Organizaciones y academia exigen detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas de seguridad no militarizadas
ORGANIZACIONES Y ACADEMIA EXIGEN DETENER LAS INICIATIVAS DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR Y BUSCAR MEDIDAS DE SEGURIDAD NO MILITARIZADAS Ciudad de México a 14 de febrero de 2016 En el marco de las iniciativas presentadas para dar un marco legal que regule la presencia de las Fuerzas Armadas en el país y la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior, organizaciones de la sociedad civil, así como integrantes de la academia dieron a conocer hoy en conferencia de prensa las preocupantes consecuencias que puede tener la aprobación de dicha Ley. Las víctimas de la militarización de la seguridad pública, organizaciones cívicas e integrantes de la academia, urgimos al Congreso de la Unión a detener de manera inmediata la aprobación de la Ley, ya que al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y la profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas. La Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México. Resulta apremiante que las y los legisladores tomen en cuenta las manifestaciones en contra de la aprobación de esta Ley tanto de organizaciones nacionales, como organismos internacionales por considerarla riesgosa para la población y poco efectiva para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico en 2006. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita in loco en 2015, mostró su preocupación debido al incremento de violencia y de las violaciones a derechos humanos en México, en el marco de la estrategia de seguridad militarizada. La CIDH consideró indispensable que el Gobierno mexicano presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad. De la misma manera, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como parte de sus 14 recomendaciones emitidas a México, expuso la necesidad de promover un enfoque de seguridad pública en línea con los derechos humanos. Tal y como hemos señalado con insistencia, legislar en materia de seguridad interior es inconstitucional y contraria al derecho internacional de los derechos humanos. Ninguna ley puede militarizar la seguridad pública ni restringir o suspender ningún derecho para garantizar la seguridad de la ciudadanía salvo que se trate de decretos emitidos en el marco del artículo 29 constitucional. Ante la falta de un análisis o estudio basado en evidencia empírica que constate, en el contexto actual de México, que la actuación militar es la vía adecuada para garantizar la prevención, investigación y sanción de delitos, urgimos al Congreso de la Unión detenga la aprobación de la Ley. Toda Ley o estrategia aprobada en materia de seguridad debe disponer de bases constitucionales que permitan una efectiva rendición de cuentas, protección de los derechos fundamentales y la creación de recursos efectivos en caso de que se presenten abusos y violaciones. La evidencia hoy disponible muestra graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones, y ejecuciones a manos de militares. Estos casos tendrían que ser tomados en cuenta por las y los legisladores para evidenciar la urgencia de adoptar una Ley que regule el uso de la fuerza, restrinja las tareas de inteligencia, obligue a la transparencia y dote de seguridad a las y los ciudadanos frente a la actuación de las fuerzas armadas, antes de aprobar una iniciativa que legalice que el Ejército realice tareas de seguridad pública como son la detención, la prevención e investigación del delito, como pretende la mencionada Ley. Las organizaciones e integrantes de la academia insistimos en la necesidad latente que las y los legisladores escuchen a las víctimas de la política de seguridad militarizada y realicen un diagnóstico, documentado y debidamente sustentado en evidencia, de los resultados y consecuencias que ha tenido la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública durante los últimos 10 años. Para más información: Mariana Gurrola, Comunicación, CMDPDH comunicacion@cmdpdh.org Tel: (55) 55642582, ext. 114 Narce Dalia Santibañez, Centro Prodh medios@centroprodh.org.mx Tel: (55) 5546 8217, ext 111 Imagen destacada:* Entradas relacionadas: La Colectividad demandante lanza Campaña vs abusos al maíz de México La moneda sigue en el aire para maíz mexicano Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos Frente por la Libertad de Expresión exhorta a todas las autoridades a garantizar la protesta social Cambio de Coordinación General en el “Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. A la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
MANIFIESTO A LA NACIÓN: Construyamos el futuro de México
MANIFIESTO A LA NACIÓN. CONSTRUYAMOS EL FUTURO DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de enero de 2017. Nos hemos convocado para manifestar nuestro descontento y nuestro rechazo ante la situación actual de nuestro país, propiciada por las erráticas decisiones gubernamentales. Pero también nos reunimos para presentar propuestas realistas que hagan frente a la crisis actual, la que se agravará si no tomamos el futuro de México en nuestras manos. Para ello proponemos: 1. El exorbitante aumento al precio de las gasolinas ha detonado un justificado y amplio descontento social. Detrás de estos acontecimientos hay una causa evidente: la crisis económica que está propiciando una crisis social. El hartazgo popular expresado en todo el país es también por el desempleo, la miseria, la demagogia, la corrupción, la impunidad y los privilegios de la clase política y, ahora, por la humillación de que somos objeto por el Presidente de Estados Unidos, con declaraciones y acciones violatorias del derecho internacional. El gobierno de México, el Congreso de la Unión y los partidos políticos no han sido capaces de ofrecer una alternativa digna. No podemos continuar por la desgastada vía de simulación con los pactos corporativos carentes de representatividad y de poder vinculante, en los que no participa la sociedad. Urge rectificar la senda. Para ello es indispensable que como sociedad construyamos el país que anhelamos. 2. Lo que está ocurriendo es claro, el modelo económico y político que se ha seguido, no sólo ha profundizado las brechas sociales, sino que es inoperante y está agotado. Lo peor de la crisis aún está por venir si no actuamos para cambiar las políticas instrumentadas hasta ahora. Urge que la sociedad construya un programa, desde lo inmediato y en el mediano plazo, que sea capaz de contender con la crisis internacional en la que estamos insertos. Un programa que vaya más allá de los intereses de unos cuantos, que se fundamente en la garantía de todos los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales, culturales y ambientales, para toda la población. Derechos que han sido conquistados por los trabajadores del campo y la ciudad, por las mujeres, por los jóvenes y por muchos actores de la sociedad. 3. El punto de partida tiene que ser una nueva política económica y social, que reformule la estrategia energética, que desarrolle fuentes alternativas, que reconstruya PEMEX y que optimice el uso de toda su capacidad instalada, en particular la de refinación, para que así se disminuyan los volúmenes de importación para ofrecer gasolinas a menor precio. Hay que echar atrás las decisiones tomadas que propiciaron el incremento en el precio de los combustibles. Para revertir la reforma, hacemos nuestra y apoyaremos la petición formulada por ciudadanos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en marzo de 2015, ante la negación del derecho a la consulta popular en materia energética. 4. Tenemos que construir el desarrollo sustentable que, centrado en el bienestar social, recupere la capacidad de producción industrial, que esté fincado en el mercado interior y, para ello, favorezca salarios, el poder adquisitivo, la plena ocupación con trabajo digno e igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, erradicando la discriminación por razones de género. 5. Para satisfacer las necesidades alimenticias básicas de toda la población se requiere reactivar la producción del campo, principalmente la de los pequeños y medianos productores con la inversión pública, el financiamiento, la comercialización y la adecuada protección en el mercado internacional. Se debe renegociar los términos de intercambio del capítulo agropecuario del TLCAN y sustituir las crecientes importaciones de granos básicos con el fomento de la producción nacional. Sólo con soberanía alimentaria se podrá negociar dignamente con otras naciones. 6. La reconstrucción nacional a la que convocamos no es sólo económica, requiere que el país levante su mirada con una sólida educación pública, con la recuperación y fomento de la cultura, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. Que se fortalezca la deteriorada salud de la población, no con medidas paliativas sino con instituciones que sean la garantía del derecho a la verdadera seguridad social. Todo ello con igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el campo y la ciudad, los jóvenes y los viejos. 7. La transición política quedó inconclusa. Hacer posible todo lo anterior requiere democratizar el régimen político a través de la supresión de los controles corporativos y con el equilibrio entre poderes y órdenes de gobierno, pero con predominio de la sociedad en las decisiones, que resulte en políticas públicas para la sociedad y no para los intereses de quienes gobiernan. La democracia tiene que llegar al conjunto de las entidades de la federación, no sólo para hacer real la alternancia, sino para hacer valer preceptos como la rendición de cuentas y la transparencia en el funcionamiento de los gobiernos, para hacer efectiva la vigilancia de la ciudadanía que erradique la escandalosa corrupción. 8. La ausencia de seguridad ciudadana es la muestra más clara de la ineficacia del régimen político. La solución no es la militarización del país como lo propone la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que abiertamente rechazamos. Necesitamos terminar ya con la sistemática y reiterada violación a los derechos humanos, demandamos que se aclaren las gravísimas afrentas como las de Ayotzinapa, la guardería ABC, Nochixtlán y Tlatlaya. Que se libere a los presos políticos. Que se termine de una vez con la cruel violencia de género ¡ni un feminicidio más! 9. Lo que hagamos en el país determinará su ubicación en la arena internacional, se debe actuar y, en su caso, negociar con firmeza y dignidad, rindiendo cuentas de lo negociado a toda la sociedad, no sólo a las élites, con ello el gobierno de México se diferenciaría del estilo del gobernante norteamericano que no escucha a los ciudadanos que se manifiestan, ni a las distintas expresiones de la opinión pública. Se requiere de la unidad, pero en torno de un nuevo proyecto de nación. No aceptaremos una negociación en los mismos términos que han conducido a la situación actual. Necesitamos
La Colectividad demandante lanza Campaña vs abusos al maíz de México
LA COLECTIVIDAD DEMANDANTE LANZA CAMPAÑA VS ABUSOS AL MAÍZ DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de enero de 2017. La sociedad mexicana responde a los abusos de la industria en nuestro país Una a una caen mentiras de Monsanto y otras transnacionales usadas durante proceso de Demanda Colectiva contra maíz transgénico Corporaciones buscan a como de lugar, que se levante la prohibición temporal que los jueces han ordenado Durante los tres años y medio de dura batalla legal promovida por la Colectividad demandante integrada por científicos, campesinos y consumidores contra Sagarpa y Semarnat y las transnacionales Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto, estas corporaciones han buscado que se permita la siembra de maíz transgénico con argumentos falsos. Pretenden sembrar millones de hectáreas de maíz transgénico en nuestro país y han mentido en varias ocasiones a los tribunales federales mexicanos. Buscan a como de lugar, que se levante la prohibición de siembra de maíz transgénico que los jueces han ordenado y ratificado por más de tres años. El abogado René Sánchez Galindo enlistó algunos de esos casos: Cambian sus argumentos: El 29 de enero de 2014, la trasnacional Dow, argumentó ante un tribunal de revisión de amparos que la demanda colectiva y la medida cautelar continuaban suspendiendo siembra de maíz transgénico; sin embargo, el 5 de febrero de 2014, una semana después, y sin que existiera ningún cambio en el juicio, la empresa agroindustrial dijo lo contrario a un tribunal de apelaciones. Cambian el tiempo: El corporativo formado por Dupont y Pioneer impugnó la orden judicial que suspende la siembra de maíz transgénico por primera vez el 16 de enero de 2014; sin embargo, dos años más tarde, el 8 de abril de 2016, ante otro tribunal de amparo, pretende hacer creer que es la primera vez que impugna. Cambian lo que confiesan: El 26 de marzo de 2015, Monsanto reconoció ante el Juez federal de acciones colectivas que, tratándose maíz, existe dispersión de genes entre las distintas regiones del país; sin embargo, ante el tribunal de amparo, el 5 de abril de 2016 negó que exista dispersión de genes. Cambian la ley: Ese mismo día y para lograr que un tribunal de amparo levantara la suspensión de cultivar transgénicos de maíz, Monsanto aseguró que la ley autorizó la siembra y que mantener la suspensión era derogar o inaplicar la ley, lo cual es falso ya que en realidad la ley no autoriza la siembra, sólo dice en qué casos podría sembrarse; nueve meses más tarde, el 25 de enero de 2017, para impedir la decisión final del amparo, pidió a la Suprema Corte que interviniera, argumentando que se derogaría o inaplicaría la ley ocultando su falso argumento de que la ley autorizó las siembras. Como lo ha señalado la Dra. Elena Álvarez-Buylla, a 20 años de haberse liberado los transgénicos, los datos son contundentes y corroboran lo advertido por grandes redes de científicos comprometidos con la sociedad y el ambiente. Su siembra implica costos inaceptables en salud pública, y no son equivalentes sustancialmente a los híbridos convencionales. Estudios recientes publicados en Nature y Scientific Reports demuestran que “al intervenir a ciegas en el genoma de un organismo se alteran de maneras incontrolables e impredecibles las complejas redes de proteínas y metabolitos, y no sólo la proteína de interés biotecnológico”. Esto explica que en el experimento conducido por el doctor Séralini en Francia, “las ratas alimentadas con el maíz genéticamente modificado presentaron disminución en longevidad y aumento en tumoraciones cancerosas”. Los estudios reportan “alteraciones en metabolitos como la putrescina (alterado 2.7 veces) y la cadaverina (alterada 28 veces)”, entre otros efectos. Ahora tenemos la prueba irrefutable de no equivalencia sustancial (concepto introducido por la OCDE y avalado por la OMS y la FAO) entre el maíz NK603 y maíz no transgénico. Y como lo destaca el Dr. Emmanuel González-Ortega, dado que ese maíz fue aprobado en México desde 2002, podemos suponer que estamos comiendo maíz transgénico que produce compuestos tóxicos: cadaverina y putrescina, además del glifosato, clasificado como probable cancerígeno por la propia Organización Mundial de la Salud. De levantarse la medida precautoria que suspende la siembra de maíz transgénico en México, los daños a la salud y al bienestar general de las familias campesinas y de toda la población también serían incalculables e irremediables[1]. Aún estamos a tiempo, destacó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales GEA. Al año México produce 22 millones de toneladas de maíz y consume 33 millones de toneladas. La dependencia del exterior es del orden de 10 millones de toneladas anuales. La fracción de la demanda que va al consumo directo como alimento es de 12 a 14 millones de toneladas, que es producida en el país. El país tiene reservas de tierra de labor y de agua dulce y de tecnología para producir casi 60 millones de toneladas. Sin embargo, se requiere invertir en infraestructura hidroagricola en el sureste, donde están las reservas de recursos naturales. Tiene también una gran reserva de híbridos públicos no transgénicos para cubrir el país. Los maíces nativos cubren ya el 70% de las 9 millones de hectáreas sembradas con maíz cada año. Con esos recursos México tiene todo el potencial para alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin depender de importaciones, así lo indicó el Doctor Antonio Turrent de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Las y los campesinos estamos en la defensa y protección del maíz nativo porque significa defender y garantizar nuestra soberanía alimentaria a través de la siembra del sistema milpa ya que nuestro maíz nativo convive con otras plantas como son el frijol, la calabaza, el haba, los quelites entre otras arvenses. Al mismo tiempo se integran prácticas agroecológicas cuidando y respetando al medio ambiente, revalorando los saberes indígenas y campesinos desde nuestra cultura e identidad. Por todo esto no oponemos a la siembra de maíz transgénico, señaló Emiliano Juárez Franco del Grupo Vicente Guerrero. Adelita San Vicente Tello, representante común de la Colectividad,
CONVOCATORIA: Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos 2017
SOBRE LA ESCUELITA: El Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP» A.C. invita participar en la 15ª Generación de la Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos La Escuela para Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos (EDJDH) es un proyecto que fundó y acompaña el Centro Vitoria. Con el paso de una década y media, esta escuela se ha convertido en un espacio que pretende articular y entretejer diversos saberes de las juventudes que participen en ella, para ser intercambiados, socializados y compartidos con y entre las comunidades, con la finalidad de acompañarnos en la defensa y promoción de nuestros derechos humanos, y en la construcción de un mundo más justo y digno. A partir de la experiencia compartida entre las y los jóvenes defensores, consideramos que es importante que toda nuestra formación y trabajo compartido nos lleve a ampliar horizontes del saber, reconociendo en el otro y la otra su capacidad para aprender y enseñar de manera horizontal y comunitaria. REQUISITOS: 1. Tener entre 18 y 29 años 2. Enviar solicitud de ingreso a los correos: edupromo1@derechoshumanos.org.mx, edupromo2@derechoshumanos.org.mx 3. Acudir a una entrevista en las oficinas del Centro Vitoria (Odontología 35 Col. Copilco-Universidad Del. Coyoacán. Ciudad de México) (Mapa) previa cita tras el envío de la solicitud de ingreso. 4. Asistir a una de las sesiones informativas: 24 de febrero de 17:00 hrs a 19:00 hrs; 25 de febrero de 11:00 hrs a 13:00 hrs. 5. Registrarse antes del 22 de febrero de 2017 6. Disponibilidad de tiempo los sábados a partir de marzo hasta octubre de 2017. 7. Cuota de recuperación simbólica. SOLICITUD: Contenido relacionado: Proyecto. EDJDH 2013. Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos. 10 años de formar defensoras y defensores jóvenes en Derechos Humanos 2010. Manual para Promotoras y Promotores Juveniles en Derechos Humanos 2010. El ABC de los DESCA: Manual de Promoción y Educación
Desafíos del contexto actual para la articulación de una agenda socio-eclesial común
SOBRE EL EVENTO: En un contexto latinoamericano marcado por la violencia creciente y por gobiernos entregados a la corrupción y las políticas neoliberales que han desplomado nuestras economías y ante un contexto religioso de crecientes fundamentalismos con cada vez más injerencia en las políticas públicas, vemos la importancia de realizar un encuentro de análisis y discernimiento socio-eclesial con actores sociales y religiosos interesados en la construcción de una agenda común que perfile una ruta de trabajo a favor de los derecho humanos, el Estado laico y la reconstrucción de la paz social. Es por ello que extendemos la presente invitación a acompañarnos en este espacio de construcción colectiva que tendrá lugar los días 23 y 24 de Febrero de 2017 en el Hotel NH ubicado en Calle Palma 42, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nuestro encuentro tiene como objetivos analizar de una manera sistemática los temas y situaciones que nos preocupan como ciudadanos y como iglesias comprometidas con el bien común y los derechos humanos de todas y todos; una puesta en común del análisis y trabajo que cada sector realiza como iglesias y/o organizaciones comprometidas; y la construcción de una agenda común de trabajo inter-eclesial donde demos respuesta a la defensa de los derechos humanos, al estado laico y la reconstrucción de la paz social, respondiendo a la misión profética y de justica social que nos congrega. Paneles magistrales abiertos a todo el público. Para la participación en toro el Encuentro es indispensable la inscripción previa que debe solicitarse al correo: observatorioeclesial@gmail.com Más información: Observatorio Eclesial (Web) Observatorio Eclesial (Facebook) HOTEL NH: Palma 42, Centro Histórico. Ciudad de México, D.F. Contenido relacionado: Seguridad pública militarizada Medida cautelar por el maíz criollo La diversidad biocultural en la COP Seguridad interior y víctimas Las mujeres y los Desca Territorialización de la reforma energética Agua, ciudad y protesta social Ilegalidad e injusticia agraria Ciudadanos y constitución de la CDMX Diálogos sobre protesta social
Experiencias de participación de mujeres defensoras de los DESCA
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.22″][et_pb_row _builder_version=»3.25″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.25″ custom_padding=»|||» custom_padding__hover=»|||»][et_pb_text _builder_version=»4.7.3″ _module_preset=»default» hover_enabled=»0″ sticky_enabled=»0″] El Centro de Derecho Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. (Centro Vitoria), es una organización civil aconfesional y apartidista sin fines de lucro que cuenta con una experiencia de más de 30 años en la defensa y promoción de los derechos humanos. Las labores de educación, promoción, defensa e investigación que ha realizado el Centro Vitoria en los últimos años se han focalizado en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), a nivel nacional o en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y con un énfasis en las personas y comunidades que experimentan mayor exclusión y discriminación. El Centro Vitoria, al acompañar a los movimientos sociales y a las víctimas de violaciones a derechos humanos, reconoce que la participación de las mujeres en la defensa y exigibilidad de los DESCA es fundamental para que la lucha social alcance los objetivos que se haya propuesto. A partir de estos trabajos es que el Centro Vitoria decidió para 2016 enfocar su trabajo en materia de DESCA en las mujeres que los defienden. Se realizó el proyecto “Encuentro de Mujeres Defensoras de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de los Estados de Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala y Estado de México”. Aquí se pudo contar con la participaron de mujeres procedentes de las entidades antes mencionadas, quienes compartieron sus experiencias en la defensa de los DESCA e identificaron algunas herramientas que pudiesen fortalecer a las luchas en las que participan. El encuentro se configuró como un espacio donde las mujeres pudieron reflexionar sobre cómo el género es un elemento de gran peso en la vida de las personas y qué implicaciones tiene en las mujeres que exigen y defienden los DESCA, con esto último pudieron identificar un área que muchas no habían tomado en cuenta: su seguridad personal, lo que les permitió trabajar cuestiones de autocuidado desde una visón sorora. A su vez, las mujeres pudieron conocer algunas experiencias de defensa de derechos humanos desde la perspectiva de género como la labor de la organización Mujer y Medio Ambiente A.C. El espacio tuvo la oportunidad de generar un diálogo intergeneracional pues hubo las voces de mujeres jóvenes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. También se compartieron experiencias desde las identidades indígena y la no indígena en la defensa de los derechos a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al trabajo y laborales, al medio ambiente, a la tierra y al territorio, sexuales, reproductivos y a una vida libre violencia. Además del encuentro, el proyecto contempló la realización del presente texto a manera de informe, el cual en su primer apartado, desarrolla un marco teórico sobre los DESCA y la Perspectiva de Género, un análisis de la política pública (agenda pública) a nivel internacional y nacional sobre el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y, una descripción de problemas estructurales que afectan la vida de las mujeres como lo son la pobreza y la violencia de género. El segundo apartado recupera en la medida de lo posible, las experiencias de defensa de los DESCA que las participantes del encuentro llevan a cabo, colocándolas en un marco de análisis de la situación del derecho en cuestión. Esta información se complementa gracias a que también se realizó un material audiovisual donde las mujeres defensoras comparten lo ya mencionado, e invitan a otras mujeres a sumarse a la lucha por la defensa de la dignidad. Cabe señalar que el Centro Vitoria no es una organización que se especialice en materia de género y los derechos de las mujeres, por lo que la realización de este proyecto representó un reto para el Centro Vitoria pero también una oportunidad de acercamiento con los movimientos de mujeres y las apuestas políticas emanadas desde los feminismos. Sin embargo, su historia en la defensa y promoción de los derechos humanos la ha llevado a reconocer la importancia que tiene el construir espacios de encuentro para las distintas luchas sociales. Para las mujeres defensoras, estos espacios deben partir del principio de sororidad donde puedan fortalecer sus procesos organizativos y su participación política. 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La moneda sigue en el aire para maíz mexicano
LA MONEDA SIGUE EN EL AIRE PARA MAÍZ MEXICANO Ciudad de México, 26 de enero de 2017. • Magistrados retiran proyecto de sentencia, se pospone votación • Aún continua la suspensión de siembra de maíz transgénico • Monsanto recurre a artimañas, pasa de las mentiras a la presión al poder judicial El pasado lunes el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México dio a conocer que hoy jueves 26 de enero, resolvería la impugnación que Monsanto y las demás corporaciones presentaron en contra de la suspensión de siembra de maíz transgénico que se encuentra vigente para todo el país desde el 17 de septiembre de 2013. Sin embargo, sorprendentemente, los magistrados del Tribunal retiraron el proyecto de sentencia, y por lo tanto se pospone la resolución. De acuerdo con la declaración de René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad ciudadana, la repercusión más importante es que se mantiene la suspensión: “la moneda sigue en el aire y mientras la moneda esté en el aire no habrá siembra de maíz transgénico en el país”. Por otro lado, denuncia que la industria transgénica encabezada por Monsanto primero le mintió al poder judicial, lo que ha venido haciendo con la presencia ilícita de transgénicos, y ahora lo presiona al presentar un escrito sobre quién va a decidir esta importante resolución sobre el futuro del maíz. El representante legal de la Demanda colectiva pidió a Monsanto dejar de mentir y presionar y confió en que jueces, magistrados y ministros se van a mantener sin dejarse presionar. Ante la jornada del día de hoy en los tribunales, Adelita San Vicente Tello expresó que la Colectividad va a tomar medidas -porque no podemos permitir que estas empresas actúen de esta manera sobre el poder judicial que es un poder independiente, que ha dado muestras de tener resoluciones positivas para toda la población en materia de defensa del maíz. Las acciones que emprenderá la Colectividad serán dadas a conocer el próximo martes 31 de enero en conferencia de prensa. oOOo Declaraciones de René Sánchez Galidndo, representante legal de la Colectividad y de Adelita San Vicente Tello, representante común de la Colectividad http://demandacolectivamaiz.mx/wp/2017/01/26/26-de-enero-de-2017-la-moneda-sigue-en-el-aire-para-maiz-mexicano/ La Conferencia de prensa de la Colectividad del Maíz se llevará a cabo el martes 31 de enero en 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a las Cibeles. Información del litigio: René Sánchez Galindo : 044 55-5436-4248 Informes: Francia Gutiérrez : 0445539226898 Entradas relacionadas: Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales Medida cautelar por el maíz criollo Sin Maíz No Hay País. Redes. Por el maíz y la milpa Día Nacional del Maíz Las mujeres y los Desca Ilegalidad e injusticia agraria Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Condenamos la violencia e impunidad contra personas defensoras de DDHH; es deber del Estado garantizar derechos
CONDENAMOS LA VIOLENCIA E IMPUNIDAD CONTRA PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH; ES DEBER DEL ESTADO GARANTIZAR DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 25 de enero de 2017 En el contexto de la visita oficial del Sr. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil expresamos un enérgico ¡Ya Basta! de violencia cometida contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por parte de actores estatales y de otro tipo. Especialmente grave resulta el asesinato del defensor Isidro Baldenegro, -Premio Goldman- justo cuando la visita oficial daba inicio. Desde la Sociedad Civil saludamos esta importante visita, así como la disposición del Relator Forst para reunirse con una amplia diversidad de personas defensoras, tanto en la Ciudad de México como en Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Recordamos que, en el contexto de la Declaración sobre las personas defensoras de derechos humanos de la ONU, es responsabilidad estatal garantizar el derecho a defender derechos humanos. Cabe destacar que ante el Relator, expresamos las dificultades y los obstáculos que enfrentamos personas, organizaciones y periodistas para desarrollar nuestra labor. Ante ello, resulta indispensable que el Estado mexicano se comprometa a cumplir las recomendaciones del relator Forst, de las cuales destacamos los siguientes aspectos: Investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras de derechos humanos, en el sentido de que policías de todos los niveles, militares y marinos forman parte de quienes les agreden. Es imprescindible garantizar medidas de reparación y no repetición. Fortalecer el Estado de Derecho en el país, combatiendo la corrupción e impunidad que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado, mismas que derivan en la violencia contra personas defensoras. Cumplir las recomendaciones de las instancias de DH internacionales para retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar con ello las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los últimos años Emprender una política de reconocimiento a las personas defensoras, a la labor de defensa de los derechos humanos y a la libertad de opinión y expresión, evitando y condenando su desacreditación pública, Cumplir plenamente con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Garantizar la inclusión de las personas defensoras en los proyectos legislativos relacionados con tortura, desaparición y seguridad interior. Evitar la presentación y aprobación de leyes restrictivas de los derechos, especialmente de la libertad de expresión y de asociación sindical, así como el uso de definiciones ambiguas que criminalizan, como “ataques a la paz pública”. Demostrar su voluntad política mejorando el funcionamiento, fortaleciendo la solidez institucional e incrementando la participación de la sociedad civil en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Integrar un enfoque multicultural y colectivo para el Mecanismo en términos de la atención y protección que ofrece, así como de los análisis de riesgo para comunidades indígenas, ya que los enfoques rurales y remotos requieren un enfoque diferente al urbano. Adoptar políticas específicas de protección a personas y colectividades defensoras indígenas, mujeres, desplazadas y LGBTI. Mejorar el trabajo de los Organismos Públicos de Derechos Humanos y su participación en la protección de las personas defensoras. Incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; sobre la consulta y decisión de las comunidades; así como que se incluya a las y los defensores en las decisiones y el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los proyectos. Asegurar procesos de consulta significativos sobre aquellos proyectos que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. Asegurar que las y los inversionistas y las empresas cumplen con sus responsabilidades en materia de derechos humanos y que se sancionan a las empresas asociadas con violaciones contra los defensores, tanto en el país como en el extranjero. Consideramos que para que dichas recomendaciones sean cumplidas, se requiere una participación activa de la Sociedad. En un contexto de violencia, impunidad y corrupción generalizada, en donde las respuestas por parte de los actores estatales resultan ineficaces e insuficientes, y sólo incorporando a las y los agraviados se logrará conseguir avances. Finalmente, exigimos al Estado mexicano que renueve la invitación al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Atentamente Organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH) Agenda LGBT Albergue Tochan Article 19 Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL) Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) Cauce Ciudadano Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. (CEDEHM) Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos Paso del Norte Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. CIC-Propuesta Cívica Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH) Colectiva de Mujeres de la CIudad de México Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Comité Cerezo México Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos» Comite de Solidaridad y DH Monseñor Romero Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Comunidad Magdala Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano de Derechos
Se mantiene la suspensión de siembra de maíz transgénico en México a pesar de las impugnaciones de las corporaciones trasnacionales
SE MANTIENE LA SUSPENSIÓN DE SIEMBRA DE MAÍZ TRANSGÉNICO EN MÉXICO A PESAR DE LAS IMPUGNACIONES DE LAS CORPORACIONES TRANSNACIONALES Ciudad de México, 12 de enero de 2017. Por mandato judicial se ha mantenido la suspensión de la siembra comercial de maíz transgénico en todo el país desde septiembre de 2013 La Colectividad demandante pelea cuatro impugnaciones de las corporaciones contra la sentencia de amparo Siembras experimentales y piloto -con medidas de contención y fines de investigación científica- NO han obtenido permisos En el séptimo informe presentado a nombre de Adelita San Vicente Tello, la Representante de la Demanda Colectiva Maíz, se dan a conocer a la sociedad los resultados que se han alcanzado en la defensa de los maíces nativos mexicanos ante el riesgo que genera la siembra de maíz transgénico en el país. La Demanda ha logrado que por mandato judicial se suspenda la siembra de maíz transgénico en todo el país desde septiembre de 2013 hasta la fecha. Sin embargo, la Medida Precautoria que posibilitó este triunfo frente a cinco transnacionales: Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto; ha debido sortear varias impugnaciones y etapas judiciales de agosto de 2013 hasta octubre de 2016, cuando iniciaron los trámites de los últimos cuatro recursos de revisión presentados por la industria, cuyo resultado sigue pendiente. Actualmente se tramitan cuatro impugnaciones, denominadas recursos de revisión, que promovieron las corporaciones contra la sentencia de amparo que ratificó la Medida Precautoria el 8 de marzo del año pasado. Frente a ellas se espera que se cumpla la finalidad de la Demanda colectiva, que consiste en que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y los de los pueblos originarios. La colectividad demandante la integran científicos de primer orden que han argumentado sobre las afectaciones que se causarían con la siembra de maíz transgénico en México como el Dr. Antonio Turrent, el Dr. Víctor Toledo, La Dra. Patricia Moguel y el Dr. Luciano Concheiro; asimismo la firman defensores de derechos humanos como el Padre Miguel Concha y sobretodo basa su evidencia en los hechos que han observado en las comunidades las organizaciones campesinas, indígenas y de apicultores. Entre otras cabe señalar a la Tosepan Titaniske que agrupa a 35,000 familias en la Sierra de Puebla, a la ANEC integrada por productores de maíz de 8 estados; el Grupo de Estudios Ambientales y Alternativas y Procesos de participación Social con más de 35 años cada una de experiencia en campo. Boletín de prensa DCM26-12012017 12 enero de 2017 2 El abogado René Sánchez Galindo enfatizó que “los permisos pre comerciales y comerciales están suspendidos por mandato judicial; mientras que los permisos con medidas de contención y con finalidad científica se encuentran sujetos a vigilancia y control judicial. Los reportes mensuales, que por orden judicial emiten SAGARPA y SEMARNAT de mayo a diciembre de 2016, señalan que los trámites para autorizar siembras experimentales y piloto NO se han actualizado, y por tanto, NO se han otorgado permisos. Se espera que el Juzgado federal ejerza la facultad de vigilancia que estableció el tribunal de apelaciones en el caso de que la SAGARPA reiniciara trámites para otorgar permisos con medidas de contención y fines de investigación científica. En tal caso, los abogados de la Colectividad presentarían solicitudes de vigilancia, opiniones de especialistas e impugnaciones legales, según corresponda, evitando que la vigilancia judicial se relaje. Preliminarmente ya se tramitaron tres recursos de revocación; estas impugnaciones siguen pendientes de resolución.” La Colectividad demandante durante la etapa de pruebas preparó y ofreció tres escritos con diversas propuestas de pruebas, propuso cuatro pruebas periciales, con sus respectivas audiencias de interrogatorios verbales. En materia de los peritajes se trata de las afectaciones que se causarían con la siembra de maíz transgénico en México. También se presentaron al juzgado estudios científicos, diversos informes oficiales (INECC, SENASICA, CONABIO, Consejo Consultivo de la SEMARNAT, y otro más de la Organización Mundial de la Salud), y se solicitó que se tomara en cuenta todo lo que los demandados han reconocido. Destaca el Informe que sólo la Colectividad propuso peritajes, que la industria demandada, al igual que el gobierno, presentaron sólo documentos aunque “la industria demandada pretende utilizar como prueba una carta de premiados con el Nobel, una carta que carece de firmas escritas, que se refiere a la biotecnología en general, cuestión que no se discute en este juicio colectivo, el debate judicial se centra en la siembra de maíz transgénico en su país de origen, México. La carta hace referencia al arroz transgénico en África, cuestión irrelevante para nuestra demanda colectiva. Ante dicha maniobra de las trasnacionales demandadas, se solicitó al Juzgado la oportunidad de interrogar en audiencia a dos de los laureados. El Juez rechazó nuestras periciales así como todos los interrogatorios verbales propuestos. Como respuesta el cuerpo jurídico de la Demanda Colectiva promovió inmediatamente apelación y el juicio quedó suspendido hasta la resolución del recurso.” oOOo Demanda Colectiva del Maíz Información del litigio: René Sánchez Galindo : 044 55-5436-4248 Informes: Francia Gutiérrez : 0445539226898 Imagen destacada: Eneas de Troya Entradas relacionadas: Sin Maíz No Hay País. Redes. Por el maíz y la milpa Día Nacional del Maíz Las mujeres y los Desca Ilegalidad e injusticia agraria Persisten violaciones al derecho a la consulta del Pueblo Maya sobre soya transgénica
Organizaciones y especialistas expresan su preocupación ante posible imposición de una Ley de Seguridad Interior contraria a los derechos humanos
ORGANIZACIONES Y ESPECIALISTAS EXPRESAN SU PREOCUPACIÓN ANTE POSIBLE IMPOSICIÓN DE UNA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR CONTRARIA A LOS DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 10 de enero de 2017. El día de hoy, en el Senado de la República, comenzaron formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, en una reunión con representación de ambas Cámaras y del Ejecutivo. Desde la perspectiva de las organizaciones y especialistas que suscribimos la presente, estamos ante el inicio de lo que podría ser un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza para los derechos humanos y el Estado de Derecho. En este sentido, reiteramos que la reglamentación del concepto de seguridad interior, en los términos a los que hoy se allanaron de forma coincidente las fracciones del PRI, del PAN y del PRD, incumpliría abiertamente la Constitución. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico. El día de hoy, los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en señalar que aspiran a que, al cabo de esta discusión, se apruebe un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense”. Además de las preocupaciones por el fondo conceptual de la discusión, es igualmente grave el formato con el que hoy comenzaron las discusiones. En la mesa del Senado no estuvieron representados todos los partidos y fueron excluidas las perspectivas críticas. La inclusión de especialistas fue parcial y condicionada a la de un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial. Con el precedente que hoy se genera, queda anunciado un debate precipitado y poco diverso que socavará las bases democráticas de una discusión que, por su propia naturaleza, tendría que ser dotada de la máxima publicidad y pluralidad. En ese sentido, exigimos que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos. A nadie escapa que a diez años de la guerra contra el narcotráfico el país es hoy más violento que hace una década por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como hoy se dijo en el Senado, evidente. Empero, es también claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo, no por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan. Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, llamamos a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas. Es fundamental profundizar la discusión, hoy tibiamente señalada por el PRD, en el sentido de que debe priorizarse –como lo ha recomendado la ONU- el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, que se acompaña de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad. El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década. Organizaciones Sociales: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C. Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. Instituto De Liderazgo Simone de Beauvoir A.C. México Unido contra la Delincuencia Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana) Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia
