CONVERSATORIO: Ley del Sistema Integral de DDHH de la Ciudad de México
SOBRE EL EVENTO: ¿Cómo el Sistema Integral de derechos humanos puede aportar a garantizar la transversalidad de los derechos humanos para lograr una vida digna en la CDMX? ¿Por qué es tan importante asegurar e incentivar la participación de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento a las disposiciones legales que habrán de garantizar que el gasto público de la Ciudad de México sea asignado con enfoque de derechos humanos? Les invitamos a encontrarnos y reflexionar en torno al SIDH, la entrada es libre. Lunes 13 de noviembre. 16 hrs SALA 21 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México.
Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la «modernización» del TLCAN
ORGANIZACIONES SOCIALES DENUNCIAN PUNTOS DE RIESGO EN LA “MODERNIZACIÓN” DEL TLCAN 25 de octubre de 2017 -“Modernización” otorga más “derechos” a corporaciones por encima de los derechos humanos y de los pueblos. -TLCAN amenaza derechos a la privacidad, al acceso al conocimiento y a la libertad de expresión. -Renegociación permitiría la introducción de OGM’s y postransgénicos. -Contradicciones del gobierno de México en el carácter vinculante y la garantía de derechos laborales. La Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLC’s” (en la que confluyen organizaciones campesinas, sindicales, ambientalistas y defensoras de derechos humanos y digitales), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C., y Semillas de vida, así como personas especialistas provenientes de México, Estados Unidos y Argentina, nos hemos reunido para difundir, profundizar y discutir información respecto a la coyuntura de la renegociación y supuesta “modernización” del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En particular, hicimos énfasis en las afectaciones que esta renegociación tendrá en los mecanismos de resolución de controversias entre inversores y Estado, en materia de comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM’s) y los llamados “postransgénicos”, y en la protección de los derechos laborales y digitales. Afectaciones que se unen a las consecuencias que ha tenido la pertenencia de México a este Tratado a lo largo de los 23 años en los que se ha implementado. Grupos organizados de trabajadoras y trabajadores recuerdan la falsa promesa que traía consigo el TLCAN de generar mayor cantidad de empleos con su implementación, denunciando que a raíz de su firma por el Estado mexicano se han vulnerado de manera sistemática los derechos laborales, por medio de salarios indignos, la falta de prestaciones, la intensificación de las jornadas laborales y la precarización de las y los trabajadores. Asimismo, organizaciones sindicalistas señalan que estas violaciones a derechos laborales afectan de manera especial a mujeres trabajadoras, debido a la brecha salarial aún existente y a la falta de condiciones que permitan garantizar el derecho a la no discriminación en los espacios de trabajo. También damos a conocer el carácter impositivo de la renegociación del TLCAN por medio de la modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés), los cuales permiten que empresas transnacionales demanden a los gobiernos de los países por sumas millonarias cuando éstos, supuestamente, afectan sus inversiones. Los ISDS permiten que estas demandas se den cuando los Estados toman medidas que garanticen los derechos de las personas y los pueblos, priorizando la ganancia de las grandes empresas mineras, petroleras, inmobiliarias y alimenticias a costa del medio ambiente, los territorios, los pueblos indígenas y los barrios y colonias populares del país. En otras palabras, le dan “derechos corporativos” a las empresas que permiten violaciones sistemáticas a los derechos humanos, agravando los actuales conflictos dados entre empresas transnacionales y los pueblos y comunidades que se encuentran en resistencia para la protección de sus territorios y su modo de vida. Por otro lado, también se señalaron las implicaciones que el TLCAN tendrá al considerar nuevos puntos de renegociación. En primer lugar, en esta coyuntura empresas como Monsanto buscan imponer en la región un sistema que promueve la desregulación del comercio de OGM’s. Aunque se ha logrado la prohibición jurídica a la siembra de maíz transgénico en México, la no reglamentación que se busca implementar permitiría que se comercialicen productos genéticamente modificados y de la biotecnología moderna. Esto, bajo las reglas discrecionales que las empresas han logrado imponer en Estados Unidos. En segundo lugar, se señaló la vulneración al derecho a la privacidad, acceso al conocimiento y a la libertad de expresión que representan los puntos del TLCAN referentes a propiedad intelectual y comercio digital que violan nuestra libertad de expresión al imponer prácticas de manejo de contenido en Internet que son armas para la censura. Por otro lado, la imposición del libre flujo de datos personales significa la renuncia al control que tenemos sobre el tratamiento de nuestros datos personales, dejándolos a la merced de corporaciones y Estados para su explotación. Considerando estos riesgos ya vigentes o previsibles de la implementación y renegociación del TLCAN, las organizaciones que conformamos la Convergencia “México Mejor sin TLC’s”, nos oponemos a este intento de fortalecer y perpetuar el sistema económico neoliberal que se basa en el despojo de los pueblos y en las violaciones a los derechos de las personas. De la misma manera, denunciamos el sistemático secretismo de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio, tras las cuales no hay mecanismos de transparencia que den cuenta de lo que se está negociando y que constituyen la imposición de una serie de medidas que perpetúan el despojo y la vulneración al trabajo digno, a la salud, a la soberanía alimentaria y al acceso a la información por medios digitales. En vista de la Quinta Ronda de Negociaciones sobre el TLCAN, a realizarse del 17 al 21 de noviembre de 2017 en la Ciudad de México, anunciamos que se llevarán a cabo acciones a nivel trinacional en México, Estados Unidos y Canadá, para exigir a los Estados que se ponga alto al avance del neoliberalismo por medio del TLCAN, para que se priorice por sobre las ganancias de las grandes empresas la vida digna de las personas, de los pueblos y del medio ambiente. Atentamente Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLC’s”. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P”, A.C. Semillas de Vida, A.C. Más información : Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227. Entradas relacionadas: Organizaciones sociales denuncian puntos de riesgo en la “modernización” del TLCAN El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional:
El Protocolo sobre uso de la fuerza para la Policía Federal debe modificarse ya que es ambiguo, presenta ausencias y podría usarse de manera arbitraria
EL PROTOCOLO SOBRE EL USO DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA FEDERAL DEBE MODIFICARSE YA QUE ES AMBIGUO, PRESENTA AUSENCIAS Y PODRÍA USARSE DE MANERA ARBITRARIA 20 de octubre de 2017 -Es importante que el Protocolo incorpore estándares mínimos sobre la intervención policial en contextos de manifestaciones, para casos como las graves violaciones ocurridas en junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca; -La Policía Federal debe continuar elaborando protocolos específicos de actuación, que abarquen las intervenciones policiales en disturbios, manifestaciones y operativos migratorios. Ciudad de México, a 20 de octubre de 2017.- El 18 de octubre de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, en respuesta a la necesidad de contar con un marco de aplicación de la fuerza pública por parte de elementos de seguridad pertenecientes a la Policía Federal (PF) y a la Recomendación 7VG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos perpetradas por la Policía Federal en las manifestaciones de Nochixtlán, Oaxaca el 19 de junio del año pasado. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) destacamos la importancia de este Protocolo, siendo un avance para la regularización de las actuaciones de la PF. Destacamos la incorporación de estándares sobre la progresividad en la aplicación de los niveles del uso de la fuerza pública, los derechos de las y los integrantes de la PF ante sus superiores, el establecimiento de exclusión de responsabilidad ante órdenes ilegales o inconstitucionales y la asignación de armas no letales o potencialmente letales únicamente al personal capacitado y asignado para su uso. No obstante, existen omisiones dentro del Protocolo que podrían ocasionar graves violaciones de derechos humanos, principalmente en el contexto de manifestaciones o reuniones en todo el País. En primer lugar, se señala que este Protocolo “podrá emplearse también para restablecer el orden público causado por disturbios colectivos y actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos”, este texto es ambiguo y puede usarse para justificar la intervención arbitraria de la PF en manifestaciones o reuniones, como ocurrió el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México; en Apatzingan el 6 de enero de 2015; en Nochixtlan, Oaxaca el 19 de junio de 2016; o en Playas de Rosarito, Baja California en enero de 2017. En todo caso el “orden y la paz públicas” deben interpretarse a la luz de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, no en contraposición a ellos. El Protocolo no es claro para saber cómo debe actuar la PF en desalojos, enfrentamientos con el crimen organizado o manifestaciones y reuniones. Debe recordarse que en su informe anual de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “[e]n el diseño de las normas, especial énfasis se deberá tomar en los diferentes escenarios en los que se requiere la presencia de los agentes del orden, debiendo contar con parámetros claros que rijan, por ejemplo, en desalojos, y que necesariamente deberán ser distintos en manifestaciones públicas, o motines en centros de detención, enfrentamientos con particulares o grupos en conflicto con la ley, entre otros escenarios”. Cuando alguna fuerza policiaca intervenga en manifestaciones o reuniones, los estándares internacionales determinan que los policías tienen prohibido usar o portar armas letales o potencialmente letales, para prevenir violaciones graves a derechos humanos. Este estándar es fundamental que sea incluido en el Protocolo ya que este no hace alusión a tal prohibición, lo que consideramos una ausencia que debe resarcirse a la brevedad. Las organizaciones que conformamos el FLEPS consideramos importante destacar que la CIDH ha señalado que “[s]ea cual sea el formato adoptado por quienes ejercen este derecho, la actuación policial debe tener como objetivo principal la facilitación y no la contención o la confrontación con los manifestantes”. Por tanto, la actuación de la PF debería enfocarse a la facilitación de manifestaciones, no al control o dispersión de las personas que participan en ellas. Otros puntos importantes que están fuera del Protocolo son: la protección hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el enfoque diferenciado en la actuación policial sobre grupos en situación de vulnerabilidad; la prohibición de detenciones masivas; la recopilación y análisis de datos derivados de los operativos donde participe la corporación; la temporalidad y necesidad de continua capacitación de las y los integrantes, principalmente en el uso de armas no letales y potencialmente letales; la transparencia y la rendición de cuentas previo y posterior a los operativos; así como la responsabilidades en la cadena de mando; el registro de las armas y equipo asignados, entre otros. Por tanto, las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hacemos un llamado al Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que haga las modificaciones necesarias para la incorporación de estándares mínimos sobre el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones y reuniones en el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, con la finalidad de garantizar su actuación bajo los más altos estándares en la materia. Asimismo, la CNS debería trabajar en protocolos específicos de actuación policial, en apartados especiales, para control de disturbios, participación en operativos migratorios, intervención en zonas de conflicto y en la facilitación de manifestaciones o reuniones, desde un enfoque de derechos humanos y con la participación de personas expertas en seguridad y sociedad civil especializada. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e
Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña
POR EL DIÁLOGO Y LIBERTAD DE LOS PRESOS DE CATALUÑA Las diversas visiones alrededor del proceso de independencia de Cataluña han desatado un conflicto que sin justificación alguna ha derivado en cancelación de libertades democráticas mediante la violencia y en la injusta prisión de dirigentes que en todo momento han conducido su acción por vías pacíficas. Preocupados por la situación de un país hermano, pensamos que la vía de solución es el diálogo, reconociendo siempre el derecho a decidir y el respeto a los derechos humanos. Para ello es indispensable la inmediata puesta en libertad de Jordi Sánchez (Presidente de la Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Presidente de Omnium Cultural), así como el fin a cualquier pretensión autoritaria de parte del gobierno español. Desde México y América Látina nos mantendremos atentos, impulsando siempre una solución pacífica y satisfactoria para Cataluña y España. Atte. Cuauhtémoc Cárdenas (Fundación para la Democracia), Miguel Concha (CDH Fray Francisco de Vitoria), Adolfo Gilly (Historiador), Alejandro Encinas (Senador de la República), Javier Sicilia (Activista) Pablo Gentili (Secretario Ejecutivo de CLACSO) Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario>
Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA RESUELVE CLASIFICAR CASO DE LESVY COMO FEMINICIDIO AGRAVADO Ciudad de México, 18 de octubre de 2017 -Magistrada y Magistrados de 5ta sala penal reclasifica el caso de Lesvy como feminicidio agravado. -Familia y representación legal demuestra invalidez de investigaciones de la PGJCDMX -Resolución es paso fundamental en la verdad y justicia para Lesvy y su familia. El pasado viernes 13 de octubre se llevó a cabo una Audiencia de Apelación en relación al caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, en la cual la familia y su representación legal presentaron elementos suficientes para que el delito del que fue víctima se reclasifique como feminicidio agravado, para que los hechos se investiguen como tal y con perspectiva de género. Esto, después de que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) declarara e insistiera en clasificar el delito como un homicidio simple doloso por omisión, es decir, que el imputado no impidió el supuesto suicidio de Lesvy. La 5ta sala penal, integrada por la Magistrada Celia Marín Sasaki y los Magistrados Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, hoy ha resuelto que se reclasifique el delito imputado como feminicidio agravado, lo que implica que las autoridades están obligadas a revisar todas las pruebas con perspectiva de género y debida diligencia, bajo la hipótesis de feminicidio, de manera inmediata, seria e imparcial, acciones que hasta el momento no han sido realizadas. La familia y la representación legal de este Centro de Derechos Humanos nos congratulamos con esta resolución, pues constituye un paso fundamental en la búsqueda de justicia y verdad para Lesvy y su familia, de la misma forma representa un antecedente importante para el acceso a la justicia de las mujeres, en casos de feminicidio en la Ciudad de México y todo el país. Seguiremos en nuestra lucha por esclarecer este feminicidio y dignificar la memoria de Lesvy Berlin. A cinco meses y medio, familiares y organizaciones acompañantes hemos sostenido y demostrado la invalidez de los argumentos e hipótesis de la PGJCDMX presentados durante este proceso judicial. Hoy nuevamente decimos NO FUE SUICIDIO, FUE FEMINICIDIO. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Más información : Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227. Foto : JAguilar Entradas relacionadas: Por el diálogo y la libertad de los presos en Cataluña Tribunal Superior de Justicia resuelve reclasificar caso de Lesvy como feminicidio agravado Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH) Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario>
Clausura de la 15a generación de La Escuelita (EDJDH)
SOBRE EL EVENTO: La Escuelita es un proyecto de formación política de ocho meses de duración para jóvenes en donde se aprende y comparten experiencias y saberes sobre la defensa y promoción de los derechos humanos desde una visión crítica y propositiva de la realidad. Durante 15 años consecutivos, la Escuelita se ha nutrido de toda una gama de experiencias, saberes, conocimientos y perspectivas para la defensa y promoción de los derechos humanos que ha acompañado a cientos de personas jóvenes en sus tareas encaminadas a la búsqueda de condiciones más justas y dignas. Es un espacio en donde nos indignamos y nos organizamos frente a una realidad de abrumadoras violaciones a los derechos humanos y constante deshumanización. Con el motivo de la clausura de la 15a generación, les invitamos a encontrarnos, conocer algunos de los proyectos que las y los integrantes de esta generación realizarán en sus comunidades y universidades y también para compartir experiencias a lo largo de los años en el marco de este proyecto y proceso, fundamental para el Centro Vitoria. Entrada libre. Sábado 28 de octubre SALA 22 DEL CUC (Centro Universitario Cultural): Odontología 35 Col. Copilco-Universidad, Del. Coyoacán, Ciudad de México.
Encuentro Internacional: Puntos Clave en la Negociación y “Modernización” del TLCAN
SOBRE EL EVENTO: Los Tratados Comerciales deben ser entendidos en su complejidad, tras su lenguaje técnico y negociaciones opacas que les caracterizan (el proceso de «renegociación» del TLCAN mismo como ejemplo) existen claras intenciones en clausulas que benefician sólo a la iniciativa privada transnacional a costa de los derechos humanos de las personas en los países que firman. La mercantilización y privatización a la vida como tendencia. Encontrémonos para dialogar y compartir alternativas, para crear alianzas y elaborar acciones. Participan: *Steve Suppan (The Institute for Agriculture and Trade Policy)*Luciana Ghiotto (Argentina mejor sin TLC)*Lourdes Zea (Stunam Sindicato)*Santiago Narváez (R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales) Más información : Samantha Cruz o Karen Garduño, Centro Vitoria : 5659 6797 ext. 227 Martes 24 de octubre de 2017 Centro Horizontal : Colima 378, Col. Roma, Ciudad de México.
COMUNICADO URGENTE: Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado de cese al hostigamiento y criminalización contra pobladores de Huitzilán de Serdán, Puebla
COMUNICADO URGENTE : ORGANIZACIONES SOCIALES Y PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS HACEMOS UN LLAMADO DE CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN CONTRA POBLADORES DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA. 17 de octubre de 2017 Ante las acusaciones infundadas contra el compañero Marco Alonso Aco Cortés y el sacerdote José Martín Hernández Martínez por parte de Antorcha Campesina, por el asesinato, el pasado 10 de octubre, del Presidente Municipal de Huitzilan de Serdán en el estado de Puebla y miembro del Movimiento Antorchista, Lic. Manuel Hernández Pasión, diversas organizaciones sociales y ambientales señalamos: Primero: Es imprescindible que se haga justicia y se esclarezca el asesinato del Lic. Manuel Hernández Pasión y se detenga a los autores intelectuales y materiales de tan cobarde asesinato, y que las autoridades investiguen y den respuesta a tan lamentable y trágico suceso. Segundo: Demandamos al Gobierno del Estado de Puebla encabezado por José Antonio Gali Fayad y al fiscal General del estado, Víctor Carrancá Bourget, se detenga la acusación dolosa e infundada, así como la criminalización del C. Marco Alonso Aco Cortés, Presidente del Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán y del sacerdote José Martín Hernández Martínez, declarada por el vocero nacional Homero Aguirre Angiano, el pasado 10 de octubre en la prensa local. Tercero: Es un acto vil y deshonesto señalar a Alonso Aco Cortes y al sacerdote José Martín Hernández Martínez como culpables de un homicidio sin ninguna prueba y bajo una investigación judicial transparente y bajo el principio de debida diligencia y respeto de los derechos humanos, con el propósito de presionar políticamente a las autoridades y que esta acusación sirva de pretexto para ocultar a los verdaderos culpables intelectuales y materiales de este cobarde crimen. Antorcha Campesina es una organización que en la Sierra Nororiental de Puebla ha mantenido un férreo control territorial, en particular en el Municipio de Huitzilan de Serdán, cuyas consecuencias han sido asesinatos, abusos, persecuciones de diversa índole contra la población, donde ya se registran graves violaciones a derechos humanos, como lo señala el propio Charbel Jorge Estefan Chidiac, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla, en un video publicado por Cambio TV el 9 de agosto de 2017. Cuarto: Responsabilizamos directamente a Antorcha Campesina y al Gobierno del estado de Puebla por cualquier acto que atente contra la integridad física, económica y moral del compañero Marco Alonso Aco Cortés y familiares, así como del sacerdote Martín Hernández Martínez y de cualquier integrante del Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán. Quinto: Exigimos a las autoridades judiciales investigaciones diligentes, claras, honestas y con apego al respecto de los derechos humanos. Sexto: Exigimos el cese de acusaciones, hostigamientos y persecuciones a Marco Alonso Aco Cortés, al sacerdote José Martín Hernández Martínez Alonso y a los integrantes de Comité Ciudadano de Huitzilan de Serdán, y demandamos seguridad para los ciudadanos de Huitzilan de Serdán, en particular para las organizaciones campesinas que luchamos en defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y de nuestros derechos humanos. Atentamente Organizaciones sociales, ambientales y defensores de derechos humanos Alianza Internacional de Habitantes Asamblea Social del Agua de Puebla Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental Asociación Nacional de Industriales de Transformación, ANIT Asociación de Consumidores Orgánicos Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Carnaval del Maíz Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de Trabajadores Comité de Presos Políticos de Puebla Convergencia de Organizaciones Sociales “México Mejor Sin TLCs” Coordinadora Campesina e Indígena de La Huasteca Potosina A.C. Coordinadora Estatal de Productos de Café del estado de Oaxaca A.C. Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida Encuentro Ciudadano Lagunero (de la región Comarca Lagunera) Haciendo Milpa A.C. LAVIDA La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes Maseual Altepetajpianij (Comité de Defensa de la Vida y el Territorio de la Sierra Nororiental de Puebla). Millones contra Monsanto Movimiento de Defensa de la Vida y Territorio de la Sierra Nororiental de Puebla Ora World Mandala México Participantes del Encuentro Nacional de Juventudes por la Defensa de los Derechos Humanos y en Defensa de la Tierra y el Territorio (2017): Viridiana Martínez Ortín; Marisol Feria Ibarra; Wendy Judith Hernández; Esmeralda García Rivero; Melisa Morán Esteva; Karla Maribel Jiménez Montoya; Javier Pichardo Servín; Alma Nelly Díaz Martínez; Yaxem López Sevilla; Citlalli Cleto Bustamante; René García Villanueva; Lilia Salvador Bautista; Beatriz Rivero; Leticia Carpio Cortes; Pobladores, A.C. Red Mexicana de acción frente al Libre Comercio (RMALC) Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske. Unión Popular Valle Gómez Colectivo Zapotlán de Juárez del estado de Hidalgo Hijas e Hijos de Iztaccihuatl, A.C. Colectivo Sohuame Tlatzonkime, Mujeres Bordadoras Comité Ciudadano de Vigilancia del Pueblo de Santa María Ajoloapan Quinceava Generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos. Adelita San Vicente Tello Antonio Turrent Fernández Jesús Ramírez Cuevas Lorena Damaris Quintana Alonso Luciano Concheiro María Luisa Albores González Narciso Barrera Bassols Imagen destacada: Arturo A. Entradas relacionadas: Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario> Admite SEGOB solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México Ruta para documentar las afectaciones que resultaron de los sismos del 7 y 19 de septiembre 2017 Organizaciones exigimos información y certezas sobre edificio de Bolívar esquina Chimalpopoca después del sismo. La señora Sociedad Civil El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social
Denunciamos la continua represión del gobierno de Michoacán contra normalistas, activistas y defensores de derechos humanos
DENUNCIAMOS LA CONTINUA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN CONTRA NORMALISTAS, ACTIVISTAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 16 de octubre de 2017 En una semana, Gobierno de Michoacán ha reprimido y criminalizado a más 60 estudiantes normalistas y activistas. La situación de violencia es constante y creciente contra la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Esta semana se perpetraron una serie de acciones represivas contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, y activistas comunitarios por parte de elementos de la Policía Estatal. Primero conocimos de las agresiones contra integrantes del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), especialmente contra Carlos Olivares Valencia, perpetradas en un operativo del que resultaron dos personas detenidas de manera arbitraria. Luego supimos del uso excesivo de la fuerza pública en contra de normalistas que se manifestaron para exigir la liberación de sus compañeros estudiantes el día 15 de octubre, de lo cual resultó la detención arbitraria de 65 personas, así como varias heridas. El pasado martes 10 de octubre del 2017 los integrantes del MCDL, principalmente mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores, realizaron una manifestación para exigir la evaluación de los daños en las casas y escuelas ocasionados por las explosiones que la empresa PROACON-ALDESA ha estado detonando para la construcción del Ramal Camelinas. Alrededor de las 19:30 hrs., tras aproximadamente 5 horas de manifestación pacífica en la calle Baltazar Echave, llegó un estimado de 80 elementos de la UROP (Unidad de Restablecimiento del Orden Público) a reprimir violentamente y disolver la manifestación. En medio de estos actos, un grupo de sujetos vestidos de civiles sometió a Carlos Olivares Valencia, quitándole el teléfono celular con que llevaba el registro fotográfico de la manifestación y subiéndolo a una camioneta blanca sin placas. Dentro del vehículo, Carlos fue contínuamente golpeado, insultado y amenazado, según documentó otro miembro del MCDL, Hugo Salas. A pesar de las irregularidades y violaciones a sus derechos, ambos continúan bajo proceso por el delito de ataque a las vías de comunicación, siendo que ambas personas fueron privadas ilegalmente de su libertad. Por otro lado, el viernes 13 de octubre, acompañados de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, normalistas de Tiripetío se encontraban realizando boteo con el fin de obtener recursos para una movilización a realizarse el día 15 del mismo mes, en conmemoración de la represión que sufrieron en la misma fecha en 2012. Cuando se encontraban realizando esta actividad, en la carretera Siglo XXI, policías estatales procedieron a detener a seis personas supuestamente pot secuestrar camiones, según versiones de medios locales. A raíz de estos hechos, el 15 de octubre alrededor de 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío se manifestaron a las afueras de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) para exigir la liberación de sus compañeros. Como respuesta, la Policía Estatal desplegó un operativo con 200 elementos que persiguió y agredió a los estudiantes manifestantes, haciendo uso de gas lacrimógeno y deteniendo a 65 personas de manera arbitraria. Las organizaciones que conformamos el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) denunciamos esta serie de hechos que violan los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de tránsito, a la libertad, a la integridad y a la seguridad jurídica, de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de integrantes del MCDL. Vemos con preocupación que se esté utilizando de manera sistemática a la fuerza pública para reprimir a dichos estudiantes y activistas: recordamos las violaciones graves a los derechos humanos perpetradas el pasado 21 de junio, especialmente contra Gael Solorio Cruz, quien resultó gravemente herido por una bala perteneciente a los elementos de la Policía Estatal de Michoacán. Desde el FLEPS exigimos al Gobierno de Michoacán el cese de las agresiones y de las detenciones arbitrarias en contra de las personas que se manifiestan en la entidad y a la Procuraduría General de Justicia del Estado que garantice investigaciones imparciales, así como la garantía a los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión. Asimismo, exigimos que el estado de Michoacán sancione a las personas que participaron en las detenciones arbitrarias de los estudiantes de Tiripetío y del MCDL, y que cumpla con la obligación que tiene de garantizar de manera plena el derecho a la educación, partiendo del diálogo con los estudiantes normalistas, a favor de satisfacer sus necesidades y las de su Escuela, así como la resolución de las peticiones del MCDL. En el marco de los hechos denunciados, repudiamos el uso de la fuerza y la violencia policial, así como la criminalización de la protesta social, de los estudiantes normalistas y de las personas defensoras de derechos humanos. De igual manera, resaltamos la importancia que tienen las normales rurales y las y los estudiantes de éstas en las comunidades como personas defensoras del derecho a la educación en el país. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Cencos, Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Internet Entradas relacionadas: Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF (ACTUALIZACIÓN) Familia de Lesvy sostiene exigencia de justicia y reclasificación de delito en Audiencia de Apelación Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá La CDHDF que queremos Perfil necesario> Admite SEGOB solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México Ruta para documentar las afectaciones que resultaron de
Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF
Desinterés y simulación de Diputados en designación de la #NuevaCDHDF Las personas y organizaciones abajo firmantes exigimos a las y los diputados Luciano Jimeno Huanosta (Partido Humanista), Rebeca Peralta León (PRD), Mariana Moguel Robles (PRI), Jorge Romero Herrera (PAN) y Beatriz Adriana Olivares Pinal (PRD), integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), que asuman con seriedad, rigor y responsabilidad el mandato que les ha sido conferido para coordinar la elección de quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Demandamos puntualmente que la Comisión señale las razones por las cuales se desconoce lo estipulado en la Convocatoria para el nombramiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicada el 4 de septiembre del año en curso, cuya base octava señala que: Con el propósito de incorporar a la Sociedad Civil Organizada y mediante solicitud por escrito de las organizaciones y/o instituciones debidamente constituidas y con experiencia en la materia, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se conformará un Comité Observador Ciudadano, que acompañará y hará recomendaciones por escrito a esta Comisión Legislativa, a efecto de que el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF sea transparente y público, haciendo valer el Parlamento Abierto como principio básico de rendición de cuentas de la ALDF. De las más de 80 organizaciones que solicitaron formar parte del Comité Observador Ciudadano sólo se conoce el nombre pero no están disponibles para su consulta los documentos probatorios que demuestren la constitución legal de las mismas y mucho menos insumos que permitan demostrar que tienen experiencia en defensa, garantía, promoción y protección de Derechos Humanos. Si bien en la página web1 de la ALDF está habilitado un apartado específico sobre la designación de la CDHDF, ésta ha fallado como mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, al no contar con información de interés público relacionada con el proceso y no ser utilizada como canal de comunicación formal entre la Asamblea y las y los actores involucrados. Es ahí donde debieron albergarse documentos que prueben que las 95 organizaciones de la sociedad civil inscritas para acompañar este proceso están legalmente constituidas y cuentan con expertise en el tema -requisito trascendental de la convocatoria. A un día de las comparecencias, el Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Ignacio Picacho, informa que los diputados no han determinado dónde se llevará a cabo y cómo se coordinará la participación de 95 organizaciones que brindarán sus observaciones sobre la idoneidad de las candidaturas para ocupar la presidencia de la CDHDF. Luego de lo ocurrido en el Foro “Las OSC de Derechos Humanos y el proceso de elección de la presidencia de la CDHDF” –espacio que pretendía incluir una amplia consulta ciudadana sobre el proceso pero que, finalmente, derivó en un desfile de organizaciones que asistieron para manifestar su respaldo a una candidatura en particular– no podemos permitir que la defensa, protección y garantía de los Derechos Humanos en la Ciudad de México se limite a una simple cuestión asistencialista y de popularidad. El desaseo con el que se ha gestionado la participación de la sociedad civil en este proceso de designación parece dar cuenta de un ejercicio de simulación para cumplir con el trámite de incluir las voces de la sociedad civil en eventos como el antes mencionado y no como un esfuerzo por generar un sistema de pesos y contrapesos que permitan que la persona más capaz ocupe el cargo y no aquella con mayor poder político para movilizar clientelas. Reiteramos la exigencia a las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF para que el nombramiento público del presidente o presidenta de la CDHDF se lleve a cabo con base en el mérito personal y la capacidad profesional, y se conduzca de acuerdo con los principios de parlamento abierto y de designaciones públicas. El proceso de deliberación que conduzca al nombramiento de la presidencia de la Comisión debe ser público, abierto e incluir las observaciones e inquietudes de la sociedad civil. A continuación se presenta una evaluación del proceso que ha seguido la ALDF con base en buenas prácticas en materia de designaciones públicas: Buenas prácticas en designaciones públicas : ATENTAMENTE : Abigail Delgado EstradaAcademia de Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéxicoAdriana HerreraAlberto Serdán RosalesAl-dabi Olvera CastilloAlianza para la Defensa de los Derechos Humanos y la Salud A.C.Alicia Naomi Ramos ImuroArkemetria Social A. C.Artículo 19 Oficina para México y CentroaméricaAsistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGALAsociación de Espina Bífida Miel que vino del cielo A. C.Brenda Rodríguez HerreraCatólicas por el Derecho a DecidirCentro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C.Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.Centro de Derechos Humanos Zeferino LadrilleroCentro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, A.C.Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social A.C. (CIEDIS)Claudia Campero ArenaCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)Colectivo de Egresados de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de MéxicoColectivo Forjando CaminosComisión Mexicana de Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.Cristina Gómez JohnsonDenise Dresser GuerraDenise ReyesEdgar Bautista JiménezEducando en los Derechos y la Solidaridad EducaDyS A.C.Efecto Útil, Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A.C.El Caracol A.C.Emilienne de LeónErnesto Tescucano HernándezFelipe MartínezFrancisco Robles Gil Martínez del RíoFrente Ciudadano Salvemos la CiudadFundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.Gabriela Delgado BallesterosGabriela RodríguezGabriela Ramírez Rojas SalazarGloria Lidia Legorreta NavarroIDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.I-legal. Derechos humanos, servicios y consultoría jurídicaInclusión y Equidad Consultora LatinoamericanaIniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia INCIDET A.C.Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.Investigación, organización y acción comunitaria Altepetl A.C.Iván García GárateHabitat International Coalition – América LatinaHilda Salazar RamírezJosé Guadalupe Sánchez SuárezJuan Carlos Medel CabreraLeonardo Jorge Martínez MejíaLetra S Sida, Cultura y Vida cotidiana A.C.Lourdes Morales CanalesLuis Daniel
