Se emitieron medidas provisionales de carácter urgente para atender violencia feminicida en la CDMX
-Medidas provisionales relacionadas con las fallas en investigaciones y mecanismos de búsqueda. -En próximos días será publicado el informe con recomendaciones que deberán ser implementadas en los próximos 6 meses para reducir violencia feminicida. Luego de más de cinco meses desde que diversas organizaciones de la sociedad civil realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM) que atienden dicha solicitud han emitido una serie de medidas provisionales que deben atenderse de manera urgente e inmediata. Entre ellas se establece la instalación de una mesa de trabajo con víctimas para dar seguimiento a sus casos, y revisar los errores que persisten en las actividades de investigación de muertes violentas de mujeres, entre ellas la falta de perspectiva de género y de debida diligencia que hace que persista la impunidad. Asimismo,, se emitió la instalación de mecanismos claros de búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas. Dichas medidas provisionales fueron emitidas el pasado día 2 de marzo, sin que hasta el día de hoy autoridades de la Ciudad de México hayan informado sobre su respuesta a estas medidas provisionales. Hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México a atender de manera urgente estas medidas solicitadas. En próximos días, será publicado el informe del grupo de personas expertas , que detalla el contexto y diagnóstica la situación sobre violencias hacia las mujeres en esta Ciudad, que también motivaron estas medidas precautorias. Así también una serie de observaciones que el gobierno de la Ciudad de México deberá implementar en un plazo de 6 meses, para reducir de forma efectiva y significativa la violencia feminicida en sus diversas manifestaciones. Las organizaciones peticionarias permanecemos a espera de la publicación de dicho informe y atentas a la implementación de las medidas que ya han sido emitidas con la intención de reducir la violencia feminicida en esta Capital. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Justicia Pro Persona A.C. Imagen destacada : Exs Queso
Exigencias mínimas para las elecciones de 2018
En los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza. La sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios. Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral. Son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos. Por ejemplo, la transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna. La triangulación de fondos ha sido denunciada por las organizaciones civiles y medios de comunicación. Esta conducta, las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, demuestran la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país. Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país. Se ha dicho que todos hablan de combatir la corrupción como bandera principal, lo cierto es que las instituciones construidas para hacerlo, están controladas y descabezadas. El esfuerzo por crear órganos electorales autónomos, de composición ciudadana, se tradujo en las elecciones libres de 1997 y 2000, que después naufragó por el secuestro de los partidos políticos y del poder público. Así, los fraudes de 2006, 2012 y los abusos incalificables en los recientes comicios del Estado de México y Coahuila, son señales ominosas de lo que podría ocurrir en 2018. Es necesario revertir el proceso de falsificación. Apostar al fatalismo significaría ceder frente al abuso del poder y arriesgar el descarrilamiento del país. Las próximas elecciones no pueden ser la repetición de nefastas experiencias que la sociedad ya no soportaría. Las leyes han atribuido facultades a las autoridades electorales y al Sistema Nacional Anticorrupción, pero estos no las han querido ejercer, o las han aplicado de manera selectiva. Es menester impedir la complicidad de las autoridades en la defraudación del sufragio público. Requerimos instancias electorales autónomas que, de conformidad con el mandato constitucional, nos brinden certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Cada decisión fuera de estos principios, merma la democracia. Exigimos a todos los partidos políticos y candidatos cumplir estrictamente la ley y hacemos un llamado responsable a las entidades involucradas para apoyarse en la sociedad civil de manera permanente, a efecto de desempeñar su papel de garantes de la legalidad. Preocupados por el ejercicio pleno de los derechos políticos y la credibilidad de las instituciones, y ante la imposibilidad constitucional para realizar reformas electorales, este grupo de ciudadanas y ciudadanos propone medidas que, de conformidad con el marco jurídico vigente, permitirían garantizar la emisión del voto de forma libre, razonada y auténtica: Publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE. Promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos. Sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión. Instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía. Se habla de un Sistema Integral de Fiscalización que es preciso, cumpla sus objetivos. Coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto. Flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero. Verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México. Investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE; y de comprobarse, proceder a la destitución del titular. Considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Si nuestras peticiones fueran desoídas, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vivimos un momento particularmente dramático en la vida del país. Cumplir la ley se convierte en una empresa de grandes proporciones y ese es el llamado que hacemos. Ustedes tienen la palabra. FIRMAN: Sergio Aguayo, Eugenio Anguiano, Alberto Aziz Nassif, Bruno Bichir, Cuauhtémoc Cárdenas, Alberto Chimal, Miguel Concha Malo, José Antonio Crespo, Alejandro Encinas, Miguel Eraña, Roberto Eibenschutz, Amalia García, Daniel Giménez Cacho, Ma. Teresa Gómez Mont, José Antonio Guevara, Agustín Gutiérrez Canet, Saúl Hernández, Diego Herrera, Eduardo Huchim May, Clara Jusidman, Guadalupe Loaeza, Ifigenia Martínez, Mario Melgar, Lorenzo Meyer, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Eduardo Navarrete, Santiago Nieto Castillo, Loretta Ortiz
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Peticionarias de alerta de género exigen atender urgentemente violencia de género en CDMX
-Autoridades responsables no han notificado la recepción del Informe del Grupo de Trabajo de la AVG, por lo que se encuentran en un retardo injustificado. -El espíritu de la AVG es responder de manera urgente a la violencia feminicida. -Debe priorizarse la seguridad y la justicia para las víctimas por sobre los cambios en la administración pública. Han pasado más de 5 meses desde que organizaciones sociales defensoras de derechos humanos realizamos la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la Ciudad de México, sin que a la fecha tengamos una respuesta por parte de las autoridades. Las mujeres, familiares de víctimas de la violencia de género, colectivos y organizaciones sociales peticionarias, dimos cuenta que, a pesar de que el informe del Grupo de trabajo para atender la solicitud de Declaratoria de AVG para la Ciudad de México fue concluido desde la primera semana de diciembre de 2017 -y aprobado para su respectiva notificación al gobierno local, desde enero de este año-; el cambio de la titular de la CONAVIM y los anunciados cambios en el ejecutivo de la Ciudad de México, han retrasado los plazos del procedimiento de AVG. La AVG es un mecanismo de emergencia con la que cuentan las mujeres para hacer valer y defender sus derechos. El espíritu de esta herramienta es responder de manera pronta y efectiva al problema de violencia feminicida que prevalece en la CDMX, la cual mitiga el libre tránsito de las mujeres en el espacio público, impide el acceso a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, y priva a las mujeres y a sus familiares de un proyecto de vida digno y pleno, por lo que el retraso en la activación del mecanismo en la Ciudad de México tiene como consecuencia que se prolonguen los efectos de la violencia feminicida y persistan las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, incluido el acceso a la justicia. El informe del grupo de expertas debe contener una serie de recomendaciones que el gobierno de la Ciudad deberá implementar en un plazo de 6 meses para reducir de manera efectiva y significativa la violencia feminicida en los rubros señalados por las peticionarias. Por ello, vemos con preocupación la falta de cumplimiento de los plazos por parte de las instancias federales y locales para activar el mecanismo de AVG. Los casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la Ciudad de México siguen en aumento, y hemos constatado la ausencia de perspectiva de género en las investigaciones y en la administración de justicia. Para atender al carácter urgente de esta situación, es necesario evitar el retardo injustificado del procedimiento de la AVG y llevar a cabo la implementación de las medidas de prevención, seguridad y justicia para que a corto y mediano plazo, se reduzca en la capital la persistencia de la violencia feminicida. Por lo anterior, instamos a las autoridades federales y locales para que a la brevedad notifiquen formalmente al ejecutivo local y a las peticionarias el Informe del Grupo de Trabajo y transparenten el procedimiento de cara a la sociedad para que se efectúen de manera inmediata las acciones necesarias para reducir el contexto de violencia feminicida en la capital. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Imagen destacada : Exs Queso
Organizaciones de la sociedad civil urgen a que autoridades registren a las y los damnificados en la Plataforma CDMX
-El registro debe hacerse antes del 16 de marzo para garantizar el acceso a los beneficios de la reconstrucción. -La falta de publicidad de la entrada en vigor de la Ley para la reconstrucción puede tener como consecuencia la vulneración de derechos de las y los damnificados. -El acceso a los programas, beneficios y estímulos contemplados en la Ley para la reconstrucción depende de la inscripción en la plataforma. -Los programas también deben darse a conocer ampliamente después de su publicación. El 15 de diciembre del 2017 fue reformado el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal, con lo que entró en vigor la “Ley para la reconstrucción, la recuperación y transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente. Sin embargo, no fue publicitado debidamente por las autoridades de la Ciudad de México. Este hecho resulta sumamente preocupante toda vez que, a partir de la entrada en vigor de la Ley para la reconstrucción, comenzaron a correr plazos legales que pueden tener como consecuencia la vulneración de derechos de las y los damnificados. La situación más grave es aquella que se encuentra regulada en el artículo transitorio vigésimo primero en el que se señala que las personas tienen un plazo de 90 días naturales para ser registradas en la Plataforma CDMX. Por otro lado, el Programa para la Reconstrucción, publicado el 12 de enero del 2018, no cumple con los objetivos estipulados por la Ley para la Reconstrucción. El artículo 4º transitorio de la ley exige que el programa defina los distintos modelos a través de los cuales se atenderá a la población afectada por el Sismo del 19 de septiembre. Sin embargo, el programa hace un listado de programas sin detallar los derechos que se derivan de ellos y las condiciones para acceder a ellos. La Comisión de Reconstrucción ha señalado que dichos programas serán desarrollados por cada dependencia de gobierno y la publicidad dependerá de cada una de ellas. Esto hace muy complicado que las personas puedan hacerse de información vital sobre sus derechos ya que ésta se encuentra desperdigada en distintas plataformas electrónicas. Si bien las organizaciones firmantes rechazan el Programa para la Reconstrucción ya que lo consideran limitado, poco accesible y que en él persisten las carencias de la Ley para la Reconstrucción, denunciadas con anterioridad, es de suma importancia que las autoridades unifiquen esfuerzos para publicitar los programas relacionados con la Reconstrucción para facilitar el acceso a los mismos de las y los damnificados. Se debe garantizar que los programas sean ampliamente publicitados por la Comisión de Reconstrucción apenas sean adoptados, ya que contienen información esencial para las y los damnificados y la sociedad civil en general. Asimismo, es urgente que las autoridades de la Ciudad de México realicen todas las medidas pertinentes para hacer del conocimiento de las y los damnificados lo relevante y apremiante que es su inscripción en la Plataforma CDMX y que de ello dependerá, en gran medida, el goce de los beneficios contenidos en la Ley para la Reconstrucción. Imagen destacada : b de baca
There’s a voice that keeps on calling me
Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all. There’s a voice that keeps on calling me. Down the road, that’s where I’ll always be. Every stop I make, I make a new friend. Can’t stay for long, just turn around and I’m gone again. Maybe tomorrow, I’ll want to settle down, Until tomorrow, I’ll just keep moving on. Hey there where ya goin’, not exactly knowin’, who says you have to call just one place home. He’s goin’ everywhere, B.J. McKay and his best friend Bear. He just keeps on movin’, ladies keep improvin’, every day is better than the last. New dreams and better scenes, and best of all I don’t pay property tax. Rollin’ down to Dallas, who’s providin’ my palace, off to New Orleans or who knows where. Places new and ladies, too, I’m B.J. McKay and this is my best friend Bear.
80 days around the world
80 days around the world, we’ll find a pot of gold just sitting where the rainbow’s ending. Time – we’ll fight against the time, and we’ll fly on the white wings of the wind. 80 days around the world, no we won’t say a word before the ship is really back. Round, round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. Round, all around the world. I never spend much time in school but I taught ladies plenty. It’s true I hire my body out for pay, hey hey. I’ve gotten burned over Cheryl Tiegs, blown up for Raquel Welch. But when I end up in the hay it’s only hay, hey hey. I might jump an open drawbridge, or Tarzan from a vine. ‘Cause I’m the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Ulysses, Ulysses – Soaring through all the galaxies. In search of Earth, flying in to the night. Ulysses, Ulysses – Fighting evil and tyranny, with all his power, and with all of his might. Ulysses – no-one else can do the things you do. Ulysses – like a bolt of thunder from the blue. Ulysses – always fighting all the evil forces bringing peace and justice to all.
Autoridades de la Ciudad de México deben respetar el derecho a la memoria por los mineros de Pasta de Conchos
Fotografía : Daniel Lobato | El día de hoy, conmemorando 12 años ocurridos tras la explosión en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, la Organización Familia Pasta de Conchos, con el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, ha decidido instalar en Paseo de la Reforma esquina con Río Rhin, el Antimonumento por las Víctimas de este acontecimiento . La explosión en la mina de Pasta de Conchos, ocurrido el 19 de febrero del 2006, provocó que 65 mineros perdieran la vida, de los cuales 63 no han sido rescatados. Esto ha dejado una herida abierta en las familias y la comunidad, especialmente cuando dicha mina presentaba una serie de irregularidades que estaban documentadas por la Secretaria del Trabajo desde el año 2000. Por ello, los gobiernos federal y estatal tenían conocimiento de estas condiciones; sin embargo la irresponsabilidad, la corrupción, la negligencia y la inacción de las autoridades llevaron a la tragedia que nos atañe el día de hoy. El Antimonumento tiene la finalidad de recordar a la sociedad mexicana y al Estado Mexicano que esta tragedia fue provocada por actos de corrupción en beneficio de GRUPO MÉXICO, del Sindicato Minero bajo la dirección de Napoleón Gómez Urrutia, y del Gobierno Federal a expensas y en detrimento de los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo de los mineros, cosa que provocó su lamentable muerte. Su instalación representa, además, una forma de exigir rescate, verdad, justicia y reparación del daño para las y los familiares, para la comunidad y para la sociedad mexicana. La colocación del Antimonumento responde al ejercicio de nuestro derecho colectivo a la memoria, pues es importante recordar las omisiones que provocaron esta tragedia, así como exigir la justicia y la reparación del daño para las víctimas. Además, constituye una invitación consciente de no olvidar y una demanda ética de lucha por la justicia, partiendo de la idea de que el olvido de la tragedia de Pasta de Conchos refuerza la violencia hacia las víctimas, invisibiliza la impunidad con la cual actuaron los actores involucrados antes y después de la tragedia, y permite la repetición de este tipo de hechos. Cualquier intención o acción de retirar el Antimonumento constituiría una violación al derecho a la memoria para las víctimas, así como un intento de mitigar las exigencia de justicia y de reparación del daño ocasionado a las familias y a la comunidad. Exigimos a las autoridades el respeto a este símbolo de memoria y justicia para los 65 mineros que perdieron la vida, en contra de la corrupción e impunidad que se ha normalizado en el país y permite que este tipo de tragedias se repitan. El Antimonumento no permanecerá como un recordatorio sino como una exigencia hacia el Gobierno Federal para que haga el rescate de los restos de los mineros y reconozca la tragedia de Pasta de Conchos como una parte de nuestra historia, la cual no debe repetirse sino repararse. Asimismo, repudiamos todo intento de agresión u hostigamiento a la Organización Familia Pasta de Conchos a raíz del legítimo ejercicio de su derecho a la memoria de la tragedia provocada por las omisiones del Estado. Organizaciones Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Cauce Ciudadano A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos. Círculo de Estudios Central. Consultoría Especializada en Justiciabilidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESC). Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. Iglesias por la Paz. Jóvenes ante la Emergencia Nacional. Movimiento Estudiantil Cristiano por la Equidad. Nueva Constituyente Ciudadana Popular. Observatorio Eclesial. Organización Popular Francisco Villa, Izquierda Independiente. Servicios y Asesoría para la Paz A.C. PERSONAS Obispo Raúl Vera, O.P. Fr. Miguel Concha Malo, O.P. Fr. Julián Cruzalta. Alberto Híjar Serrano Alfonso Arroyo. Daniel Gershenson – Alarbo, A.C. Francesca Gargallo Celentani. Francisco Barrios “El Mastuerzo”. Helena Scully Gargallo. Jesus Maldonado García – Miguel Agustín ProDH Juan José Sánchez González Fotografía : Daniel Lobato
Carta Abierta a las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción de la VII Legislatura de la CDMX
COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA VII LEGISLATURA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA OPINIÓN PÚBLICA PRESENTE Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos llegar por la presente nuestro apoyo a la postulación de la C. Lorena Velazco Díaz como candidata para integrar el Comité de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. En su trayectoria ha mostrado ser una persona comprometida con los temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, además de contar con un enfoque de derechos humanos. Lo que la hace un perfil diferente y necesario. Cuenta además con la experiencia para desarrollar el encargo con diligencia, honestidad y estricto apego a derecho, cualidades indispensables en los perfiles que deban representar a la sociedad civil en la selección del Comité. Conocemos y respaldamos el desempeño que durante años de activismo ha puesto en la lucha de causas sociales, las cuales hemos compartido. Por lo que no dudamos en que tendrá un desempeño relevante como parte del Comité de Selección. Organizaciones de la Sociedad Civil (en orden alfabético) Actúa Distinto A.C. Ángeles de Amor Infinito LAL, A.C. (ADAI, A.C.) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos Comun Vid A.C. Convergencia de Organismos Civiles Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos A.C. Miel que vino del cielo A.C. Red de Empoderamiento de Personas con Discapacidad Personas físicas (en orden alfabético) Ana Lourdes Jaramillo Calzada, presidenta de Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos A.C. Arturo Hernández Quezada Carlos A. Ventura Callejas Carlos Ricardo Aguilar Astorga, UAM Claudio Vargas Romero Felipe de Jesús Santa Rita Nava Jorge Fernández Souza José Emmanuel Hernández Rivas Juan Carlos Flores López, Hemofilia XXI A.C. Laura Zapata Carmona Lourdes Padilla Cabrera Malena Lopez García Manuel Canto Chac, UAMX, Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad civil Manuel Garcini Rendon Marco Antonio López Coronilla, Fortaleza y Avance Comunitario para Impulsar Logros (FÁCIL A.C.) Maria Candelaria Salinas Anaya María Teresa de Jesús Rodríguez Marta Recasens Miguel Concha Malo O.P. Miguel Ortega Vela Patricia García Zúñiga Pilar Berrios Virginia Alvarado Martínez, Fundacion Mexicana para la Economia Social A C
Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior
SCJN tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para detener ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública OSC y personas defensoras de derechos humanos, así como periodistas, nos hemos sumado a las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior mediante amparos. LSI contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte. En los últimos 12 años la violencia en México se ha incrementado. La estrategia de seguridad que ha permitido la presencia del Ejército en las calles ha resultado un fracaso. La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, agravará las condiciones de violencia e inseguridad que todos los días se viven en las calles del país. No hay evidencia de que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado haya disminuido los índices de homicidios, robos, secuestros y otros delitos. Por el contrario, desde que las Fuerzas Armadas participan en labores que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, se han documentado graves violaciones a derechos humanos que han quedado impunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el desafío de ser el contrapeso democrático necesario para declarar inconstitucional esta Ley que normaliza el uso del Ejército y Marina en tareas de Seguridad Pública, a costa de la seguridad ciudadana y el régimen constitucional. Esta ley contiene conceptos vagos e imprecisos y faculta a las Fuerzas Armadas a actuar sin mecanismos de control y transparencia reales. Es un ordenamiento que busca afianzar una estrategia de seguridad que ha resultado en la violación masiva de derechos humanos y en la generación de más violencia. Por ello, un número histórico de Acciones de Inconstitucionalidad, Controversias Constitucionales y Juicios de Amparo han sido promovidos por decenas de actores, entre ellos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; las minorías parlamentarias de las Cámaras de Diputados y Senadores; el Gobierno del Estado de Chihuahua; varias Comisiones estatales de Derechos Humanos; y los municipios de Nezahualcoyotl, Edomex; Ocuilán Edomex; Cocotitlán Edomex; Oxkutczab, Yucatán; Tepekan, Yucatán; Hoctun, Yucatán; Ahuatacán, Puebla; San Pedro Cholula, Puebla; Tepeyahualco, Puebla; y Hidalgo del Parral, Chihuahua, más los que hoy puedan sumarse. Además, organizaciones de la sociedad civil y personas que defendemos y promovemos los derechos humanos en el país, así como periodistas, hemos solicitado el amparo de la justicia federal contra la Ley de Seguridad Interior, ya que su aplicación obstaculiza e inhibe nuestra labor al propiciar condiciones que vulneran nuestra seguridad en el ejercicio de nuestro trabajo. Compartimos la urgencia por atender los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, pero la forma de enfrentarlos debe ser compatible con nuestro marco constitucional y con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizando en todo momento el respeto a los derechos y libertades básicas de las personas. La Ley de Seguridad Interior contiene diversas disposiciones que violan diversos derechos y transgreden el orden federal haciéndola incompatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales de los que México forma parte. Algunos de los aspectos preocupantes de esta ley son: No distingue claramente la seguridad pública, la seguridad interior y la seguridad nacional, sino que atribuye a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad que constitucionalmente corresponden a las autoridades civiles. No establece plazos definidos de duración de las intervenciones federales. Estos pueden ser modificados, así como el objetivo de las mismas, conforme se desarrolla la intervención. No se prevén principios claros para el uso legítimo de la fuerza en la actuación de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas; tampoco se determinan mecanismos de control y rendición de cuentas para las autoridades que cometan abusos y violaciones a derechos humanos durante la aplicación de la ley. La ley viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad. Aumenta la incertidumbre jurídica, el riesgo y los costos de la defensa de derechos humanos. Queremos vivir en un contexto de paz y sentirnos seguros, para eso necesitamos estrategias integrales que no generen más violencia. Continuar dependiendo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, debilita la formación y fortalecimiento de un Estado democrático. Estas tareas corresponden a las autoridades civiles. Es por estas razones que hacemos un respetuoso llamado a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fortalecer el balance que debe mantenerse en la relación cívico militar y detener la militarización de la Seguridad Pública. Del mismo modo consideramos que deben corregir lo que el Congreso de la Unión aprobó a pesar del llamado de los organismos y organizaciones nacionales e internacionales más reconocidos en la observancia y defensa de los derechos humanos. Exhortamos a las y los ministros a que defiendan la Constitución y declaren inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. Es lo que esperamos de nuestras Juezas y Jueces Constitucionales. Colectivo #SeguridadSinGuerra Imagen destacada : #SeguridadSinGuerra
