Aniversario del Centro Fray Julián Garcés
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar delitos como la trata de mujeres en Tlaxcala y el resto del país. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] Sábado 16 de junio de 2018 Miguel Concha Al terminar este sexenio se habrán cumplido 12 años de una de las etapas de mayor violencia en la historia del país. La mal llamada guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico no sólo no frenó la expansión de las redes de la economía criminal, sino que por el contrario propició que la espiral de violencia se extendiera a todos los rincones del territorio nacional y a todos los sectores de la población, particularmente las mujeres y los jóvenes. Por otro lado, las llamadas reformas estructurales del régimen reflejaron un panorama adverso en el respeto y garantía de los derechos humanos, pues además de que facilitaron a intereses particulares el acceso a la lucrativa apropiación y depredación del territorio, los recursos naturales y la salud de los trabajadores, también abrieron la posibilidad para omitir e impedir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos, las comunidades y los defensores de esos derechos, pues, frente a la voracidad de tales intereses, limitaron al mínimo la capacidad de los instrumentos jurídicos para su defensa. Tlaxcala no escapa a esa dolorosa realidad, y es en este contexto que el Centro Fray Julián Garcés –que presentó su 16 informe institucional Comunidad, signo de luz y esperanza– refrenda desde hace 16 años su misión de promover y defender con una perspectiva integral y de género los derechos humanos. Por ello a lo largo del último año ha continuado su labor de investigación y denuncia en torno a la prevención de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, así como los daños generados a las comunidades por la contaminación de la cuenca Atoyac-Zahuapan, que tanto aqueja a esa entidad. El Fray Julián es una organización de avanzada nacional en la reflexión colectiva, que busca, con la participación comunitaria, erradicar este delito en Tlaxcala y el resto del país. Resultado de ello es la actualización del Diagnóstico de percepción ciudadana sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Tlaxcala, el cual evidencia que la ineficacia gubernamental para la elaboración y aplicación de políticas públicas pertinentes y adecuadas ha impactado directamente en el aumento de municipios con presencia de trata (¡17 municipios más de los reportados en 2008!). Por ello, en su 16 informe urge a la implementación del Programa Estatal contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, y de un Programa Educativo de Prevención de la Trata dirigido a niños y niñas. Por otro lado, junto con la Coordinadora por un Atoyac con Vida y la Red de Jóvenes en Defensa de los Pueblos, inició un proceso colectivo de análisis, difusión y diálogo comunitario en torno a la Recomendación 10/2017 de la CNDH, primer documento del Estado mexicano que reconoce los impactos de la contaminación del agua en la salud de la población y la responsabilidad de las autoridades por no cumplir con la obligación de garantizar el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de la cuenca. Fruto central de ese proceso es la Propuesta comunitaria para el saneamiento integral de la cuenca Atoyac-Zahuapan y la reparación del daño a las comunidades, que cuenta con el respaldo de científicos solidarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e incorpora principios técnico-científicos necesarios para el saneamiento del agua y la restitución del entorno que favorece la vida del río y las comunidades a partir de la reivindicación del derecho a la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. En el contexto de la presentación de su 16 informe, fueron muy valiosos los comentarios de Raúl García Barrios, investigador de la UNAM, respecto a que no existe mayor daño en el cuerpo de las comunidades que la destrucción de los cuerpos de las mujeres y niñas y la destrucción del cuerpo de la naturaleza que las integra. Igualmente significativas resultaron las palabras de la antropóloga Ixchel Yglesias, quien concluyó que la prevención de la trata de mujeres y niñas y la violencia sexual feminicida deben ser consideradas problemas estructurales cuya solución depende de la aplicación de políticas públicas con participación comunitaria. El informe Comunidad, signo de luz y esperanza representa el llamado que el Fray Julián hace, al cumplir 16 años de servicio comunitario, en la defensa y promoción de los derechos humanos para que colectivamente se asuman las acciones que nos conduzcan a alcanzar la paz y terminar con la violencia feminicida y la destrucción de nuestra Casa Común. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada : Centro Fray Julián Garcés (Facebook) [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget]
Cuarto Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Su desempeño ha generado una desconfianza profunda en la sociedad por la inconsistencia de sus fallos y por el exceso y frivolidad en el uso de sus presupuestos. -La integración actual de la Sala Superior genera recelo a partir de la extensión indebida del mandato de cinco de sus siete integrantes, guiada por acuerdos políticos indeseables. -En el 2017 la Sala Superior del TEPJF avaló todas las irregularidades cometidas y denunciadas en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. -En lo que va de proceso electoral 2017-2018, el Tribunal ha echado abajo medidas tomadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) dirigidas a inhibir la compra y coacción del voto; se ha otorgado facultades discrecionales para anular elecciones; ha restringido la defensa de los derechos humanos; ha permitido que un candidato con visiones ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticas compita por la Presidencia de la República y ha avanzado la cultura de la simulación constitucional. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral hace un llamado a toda la población, a los organismos internacionales, asociaciones de abogados, organizaciones de la sociedad civil, observadores electorales y expertos en derecho electoral a vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a denunciar cualquier acto o decisión que aleje a ese Tribunal de la recta conducta que todo órgano de justicia debe tener. La Sala Superior del TEPJF es una institución que se encuentra históricamente en deuda con el desarrollo del estado de derecho democrático del país, pues no ha contribuido a generar confianza ni hacia su trabajo ni hacia el proceso electoral. Desde su puesta en marcha para arbitrar las elecciones de 1997, la Sala Superior no ha cumplido con su obligación principal: evitar la falta de certeza y garantizar la absoluta libertad de sufragio. Hoy existe una fuerte desconfianza entre la población con relación a la libertad electoral, así como a la pulcritud y corrección con la que se llevan a cabo las elecciones en el país. Existen algunas señales ominosas sobre la actuación de la Sala Superior del TEPJF en funciones que ponen en tela de duda su imparcialidad e independencia: 1. Poco después de haber sido designados y mediante un acuerdo político poco transparente y de dudosa legitimidad constitucional, el nombramiento de algunos integrantes de la Sala Superior del TEPJF se amplió de tres a siete y de seis a ocho años, pasando por alto las reglas constitucionales que fundaron el procedimiento por el que fueron convocados a participar en el proceso de selección . Esta maniobra legislativa sirvió de marco para que la Sala Superior resolviera que las elecciones celebradas en los estados de México y Coahuila en el año 2017 fueron impecables, pasando por alto todas las evidencias de compra y coacción del voto que se acumularon a lo largo de esos procesos. La nueva Sala Superior del TEPJF se inauguró así, avalando las peores prácticas de nuestra tradición electoral y que significaron un retroceso de por lo menos 30 años. 2. La Sala Superior echó para atrás las medidas aprobadas por el Consejo General de INE, conocidas como Piso Parejo, que no tenían otro objetivo que el buscar una mayor equidad en la contienda, desincentivando y obstaculizando la compra y coacción del voto, lo que genera serias dudas sobre la voluntad o el propósito de su actuación. (Sentencias del TEPJF: SUP-RAP-232 y SUP-RAP-607). 3. La Sala Superior del TEPJF prohibió que cualquier otra autoridad electoral del país, incluido el Instituto Nacional Electoral, maximice la protección de los derechos humanos (jurisprudencia 14/2018). Para la Sala Superior, el acceso a la protección de los derechos humanos debe restringirse y no ampliarse, lo que significa una violación a la obligación que la Constitución les impone. 4. La Sala Superior se otorgó facultades inmensas para anular las elecciones en el país, al ordenar que, en el caso de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en una elección sea menor de 5% de los votos y alguien alegue la causal de nulidad por rebase de más del 5% de los gastos de campaña autorizados, corresponde a quien va a la delantera probar que no ha rebasado los topes de campaña (jurisprudencia 2/2018). Resulta preocupante que la Sala Superior renuncie a sus obligaciones de ordenar las investigaciones más exhaustivas y completas en materia de fiscalización. Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable. 5. La Sala Superior avaló la candidatura independiente del señor Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República, a pesar de la gran cantidad de irregularidades que el Instituto Nacional Electoral detectó en la recolección de firmas. Esto permitió que un discurso de odio, enarbolado por un personaje que ha demostrado una y otra vez su desprecio a la ley, esté presente en la contienda electoral. Mediante una resolución jurídicamente frágil la máxima autoridad electoral permitió que partícipe en la campaña presidencial un candidato que expone en forma impune posturas, puntos de vista y criterios abiertamente contrarios al régimen constitucional de derechos que caracteriza a México y que la propia Constitución prohíbe. En manos de la Sala Superior del TEPJF se encuentra todavía la posibilidad de enmendar la historia de sospecha que ha rodeado al órgano desde su creación, por lo que hacemos un llamado enérgico para que haga uso de las facultades que ostenta, cumpliendo con las obligaciones de independencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia de fuente nacional e internacional a las que se vincula en virtud de su carácter como órgano jurisdiccional con rango constitucional. Firman: Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona,
Exigimos el pleno respeto a los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social en Guadalajara
Las organizaciones que integramos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), manifestamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos el pasado lunes 11 de junio, donde fueron detenidas nueve personas de manera arbitraria por elementos de la policía municipal, cuando vecinos y estudiantes se manifestaban de manera pacífica en contra de la construcción de un desarrollo inmobiliario dentro del Bosque Arboledas del Sur, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los gobiernos municipales de Guadalajara, incluyendo el actual, tienen antecedentes ampliamente conocidos por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las personas que ejercen la libertad de expresión y la libre manifestación, sin que existan consecuencias para quienes coartan esos derechos fundamentales. Es importante recordar que la libertad de expresión y la protesta social son derechos que no pueden ser limitados, pues ser restringidos arbitrariamente o de manera desproporcional como ocurrió en este caso, ya que se trata de instrumentos mediante los cuales las y los ciudadanos pueden expresar sus opiniones e ideas, así como evidenciar públicamente las problemáticas que les afectan. En consecuencia, resulta preocupante la criminalización en contra de quienes ejercieron su derecho a la manifestación, quienes sabemos han cobrado su libertad como consecuencia del “perdón” otorgado por el gobierno municipal. Por lo tanto, le exigimos al gobierno municipal que las violaciones al debido proceso, a la libertad de expresión y libre manifestación ocurridas en el Bosque Arboledas del Sur, sean investigadas y sancionadas de manera imparcial. De igual manera, el FLEPS, hace un llamado a las autoridades estatales y municipales del Estado de Jalisco, para que cumplan con sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en especial los derechos a la libertad de expresión y a la protesta social; y se abstengan de criminalizar y atentar contra la integridad física y psicológica de las personas manifestantes. ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Internet
El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado
El pasado 29 de mayo, la diputada local Mariana Bautista de Jesús presentó ante el Congreso del Estado de Hidalgo, una iniciativa que propone derogar los delitos contra el honor (difamación y calumnias) previstos en los artículos 191 al 202 del Código Penal estatal. Lo anterior podría representar un avance para la libertad de expresión, en caso de aprobarse dicha iniciativa, en cuanto a que este tipo de delitos siguen siendo utilizados para criminalizar este derecho, sobre todo en el ámbito periodístico, a través del inicio de procedimientos penales con motivo del ejercicio de sus derechos. Además, han sido constantes y claras las recomendaciones por parte de organismos internacionales hacia el Estado mexicano para que derogue estos delitos. Dentro de un contexto adverso para el ejercicio de la libertad de expresión, la protesta social y el periodismo en México, tal como ARTICLE 19 ha dado constancia en su informe anual 2017 “Democracia simulada. Nada que aplaudir”, resulta importante y apremiante este tipo de iniciativas, cumpliendo con las recomendaciones internacionales y lograr mejores condiciones en el ejercicio de las libertades. Es por ello que desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), así como desde ARTICLE 19, hemos manifestado nuestra preocupación por el uso arbitrario del sistema penal para restringir tanto la libertad de expresión como la protesta social. Por ello, hemos enviado dos cartas a las y los diputados del Congreso de Hidalgo, expresándoles la importante oportunidad que tiene para aprobar la iniciativa y con ello derogar los delitos contra el honor, aún vigentes en el estado de Hidalgo. El Congreso de Hidalgo tiene una oportunidad para derogar los delitos contra el honor aún vigentes en el estado. Asimismo, les manifestamos un claro ejemplo del uso arbitrario de este tipo de delitos lo ocurrido con el señor Leonardo García, quien actualmente se encuentra bajo proceso penal por el delito de difamación, después de haber protestado y dado a conocer úblicamente las irregularidades en la estructura del drenaje y otros servicios, por parte de la empresa SYLMA SA de CV en la construcción de su vivienda dentro del fraccionamiento La Esmeralda, en Zempoala, Hidalgo, lo cual tuvo como consecuencias severas inundaciones y daños en su inmobiliario. Frente a este contexto, ARTICLE 19 y desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, exigimos a diputadas y diputados locales de los estados Campeche, Colima, Hidalgo, Michoacán¹, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán, deroguen los delitos contra el honor aún vigentes en sus códigos penales, y garanticen la libertad de expresión, derecho a la información y la protesta social, como cumplimiento del mandato de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y todos. ¹ Si bien el código penal de Michoacán no regula estrictamente calumnias, difamación o injurias, sí regula figuras que tienen los mismos efectos: Ataques contra el honor, Ataques a la intimidad, Ataques a la propia imagen. Organizaciones conformantes FLEPS ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Jennifer Moo
Encuentro de mujeres por una vida libre de violencia
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Encuentro de Mujeres por una Vida Libre de Violencia se realiza en el marco de 16a generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Es un esfuerzo conjunto entre compañeras de la generación actual, colectivas feministas, de mujeres y organizaciones mixtas, quienes participamos en procesos de defensa de los derechos de las mujeres. Nos organizamos para denunciar la violencia estructural contra las mujeres en el Estado de México, concretamente, en los municipios de Nezahualcoyotl, Chimalhuacán y Ecatepec. Valoramos que es necesario descentralizar de la Ciudad de México los esfuerzos y articulaciones que se han venido construyendo en el marco de la legítima defensa de nuestras vidas y nuestros derechos para entonces fortalecernos con las experiencias de compañeras que realizan defensa desde las periferias así como con la comunidad, sobre todo con las mujeres de la comunidad, a partir de espacios de encuentro. PROGRAMA Panel “Las violencias de género y el feminicidio” ( 11 a 12:00 hrs) Participantes : Ana Yelli Pérez Garrido de Justicia Pro Persona A.C. Irinea Buendía, mamá de Mariana Lima Elí, mamá de Estrella, mujer desaparecida en el EdoMex. Stands de intercambio de diálogo y escucha con la comunidad (12:00 a 14:00 hrs) Temas: Mitos del amor romántico por Red Cihuame Autocuidado por Las Enredadas Seguridad y Cuidado Violencia sexual y la apropiación del espacio público por la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza Construcción de la memoria social y de género por Cecos Intervención (14:00 a 15:00 hrs) Tendedero Mapa Convivio (15:00 a 16:00 hrs) Micrófono abierto Poesía Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl Av Chimalhuacán S/N, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx. 16 de junio de 2018 11:00-15:00hrs Entrada libre [siteorigin_widget class=»CL_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_PostCarousel_Widget»][/siteorigin_widget]
Tercer Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Es inaceptable que se coaccione el voto de los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad. -En los procesos electorales de 2017 y aún más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades electorales intervengan para frenarla. -Hay un incremento considerable de programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios, ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional. -Tres secretarías elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas en el primer trimestre del año. -PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses. -Durante el actual proceso electoral se han destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar el voto. -El manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos. -Lamentamos la decisión del TEPJF al haber cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un retroceso en lo poco que se había avanzado. El Comité Conciudadano para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye a la inequidad en las contiendas. La compra y coacción del voto es también la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de la población. Con las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado. Cuando las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un determinado candidato o candidata. Desde hace más de tres décadas en México la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza; sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres (53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde frutos electorales a quienes los promueven. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar casi 6,500 programas incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018. En las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en sólo tres meses.[1] La mayoría de los programas sociales se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control; no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios para su uso electoral. Asimismo, como responsables de los programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en el Gobierno de la CDMX. Desde hace varios procesos electorales diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales, sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para registrar a militantes de partidos políticos. En el actual proceso electoral se ha denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2] En razón de lo anterior exhortamos al
Manifiesto ético en el actual contexto político del país
[Dado en el marco del Encuentro ¿Qué hacer frente a las elecciones? Desafíos desde el Estado laico y los derechos humanos, Ciudad de México, 24-25 mayo 2018] Los días 24 y 25 de mayo del presente año nos reunimos integrantes de diversas organizaciones y agrupaciones sociales de inspiración cristiana, para reflexionar sobre el momento histórico que como nación estamos viviendo con el objetivo de asumir con esperanza y compromiso el desafío de reconstruir el tejido social y comunitario que ha sido desgarrado por la imposición, en nuestro país, de un proyecto político y económico altamente nocivo, un proyecto de muerte contrario a la dignidad humana y a la sacralidad de la Tierra. Con el clamor de los pueblos, especialmente los más pobres y oprimidos, resonando en nuestros corazones, en esta hora decisiva de nuestra historia hacemos un llamado a la clase política y económica de nuestro país y a todos los sectores de la sociedad a no aplazar más la esperanza en un mundo de justicia y de paz, a no eludir más el compromiso del bien común como eje inspirador del quehacer democrático en lo político, lo social y lo económico en nuestro México. Somos conscientes de que los desafíos que hoy vivimos como pueblo son tan profundos que requieren un esfuerzo consistente de articulación de voluntades y sueños que trasciendan el complejo momento electoral que hoy nos abruma; por lo tanto, convocamos a la participación política y social con una mirada de largo alcance, con una visión de futuro que entienda que la autonomía soñada por muchas y muchos se construye desde abajo, desde los pueblos, mediante la unidad de nuestras diversidades, la suma de esfuerzos y la lucha permanente contra el odio, el miedo, la desesperación y la injusticia. En medio de la violencia exacerbada que nos divide y polariza, soportando sobre nuestros hombros el pesado fardo de la corrupción y la impunidad institucionalizadas, rechazamos rotundamente la continuidad de un régimen político y unas condiciones sociales insostenibles e insoportables para la mayoría de la población y expresamos nuestra voluntad inquebrantable de trabajar codo con codo, como ciudadanos y ciudadanas, como personas creyentes, unidos a comunidades y movimientos que día a día hacen realidad el bienaventurado sueño de que las y los pobres y humildes hereden la tierra. Por ello, en lo inmediato, de cara al presente proceso electoral en que, como nación, elegiremos no sólo el mayor número de puestos públicos de nuestra historia, sino también un nuevo y definitivo rumbo en medio de un escenario nacional e internacional complejo y adverso, hacemos un llamado a la reflexión colectiva para un voto informado, razonado y acrisolado en la empatía y la fraternidad frente a las campañas de odio, la construcción de pos-verdades en torno a proyectos emancipatorios con el fin de crear temor; las descalificaciones infames, el despilfarro, la compra de votos que abusa de las necesidades fundamentales de la gente, la violación al Estado laico y la configuración a modo de nuestras instituciones electorales, que prefiguran de nueva cuenta elecciones empañadas por el fraude, la corrupción y el intervencionismo estadounidense; y en consecuencia, resultados electorales faltos de transparencia y legitimidad. Frente a ello exigimos un apego estricto a derecho y el respeto a la voluntad ciudadana que de manera rotunda e histórica está expresando su voluntad de un cambio real, profundo y su rechazo a la perpetuidad de las actuales condiciones políticas. Para lograr esto, llamamos a la organización para la vigilancia del proceso electoral y para lograr hacer efectiva una democracia más allá de lo electoral, una democracia más completa que no solo abarque lo político sino se extienda también a lo económico y lo social. Invitamos a no caer en la trampa triunfalista que concentra demasiadas expectativas en los resultados electorales, que no significan de forma automática una transformación democrática de la sociedad, sino sólo el comienzo de dicha transformación, que no es factible en el corto plazo y no será posible sin una agenda social y política amplia, de acuerdos máximos desde puntos mínimos que respondan a los ya inevitables clamores de pueblos que viven en la pobreza, la explotación laboral y la precariedad, la violencia generalizada y la ausencia total del estado de derecho, la desaparición forzada y sistemática de sus seres queridos, el secuestro y la trata con fines de explotación sexual y comercial, la violación y estigmatización de los derechos humanos y de quienes los defiendes, la violencia de género que se manifiesta en incontables feminicidios y crímenes de odio, la corrupción gubernamental y la impunidad, la consolidación de fundamentalismos religiosos y políticos, el terror cotidiano que genera división y desconfianza, el exilio por la violencia exacerbada y la necesidad de sobrevivir, la destrucción irrestricta de la naturaleza considerada madre, maestra, hermana… siendo estas y muchas otras más, manifestaciones de una crisis civilizatoria más profunda, de carácter global y cuyas raíces más profundas son económicas, producto del desesperado intento de mantener vivo el capitalismo neoliberal, para lo cual se intensifican y sofistican estrategias de dominación de espectro completo que justifican y multiplican las violencias. Desde la espiritualidad profética que nos une y nos inspira, hacemos un llamado a evadir la indolencia frente a estos rostros y rastros del desastre, a tomar conciencia de que la participación política por un cambio social (desde la sociedad) es un valor ético y cristiano necesario para abatir el individualismo, lograr la unidad de las izquierdas desde las bases populares y sentar las bases de un cambio estructural desde una comprensión integral de la democracia en la que han de articularse de manera armónica el desarrollo, la diversidad y los derechos humanos. Este sueño no es sólo nuestro, en él nos han precedido ancestralmente los pueblos originarios y luego los movimientos sociales, que nos dan esperanza y certidumbre en medio de la desolación. En especial las juventudes, las madres y padres de personas desaparecidas y los movimientos de víctimas, hoy nos alientan con su resistencia y creatividad y nos permiten mirar más allá del 1º de julio, más allá de nuestra debilitada y corroída democracia electoral, para poner en marcha un renovado esfuerzo
La Alianza por Nuestra tortilla
La tortilla nixtamalizada es insustituible, es un aval para la comida del presente y del futuro Ante la adversidad de las políticas neoliberales, el maíz en milpa es la base de la resistencia de los pueblos y la tortilla el principal sustento. Diferentes derechos humanos están siendo violentados en las actuales condiciones dominantes de producción, transformación y comercialización del maíz y la tortilla, hoy tomamos la construcción de una Alianza para sumar voces y acciones en defensa de la Tortilla que queremos. En México 62 pueblos originarios y millones de familias campesinas cuidan y cultivan unas 65 razas y miles de variedades de maíz, adaptadas a la gran diversidad de condiciones ecológicas, de climas, suelos y gustos culinarios; las intercambian libremente, junto con sus conocimientos tradicionales y, en miles de experiencias, con innovaciones agroecológicas que permiten mejorar los suelos, combatir las plagas y duplicar o triplicar las cosechas, sin agrotóxicos. Esas semillas nativas o criollas también van adquiriendo, ciclo tras ciclo, mayor capacidad de resiliencia ante los efectos negativos del cambio climático (sequías prolongadas, huracanes). Nuestra tortilla ha de ser elaborada con la gran diversidad de maíces que han resguardado por siglos las y los campesinos de Mesoamérica, sólo así aseguraremos la calidad y variedad de tortillas. Cada región tiene un tipo de tortilla de acuerdo a la cocina que realizan, por ejemplo la región maya se caracteriza por la tortillas pequeñas, en tanto Oaxaca nos regala las inmensas tlayudas, especial lugar tienen las tortillas hechas de maíz pepitilla en la región de Morelos y Guerrero: tortillas suaves y flexibles, que se recalentientan y vuelven a inflarse. La nixtamalización y el uso del metate y el comal son compañeros de la tortilla de maíz nixtamalizado. Aunque el maíz ha convivido con nosotros por más de ocho mil años, la presencia de la tortilla es más reciente: hay indicios de hace entre mil y mil quinientos años. Está asociada con dos estados muy poderosos en expansión, cuyo centro de gobierno fueron grandes ciudades: Teotihuacan y Tenochtitlan. La nixtamalización permitió que el maíz duplicara su volumen, pues por cada kilo de maíz nixtamalizado y molido, se obtienen casi dos kilos de masa. Así hubo comida suficiente y a bajo costo, para una población numerosa. Además se generó empleo para miles de campesinos que sembraban sus milpas, que eran autosuficientes, y que generaban excedentes. Con la masa de nixtamal no sólo se elaboraron tortillas, sino que gracias a la creatividad de las mujeres mexicanas, las tortillas se convirtieron en enchiladas, tacos, tostadas; también con masa se hicieron memelas, sopes chalupas y muchas otras preparaciones, ya desde la antigüedad. Esta estrategia de nuestros antepasados los antiguos mexicanos, ha rendido frutos hasta hoy. En 2004, el embajador Jesús Puente Leyva planteaba que “con el maíz la población de México cubre su alimentación básica a un costo bajísimo: a precios de mercado, el valor de las tortillas a que corresponde dicho consumo equivale solamente a uno por ciento del producto interno bruto. Ciertamente es difícil imaginar, en cualquier parte del mundo, un costo tan bajo para sostener la alimentación básica de un país de importantes dimensiones demográficas.” Lo que sin lugar a dudas Nuestra tortilla debe tener es el maíz que se produce en el campo mexicano utilizando variedades nativas y sobretodo bajo manejo campesino. Hoy reconocemos que en las diversas parcelas se realiza un manejo virtuoso de la diversidad de maíces y que si bien, puede introducirse maíz hibrido, los campesinos saben cómo resguardar sus variedades nativas o criollas que son las de mayor gusto en su propia mesa. Este manejo de la biodiversidad ha permitido que hoy sigamos contando con el reservorio de maíz más importante del mundo. Por ello, “Nuestra tortilla” debe estar elaborada con el maíz que se mantiene en manos campesinas para preservar tanto la diversidad de maíces, como de tortillas y de la multiplicidad de alimentos que se producen con maíz. La defensa de Nuestra tortilla significa, al mismo tiempo, la defensa de una herencia milenaria; y base de la alimentación. La tortilla hecha con masa nixtamalizada es fuente de calcio, fósforo, hierro, zinc, calorías, fibra y proteínas así como Vitamina B1, B2 y B3. Gracias a la nixtamalización se han logrado detectar beneficios para la nutrición humana ya que aumenta hasta 30 veces la cantidad de calcio en las tortillas y hace que las proteínas junto a la Vitamina B3 se absorben mejor y más rápido dentro del cuerpo. Además, la fibra aumenta en cantidad y calidad con mayor rendimiento en la masa, dicha fermentación produce el llamado almidón resistente útil para aumentar las bacterias buenas en el colon relacionadas con el bajo riesgo de cáncer y diabetes. La nixtamalización resalta la calidad nutricional propia del maíz para ofrecer proteínas y calorías más baratas a personas desde los 6 meses de edad en adelante, su inclusión en la dieta habitual es compatible con tratamientos tanto para desnutrición como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hoy más que nunca se hace necesario repensar algunos conceptos como la biodiversidad, soberanía alimentaria y la nixtamalización; frente a otros conceptos como la dependencia o la tortilla industrializada. La buena tortilla es un patrimonio biocultural arraigado en las comunidades, en parcelas, solares y cocinas, en el corazón de la gente que le da vida: mujeres, hombres, ancianos, niños y jóvenes… Proteger la tortilla nixtamalizada hecha con maíces nativos o criollos es parte de la defensa más integral de los territorios, el agua y otros bienes comunes, de la cultura y soberanía alimentaria. Tenemos que honrar esta herencia milenaria tan eficiente, con políticas públicas orientadas a la protección del maíz, a la autosuficiencia en este grano básico, al apoyo a las pequeñas parcelas, a la valoración de la milpa no sólo como una unidad productora de maíz, sino como un conjunto en el que están presentes decenas de productos, y a valorar el trabajo campesino que alimenta de manera sustentable a buena parte de la población. La Alianza por Nuestra Tortilla que hoy nace reconoce los procesos
Sin respuesta efectiva, violencia feminicida en la CDMX: ONG
Llaman a conformar Mecanismo Ciudadano de Seguimiento a la AVG en la capital del país A 9 meses de su solicitud, continúan sin gestarse medidas efectivas para combatir la violencia feminicida en la CDMX Recomendaciones del Grupo de Trabajo de la AVG: no dan respuesta efectiva a las problemáticas denunciadas por organizaciones peticionarias Ante el incremento y la agudización de la violencia feminicida en la Ciudad de México, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. el 7 de septiembre de 2017 realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género ante la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Seis meses después, el 2 de marzo de 2018, dicho organismo notificó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México seis medidas de carácter urgente, y el 26 de marzo se presentó el Informe del Grupo de Trabajo de la AVG en el que se realizó un diagnóstico y recomendaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, las organizaciones peticionarias de la AVG consideramos que éstas no responden de manera efectiva a la dimensión del problema del feminicidio, la desaparición-trata y la violencia sexual (siendo estas problemáticas las que motivaron dicha solicitud). Como organizaciones de la sociedad civil, valoramos que en el informe no se establecen indicadores efectivos de proceso, resultado e impacto idóneos -y mucho menos- se observa su implementación de manera inmediata y efectiva. Por otra parte, recomendar la realización de un “inventario de instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia”, evidencia la falta de coordinación interinstitucional de las propias autoridades, que deriva en el desconocimiento y desatención de mujeres y niñas que muchas veces son revictimizadas por las propias instituciones. En el caso del feminicidio, expresión más violenta de odio contra las mujeres, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), quien junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos acompaña el proceso de solicitud de AVG en la CDMX, documentó de 2014 A 2017 -con datos oficiales- el asesinato de 677 mujeres, de los cuales 482 fueron homicidios dolosos y 195 fueron investigados como feminicidio, es decir el 29%. A pesar de que la Ciudad de México lleva seis años con un tipo penal de feminicidio autónomo y que fue la primera entidad en tipificar con elementos objetivos para acreditar las razones de género a nivel nacional, además de contar con una agencia especializada y ha capacitado a sus operadores jurídicos en materia de feminicidio; el OCNF ha documentado que existen fuertes resistencias por parte de las autoridades, tanto para iniciar las investigaciones desde la hipótesis de feminicidio, como para considerar acreditadas las razones de género durante el desarrollo de las investigaciones. Frente a la incidencia delictiva y los obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia se ha creado un clima de impunidad que propicia la continuidad del delito, lo que pone en riesgo la vida y la integridad física y emocional de las habitantes de la Ciudad. Ante ello, como organizaciones defensoras de los derechos humanos exigimos a las autoridades del Gobierno Federal y a las autoridades capitalinas: Dimensionar y atender de manera urgente y efectiva la violencia feminicida en la CDMX. Se contemplen y tomen acciones específicas para cada una de las problemáticas denunciadas en la solicitud de AVG: feminicidio, desaparición-trata y violencia sexual. Exista una coordinación institucional que pondere la vida de las mujeres frente a mecanismos burocráticos que revictimizan y no atienden de manera efectiva a las mujeres víctimas. Atención inmediata a familiares de víctimas y garantía de su acceso a la justicia, sin que esto signifique su revictimización. En cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), como organizaciones defensoras de los derechos humanos, hacemos un llamado para que las autoridades federales y capitalinas materialicen su compromiso con los derechos de las mujeres, apegados al cumplimiento de los compromisos que a nivel nacional e internacional, el Gobierno mexicano ha realizado para garantizar los derechos de las mujeres. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos HumanosTodos los Derechos para Todas y Todos Imagen destacada : Jorge Aguilar
Segundo Comunicado del Comité Conciudadano para la Observación Electoral 2018
-Los niveles de violencia alcanzados en el actual proceso electoral no tienen precedente y afectan las relaciones familiares, comunitarias, políticas y sociales. -Según Ettelekt los ataques y agresiones en contra de actores políticos y familiares aumentaron 400% en relación con el proceso electoral anterior.[1] -Las mujeres han sido particularmente afectadas por la violencia política. -La violencia afecta el entorno de libertad para participar en las elecciones. -Llamamos a todos los contendientes a respetar la legalidad y a ejercer su libertad de expresión dentro de un discurso democrático y de respeto a los derechos humanos. -Demandamos a las autoridades aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias. -Solicitamos a las autoridades garantizar la paz y la libertad durante el proceso electoral. El Comité Conciudadano, conformado por personas de la sociedad civil y de la academia, manifiesta su preocupación y su más enérgico rechazo ante la violencia que se ha desatado durante este proceso electoral. Hasta el 8 de mayo con tristeza contabilizamos 305 agresiones directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares durante estas elecciones. Se han asesinado a 93 políticos, de los cuáles 35 eran candidatos y precandidatos y 44 eran familiares de actores políticos.[2] La violencia en los discursos de los candidatos y partidos y especialmente las agresiones y los asesinatos por razones políticas, son un atentado a los derechos humanos y afectan la competencia y el entorno de libertad indispensable para participar. Particular respuesta de las autoridades y atención de las organizaciones de la sociedad civil merece el alarmante crecimiento de la violencia política contra las mujeres ya que durante este proceso han sufrido personalmente o a través de sus familiares, amenazas, secuestros, asesinatos y violaciones únicamente por ejercitar sus derechos políticos y participar en las contiendas electorales. Según la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de 2016 a la fecha se han denunciado 200 casos de violencia política en contra de las mujeres.[3] Exigimos que las autoridades investiguen, persigan y castiguen con toda oportunidad y diligencia y conforme a las leyes, a los responsables de los delitos contra candidatas, candidatos y otros actores políticos, comunicadores y activistas sociales. Asimismo que se desarrollen y pongan en práctica protocolos de actuación que protejan a quienes se han visto amenazados o sean particularmente vulnerables por el entorno en que actúan. Hacemos un enérgico llamado al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos electorales de los estados, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a los tribunales electorales estatales y a la FEPADE a aplicar la ley de manera imparcial y sin reticencias por ser la única manera de abonar a la claridad y construir un clima de certeza y tranquilidad en las elecciones. Demandamos a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que contribuyan desde la esfera de sus atribuciones a garantizar la paz y la libertad para que el proceso electoral llegue a su término de manera satisfactoria. Exhortamos a las autoridades, partidos políticos y candidatos a no fomentar el clima de violencia con declaraciones, acciones u omisiones irresponsables o haciendo apología de la violencia y daño a la paz pública. No queremos vivir terrorismo electoral como se presentó en la elección del Estado de México que busca inhibir la participación libre de la ciudadanía. Las autoridades electorales deben sancionar a aquellos candidatos y candidatas, coaliciones o partidos que realicen propuestas claramente violatorias de los derechos humanos. El Comité Conciudadano reprueba la impunidad de la retórica de la violencia generada en la contienda electoral. No debemos olvidar que los derechos políticos son interdependientes de otros derechos humanos como los relativos a la vida, a la integridad, la seguridad y a la libertad de expresión. Los derechos humanos no tienen jerarquía entre ellos. En democracia necesitamos que las instituciones del Estado garanticen por igual todos los derechos humanos. Hacemos un llamado general al respeto de las ideas y las convicciones de cada persona, así como a respetar el voto de todas las personas sin importar el nivel socioeconómico, educativo o la pertenencia a cualquier minoría o grupo de la población. Contribuyamos todos y todas informándonos y debatiendo con altura y en forma pacífica en las aulas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, en los espacios públicos y en las mesas de cada casa. Evitemos las descalificaciones hacia las personas que tengan convicciones o ideas políticas distintas a las nuestras, respetemos el derecho de cada persona a pensar diferente. Llamamos a no abonar a la confusión y a la desinformación malintencionada. No podemos olvidar que la diversidad hace la democracia. Inyectemos serenidad y cordura al proceso electoral, aportemos ideas al debate democrático y hagamos un esfuerzo por reducir el encono y la violencia. Honremos y defendamos nuestro voto y nuestro derecho a vivir en paz y en un Estado de Derecho. Firman: Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Julio César Bonilla, Héctor Castillo, Berthier, Joaquín Borrell, Angélica Carrasquedo, Sergio Caloca, Ingrith Carreón, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Eduardo Huchim, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Consuelo Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Ivet Pérez, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ana Saiz, Alberto Serdán, Maylí Sepúlveda, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Marcela Velázquez, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina. Centro por un Recurso Efectivo AC (CREF), Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC. [1] http://udgtv.com/featured/violencia-asesinatos-candidatos-elecciones-2018/ [2]Datos de Ettelekt. Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018. http://www.etellekt.com/reporte/cuarto-informe-de-violencia-politica-en-mexico.html#. Según la misma consultora aumentaron en 400% con respecto al Proceso Electoral de 2015. EFE Noticias 14 de mayo de 2018. [3] http://www.lja.mx/2018/04/encabeza-fepade-mesa-de-trabajo-sobre-violencia-politica-contra-mujeres/ Más información: Nelly
