Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de damnificados por el sismo del 19S
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Este informe es el resultado del trabajo de documentación de brigadas estudiantiles y de organizaciones de la sociedad civil que evidencia violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades después del sismo del 19 de septiembre del 2017. Martes 12 de septiembre 10:00 hrs Centro Universitario Cultural | Odontología 35, Copilco Universidad, 04360 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
OSC presentan estudio de opinión sobre la protesta social en la CDMX
-Las personas que viven o transitan en la CDMX consideran que la protesta social es un derecho. -Existe interés de la sociedad en conocer las demandas y exigencias de actores movilizados. -No todas las personas que no protestan, están en contra de las protestas. Las y los habitantes de la Ciudad de México, así como quienes transitan en ella, consideran que la protesta social es un ejercicio legítimo, democrático y de derechos, revela el Estudio de Opinión sobre Protesta Social en la Ciudad de México presentado el 28 de agosto de 2018 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Dicho estudio, realizado a solicitud del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) por el Colectivo de Investigación y Análisis Estratégico en Ciencias Sociales y Salud (Colectivo iae), busca conocer la percepción de quienes habitan o transitan por la capital respecto al constante flujo de marchas y otros ejercicios de protesta social. Para ello, se llevaron a cabo una encuesta en línea, entrevistas a personas transeúntes durante manifestaciones, reuniones de trabajo con movimientos sociales, y entrevistas a profundidad a actores referentes sobre el tema y a personas para las que la protesta es parte de la cotidianidad. Las organizaciones que conforman el FLEPS han realizado acciones de incidencia y comunicación en torno al respeto y protección del derecho a la protesta social desde 2013. Por ello, se realizó este Estudio de Opinión como un insumo para la discusión pública y la toma de decisiones en torno al respeto, protección y garantía de los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a la libertad de tránsito, así como a la participación política y a la protesta social, derecho ya reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Un resultado que arroja el Estudio de Opinión es que 57% de las personas encuestadas y entrevistadas perciben que quienes protestan lo hacen en ejercicio de un derecho, que tienen necesidad de resolver un problema generalmente ocasionado por el gobierno. En el mismo estudio se encontraron dos narrativas: una considera que quienes protestan lo hacen para defender privilegios o porque son manipulados, y por tanto sólo participarían al verse afectadas directa o indirectamente; y otra, la cual se sostiene en la opinión de 8 de cada 10 personas, indica que participarían en manifestaciones cuando se simpatice con la causa que la motiva aunque no les afecte de manera directa (tal y como lo vimos con las protestas masivas por la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa). Asimismo, 4 de cada 10 se movilizarían si se vieran afectadas y afectados por alguna situación. Estas cifras son de gran relevancia debido a que contrastan con la supuesta percepción de la protesta que se difunde por los medios de comunicación y las informaciones del gobierno: como un problema que afecta sobre todo al tránsito vehicular y al comercio de la Ciudad de México. La mayoría de las personas (90%) percibe que los medios de comunicación tradicionales (televisión y radio) hacen más énfasis en las supuestas afectaciones que conllevan las protestas, y no informan sobre las demandas y motivaciones. Es importante resaltar el hallazgo sobre la reacción de las personas que tienen negocios o trabajan en un contexto donde ocurren protestas, pues el Estudio demuestra que “está fuertemente influenciada por lo que el Gobierno de la Ciudad les recomienda. Esto infunde temor sobre las protestas, además que con sus políticas públicas maximizan las afectaciones responsabilizando de ellas a quienes protestan”. Igualmente, “las personas que habitan la Ciudad de México consideran que hay un vínculo de comunicación roto entre la ciudadanía y los actores que se manifiestan. Se reconoce que las personas no logran conocer las demandas de los grupos que se movilizan”, y se percibe que éstos dirigen sus mensajes a grupos de población muy específicos, dejando de lado al resto de las personas que habitan la Ciudad. Éstas consideran que debería haber un canal por el cual se puedan conocer las demandas y problemáticas de los grupos que hacen uso de la protesta social. También se ubicaron diferencias generacionales importantes; por ejemplo, los y las jóvenes con ingresos más bajos y de entre 15 a 25 años, representan el rango que presenta menor participación en protestas y reconoce menos beneficios para el ejercicio de sus derechos como resultado de las mismas. Al contrario, las personas que se encuentran en los rangos de 25 a 45 años son las que más presencia tienen en las protestas. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social reconoce la importancia del derecho a la protesta social en la construcción de países más democráticos. El Estudio que ahora damos a conocer es reflejo de una ciudadanía que pone énfasis en el legítimo uso del espacio público para protestar y dirimir los asuntos públicos sensibles para grupos específicos y agendas amplias para la vigencia de los derechos humanos. El Estudio de Opinión se puede consultar en el sitio: http://libertadyprotesta.org/ Para mayor información del estudio y del FLEPS: contactofleps@gmail.com ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar.
Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la CDMX será elegido mediante un proceso opaco y sin consulta de las víctimas y de la Sociedad Civil
-Preocupa a colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil la falta de información y consulta en el proceso de instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. -Exhortan a Congreso y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a iniciar a la brevedad un proceso transparente, incluyente y participativo en el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Las organizaciones, colectivos, víctimas y expertos integrantes del “Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas[1]” expresamos nuestra preocupación por el opaco proceso encabezado por la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México en la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y la elección de su titular. Después de una tardanza de cuatro años, es hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México[2], sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia, todos reconocidos en la Ley General de Víctimas. Ahora bien, el transitorio séptimo de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México establecía 120 días para la elección del Titular de la Comisión, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace dos meses. Las y los firmantes expresamos nuestra preocupación respecto a la convocatoria de reunión prevista para el día de mañana en la cual se convoca a diversas instituciones de la CDMX para instalar la Junta de Gobierno de la Comisión, sin que se contemple la representación de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. En el marco de esta reunión, se pretende designar a la persona que ocupará “temporalmente” el cargo de Comisionada/o de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Rechazamos categóricamente que el nombramiento del titular de Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, se realice sin un proceso previo de consulta de los colectivos de víctimas y las organizaciones civiles y en este sentido exhortamos: Al Secretario de Gobierno de la CDMX que informe a toda la ciudadanía, y a quienes abajo firmamos, sobre las acciones realizadas para la instalación de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, así como la lista de personas que fueron propuestas para ocupar temporalmente el cargo de Comisionado/a y cuáles fueron los colectivos de víctimas, organizaciones y/o expertos/as que les propusieron. Al nuevo Congreso de la CDMX a iniciar un proceso transparente, incluyente y participativo que implique la consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil, para la selección de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, lo anterior con el fin de asegurar que cumpla con el perfil idóneo. FIRMANTES Organizaciones civiles IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta A.C; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos- Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)* Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Desaparecidos Justicia, Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México. Experta: Eliana García *Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica)
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se debe escuchar a la Ciudadanía
Desde sus orígenes conocemos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hemos monitoreado sus impactos y hecho propuestas alternativas. Sobre la actual renegociación hace doce meses advertimos el riesgo de apresurarla y caer en la estrategia e intereses corporativos y políticos de los gobiernos respectivos, y propusimos posponerla hasta que hubiera un nuevo gobierno en México y después del proceso de renovación del Congreso en los Estados Unidos, para evitar caer entre las presiones e intereses electorales. En el caso de México, hemos sostenido que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha carecido de legitimidad y representatividad para negociar en nuestro nombre. Es el nuevo gobierno electo, con la legitimidad política tras el triunfo electoral el que debe negociar una nueva agenda y relación de cooperación y complementación de América del Norte. El primero de julio la mayoría de las mexicanas y mexicanos votamos por un cambio real. La renegociación del TLCAN es uno de los temas claves que atañe a recuperar soberanía nacional y acrecentar las posibilidades de bienestar a la población. La renegociación debe superar la orientación del actual TLCAN. El TLCAN no es un simple acuerdo de circulación de mercancías es un tratado que establecerá obligaciones jurídicas así como de teoría y práctica económica para seguir limitando las facultades de los estados nacionales de regular la economía en función de un proyecto nacional y dejar como hasta ahora la dinámica de la economía y la sociedad a la ley de la oferta y demanda, bajo la lógica de maximizar la ganancia privada en prejuicio del bienestar social. El nuevo gobierno debe reorientar a fondo el sentido de las negociaciones a fin de preservar los intereses fundamentales de un Estado nacional comprometido con el desarrollo nacional, independiente y soberano, en donde los derechos sociales, la justicia, la libertad y la democracia sean elementos indispensables de los que goce su población y estén garantizados en un tratado trinacional. De igual forma es indispensable eliminar las disposiciones jurídicamente vinculantes que subordinan nuestra soberanía y autodeterminación a los intereses de las empresas transnacionales, del gobierno de los Estados Unidos y a los tribunales extra nacionales en los que los hacen valer. Vimos con beneplácito la disposición del nuevo gobierno mexicano de involucrarse en las negociaciones del TLCAN, pero no deja de sorprendernos una serie de declaraciones y acciones que poco o casi nada lo distinguen del gobierno que finaliza. Son de particular preocupación cuatro elementos: Que las negociaciones se mantengan orientadas por el mismo parámetro mercantilista y de limitar la capacidad de los Estados de promover un proyecto nacional de desarrollo. Que el equipo negociador designado por Enrique Peña Nieto continúe apresurando y manteniendo en secreto las negociaciones para cumplir con el requerimiento del Congreso de los Estados Unidos de ser notificado con 90 días de anticipación sobre las intenciones del Presidente Trump para firmar un acuerdo. Acelerar las negociaciones solo beneficia a la estrategia electoral de Donald Trump para utilizar a conveniencia un acuerdo o no en la renegociación del TLCAN. Que los negociadores se hayan apegado a la estrategia definida por el gobierno de Donald Trump de negociar bilateralmente con el gobierno mexicano, ya que es el que muestra mayor disponibilidad de ceder a las condiciones impuestas a favor de los intereses norteamericanos. Que los gobiernos y los parlamentos ignoren y no estén comprometidos con realizar y resolver las controversias y contradicciones entre el modelo de los tratados de “libre comercio” y otros tratados multilaterales, entre ellos los compromisos adoptados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas, de derechos humanos y medio ambiente que han sido adoptados por lo menos por dos de los tres gobiernos y que por tanto tienen carácter jurídicamente vinculante. Tratados que de acuerdo al derecho internacional, contienen disposiciones para prevalecer por razones de precedencia o por controversias entre tratados, sobre los acuerdos de carácter mercantil. El pasado 3 de agosto el Dr. Jesús Seade Kuri, designado por el Presidente Electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador como jefe negociador del TLCAN declaro: “Soy cautelosamente optimista (de los avances logrados y de alcanzar un arreglo en las próximas semanas). Creo que se puede hacer, pero también puede haber problemas. Tenemos que ver”. De igual forma el Dr. Seade ha manifestado su complacencia con las propuestas de negociación del actual gobierno señalando que “técnicamente son las más idóneas”, el problema no es técnico, lo correcto técnicamente depende de los objetivos propuestos, el tipo de desarrollo que se busque y el modelo de inserción en el comercio internacional en favor de los intereses nacionales y de justicia social. Las negociaciones hasta ahora han sido totalmente cerradas, sólo han consultado y permitido la participación de la elite empresarial nacional y transnacional. El nuevo gobierno debe abrir una amplia discusión con todos los sectores de la sociedad en esta etapa de la negociación y por supuesto sobre los textos negociados antes de enviarlo al Senado para su aprobación legislativa. No hemos escuchado, ni se menciona ninguna de las numerosas propuestas constructivas que las organizaciones ciudadanas, sobre todo de la Convergencia México Mejor Sin TLCs, o la Coalición Trinacional de Organizaciones Ciudadanas (Canadá, EEUU, México), hemos hecho públicas y que se orientan a negociar un acuerdo de complementación económica y cooperación y no de competencia y explotación extrema entre desiguales. Un acuerdo que salvaguarde por encima de todo la protección y promoción de los derechos laborales y humanos, la seguridad social, la autosuficiencia alimentaria, la educación y la salud pública, la protección al medio ambiente, al igual que considerar las asimetrías en el desarrollo, el intercambio comercial desigual y los controles sobre el capital especulativo, negociando los mecanismos compensatorios y de control para resolverlos. Es de elemental sensibilidad política escuchar y conocer las voces ciudadanas que también conocen de este gran tema geoestratégico. Hacemos un firme y respetuoso llamado al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, a su equipo político de gobierno y a los Senadores electos, para realizar una urgente reunión de trabajo
Actual administración se exime de realizar acciones urgentes para garantizar la seguridad y vida de las mujeres en México
Pese a que el pasado 3 de mayo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria solicitamos públicamente, una reunión de carácter urgente al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a tres meses de dicha solicitud, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso y hasta la fecha no ha dado respuesta, a pesar de la gravedad, prevalencia eincremento de la violencia feminicida en México. La solicitud de dicha reunión se debió principalmente a la preocupación de organizaciones de la sociedad civil por las omisiones, obstáculos y retrocesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), particularmente la falta de implementación eficaz de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), las cuales a pesar de ser un mecanismo que tendría que atenderse de manera urgente. Si bien desde el 12 de abril de 2018, hicimos llegar una carta privada al Secretario de Gobernación, a la fecha han sido desatendidas las preocupaciones que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) hemos documentado, entre ellas: Uso a modo del reglamento, aprovechándose de sus vacíos. Actuar discrecional de las autoridades federales. Ausencia de Grupos de Trabajo para la AVG conformados por personas expertas y de manera interdisciplinaria. Procesos irregulares, falta de entrega de los informes de AVG en tiempo y forma, retardos injustificados. Falta de investigación exhaustiva sobre los problemas denunciados por las OSC al solicitar las Declaratorias de AVG. Restricción de la participación de las OSC peticionarias en el seguimiento a los procesos de las AVG declaradas. Falta de garantía a la participación con voz y voto de las OSC, desconociendo su interés legítimo y legal, así como el debido proceso administrativo, incluyendo el derecho de audiencia. Ausencia de indicadores de proceso, resultado e impacto para evaluar los procedimientos de las declaratorias de AVG. El desacato de la CONAVIM frente al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al argumentar que este no le es “obligatorio”. Si bien el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) realizó una propuesta de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia esta no fue reformada, pese a la agudización de los casos de violencia, desaparición, trata, feminicidios, entre otros tipos de violencia. Asimismo, todos los vacíos se hicieron de conocimiento del Secretario de Gobernación pero nada de ello ameritó larespuesta de Alfonso Navarrete Prida, aún cuando la violencia feminicida constituye violaciones graves a los derechos humanos, principalmente porque la mayoría de los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres ocurren como consecuencia de los contextos de alta criminalidad y de violencias generalizadas, y cuyos patrones fueron identificados en los informes de las AVG, en donde estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Morelos, Sinaloa, entre otros, fueron catalogados como estados con alta criminalidad. La omisión de las autoridades estatales y federales frente a la implementación efectiva de las AVG, ha propiciado que como organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres tengamos como única opción impulsar recursos judiciales como el amparo, como se ha realizado en los casos de Veracruz y Puebla. Cabe recordar que como OCNF, de 2014 a 2017 documentamos el asesinato de 8,904 mujeres, de los cuales sólo 2,188 casos fueron investigados como feminicidio, de manera alarmante preocupa la brutalidad, saña e impunidad que impera en los casos registrados, lo que hace necesario el fortalecimiento, operatividad y compromiso de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Ante este contexto como organizaciones de la sociedad civil: -Recordamos al Gobierno de Enrique Peña Nieto y de manera particular al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida que aún quedan 109 días para que concluya su mandato como servidores públicos por lo que reprobamos toda inacción del gobierno actual para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, sobre todo reconociendo el contexto de prevalencia y agudización. -Instamos al Gobierno Federal electo a tomar en sus manos esta problemática, a fin de evitar continuar ensanchando los retrocesos en la política de combate a la violencia hacia las mujeres. Hacemos un llamado al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que la CONAVIM sea fortalecida durante su mandato, reconociendo su función estratégica que -de cumplirse- abonaría a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. -De manera específica, a la nueva Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, refrendamos la importancia de que sea la SEGOB la instancia encargada de coordinar y realizar las Decaratorias de AVG, como rectora de la política interior. Como organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que realice el gobierno actual y el nuevo gobierno, a fin de que la transición no sea un obstáculo para el actuar inmediato y eficaz de las autoridades federales, frente a la violencia feminicida. Atentamente Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)
Presentación del Estudio de Opinión sobre: Protesta social y libertad de expresión en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El próximo 28 de agosto tendremos la presentación de nuestro estudio de opinión: Protesta social y libertad de expresión en la CDMX El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social surge en abril de 2013 conformado por diversas organizaciones de la sociedad civil, una red de más de setenta organizaciones y ciudadanos y ciudadanas preocupados por un contexto en el que por acción o por omisión surgen violaciones a los derechos de las personas que se manifiestan. Convocamos : Article 19 Mx, CDHVitoria, Centro ProDH, CEPAD, Causa, MArabunta, Propuesta Cívica, Serapaz, Red TDT y Resonar. Evento en facebook Martes 28 de agosto 11:00 hrs Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Av. Universidad 1449, Axotla, 01030 Ciudad de México, CDMX [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Tareas apremiantes en la CDMX
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] En la Ciudad de México contamos con un tiempo político propicio para pensar y rehacer la vida pública de nuestra ciudad. La entrada en vigor de la Constitución y otras legislaciones pendientes que deberán empujarse para respetar y proteger los derechos humanos. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 04 de agosto de 2018 Miguel Concha En la Ciudad de México(CDMX) contamos con un tiempo político propicio para pensar y diseñar la forma de hacer y rehacer la vida pública. Estamos a escasas semanas de que entre en vigor la nueva Constitución para esta ciudad, que hasta hace poco tiempo no contaba con una hoja de ruta propia para guiar la forma de hacer gobierno, impartir justicia y fortalecer la democracia. Esta Constitución es un entretejido orgánico de voces de organizaciones sociales y defensoras de derechos, integrantes de la academia y colectividades que por mucho tiempo han enfrentado retos sociales en la CDMX, buscando hacer reales la dignidad y los derechos. Ahora, con el proceso de implementación de la nueva Constitución, y con el nuevo gobierno electo, la voluntad y acción para hacer transformaciones de fondo se hacen necesarias y urgentes. Abordo algunos aspectos importantes en la agenda de derechos humanos y justicia. Para ello retomo contenidos del texto La Constitución de la Ciudad de México: realidades y retos,elaborado por un grupo de especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, juntamente con algunas organizaciones sociales, presentado esta semana. En cuanto a los derechos humanos, quienes están por asumir el gobierno, o integrarse al nuevo Congreso de la Ciudad, primeramente tendrán la ineludible tarea de mantener el espíritu de la Constitución, es decir, poner al centro el respeto y protección de los derechos humanos en todo el quehacer y hacer de la ciudad. Dada la importancia de tales derechos, su realización y avance progresivo, el gobierno electo deberá evitar cualquier acción que obnubile un mensaje y trabajo contundente para solventar tal tarea. Ahora bien, para el Congreso se contempla en artículos transitorios constitucionales ayudar, mediante la expedición de leyes, a reformar el sistema de justicia en la ciudad. El texto también mandata armonizar con él las instituciones encargadas de procurar, administrar e impartir justicia. Quienes conocemos la situación de los derechos en esta entidad, reconocemos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los más violentados. Es por ello urgente atender lo que técnica y jurídicamente debe modificarse en este sistema, respetando en todo momento los derechos de todas y todos. Y después de conocer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a las impugnaciones a algunos artículos de esta Constitución, se hará urgente conformar el Consejo Judicial Ciudadano, una figura inédita de participación directa de la sociedad civil en procesos de fortalecimiento de este sistema. La procuraduría local deberá asimismo transformarse de raíz en una fiscalía autónoma, con el nombramiento por tanto de una persona fiscal autónoma. Para ello resulta indispensable un Consejo Judicial Ciudadano a la altura, y que el Congreso lo reconozca en su conformación y con la participación debida. Apremia, además, consolidar la nueva Sala Constitucional en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad. Dicha sala se propone interpretar la Constitución de la CDMX y dirimir controversias para que, sin que necesariamente lleguen a la SCJN, se resuelvan lo antes posible. Aunque hay avances muy relevantes en materia de acceso a la justicia, es menester agregar que la Constitución queda en deuda con la justicia administrativa. Cierto que hubo cambios considerables en el ahora Tribunal de Justicia Administrativa, pero sería ideal que el Congreso revise con lupa las limitantes en materia de nombramientos de jueces, así como las transformaciones que amerite la propia estructura de este órgano. Por otro lado, para los primeros meses del año próximo debemos contar con una Ley Constitucional de Derechos Humanos para la Ciudad, en la que se desarrollen los principios y mecanismos de exigibilidad ya establecidos en el texto constitucional. Tarea que amerita el trabajo activo del Congreso, coordinado con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, ya que también será el Congreso quien deba construir una ley para el funcionamiento y atribuciones nuevas que pudiera tener esta comisión. Es igualmente importante que en estos procesos se cuente con la participación de las organizaciones sociales y especialistas en los temas correspondientes, así como con la debida difusión de estas acciones y contenidos entre la ciudadanía en general. Vale también recordar que el nuevo Congreso deberá aprobar una ley que dé forma al Sistema Integral de Derechos Humanos, cuyo objetivo es, mediante el Programa de Derechos Humanos correspondiente, garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas. Este sistema se perfila como medular para transversalizar enfoques de derechos en toda la institucionalidad de la ciudad. Hasta aquí menciono algunos asuntos importantes por atender. Falta sin embargo hacer otras legislaciones que den como resultado un andamiaje legal que tenga la principal intención de respetar, garantizar, promover y proteger los derechos humanos. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : PebblePicJay [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Declaración por la paz, la democracia y la justicia en Nicaragua
Desde el pasado mes de abril, Nicaragua vive una situación de confrontación política y social que llega a tal grado de violencia y represión, ya insostenible, que hasta la segunda semana de julio ha cobrado la vida de casi 400 personas en todo el país. Reconocemos que el conflicto tiene sus origenes en la represión desencadenada contra la amplia pluralidad ciudadana movilizada para la defensa popular de los recursos naturales y la reforma a la seguridad social y su posterior exigencia de ampliar los márgenes democráticos, cese de la violencia y la justicia social en Nicaragua. Quienes a partir de nuestra preocupación por el aumento de la represión, las violaciones a los derechos humanos y las pérdidas humanas, suscribimos este comunicado, hacemos un llamado al gobierno nicaragüense a frenar todo tipo de acción violenta contra las manifestaciones populares, así como a actuar para la desmovilización y desarme de los grupos paramilitares. Expresamos nuestra especial preocupación por la recurrente estigmatización de los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los y las estudiantes, de los comunicadores y comunicadoras, y de todos aquellos y aquellas que participan en el diálogo nacional. Así como por la reciente modificación a la Ley Antiterrorista que no contribuye a la paz ni al cese de la represión, sino por el contrario, puede utilizarse para criminalizar a quienes se organizan y participan en las protestas pacíficas. Pensamos que la continuidad de los esfuerzos de diálogo ya iniciados, es de suma importancia para encontrar una salida política y pacífica a este conflicto. Nos mantendremos atentos a la situación de Nicaragua. Manifestamos nuestra disposición para hacer lo que esté de nuestra parte, en vistas a coadyuvar a la resolución de este conflicto. Animamos a la comunidad internacional a trabajar de manera unida, sin intervencionismos y con el pleno respeto a la soberanía de Nicaragua, para encontrar las mejores vías de solución acordes a los ideales e intereses democráticos del pueblo nicaragüense. Cuauhtémoc Cárdenas Clara Jusidman Adolfo Gilly Felix H. Gamundi Orfe Castillo Ximena Antillón Miguel Concha Malo Lydia Alpízar Carlos Ventura Marusia López Víctor García Zapata Fundación para la Democracia. Alternativa y Debate A.C. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Imagen destacada : AP Foto
Encuentro entre educadores populares y personas defensoras de derechos humanos
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Encuentro entre educadores populares y personas defensoras de derechos humanos se realiza en el marco de 16a generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos y en articulación con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero. Nos organizamos en esta ocasión para encontrarnos y compartir saberes entre distintas experiencias de participación, políticas y educativas con el objetivo de fortalecer los diversos procesos organizativos en diversas regiones. También nos preguntamos … ¿Qué significa ser una persona defensora de los derechos humanos en nuestro país? ¿Qué significa asumirse como una o un luchador social? Como en ocasiones anteriores, valoramos que es necesario descentralizar de la Ciudad de México los esfuerzos y articulaciones que se han venido construyendo en defensa de nuestras vidas y nuestros derechos para entonces fortalecernos con las experiencias de compañeras que realizan defensa desde las periferias y comunidades rurales, para así conocer y dialogar con otras localidades de la región centro de nuestro país. PROGRAMA 11:00 a 13:00 hrs. Recorrido por la «Zona de Sacrificio» 13:00 a 14:00 hrs. Comida 14:00 a 15:30 hrs. Compartición ¿Qué es ser defensoras y defensores de derechos humanos? junto a educadoras y educadores populares del CDHZL y la escuelita del CDHVitoria. 15:30 a 16:30 hrs. Panel Experiencia de San Salvador Atenco CDH Zeferino Ladrillero CDH Vitoria 16:30 a 17:30 hrs. Cierre Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Apaxco, Estado de México Calle Adolfo López Mateos s/n, entre Vicente Guerrero y Allende, Santa María Apaxco, EdoMex 14 de julio de 2018 11:00-17:30hrs Entrada libre [siteorigin_widget class=»CL_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Transición, reconciliación y paz
El mandato democrático nunca había sido tan claro en contra de la corrupción y la impunidad, a favor de la justicia y por la inmediata construcción de paz. Lo que Andrés Manuel López Obrador ha expresado en los últimos días –en torno al inicio de un proceso de reconciliación en el país como prioridad– debe traducirse en la construcción de una agenda para la paz con la participación de las víctimas de nuestra grave crisis de derechos humanos y quienes les acompañan, así como de académicos, especialistas y quienes formarán parte del nuevo gobierno y el próximo Congreso. Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado por más de 300 organizaciones y personas, hemos insistido en que para lograr la paz –entre otras cosas– debe haber un cambio profundo en el actual modelo de seguridad, por lo que nos congratulamos que desde este momento, Alfonso Durazo, quien ocuparía la Secretaría de Seguridad Pública, plantee capacitar a las policías, mejorar sus condiciones socioeconómicas y elaborar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública, como lo han recomendado organismos nacionales e internacionales. También, saludamos la propuesta de la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para despenalizar la siembra, trasiego y uso lúdico de cannabis. Sin embargo, también vemos con preocupación la existencia de obstáculos que pueden comprometer la construcción de paz. Uno de ellos es la promesa de campaña para crear una Guardia Nacional, que pudiera ir en contra de la desmilitarización de la seguridad pública; así como la vigencia de la Ley de Seguridad Interior. Tanto en la transición, como al inicio de la siguiente legislatura, es posible superar esos obstáculos de la mano de la sociedad civil, para comenzar el proceso de reconciliación y paz a partir del 1º de diciembre. Consideramos que con la mayoría legislativa que alcanzará la coalición más votada el pasado 1º de julio, aunada al diálogo con otras fuerzas políticas, no existe motivo alguno para posponer la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, vigente desde el pasado 18 de diciembre y aprobada en un proceso legislativo que ignoró las recomendaciones nacionales e internacionales para no hacerlo. Independientemente de las eventuales resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad, esa ley no contribuye a la paz y su simple existencia amenaza e inhibe el ejercicio de derechos humanos, tal y como lo han señalado las recientes sentencias de amparo del Poder Judicial de la Federación, por lo que su vigencia seguiría vulnerando innecesariamente el orden democrático. Quienes integramos #SeguridadSinGuerra estamos en plena disposición de colaborar con quienes formarán el nuevo gobierno, y con las legisladoras y legisladores electos, para superar estos obstáculos antes del 1º de diciembre y comenzar el proceso más importante para acabar con el horror de más de 11 años de guerra. Colectivo #SeguridadSinGuerra Alberto Athie, Alejandro Espriú Guerra, Alfredo Lecona, Aram Barra, Ariana Ángeles García, Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), Carlos Alberto Galindo López, Carlos Cruz Santiago, Catalina Pérez Correa, Cauce Ciudadano, A.C., Causa en Común A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (Cencos), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Centro Diocesano para los Derechos, Humanos Fray Juan de Larios A.C., Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba – Córdoba, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste, A.C., Colectivo Solecito de Veracruz, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A.C., Con el apoyo internacional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., Daniel Giménez Cacho, Denise Dresser, Eliana García Laguna, Enjambre Digital, Eréndira Derbez, Ernesto López Portillo, Eunice Rendón, Francisco Rivas, Familias Unidas en Busca de Esperanza Zacatecas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo Leon (FUNDENL), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM), Grupo V.I.D.A Laguna A.C., Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD), Insyde, Ixchel Cisneros, Javeir Yankelevich, Jesús Robles Maloof, Jorge Javier Romero, José Antonio Guevara Bermúdez, Juan Martín Pérez García, Julián Mejía Berdeja, Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C., Layda Negrete, Leonel Fernández Novelo, Lisa Sánchez, Luis Fernando García, Maite Azuela, Mara Gómez Pérez, Marcela Villalobos, María Elena Morera, Mariclaire Acosta, México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), Michael Chamberlin, Miguel Garza, Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Observatorio Nacional Ciudadano, Pablo Girault, Quetzalcoatl G. Fontanot, Raymundo Ramos, Rebeca Calzada, Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C., Red de Mujeres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche, Red en Defensa de los Derechos Digitales, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la Republicana Mexicana), Red VIRAL, Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Renacer Lagunero, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Silvano Cantú, Silvia Ortíz Solís, Yésica Sánchez Maya. Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
