Malos tratos y huelga de hambre en el CEFERESO 2 Occidente (Puente Grande, Jalisco)
A la opinión pública, los que suscribimos Familiares, amigos y abogados del defensor de Derechos Humanos Enrique Guerrero Aviña. EXPRESAMOS nuestra preocupación y más enérgica condena ante la situación carcelaria actual que enfrenta nuestro compañero a manos de las autoridades penitenciarias y del gobierno de Enrique Peña Nieto, por las continuas vejaciones y malos tratos a los que reiterada y sistemáticamente es sometido desde su injusto encarcelamiento, mismos que hasta el dia de hoy no solo persisten, sino que se han recrudecido. EXIGIMOS a las autoridades penitenciarias y al gobierno Federal el cese inmediato de los malos tratos y vejaciones a los que el compañero Enrique Guerrero Aviña es sometido y que se han extendido al resto de la población como política penitenciaria, por atentar contra los derechos humanos y la dignidad de de las personas en situación de reclusión. EXIGIMOS se garantice la integridad física y psicológica de Enrique Guerrero Aviña, restableciendo de inmediato la dignidad y el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión, de conformidad con lo que establece la Constitución Mexicana, tratados y estándares internacionales en materia. Exigimos la libertad inmediata de nuestro compañero Enrique Guerrero Aviña, en estricto cumplimiento a lo establecido a la recomendación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidad en su opinión nº55/2015 del 74º periodo de Sesiones; como un acto de elemental justicia. Alto a la criminalización de la protesta social, alto a la criminalización y persecución política de los defensores de Derechos Humanos en Mexico. Agravios actuales ante la administración de José Luis Ruiz Flores: Falta de atención médica, así como de atención y seguimiento a las enfermedades crónicas o padecimientos que los reclusos han desarrollado a lo largo de su cautiverio. Denegación del derecho a actividades que contribuyen a la dignificación de las personas en situación carcelaria. Prácticas de segregación y confinamiento. Los alimentos que les otorga el CEFERESO a las personas privadas de su libertad es comida en mal estado. Falta de venta de material para taller (única actividad educativa). Demora excesiva en autorización de visita. Castigos arbitrarios como regla de trato y vejaciones. Demora, o falta en autorización en material educativo (libros, temarios, etc.) Se les priva del derecho al agua tanto para la visita como para las personas privadas de su libertad. Falta de condiciones para personas con alguna discapacidad física Falta de acceso a educación e inscripción a universidades y diversos grados educativos. Falta de insumos para aseo personal, entre otros. Comité Enrique Guerrero (Cega.enrique@gmail.com) Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C. Colectivo Contra la tortura y la Impunidad Colectivo Bolivariano Colectivo Liquidámbar C.C.P. Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Preventivo y Readaptación Social. C.C.P. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Derechos Humanos en México. C.C.P Comisión Nacional de Derechos humanos Imagen destacada : Libertad Enrique Guerrero
Carta en Solidaridad con el Comité de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan (COTIC) y con la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske
Desde el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Centro Vitoria), repudiamos el intento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de criminalizar a los compañeros Luis Enrique Fernández Lomelín, Nazario Diego Téllez y Álvaro Aguilar Ayón, y la compañera Rufina Villa Hernández, integrantes del COTIC; sabemos que esta empresa paraestatal abrió carpetas de investigación en la Procuraduría General la República (PGR) contra ellas y ellos, cosa de la que tuvieron noticia el pasado 31 de enero de 2018. Tenemos conocimiento del esfuerzo que, desde el COTIC y la comunidad de Cuetzalan, se ha realizado para frenar la instalación de la Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín, que, lejos de beneficiarlas, afectaría a las comunidades aledañas a Cuetzalan, a su medio ambiente, a su modo de vida y viola los derechos que como pueblos indígenas tienen. Sabemos que las personas indiciadas han defendido sus territorios y bienes frente al megaproyecto impulsado por CFE, a través del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio, por lo que consideramos que no existen motivos para que se haya interpuesto una demanda hacia las y los compañeros; de modo entendemos este acto como una forma de criminalización e intimidación hacia el COTIC. Como Centro Vitoria, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos, nos unimos a la denuncia en contra de este intento de judicialización del trabajo que realizan personas defensoras al derecho a la tierra y al territorio frente a los megaproyectos que sólo benefician a intereses particulares de empresas, que ahora ven en la Sierra Norte de Puebla un lugar para despojar a las comunidades y explotar sus territorios. Asimismo, hemos constatado el modo de operar de la CFE que, usando el derecho penal, busca inhibir el ejercicio de defensa de derechos humanos, como ahora lo vemos en este y otros casos. Esto es particularmente grave en medio de un contexto en el que hay cientos de conflictos generados por intereses privados de corporaciones, tanto nacionales como transnacionales, que buscan transgredir los territorios de pueblos y comunidades, afectando y agravando la crisis de derechos humanos y el despojo de los bienes comunes en el país. Reafirmamos nuestra solidaridad con las y los compañeros de COTIC y de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Exigimos a la autoridades detener la criminalización contra estas organizaciones y contra las personas defensoras al derecho a la tierra y el territorio en la Sierra Norte de Puebla. El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho humano que tienen las personas a organizarse, defender y conservar sus territorios. Atentamente Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Imagen : La Jornada de Oriente
Justicia para Marco Antonio y familia
Ciudad de México, a 29 de enero de 2018 Marco Antonio fue detenido y desaparecido el pasado 23 de enero por cuerpos de seguridad del Estado Exigimos a las autoridades esclarecer y sancionar los hechos en torno a la desaparición de Marco Antonio Rechazamos todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no corresponden a los hechos La tarde del pasado 23 de enero de 2018, policías de la Ciudad de México persiguieron a Marco Antonio Sánchez Flores, de 17 años de edad; lo golpearon en la vía pública y lo subieron a una patrulla, pero no lo presentaron ante ninguna autoridad. Cinco días después, el 28 de enero, se dio noticia de su paradero en el municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. Marco Antonio fue detenido arbitrariamente por policías mientras estaba fotografiando un mural en las inmediaciones del metrobús El Rosario. Un testigo presenció los hechos y junto con su familia denunciaron el suceso, al tratarse de una probable desaparición forzada. Después de los días transcurridos, las autoridades se mostraron omisas para localizarlo. Exigimos a las autoridades que se esclarezcan los hechos de la desaparición de Marco Antonio durante cinco días, se sancione a los responsables de su detención y desaparición y se garantice el acceso a la justicia de las víctimas. Es imperante que se realice la investigación del caso con base en lo que establece la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, toda vez que claramente se trata de un caso de desaparición forzada en donde participaron elementos de la Policía de la Ciudad de México. Lamentamos profundamente que el Gobierno de la Ciudad de México no demuestre las capacidades para actuar adecuadamente en la búsqueda de una persona que es detenida por policías de la Ciudad; siendo que, por el contrario, fue la ciudadanía la que se organizó y activó la búsqueda de Marco Antonio. Esta situación nos alarma, pues evidencia que, o no se cuenta con control sobre los elementos policiales, o que las omisiones en torno a la desaparición de este joven son acciones encaminadas a proteger a los perpetradores. El Gobierno de la Ciudad de México debe responder de manera rápida, eficaz y con apego a derecho por este caso, pero también por los diversos casos de desaparición y detenciones arbitrarias que se presentan ya recurrentemente en la CDMX. Es inaceptable que los cuerpos de seguridad pública, a plena luz del día, detengan arbitrariamente y desaparezcan a nuestros jóvenes. Hoy el caso de Marco Antonio es muestra evidente de esta violencia contra cualquier persona en México, y de la criminalidad que existe en las instituciones del Estado, sin duda una acción derivada del mensaje de impunidad que el Estado mexicano. Denunciamos que las autoridades responsables han incurrido en severas omisiones en la aplicación de protocolos de detención y búsqueda con vida, en la localización de Marco Antonio, . Rechazamos desde ahora todo intento de desviar la investigación hacia tipos penales que no correspondan con los hechos narrados por testigos, con la finalidad de eliminar la responsabilidad de los superiores jerárquicos, quienes toleran u ordenan la desaparición forzada de personas. Exigimos se garantice la no repetición de este tipo de casos por parte de agentes estatales y la reparación del daño a Marco Antonio y su familia. Organizaciones: Asociación Mexicana de Psicología Infantil A.C. Biofilia A.C. Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. Cauce Ciudadano Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Centro de Estudios Ecuménicos A.C. Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A.C. Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos) Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento Comité por la Libertad de los Presos Políticos del estado de Guerrero Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM-Mexico) Comunidad Cinematográfica con Ayotzinapa — Cineclub Cineteca 43 Consejo de Educación de Popular de América Latina y el Caribe Convergencia de Organismos Civiles A.C. Educando en los Derechos y la Solidaridad, A.C. EDNICA I.A.P. Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C. Entramada. Colectiva de prácticas narrativas. Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. El Grito Más Fuerte El Caracol A.C. Espacio Libre Independiente Marabunta A.C. Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A. C. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C. Justicia, Derechos Humanos y Género,A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana) Red Retoño Resonar Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. Letra S,SIDA Cultura y Vida Cotidiana A.C. Spatium Libertas Mujer Ideas Desarrollo e Investigación MIDI SC. Perspectivas Críticas. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Arte Conciente en La Fama A.C. Oficina para América latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez Coordinadora Popular Leonesa. León Gto. Colectivo 2 de Enero. León, Gto. Tonelhuayotzin nuestra raíz ac. Oaxaca Colectivo Cultural Imaginarte Personas: Alejandro Encinas Nájera Ángel Arce Ortiz, Por México Hoy Antonio Rueda Cabrera Ariadna Avila Siqueiros Arianne Berenice Reséndiz Flores Baltimore Beltrán Beatriz Gómez Barrenechea Bernabé Martínez García Bernabé Martínez García Brenda Rodríguez Herrera Carlos Alberto Guzmán Mendoza Carlos Cruz Claudia Monroy Cristian Marcelino Peña Poot Daniela Tejas Miguez Denise Reyes Ruíz Édgar Avilés Gómez Enriqueta Chávez López Érika Llanos Eugenia López Uribe Fabian Bautista Ortiz Fátima Moneta Arce Gabriel Rojas Arenaza Gabriela Delgado Ballesteros Gabriela García Patiño Guadalupe Macias Pérez Hortensia Vásquez Montes Ilse Salas Ivonne Alhelí Rodríguez Fabila Izcoatl Jiménez Vargas Jacob Alejandro Aviña Zurita, Es Posible Mx Javier Buenrostro Jorge Verástegui González José Victor Evaristo Cepeda Barrera Jovana Espinosa Orta Juan Manuel Figueroa Figueroa Julia Gugerli
CONVOCATORIA: Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos 2018
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] El Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP» A.C. invita participar en la 16ª Generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos (EDJDH) es un proyecto que fundó y acompaña el Centro Vitoria. Con el paso de más una década y media, esta escuela se ha convertido en un espacio que pretende articular y entretejer diversos saberes de las juventudes que participen en ella, para ser intercambiados, socializados y compartidos con y entre las comunidades, con la finalidad de acompañarnos en la defensa y promoción de nuestros derechos humanos, y en la construcción de un mundo más justo y digno. A partir de la experiencia compartida entre las y los jóvenes defensores, consideramos que es importante que toda nuestra formación y trabajo compartido nos lleve a ampliar horizontes del saber, reconociendo en el otro y la otra su capacidad para aprender y enseñar de manera horizontal y comunitaria. REQUISITOS: 1. Tener entre 18 y 29 años 2. Enviar solicitud de ingreso a los correos: edupromo1@derechoshumanos.org.mx, edupromo2@derechoshumanos.org.mx 3. Acudir a una entrevista en las oficinas del Centro Vitoria previa cita tras el envío de la solicitud de ingreso. (Odontología 35 Col. Copilco-Universidad Del. Coyoacán. Ciudad de México) (Mapa). 4. Asistir a una de las sesiones informativas: 02 / 03 de marzo 5. Registrarse antes del 25 de febrero de 2018 6. Disponibilidad de tiempo los sábados a partir de marzo hasta octubre de 2018. 7. Cuota de recuperación simbólica. [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Slider_Widget»][/siteorigin_widget]
Las Memorias de La Escuelita, 15 años acompañando juventudes defensoras.
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»3.27.4″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»] La Escuelita es un proyecto de formación política de ocho meses de duración para jóvenes en donde se aprende y comparten experiencias y saberes sobre la defensa y promoción de los derechos humanos desde una visión crítica y propositiva de la realidad. Durante 15 años consecutivos, la Escuelita se ha nutrido de toda una gama de experiencias, saberes, conocimientos y perspectivas para la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Da cuenta de los avances que se han logrado cuando las personas y colectivos se organizan para exigir sus derechos, pero también ha tenido que incorporar herramientas para hacer frente a las violencias ejercidas por el Estado y por actores, que directa o indirectamente, actúan con la complicidad del gobierno mexicano. Este trabajo pretende aportar en la construcción de la memoria de la Escuelita y del Centro Vitoria para que los aprendizajes que se han ido hilando sirvan a otros procesos formativos de este tipo. Asimismo, es una manera de reconocer el trabajo de quienes han participado en el diseño, implementación, administración y renovación de este espacio. El objetivo principal de esta memoria es dar cuenta de los cambios en la metodología empleada en estos 15 años de trayectoria de la Escuelita. A lo largo del texto, habrá precisiones que hacer, curiosidades por satisfacer y experiencias que rescatar. Al ser un periodo extenso, se han seleccionado episodios, con la información recabada, que han sido significativos para construir un espacio como la Escuelita. Se concluye que es a grandes rasgos la estructura flexible, que ha posibilitado al proyecto alimentarse de las necesidades y exigencias de su contexto, y el fortalecimiento de la construcción en colectivo y desde el sentipensar, fundamentadas en la educación popular, lo que ha permitido a un proyecto como el de La Escuelita permanecer a través de los años como una experiencia referente cuando se habla de educación en derechos humanos. [/et_pb_text][et_pb_button button_url=»https://drive.google.com/file/d/1kL90Q-FMQy-cI-e4qZYzuHWZj0guoNjI/view?usp=sharing» button_text=»Descargar documento» _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» custom_button=»on» button_text_color=»#ffffff» button_bg_color=»#000000″ button_border_width=»1px» button_border_color=»rgba(0,0,0,0)» button_icon=»%%246%%» button_icon_color=»#2bbfd8″ hover_enabled=»0″ locked=»off» sticky_enabled=»0″ button_alignment=»center»][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
#FuturoSinTLC
La convergencia “México Mejor sin TLCs”, conformada por cerca de 100 organizaciones de todos los sectores sociales, llama a dejar de lado las negociaciones sobre la continuidad del TLCAN y considera que es preferible salir del tratado comercial a rubricar un acuerdo peor. Como alternativa, las organizaciones proponen un modelo que no deje nuestro futuro a las leyes del mercado –es decir, la de la ley del más fuerte—, sino que esté basado en un acuerdo de cooperación y complementación para el desarrollo económico entre Canadá, Estados Unidos y México donde el interés público, el respeto a los derechos humanos y laborales, y la protección del medio ambiente estén en el centro. En el contexto de la sexta ronda de negociación del TLCAN que se está conduciendo en Montreal, Canadá, las organizaciones denuncian que el gobierno mexicano ha cedido reiteradamente a las propuestas que originalmente calificó como inaceptables. Entre estas demandas, presentadas por la administración de Donald Trump, destacan: las reglas de origen del sector automotriz, la cláusula de extinción o la limitación de exportaciones agrícolas mexicanas a las temporadas en las que no hay producción en Estados Unidos. Por lo demás, la exigencia de los sindicatos de los tres países, retomada por Trump, de evitar que los bajos salarios en México sean una competencia desleal es rechazada por el gobierno mexicano. Lo anterior, demuestra que la renegociación solo está conduciendo a un acuerdo más lesivo a los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, que el que había antes. Para las organizaciones integrantes de la convergencia, la administración de Enrique Peña Nieto ha perdido legitimidad para negociar en nombre del pueblo mexicano por contar con índices de aprobación ínfimos: casi 70% de los mexicanos desaprueban su gestión, según un estudio dado a conocer por el Pew Research Center. Además, ha conducido las negociaciones en secreto, tomando en cuenta únicamente los intereses de una parte del sector empresarial, el cual ha estado presente en todas las rondas desde el hermético cuarto de junto. Por el contrario, los intereses de los diferentes sectores de la sociedad civil no han sido tomados con la seriedad debida. “Si este gobierno, que no representa su gente sino a los grandes empresarios, firma un acuerdo negociado en estas condiciones, nuestra democracia sufrirá un importante revés”, alertó la Convergencia. Aunado a lo anterior, la insistencia del presidente Trump de construir un muro fronterizo pagado con dinero de los mexicanos, y sus reiteradas amenazas de utilizar el TLCAN como medio para alcanzar dicho objetivo o de condicionar Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) reitera la imposibilidad de llegar a un acuerdo beneficioso para nuestro país. La Convergencia ha rechazado el acuerdo comercial y su renegociación porque implica la profundización del modelo de libre comercio que ya ha fracasado. Toda vez que obstaculiza el desarrollo económico, precarizado el empleo en los tres países y profundizado la desigualdad y las asimetrías entre las naciones. “No somos proteccionistas a ultranza, sino que luchamos por un acuerdo distinto, negociado por nuevos gobiernos que tengan el apoyo de sus pueblos. Por ahora, es preferible que el TLCAN se cancele y que nuevos acuerdos que respondan al interés de la mayoría se negocie en una coyuntura distinta”, agregó la Convergencia. “Ante la cancelación del TLCAN habrá tiempo suficiente para un plan de transición a una economía menos dependiente del exterior”. La Convergencia hizo este llamado extensivo a los demás acuerdos comerciales que actualmente negocia nuestro gobierno, como lo es el Acuerdo Integral, Comprensivo y Progresivo de la Alianza Transpacífica (CPTPP, antes TPP) y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM). www.FuturoSinTLC.org Nota: Pew Research Center Imagen : RT
15 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN COLECTIVA : Presentación de Las Memorias de La Escuelita del Vitoria
[siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Image_Widget»][/siteorigin_widget] [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_Headline_Widget»][/siteorigin_widget] Les invitamos a la presentación de la publicación «La Escuelita del Vitoria: 15 años acompañando juventudes defensoras» que da cuenta de algunos de los aprendizajes, experiencias y diálogos intercambiados a lo largo de estos años y de 15 generaciones de jóvenes de diversos espacios que hemos formado parte de La Escuelita. Asiste este jueves 25 de enero en punto de las 17:00 horas a la presentación de esta publicación, ven a recordar del proceso y sigamos apostando a encontrarnos por la transformación colectiva. Evento en facebook Jueves 25 de enero | 17 hrs Sala 22 del Centro Universitario Cultural (CUC) Odontología 35, Copilco Universidad, Ciudad de México [siteorigin_widget class=»SiteOrigin_Widget_GoogleMap_Widget»][/siteorigin_widget]
Organizaciones pedimos al INAI interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior
Francisco Javier Acuña Llamas Comisionado Presidente Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales P R E S E N T E.- Estimado Comisionado, Quienes suscribimos esta comunicación somos organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas o dedicadas a la defensa y promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos y, en particular, de la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información, convencidas de que estos elementos son piedra angular del Estado de derecho en cualquier sociedad democrática. En este sentido, recibimos con enorme preocupación la aprobación y posterior promulgación de la Ley de Seguridad Interior (en adelante LSI), por considerar que ésta pone en grave riesgo el ejercicio de múltiples derechos y libertades de todas las personas en nuestro país. Diversos organismos nacionales e internacionales han alertado sobre los problemas y riesgos que entraña esta nueva legislación para la vigencia de los derechos humanos. Sólo por citar algunos ejemplos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU se pronunciaron conjuntamente en contra de la aprobación de esta ley. En un hecho sin precedentes, expertos y expertas de 6 procedimientos especiales de la ONU también se pronunciaron en contra de la aprobación de la LSI, incluyendo el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, y el Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad. En esa misma línea, cabe recordar que el propio Pleno del INAI a través de su comunicado INAI/431/17 del 19 de diciembre de 2017, solicitó al titular del ejecutivo federal que, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 72 constitucional, realizara observaciones al artículo 9 de la LSI, relativo al acceso a la información. Lo anterior en razón de que a consideración de ese Instituto “el texto final del artículo 9 de la Ley de Seguridad Interior, aprobado en días pasados por el Congreso de la Unión, no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de máxima publicidad. (énfasis añadido)” Dicha solicitud no fue atendida y el presidente de la República promulgó la LSI el 21 de diciembre pasado. Al igual que el pleno del INAI, las suscritas consideramos que la LSI se encuentra en franca contradicción con los estándares constitucionales e internacionales en materia de los derechos al acceso a la información y protección de la privacidad. Por lo anterior, respetuosamente solicitamos al Pleno de ese Instituto que interponga la acción de inconstitucionalidad en contra de la LSI, de conformidad con su facultad consagrada en el artículo 105, fracción II, inciso h de la Constitución, y el artículo 41, fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, les solicitamos que a la brevedad posible podamos acordar una reunión para intercambiar propuestas y argumentos que abonen a la viabilidad y solidez técnica de la acción de inconstitucionalidad referida. Atentamente: Colectivo #Seguridad Sin Guerra Ccp. Areli Cano Guadiana, Comisionada Ccp. Oscar Guerra Ford, Comisionado Ccp. María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada Ccp. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado Ccp. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Ccp. Joel Salas Suárez, Comisionado Imagen : RT
Organizaciones de la sociedad civil instan al Gobierno de la CDMX y a la ALDF a tomar medidas inmediatas para garantizar que la Ley de Reconstrucción proteja los Derechos Humanos
Con base en el trabajo de Documenta desde abajo 19S, las organizaciones resaltan múltiples limitaciones de la ley de reconstrucción e irregularidades en los procedimientos de atención a afectados. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y el Gobierno de la Ciudad aún tienen la oportunidad de hacer frente a algunas de las limitaciones, mediante la promoción de un programa para la implementación de la Ley que garantice los derechos humanos. Las organizaciones presentan propuestas de medidas inmediatas para que las autoridades del gobierno de la Ciudad impidan la vulneración de derechos y para mejorar el programa de implementación de la Ley. Entre las irregularidades observadas que vulneran o amenazan derechos de las personas afectadas, se resaltan: El cierre y levantamiento de centros de acopio, en ocasiones de forma violenta y sorpresiva La falta de alternativas adecuadas de vivienda temporal. La inexistencia de criterios de priorización para la dictaminación de edificios. La realización de dictámenes de edificios sin criterios claros ni uniformes por parte de diversas autoridades. La realización de demoliciones sin aportar información ni obtener el consentimiento de las personas afectadas. El inicio de planes de reconstrucción por parte de autoridades y empresas sin fundamento legal claro o estudios para que las construcciones cumplan los estándares de seguridad contra el riesgo y del derecho a la vivienda digna. Las propuestas de medidas inmediatas incluyen: Abstenerse de realizar procesos de desalojo, levantamiento o cierre de albergues no oficiales, campamentos y centros de acopio de la sociedad civil, así como de edificios u otros espacios ocupados por poseedores. Garantizar que las ayudas temporales a las personas afectadas cubran no solo a propietarios sino también a arrendatarios y poseedores y se prolonguen hasta que las personas afectadas obtengan una solución definitiva de vivienda. Publicar y difundir ampliamente entre los afectados una carta de derechos y una hoja de ruta con los procesos a seguir, las autoridades responsables y los criterios que usan para la toma de decisiones. Garantizar el derecho a registrarse en la plataforma con prueba sumaria de la relación con el inmueble afectado, independientemente de la relación jurídica que se tenga con aquel. Establecer criterios claros, públicos y conformes al principio de progresividad para la priorización de los edificios a dictaminar, demoler, reconstruir y reforzar, de modo que se de prioridad a las personas en mayor situación de riesgo pero también de mayor vulnerabilidad socioeconómica o de otro tipo (edad, género, etnia, discapacidad). Hacer público un protocolo único para la evaluación, dictaminación, demolición, reconstrucción y reforzamiento de inmuebles. Garantizar el derecho a obtener un dictamen estructural de las viviendas por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones dentro de un plazo perentorio. Las recomendaciones para el programa de la ley de reconstrucción incluyen: Que establezca una política de vivienda temporal adecuada para las personas afectadas que aún no han resuelto su situación de vivienda. Que asegure las partidas presupuestales para la financiación de las medidas de atención humanitaria de emergencia, dictámenes, estudios técnicos, reforzamiento y reconstrucción, durante los periodos fiscales que sea necesario. Que se articule con la Constitución de la Ciudad de México y por tanto garantice que el programa de reconstrucción y los planes de implementación obtengan el consentimiento previo de grupos indígenas, fomenten la participación de las y los afectados, y reconozcan el traslado de recursos a las comunidades organizadas que deseen desarrollar esquemas de producción social del hábitat. Que condicione los planes de reconstrucción a la existencia de los estudios técnicos necesarios en materia riesgos y prevención, los cuales deben ser de acceso público y obtener financiación pública suficiente. Que establezca los elementos que compondrán el estudio socioeconómico con base en el cual se definirá el régimen de financiación para la reconstrucción o el reforzamiento. Tales elementos deben contemplar criterios diferenciales como el género, la etnia, el grupo etario y las discapacidades, e igualmente debe contemplar el empobrecimiento por las pérdidas patrimoniales ocasionadas por el sismo. Que establezca que todas las viviendas que serán reconstruidas, independientemente del esquema bajo el cual se encuentren, deberán cumplir con los estándares nacionales e internacionales del derecho a una vivienda digna. Que establezca esquemas de formalización de propiedad y/o de reubicación voluntaria para arrendatarios y posesionarios (regulares e irregulares). Que admita la procedencia de la expropiación no sólo para inmuebles en zonas de riesgo, sino también para terrenos seguros con alta potencialidad para construir en condiciones de seguridad y donde pueden proceder planes de reubicación voluntarios. Que permita que las fragmentaciones privadas existentes en terrenos ejidales tengan derecho a la reconstrucción gratuita de su vivienda con las mismas garantías que las zonas rurales de propiedad social. Que exija la publicación de una lista de empresas inmobiliarias que cumplan con los requisitos legales de construcción y de aquellas responsables por el incumplimiento de normas técnicas de construcción, y que prohíba que estas últimas pueden participar en la reconstrucción Que exija que el sector inmobiliario aporte al Fondo de Reconstrucción mediante un impuesto especial o su equivalente. Imagen destacada : Alberto Ledezma
Frente a la Imposición De La Ley De Seguridad Interior, Indispensable Activar Controles Extraordinarios
El día de hoy, tras ser enviado el respectivo Dictamen por el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Con ello culmina el debate legislativo, de modo que el Ejecutivo podrá proceder a su publicación el Diario Oficial de la Federación. Frente a la imposición de esta Ley y al término de la discusión parlamentaria, es fundamental señalar: 1. La Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país. 2. El PRI y su sector aliado del PAN desoyeron al cúmulo de voces que advirtieron con argumentos sólidos y técnicos los riesgos de esta Ley. Las fundadas críticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la ONU; los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250,500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos las y los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias. 3. El diálogo al que instó el Presidente de la República, ante la CNDH y ante la sociedad, no tuvo lugar. Las mesas que se desarrollaron en el Senado fueron un mecanismo de simulación, y no un debate real sobre el contenido de la ley. Frente a una decisión de enorme trascendencia, se impuso la premura de llevar a su término una decisión ya tomada de antemano. Es falso que se hayan escuchado todas las voces y perspectivas. 4. El Senado no introdujo cambios reales a la Minuta aprobada en la Cámara de Diputados. Los nueve artículos y un transitorio en los que se realizaron correcciones superficiales no cambian los más graves aspectos de la Ley de Seguridad Interior. Es falso que se hayan atendido las preocupaciones expresadas durante el debate. 5. La imposición de la Ley no está consumada. El Presidente de la República podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió. Ante la improbabilidad de que esto ocurra, sin embargo, es relevante señalar que deben activarse también otros mecanismos para revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la Ley, entre otros: la minoría legislativa podría presentar una acción de inconstitucionalidad; la CNDH, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la Ley, también podría presentar dicha acción; y los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, también podrían interponer una controversia constitucional. La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)pueda analizar esta norma; la responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país. 6. Pese a que la imposición de la Ley de Seguridad Interior es una imposición que socava el Estado de Derecho, la amplia oposición que se ha generado debe verse como una expresión de la creciente toma de conciencia de la sociedad mexicana sobre la necesidad de poner a revisión el fallido modelo de seguridad, desde una visión integral que incorpore también el fortalecimiento de nuestro colapsado sistema de justicia. Desde 2011, cuando irrumpió en la escena pública el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, no se discutía tan ampliamente la política de seguridad que se ha seguido en la última década. Desde 2014, cuando ocurrió la hasta hoy no esclarecida desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los mecanismos internacionales de derechos humanos no señalaban con tanta preocupación a México. La proliferación de voces que desde las más diversas perspectivas demandan una #seguridadsinguerra es sin duda un triunfo de la sociedad y en esa victoria cultural se cimentan las esperanzas que permiten transitar un día oscuro como este. 7. En la medida en que el debate sobre la Ley de Seguridad Interior ha puesto de relieve la complejidad y la hondura de nuestros problemas de seguridad, es fundamental que en el próximo proceso electoral las diversas plataformas contendientes se pronuncian explícitamente sobre sus posiciones frente a la Ley y sobre sus propuestas en materia de justicia y seguridad. En particular, para que el electorado ejerza con información su derecho a la participación, es indispensable que José Antonio Meade, Ricardo Aanaya y Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos y candidatas presidenciales, se pronuncien claramente sobre si en caso de acceder a la Presidencia de la República derogarían la Ley de Seguridad Interior. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior abona a la restauración autoritaria que se cierne sobre México. Más que nunca, es fundamental no claudicar en la defensa de nuestros derechos y demostrar, con propuestas sólidas como las que desde muchas instancias se han difundido, que una #seguridadsinguerra es posible. Imagen : #SeguridadSinGuerra
