Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior
LOS HECHOS DE PALMARITO TOCHAPAN, PUEBLA, EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE ABANDONAR LA APROBACIÓN DE UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR QUE FACULTE A LAS FFAA REALIZAR TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Ciudad de México, 12 de mayo de 2017 Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo. En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías. Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos. Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida. Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia. Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década. La #SeguridadSinGuerra es posible. Colectivo #SeguridadSinGuerra: http://www.seguridadsinguerra.org/ Entradas relacionadas: Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional Seguridad Sin Guerra
Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia
JUVENTUDES DEFENSORAS RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS FRENTE A LA GUERRA Y LA VIOLENCIA 06 de mayo de 2017 Las juventudes nos oponemos al proceso de militarización que ha emprendido el Estado mexicano a lo largo de todo el territorio nacional, que aunque la incluye, no se limita únicamente a la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, pues pretende más bien avanzar en su instauración mediante la legalización de cualquier tipo de acción represiva por parte de las Fuerzas Armadas, basándose, en una necesidad prefabricada de su participación en las tareas de seguridad pública, tareas que son además ilegítimas e ilegales, y que se han venido ejerciendo desde hace más de una década. La historia de los países latinoamericanos que ha estado fuertemente marcada por la presencia de las fuerzas armadas, como es el caso de las dictaduras militares, nos ha demostrado el rotundo fracaso en términos de seguridad y paz social de estos regímenes, pues han dejado como consecuencia un incontable número de personas asesinadas, desaparecidas y torturadas a manos del ejército. La militarización ha sido un proceso que inició mucho antes que la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organiza do, y encubre el estado de guerra que se vive desde mediados de la década de los noventa, al mismo tiempo que invisibilizó el exterminio selectivo practicado desde la Guerra Sucia, en la creciente articulación de personas de la sociedad civil que se ve atravesada por la complicidad entre el crimen organizado y los agentes castrenses del Estado; esta realidad refleja una de las expresiones centrales de un sistema basado en la explotación, la violencia, la misoginia y la muerte. Como jóvenes con pensamiento crítico estamos en contra de repetir procesos históricos basados en la violencia y violación a los derechos humanos. En el caso del Estado mexicano, existen numerosas evidencias que nos permiten afirmar que han ocurrido y se desarrollan hoy, procesos de militarización en varias regiones del país, superando los criterios de registro de los índices delictivos clásicos. Es decir, en nuestro contexto las aproximaciones tradicionales al ejercicio del poder, son insuficientes para describir la tendencia de las fuerzas armadas para controlar la agenda política e influenciar a las autoridades civiles; convirtiéndose así, en un riesgo para la sociedad en general. Además, recordemos que el ejército no está facultado para resolver los problemas de seguridad pública, pues estas funciones le competen únicamente al ámbito civil. En ese sentido, en procesos formativos y críticos como la Escuela de para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos, que acompaña el Centro Vitoria, partimos de la idea de que la militarización es un proceso que trastoca a toda nuestra sociedad mediante una lógica belicista, nacionalista y patriarcal, mediante la cual se busca imponer una idea de paz en nombre del orden y no basada en la justicia. Denunciamos la insistente intromisión de los militares para influir en los procesos de diseño y ejecución de la política de seguridad nacional y pública, así como para implantar sus lógicas, métodos y objetivos a sociedad civil. Exigimos acciones que detengan la normalización de la presencia de las fuerzas armadas, su influencia, su sentido de control y códigos de conducta en la vida cotidiana, y nos sumamos a la exigencia social de que el ejército abandone las calles y vuelva a los cuarteles. Denunciamos que a lo largo de la historia contemporánea y en medio de esa dinámica de intromisión y control por parte de las fuerzas armadas, se han criminalizado a las juventudes, a las comunidades en resistencia, y a las y los defensores de derechos humanos. Denunciamos la reducción de las mujeres y de sus cuerpos a objetos y territorios que pueden ser violados, usados, colonizados, vendidos, intercambiados, rotos y asesinados. Denunciamos la impunidad que gozan las fuerzas armadas, las corporaciones de seguridad civil y las autoridades que los respaldan, encubriendo las atrocidades que cometieron y cometen, contra las personas que habitamos y transitamos por el territorio mexicano. Exigimos que a lxs jóvenes se nos reconozca como sujetxs de derechos, para participar en la toma de decisiones públicas respecto de la sociedad que queremos construir y en la que vivimos y viviremos. Y rechazamos rotundamente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Firman Colectividades Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C (Centro Vitoria) Colectivo Sohuame Tlatzonkime Cooperativa de Consumo La Imposible Incluye A.C. Colectivo de abogados “Abajo los Muros de las Prisiones” Nuevo Movimiento de la Diversidad Sexual UAM Xochimilco Personas Adrián García Cuéllar Alejandra Fierro Jaramillo Alejandro Barragán Sánchez Aracely Jiménez Guzmán Arenita Hernández Beatriz Nayelly Rivero Martínez Celeste Cruz Avilés Christian Hernández Hernández Edgar Ivan Garcia Garcia Elena Jaloma Cruz Francisca Urias Hermosillo Gerardo María Alcocer Cetina Ilse Elisa Parra Flores Ilse Pavlova Vega Gallegos Isabel Lucía Rubio Rufino Ivonne Osorio Rodríguez Ivonne Osorio Rodríguez Jorge Luis Aguilar Pantoja José Alberto Rosano López Joyse Hernández Márquez Layla Ahlam Vázquez Flandes Leticia Carpio Cortes Lorena Damaris Quintana Alonso Marcela Meza Rodríguez María Cristina Rosas Martínez María del Carmen Méndez Trejo María Fernanda Arellanes Arellanes Martín Sosa Priorio Omar Adrián Flores Cortés Omar Bernardo Ojeda López Omar Escutia Girón Pilar García Ramírez Rodolfo Beltrán Moreno Sayuri Herrera Román Sofía Huerta Noguera Vidal Emmanuel Méndez Cadena Yussef Muñoz Mayorga Zayra Rubí Jiménez Zuleyma Edain Ramos Valdez Imagen destacada : Eneas de Troya Entradas relacionadas: JUVENTUDES DEFENSORAS RESISTIMOS Y NOS ORGANIZAMOS FRENTE A LA GUERRA Y LA VIOLENCIA Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. 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Urge la verdad para Ayotzinapa
Urge la verdad para Ayotzinapa Sábado 06 de mayo de 2017 Miguel Concha A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitiera su invaluable y contundente informe final del caso Ayotzinapa, es necesario, en el marco de la reciente visita del Mecanismo de Seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear su cumplimiento, y como contexto más amplio del legítimo plantón que se han visto orilladas a realizar las valerosas familias de los jóvenes, hacer un balance sobre la falta de justicia y verdad para las víctimas. El mensaje del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosemena, realizó su segunda visita de trabajo del 19 al 21 de abril, fue claro, aunque algunos medios hayan intentado tergiversarlo: es necesario alcanzar con celeridad avances sustantivos en la búsqueda de verdad y justicia, pues en la medida en que el paradero de los estudiantes –como subrayó la CIDH– no ha sido determinado con pruebas inobjetables, México sigue reprobado en esta investigación. La preocupación del Mecanismo de Seguimiento está plenamente justificada, pues, sin que haya avances importantes en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplieron ya 31 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ello, las y los integrantes del mecanismo lamentaron la lentitud del gobierno Federal. Postura que es coincidente con la que hemos manifestado diversas organizaciones nacionales e internacionales. Para el mecanismo, el que altas autoridades aún intenten validar ante la opinión pública la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es inadmisible; pone en duda la buena fé del Estado para con el cumplimiento de la ruta que recomendó el GIEI, y provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares. En este contexto, la CIDH ha urgido al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios. Primero, en examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos, destacando a la Policía Federal y a la policía de Huitzuco, y profundizando en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluyendo las de los ámbitos estatal y federal. Segundo, en realizar el análisis de telefonía y determinar la identidad de actores relevantes hoy sólo conocidos por su alias. Tercero, en profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos, sugerida por el GIEI como posible móvil de los hechos. Y cuarto, en continuar la búsqueda en campo, usando la tecnología que ha mostrado ser útil. Estos puntos, incluidos en las 20 recomendaciones prioritarias del GIEI, suponen reconocer cabalmente que el alcance geográfico y temporal de los distintos ataques contra los normalistas no hubiera sido posible sin el concurso y coordinación de distintos actores, incluyendo a elementos de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a funcionarios de distintos niveles, y a elementos del crimen organizado. No se puede seguir eludiendo esta realidad, encapsulándola ficticiamente sólo en la esfera municipal. No se puede tampoco, si se quisiera proponer como salida a este caso emblemático, pretender que las familias de Ayotzinapa acepten la verdad histórica, según la cual el destino final de todos los normalistas desaparecidos habría sido su incineración en el basurero de Cocula, como sucedió el pasado 17 de marzo, cuando funcionarios del gobierno hicieron en este tenor preguntas abiertas a las familias, en el marco de la Audiencia celebrada en la CIDH sobre este Mecanismo de Seguimiento. El derecho a la verdad se construye investigando a fondo, con una base sólida de respeto y acompañamiento a las víctimas. Jamás sobre supuestos que se han echado por tierra. La violación al derecho a la verdad y la justicia debe detenerse, empezando por rectificar la investigación interna de la PGR a los funcionarios que han cometido irregularidades en el caso, en el sentido expresado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Como es sabido, esta instancia consideró que a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares, se produjo un sospechoso, parcial y lamentable viraje, cuyo resultado final confirió impunidad a quienes cometieron graves irregularidades en el curso de la investigación. Lo que además significó un terrible mensaje de convalidación a las peores prácticas de las fiscalías mexicanas, que contradice frontalmente los esfuerzos de renovar las instituciones en este ámbito. La visita del Mecanismo de Seguimiento es un recordatorio de que Ayotzinapa, emblema de la crisis de derechos humanos que se agrava en México, no puede ser olvidado. La forma en que Ayotzinapa se solucione será un poderoso indicativo de la existencia o ausencia de voluntad política para transformar la impunidad estructural de México. Hasta ahora la injustificable falta de avances significativos es un mal signo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad, que en su conjunto demanda un alto a la impunidad y a la corrupción. Son comprensibles en este contexto la frustración y desesperación de las incansables familias de los normalistas y organizaciones que las apoyan, quienes tienen también ante sí el reto de seguir protestando y exigiendo justicia. Preservando y cuidando al mismo tiempo el incuestionable capital moral que han acumulado a lo largo de más de dos años. Como lo hizo notar la CIDH, la verdad urge y el tiempo se agota. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : Omar David Entradas relacionadas: Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo Día de las trabajadoras del hogar Reacomodo neoliberal del comercio Inconstitucionalidad de la ley Atenco El derecho humano a vivir en paz Un Gramsci para nuestro tiempo Una ley
Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones.
AGRESIONES CONTRA BRIGADA HUMANITARIA MARABUNTA CONTRAVIENEN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTEXTOS DE MANIFESTACIONES. Ciudad de México, 03 de mayo de 2017 El pasado primero de mayo, el equipo de la Brigada Humanitaria Marabunta fue agredido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública al mando de Álvaro Sánchez, con indicativo “Neptuno”, mientras realizaban trabajo de acompañamiento y mediación en movilizaciones, que consiste en establecer canales de diálogo en contextos de conflicto o tensión para evitar se detonen escenarios de violencia. El ambiente era tenso y Marabunta intervino con algunos contingentes, logrando desactivar varios conflictos en varias movilizaciones, sin embargo el ambiente se fue complicando aún más. Durante el trayecto el personal de Marabunta escuchó en repetidas ocasiones a Neptuno decirle a sus compañeros: “En base me dijeron que tranquilo, me está costando trabajo pero estoy haciendo el esfuerzo”. Mientras decía esto, otros testimonios señalan que el mando daba órdenes a su personal para que “en cuanto hubiera oportunidad” detuvieran a personas al azar dentro de los contingentes. Hacia el final de la jornada, la Brigada escoltó a uno de los contingentes y observaron cómo Neptuno tomó una posición de intransigencia: “Estábamos en la entrada de metro Pino Suaréz y Neptuno exigió, además de revisar a los jóvenes que ya se retiraban del lugar de la movilización, que se quitaran las capuchas. Dijo: -Si no los reviso yo, no pasan”. Esto provocó la negativa de los jóvenes y el intento de diálogo del equipo de Marabunta se vio imposibilitado por la actitud de los policías quienes a través de patadas, jaloneos y golpes, esculcaron las pertenencias de los jóvenes y separaron a los integrantes de la Brigada. “A Miguel de Marabunta le pegó una patada un policía. Una de las chicas a las que revisaron reportó que los policías aprovecharon para robarle el teléfono. Además, no es la primera vez que tenemos problemas con Neptuno, tiende a tomar decisiones autoritarias e impulsivas que provocan violencia” El 30 de marzo de 2017 entró en vigor el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para la Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones o Reuniones. Dicho protocolo, redactado en conjunto por autoridades y organizaciones civiles, busca la protección de las y los manifestantes en un intento por solventar las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en la entidad tras los abusos policiacos cometidos en distintas protestas desde el 1o de diciembre de 2012. En el caso de los hechos antes citados, el protocolo no fue respetado en tanto que los manifestantes fueron acorralados a fin de obligarlos a ser revisados aun cuando estaban a punto de retirarse del lugar. Además se vulneraron las disposiciones del mismo Protocolo relativo a la labor de defensa de derechos humanos en razón de que se perpetraron agresiones que se presentaron a través de jaloneos, golpes, patadas y el robo de un teléfono en contra de integrantes de Brigada Marabunta. La presencia y distancia razonable de los contingentes durante el desarrollo de las manifestaciones no se cumplió. El escoltar a un contingente, aunque éste haya aceptado esas condiciones, incumple con el protocolo y está lejos de generar un ambiente propicio para ejercer la libre expresión. Ante este panorama, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige a la SSP de la Ciudad de México se revise la actuación policiaca para que cumpla con lo dispuesto en el Protocolo de Actuación Policial y abandone lo antes posible prácticas como las observadas este 1o de mayo. No es la primera ocasión en que Álvaro Sánchez “Neptuno” se ve involucrado en violencia hacia manifestantes, por esta razón exigimos a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP que supervise la actuación de este mando y genere las condiciones para evitar que se vuelvan a presentar incidentes como los que detalla esta alerta. Del mismo modo, exigimos a la CDHDF conocer del caso y actuar en la medida de sus facultades. Reconocemos que la tarea de mediación que realiza Marabunta, tiene un enfoque sustantivo con perspectiva de juventudes, que necesita condiciones de confianza para que pueda dar resultados, que la palabra empeñada en esos contextos tiene un profundo valor para construir acuerdos que eviten eventos violentos. Nos solidarizamos con nuestras compañeras y compañeros de la Brigada Marabunta y exigimos se generen las condiciones necesarias para el desarrollo de su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional Seguridad Sin Guerra Estado mexicano pretende resucitar TPP Resolución de la SCJN sobre Ley Eruviel determinante para la vigencia de las libertades democráticas en México
FORO: Militarización y juventudes
SOBRE EL EVENTO: Mientras la CIDH no titubea para asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha permitido el aumento de violaciones a derechos humanos, el Estado mexicano a través del Poder Legislativo propone en cambio la legalización de la militarización, y bajo figuras como el de «seguridad interior», llevar a cabo la aprobación de leyes con la finalidad de hacer legal lo ilegal. Desde el Centro Vitoria, invitamos a reunirnos y reflexionar sobre el impacto que la fallida estrategia de seguridad ha tenido en las personas jóvenes y generar un espacio de intercambio de experiencias, reflexiones y saberes sobre la militarización, el derecho a la paz y las alternativas ante el intento de imposición de este modelo. Entrada libre. Evento en facebook PARTICIPAN: Julian Ovalle Fierro, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) Igor Seke, War Resisters´ International Anayeli García Martínez, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Carla M. Lovera González, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A. C. SALA 22 DEL Centro Universitario Cultural (CUC): Odontología 35. Colonia Copilco-Universidad. Ciudad de México, D.F. 06 de mayo del 2017 11:00-15:00hrs Entrada libre Fotografía (Modificada) : Eneas de Troya Contenido relacionado: Ley de Seguridad Interior: detrimento del poder civil frente al poder militar Organizaciones y academia exigen detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas Seguridad Sin Guerra El derecho humano a vivir en paz Recuperando la paz
La vida pública de la Ciudad de México en riesgo
LA VIDA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN RIESGO Ciudad de México, 20 de abril de 2017. Los que suscribimos, Ciudadanos soberanos de la Ciudad de México, nos dirigimos a la opinión pública y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para externar nuestra posición sobre la forma concertada en que diversas instituciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Tribunal Superior de la Ciudad, presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales sobre la recientemente aprobada Constitución de la CDMX. 1.- El contenido del conjunto de los recursos presentados constituye un intento de freno conservador al avance de los derechos y la democracia en la Ciudad de México y, por lo mismo, se convierte en un freno a cualquier avance en el régimen político del país, lo que anticipa la tónica de intolerancia que privará en los comicios del 2018. 2.- El freno que se trata de imponer desde la Presidencia de la República pone en riesgo la institucionalidad de la vida pública de la Ciudad de México, al generar incertidumbre sobre los procesos de regulación legislativa en marcha, a la vez que pone en duda la credibilidad de organismos que debieran ser autónomos, o por lo menos independientes de la misma Presidencia. 3.- Este intento conservador continúa el menoscabo de la soberanía de los habitantes de la Ciudad de México que se nos impuso con la restricción de elegir sólo al 60% de la Asamblea Constituyente, reservándose los poderes constituidos, algunos de los que ahora impugnan su resultado, el 40% de la “representación” de la Ciudad. 4.- No obstante, la restricción anterior, la Constitución aprobada, si bien no refleja todas las aspiraciones democráticas y de garantía de derechos que muchos ciudadanos propusimos, sí es un avance que, entre otros aspectos: i) trata de erradicar la corrupción del poder judicial, ii) establece la revocación de mandato para los funcionarios electos que no cumplan su compromiso con la sociedad que los eligió; iii) aumenta la defensa efectiva de los derechos humanos. Por lo anterior hacemos un llamado a: a)Las autoridades de la Ciudad y a los directamente involucrados en el proceso constituyente, a asumir sin reticencia alguna la defensa de la Constitución de la Ciudad. b)A la SCJN, a no aceptar este atropello a la ciudadanía y desechar los recursos presentados. c)A la ciudadanía de la Ciudad de México, a ejercer el legítimo derecho de soberanía que nos reconoce el artículo 41 de la constitución del país, sobre el cual el dictamen aprobado por el Congreso para su modificación aclaró: “…la Ciudad será considerada en cuanto le competa, el medio a través del cual el pueblo ejerza su soberanía” (C. Diputados, Gaceta Parlamentaria 9/12/2015). La defensa de ésta podrá hacerse, entre muchos otros medios, a través de: i)Cartas a la SCJN dando argumentos, por medio de la figura de derecho internacional Amicus Curiae, para impedir el menoscabo de nuestra soberanía.[1] ii)Informando a toda la sociedad sobre los contenidos de la Constitución de la CDMX y sobre las implicaciones de los recursos interpuestos. iii)Informando a la opinión pública internacional sobre estas acciones concertadas que atentan contra la democracia y contra los derechos humanos. Si estás de acuerdo con estas propuestas adhiérete y si quieres más información comunícate a: endefensaconstitucioncdmx@gmail.com [1] El amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. Habitualmente se presentan amicus curiae en juicios en los que está en juego alguna libertad o derecho fundamental, debido al interés general que provocan en la sociedad este tipo de causas. Es decir, se acostumbran a realizar en litigios en que el asunto controvertido involucra directa o indirectamente a los derechos humanos y, que por tanto, puede incidir o afectar la vigencia o extensión de algún derecho fundamental. https://es.wikipedia.org/wiki/Amicus_curiae Imagen destacada: A.Luna * Imagen: Canal del Congreso Entradas relacionadas: A la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México La Constitución de la CDMX, a debate Nuevo constitucionalismo en la CDMX Ciudadanizar la Constitución Una ciudadanía política, el reto de la nueva CDMX Constituyente y ciudadanía
Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad
ALBAZO: PARTIDO VERDE PRETENDE PRIVATIZAR LOS RECURSOS GENÉTICOS DEL PAÍS CON INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 18 de abril de 2017 -No se reconocen los derechos comunitarios de los pueblos indígenas y campesinos a su territorio y los recursos que en ellos se encuentran. -La Iniciativa no ha sido sometida a consulta previa, libre e informada, de buena fe, en los idiomas de los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Se afectarán gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de pueblos indígenas y campesinos. -Exigimos que el dictamen de la iniciativa se suspenda y se deseche por improcedente. Con una artimaña legislativa las comisiones unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales[1], y la de Estudios Legislativos Primera[2] pretenden dictaminar en fast track la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. La comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas, los y las abajo firmantes, nuevamente hacemos un llamado enérgico de atención para que se detenga esta intentona de privatizar los recursos genéticos del país aprobando la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Esta iniciativa busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en el Título Segundo relativo a la Biodiversidad, que incluye: (a) las áreas naturales protegidas; (b) las zonas de restauración, y (c) flora y fauna silvestre; asimismo, busca aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya e integra también la Ley General de Vida Silvestre (LGVS). Cabe aclarar que la versión presentada por la Senadora, tenía errores en la numeración de los artículos y en la sintaxis. Diversas voces de organizaciones de la sociedad y académicas rechazamos esta Iniciativa y la premura con la cual se quiere aprobar. En este texto se resumen algunas consideraciones por las que nos oponemos a esta Iniciativa, particularmente al Título Segundo, sobre diversidad genética: 1. La biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, para la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, máxime en un país megadiverso como es México, que goza de los beneficios de la misma como un derecho humano básico, no sólo de las generaciones actuales sino también de las futuras. La Iniciativa omite derechos humanos de los ciudadanos enunciados en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contraviene acuerdos internacionales sobre la materia, como es el Convenio de Diversidad Biológica, y de derechos humanos; en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. 2. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos, y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario. 3. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. Podemos citar al maíz, tal vez como la planta más emblemática, pero al menos se podrían anotar 31 especies diferentes domesticadas a lo largo de casi 10 mil años. La Iniciativa no sólo afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural, también lo hará con el patrimonio biocultural del país, hipotecando el futuro y la independencia nacional (más que la venta de PEMEX), dejando en manos de transnacionales y particulares del país la riqueza que hasta nuestros días han conservado los pueblos indígenas y campesinos, quienes sin pedir nunca dinero alguno, se han interesado en el bien común, no el beneficio individual. 4. La Iniciativa pasa por alto el Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana que establece claramente “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación” al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas, y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan los pueblos indígenas, por no haber haber efectuado la más mínima consulta al respecto. La iniciativa violenta también los derechos establecidos en la fracción IV del mencionado Artículo 2º constitucional que establece la obligación a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, así como, la fracción V que define el derecho a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” y la fracción VI que a la letra instituye su derecho “al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y… al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”. 5. La Iniciativa es sólo una norma administrativa para la distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. Establece cómo el presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, En resumen, la Iniciativa se vuelca a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados; dejándolos sujetos a la biopiratería por parte de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares,
Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora
FRENTE POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA PROTESTA SOCIAL DENUNCIA GRAVES RETROCESOS EN LA LEY SOBRE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA EN EL ESTADO DE SONORA. Ciudad de México, 11 de abril de 2017 -La iniciativa de Ley sobre el uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora no restringe tácitamente el uso de armas letales en reuniones. -El FLEPS considera que la ley carece de un enfoque de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunió -El FLEPS externa su preocupación ante el uso de calificativos sobre las reuniones, tales como “ilícitos” y “violentas”. Días después de acontecidos los hechos de la brutal represión con armas largas en contra de población civil desarmada en la carretera hacia Bahía de Kino en Sonora, el Congreso del Estado retomó la discusión de la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, presentada el 26 de octubre de 2016. Dicha iniciativa fue sacada del “congelador” para ser dictaminada el 5 de abril por las Comisión de Justicia y Derechos Humanos y aprobada por el pleno del Congreso al día siguiente, apenas unos días después de aquellos ominosos hechos de abuso policiaco. Destaca que la Ley establece el previo agotamiento de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, además de reconocer los principios básicos en el uso de la fuerza; obliga a los policías a brindar informes detallados sobre el uso de la fuerza; y reconoce los enfoques de seguridad ciudadana y protección al ejercicio del derecho de reunión. No obstante, el FLEPS considera que la Ley carece de un verdadero enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunión. Al respecto, en la sección correspondiente al “Uso de la Fuerza Pública en Reuniones Públicas”, la Ley adopta en el artículo 29 fracciones I, II y III caracterizaciones vagas e imprecisas respecto a las asambleas en el espacio público tales como “reuniones lícitas y pacíficas”; “reunión ilícita pero no violenta”; y “reunión violenta”. El FLEPS considera que éstas categorizaciones pasan por alto el principio de distinción de actos violentos que implican el uso de tácticas para aislar a aquellas personas que cometen actos que pongan en peligro la vida e integridad, respecto de quienes no lo hacen, así como el principio de presunción de legalidad en el ejercicio de derechos, al distinguir entre reuniones lícitas e ilícitas. Así, las calificaciones previas de una protesta, conllevan –en el caso de reuniones ilícitas y violentas– el uso de la fuerza pública como una forma clara de criminalización cuando en la experiencia la idea de violencia puede ser interpretada por los propios policías o sus mandos como cualquier cosa Más preocupante aún es que en las “reuniones violentas” se establece que “sólo podrán usarse armas de fuego”. A pesar de que la Ley acota este supuesto a la actualización de situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas, y prohíbe disparar indiscriminadamente a la multitud, la Ley adopta una definición confusa y demasiado abierta sobre reunión violenta, lo cual permite la arbitrariedad al momento de aplicarse. Al respecto, la Ley se considerará violenta una asamblea “cuando haya concurrencia real de actos delictivos, y la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio”. En este sentido, es evidente que la Ley no prioriza la protección de la vida y la integridad, sino que protege una serie de bienes jurídicos que abarcan demasiadas conductas y que permitirían el uso de armas de fuego, en supuestos demasiado amplios. Posteriormente, en el artículo 30 pretende establecer requisitos para la dispersión de una reunión violenta, mediante el uso de armas incapacitantes no letales. El artículo 30 de la Ley adopta otra definición de reunión violenta, caracterizando así a las reuniones que deliberen armadas “o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se atenta contra los derechos de otras personas, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”. Una vez más se establecen conceptos amplios y ambiguos como “perturbación de la paz pública” o “derechos de las personas” para calificar a una reunión como violenta, además de dejar al criterio de las autoridades qué expresiones o exigencias son pacíficas. Finalmente, el artículo 34 de la Ley establece una definición demasiado amplia de “instalaciones estratégicas”, para cuyo resguardo se deberán aplicar protocolos de uso de la fuerza, e incluso se permite a los elementos de policía armas de fuego. Estas “instalaciones estratégicas”, no son las previstas en la Constitución. Sino que se amplían a servicio público de transporte masivo de pasajeros o de mercancías de importancia para la economía del Estado de Sonora; centros culturales y artísticos, escuelas, museos, teatros, centros de convenciones y demás inmuebles en que se celebren espectáculos masivos de naturaleza educativa, pedagógica, artística o cultural; monumentos bajo el cuidado del Gobierno del Estado de Sonora, federal o locales y los que se consideren como tales por el Gobierno, de acuerdo al artículo 2 fracción XI. Es decir, se prevén una multiplicidad de lugares e incluso la propia autoridad puede decidir discrecionalmente cuando catalogar un espacio como instalación estratégica. Por ello, para el FLEPS resulta urgente que previo a la promulgación y publicación de esta Ley por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se revisen estos aspectos que, de entrar en vigor, pueden derivar en violaciones graves a derechos humanos. Para ello es necesaria una discusión en el marco de un diálogo abierto con diversos actores como movimientos sociales, sociedad civil organizada, y personas expertas en el tema, con la finalidad de adoptar efectivamente un enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía del ejercicio del derecho a la reunión. Frente por
Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio
Las organizaciones y coaliciones de lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC) abajo firmantes rechazamos el intento de los gobiernos de la Alianza del Pacífico y del Mercosur de unificar América Latina bajo el signo del libre comercio. La reunión de presidentes de ambos bloques planeada para este 7 de abril,significa avanzar en la agenda de libre comercio entre nuestros países, la cual nos traerá más hambre y pobreza. Hoy alzamos nuestra voz contra este intento de construir un “nuevo ALCA” que otorga privilegios a las corporaciones y quita derechos a nuestros pueblos. Los TLC y sus efectos no son nuevos para los pueblos latinoamericanos. Nuestras organizaciones han sido parte de la lucha contra el ALCA y el libre comercio en el continente durante los últimos veinte años. Esta experiencia nos permite correr la cortina sobre el mito de los supuestos beneficios de la liberalización comercial.Las consecuencias atroces de la apertura indiscriminada son notorias en los países que ya avanzaron por este camino.En México, se ha pasado a depender del maíz importado de EEUU a partir del TLCAN; en Colombia, el TLC con Corea del Sur está destruyendo la industria de “línea blanca”; en Perú, el sector textil ha sido impactado negativamente por la apertura indiscriminada al entrar en vigencia el TLC con China; en Chile, el neoliberalismo ha tenido como vehículo la firma compulsiva de decenas de acuerdos de liberalización comercial.Estos TLC han significado la reprimarización y desindustrialización de nuestras economías, además de la destrucción masiva de la naturaleza. Estos son sólo algunos ejemplos que muestran que los beneficios del libre comercio no son para las mayorías, sino sólo para los grupos económicos más concentrados que se benefician de que nuestros países se transformen en plataformas de exportación. Los gobiernos neoliberales de América Latina han tomado el dogma del libre comercio como una verdad revelada, sin siquiera mostrar estudios de impacto que puedan reflejar algún mínimo beneficio para las grandes mayorías. Se involucran en negociaciones secretas y a espaldas de las poblaciones pero no pueden justificar cuáles son los supuestos efectos positivos de tal liberalización. Por el contrario, la experiencia nos muestra que la libertad de comercio significa bajar los estándares laborales, sociales y medioambientales para ser “competitivos” y poder insertar a nuestros países en las cadenas globales de valor.Pero todo esto está en el plano del discurso y del deseo: la realidad muestra que el libre comercio es una carrera al precipicio, donde los que pierden son las grandes mayorías y la Madre Tierra. Sabemos que los TLC no son meros acuerdos sobre aranceles, ya que incluyen además temáticas tan sensibles como la propiedad intelectual (patentes de medicamentos, semillas, software, etc.), los servicios (incluyendo salud y educación), las compras públicas, las telecomunicaciones, la agricultura, el comercio electrónico, las inversiones y también las cláusulas que otorgan la posibilidad a los inversores extranjeros de demandar a los países en centros arbitrales internacionales como el CIADI. Estas cláusulas aseguran los derechos de propiedad de los inversores extranjeros, mientras impactan negativamente sobre los aparatos económicos nacionales, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, generando así aumento del desempleo. Es por ello que hoy nos alzamos contra la agenda del libre comercio y los privilegios para las grandes corporaciones. Entendemos que estas políticas sólo plasman legalmente el poder de las empresas transnacionales, dejando de lado los derechos humanos y medioambientales. Por eso rechazamos la agenda de liberalización en todas sus formas: tanto los TLC como la agenda impuesta por la Organización Mundial de Comercio, que este año se reunirá en Buenos Aires para avanzar en la agenda corporativa, contraria a los pueblos. Por ello, exigimos: -Frenar las negociaciones de Tratados de Libre Comercio y Tratados de Inversión entre los países de la región y con terceros países, como la Unión Europea o países asiáticos; -La realización de estudios de impacto de los efectos que el libre comercio ha tenido en los países de la región, analizando sus consecuencias laborales, sociales y medioambientales; -Llamar a un diálogo abierto, transparente y vinculante con las organizaciones sociales, sindicales y políticas de los bloques de la Alianza del Pacífico y el Mercosur; -Avanzar en otras formas de integración regional que no pasen por el libre comercio y la profundización de los privilegios de las grandes corporaciones. ¡No más TLC en la región! Firman: Argentina: Asamblea “Argentina mejor sin TLC” Brasil: Red Brasilera por la Integración de los Pueblos (REBRIP) Chile: Plataforma “Chile mejor sin TPP” Colombia: Iniciativa “TLC al banquillo” México: México Mejor Sin TLC’s. Por una integración democrática y desde los pueblos. Paraguay: BASE-IS Perú: Plataforma “Perú mejor sin TPP” Uruguay: REDES-Amigos de la Tierra Primeras firmas: ATTAC Argentina Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Red Latindadd Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País – México Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. – México Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C – México Medios Comunes – México Imagen destacada : Internet
Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY GENERAL DE BIODIVERSIDAD Ciudad de México, 01 de abril de 2017 –De aprobarse afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales -La Iniciativa se elaboró sin la consulta previa, libre e informada y de buena fe , a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. -Exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad Los abajo firmantes científicos, escritores, organizaciones civiles y productivas llamamos la atención a las y los Senadores integrantes de las Comisiones de Medio ambiente y Recursos Naturales (1) , y la de Estudios Legislativos Primera (2) que pretenden dictaminar la Iniciativa de Ley general de Biodiversidad impulsada por la Senadora Ninfa Salinas. De aprobarse esta iniciativa afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural y que se articulan a los derechos humanos y a la formación pluricultural del país. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica bancos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semi-domesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. En la redacción de la iniciativa deja ver sólo una norma de distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial a los pueblos indígenas. El presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables. La Iniciativa se elaboró sin consulta previa, libre e informada y de buena fe, a los pueblos indígenas, campesinos y a la sociedad en general. Contraviniendo los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Por lo anterior, exigimos que se suspenda este dictamen y se dé cabida a las opiniones de diversos sectores de la sociedad, a través de foros y la consulta previa, libre informada, en las diferentes lenguas de los pueblos indígenas y de buena fe hacia ellos, las comunidades equiparables y la sociedad en general. ATENTAMENTE Organizaciones y movimientos: Caravana de la Diversidad Biocultural. Campaña Nacional Sin Maíz No hay País. Grupo de Estudios Ambientales (GEA). Semillas de Vida. Asociación de Consumidores Orgánicos. Regeneration International. Enlace, Comunicación y Capacitación. Carnaval del Maíz. Greenpeace México, A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A C. Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero A. C. de Tlaxcala. Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la vida en Baja California Sur (compuesta por 36 organizaciones). Personas: Elena Poniatowska. Sergio Aguayo. Víctor Toledo Manzur. Carlos H. Ávila Bello. Luis Felipe Crespo Oviedo. Catherine Marielle. Gustavo Ampugnani. Francia Gutiérrez. Aída Castilleja. Arturo Argueta. Eckart Boege. Luisa Paré. Alberto Betancourt. Adelita San Vicente. Jaime Cuevas. Mercedes López Martínez. Emma Estrada Martínez miembro coordinador de la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural. Carlos Meade de la Cueva de Yaxché, Árbol de la Vida. Amparo Borja de la Rosa de División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Cecilia Jiménez Sierra de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Héctor Mario Aguilar Reyes Coordinador Técnico de Cocodrilianos Sin Fronteras. Patricia Colunga García Marín del Colegio de la Frontera Sur-Ecosur. Sonia Teresa Cruz Vasconcelos estudiante del Colegio de Postgraduados. Licet Olguín Hernández estudiante de maestría CIIDIR-Oaxaca del Instituto Politécnico Nacional. María Angélica Padilla García prestadora de Servicios Técnicos Forestales. Marina Villegas y de Gante jubilada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Marco Antonio Vásquez Dávila del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Mariana Pizarro Cepeda pasante de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Miguel Ángel Pinkus Rendón del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales UNAM. Leopoldo Mohedano Caballero de la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Elada Miriam Aldasoro Maya del Colegio de la Frontera Sur. Guadalupe Yesenia Hernández Marquez consultora particular, Oaxaca. Alba Torres García de la Universidad Autónoma Chapingo. Claudia E. González Romo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Atzin Elihu Calvillo Arriola de Tierra Nueva, A C. Gerardo Rodríguez Quiroz del Departamento de Acuacultura, CIDIR instituto Politécnico Nacional. Eugenio Alberto Aragón Noriegadel Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. María de Lourdes Jiménez Badillo de la Universidad Veracruzana. Aurora Margarita Breceda Solis Camara del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Jorge de Jesús Cancino Hernández del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Patricia Galina Tessaro del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Susana Ochoa Gaona del Colegio de la Frontera Sur – Unidad Campeche. Rodolfo Campos Bolaños del la División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Marisela Cristina Zamora Martínez del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Víctor Iván Sombra Argüelles estudiante en el Colegio de Postgraduados. Alma Rosa Pizano del Departamento de Sociología Rural Universidad Autónoma Chapingo. Lilia Pérez Ramírez de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eréndira Juanita Cano Contreras Doctorante del El Colegio de la Frontera Sur. Gabriela Linares Sosa de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Karina Yanet Hernández Alavavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Josué David Mendoza de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Luz Laila Pérez Alavez de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, Oaxaca, Sociedad Civil. Moisés Martinez Francisco de la
