascendencia de los derechos humanos para la convivencia social y política justa y pacífica de toda la humanidad, establece en su “Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo de Hoy” la debida y legítima separación entre la Iglesia y el Estado. En congruencia con esto, una reunión internacional de Obispos celebrada en 1971 sobre el tema de la justicia, declaró que la defensa de la dignidad humana y la promoción de los derechos de las personas son parte de la misión pastoral de la Iglesia. No puedo dejar de mencionar también la poderosa influencia que al comienzo de mi servicio como religioso dominico ejercieron en mí, en los albores de los años setenta, los análisis y propuestas de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano celebrada en 1968 en Medellín, Colombia, sobre la misión de la Iglesia en América Latina y El Caribe a la luz del Concilio, y los de la III Conferencia General, celebrada en 1979 en Puebla, de la que junto con muchos otros compañeros teólogos de la liberación fui actor “extra muros”, pues desde entonces, y hasta el año 2007 en otra reunión similar en Aparecida, Brasil, no fuimos requeridos por el Vaticano como asesores oficiales de los Obispos. Las dos Conferencias que les han seguido han ya hablado explícitamente de los derechos humanos, y no sólo de los derechos individuales, sino también de los colectivos, con un enfoque integral, y considerándolos como universales, iguales para todas y todos, indivisibles, interdependientes, inalienables e integrales. Con estos antecedentes, a partir de una reunión internacional realizada en 1977, los Frailes Dominicos asumieron la promoción de la justicia y de la paz como una de las cuatro prioridades de su acción evangelizadora en el mundo. Lo que de una u otra manera ha venido siendo reiterado cada tres años y de distintas maneras en reuniones semejantes. Con ello además retomaban de manera explícita uno de los elementos centrales de su tradición misionera al interior de la Iglesia, que se remonta hasta Santo Domingo de Guzmán y de manera especial a los primeros frailes del Siglo XVI en América Latina y El Caribe, quienes defendieron la dignidad humana de los indígenas contra los abusos estructurales de las encomiendas y sus derechos colectivos frente a las injusticias y excesos de la conquista: Fray Pedro de Córdoba, Fray Antón de Montesinos, Fray Bartolomé de las Casas, y otros que les siguieron, como Fray Julián Garcés, Fray Antonio de Valdivieso, Fray Pedro Lorenzo de la Nada y Fray Matías de Córdova. Como una de las acciones sobresalientes para llevar a cabo esta opción, desde entonces se repite de diferentes maneras el compromiso por la defensa y promoción de los derechos humanos, principalmente de los sectores más vulneralizados (mujeres, exlcuidos, migrantes, personas pertenecientes a grupos muchas veces considerados indebidamente como minorías étnicas o raciales, u otros
Por la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas de México
Convocantes y participantes de este 1er Encuentro apuestan a la construcción de una justicia transicional que considere a todas las víctimas Se dieron más de 500 asistentes, entre víctimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales de diversos estados del país. Entre el 19 y 21 de noviembre tuvo lugar, en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, el 1er Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos. Acudieron aproximadamente 500 asistentes entre vícitimas y sobrevivientes, personas académicas, estudiantes e integrantes de organizaciones y movimientos sociales; provenientes de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y Ciudad de México, así como de Alemania, Argentina, Colombia, Chile y Guatemala. El Encuentro tuvo como propósito impulsar la construcción de un proceso propio de justicia transicional, que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país, desde la diversidad de sus experiencias, luchas y resistencias. El cual tenga lugar desde la participación central de las víctimas, vistas como dinamizadoras de diversos procesos de defensa de derechos humanos y de búsqueda de verdad, memoria y justicia. Con base en las diversas experiencias, se plantea que la justicia transicional sea una herramienta que se construye por medio de procesos colectivos que le permitan ser llevada a la práctica y fortalecer los procesos de memoria. Esto implica que no puede ser impuesta desde arriba, sino que tiene que ser reconocida y apoyada socialmente. Acudieron familiares y víctimas de diversas violaciones graves a derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, feminicidios o ejecución extrajudicial. También participaron, en representación, diferentes comités de víctimas como el Comité 68, la Representación de Arantepakua, el Comité Cerezo, el Comité de Víctimas de Nochixtlán, Sabuesos Guerreras, entre varios más. Desde el sentir de las víctimas y sobrevivientes se identificaron algunas necesidades y propuestas que abonen a un proceso de justicia transicional efectivo, caracterizado por la centralidad de las victimas. A partir de ahora se busca discutir de manera colectiva y organizada cuáles son los mecanismos pertinentes para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, según las necesidades de las víctimas y sobrevivientes. Además se destacó la voluntad de continuar con la realización de foros permanentes, al igual que conformar una comisión integrada por víctimas, sobrevivientes y participantes, con miras a dar continuidad a las propuestas aquí planteadas y hacerlas llegar al gobierno entrante. ATENTAMENTE Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (COVIC) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. (CDHVITORIA) Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección XXII – Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Comisión Magisterial de Derechos Humanos sección XXII (COMADH) Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. (DDHHJUSTICIA) Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA) Liga de Juristas “26 de septiembre” A. C.
