Carta Abierta al Señor Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá
CARTA ABIERTA AL SEÑOR JUSTIN TRUDEAU. PRIMER MINISTRO DE CANADÁ. Ciudad de México, 02 de octubre 2017 Las organizaciones que firmamos esta carta, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle que sea abordada la alarmante situación por la que atraviesa México en materia de derechos humanos e impunidad, en la próxima reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto en el marco de su visita a nuestro país los próximos 12 y 13 de octubre.Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías. Los saldos de esta estrategia de seguridad han sido devastadores. Desde el 2006, la Procuraduría General de la República (PGR) ha contabilizado 5,910 averiguaciones previas por tortura y las Fiscalías de los estados han registrado al menos 6,262. No obstante, hasta el momento solo existen 8 sentencias condenatorias en torno a este grave delito. Así mismo, ocurren hechos extremadamente violentos y atentados contra el derecho a la vida a un nivel intolerable. Desde el 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 77 recomendaciones en las que se documentan hechos de asesinatos. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que, de acuerdo a cifras oficiales, se han registrado más de 150 mil homicidios intencionales entre el 2006 y 2015. Por otro lado, existe un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en gran parte del territorio de México, y existen serias dificultades para la prevención, investigación y sanción de las mismas, así como para la búsqueda de las personas desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 32,943 personas desaparecieron desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8,525 mujeres y 5,985 menores de edad. Por su parte, la PGR sólo ha iniciado 598 averiguaciones previas por este delito y hasta el momento solo se han emitido 9 sentencias condenatorias por desaparición forzada. De manera preocupante, de acuerdo a datos de 19 procuradurías estatales del país, existe un total de 1,075 fosas clandestinas y 2,014 cuerpos exhumados del año 2007 al 2014. La violencia e impunidad, además ha propiciado el desplazamiento interno forzado de al menos 310,527 personas dentro del país. Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes. En particular, nos preocupa que gran parte de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en México, se cometan bajo un contexto de militarización de la seguridad pública. Hemos documentado una actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas: el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas. En ese sentido, aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra preocupación por la aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México. Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía llegando a ampliar las facultades para que el Ejército y la Marina puedan tener competencias ministeriales y judiciales. Tememos que, con esta Ley, la autoridad civil termine cediendo a las acciones militares y de que se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Por otro lado, la población migrante en tránsito es también altamente afectada sin que a la fecha se cuente con cifras oficiales y al menos tres masacres de migrantes documentadas, con cerca de 314 víctimas, permanecen aún en la impunidad. De igual manera, nos preocupa la ausencia de medidas preventivas y de investigación efectiva, así como la permanencia de todo tipo de violencia y discriminación, contra mujeres, siendo el feminicidio la máxima expresión, la violencia cometida contra niños, niñas y adolescentes, personas LGBTTTI, pueblos indígenas y pueblos en defensa de su territorio ancestral. A ello se suma las constantes violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto de la actividad empresarial. Así mismo, desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo, se han registrado 38 asesinatos de periodistas, lo anterior, a pesar de que el mandatario anunció oficialmente en mayo de 2017 las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores”. Pese a ello, en lo que va del 2017, 11 asesinatos en contra de periodistas han sido documentados, 6 de ellos corresponden a mujeres periodistas. Esto demuestra que las acciones anunciadas por el presidente parecen solo actos de retórica sin indicadores de impacto efectivo. En tanto, 106 personas defensoras han sido asesinadas y 81 desaparecidas, lo que evidencia que las acciones del Estado para promover y proteger la defensa de derechos humanos no han sido efectivas a pesar de los compromisos asumidos. Es importante destacar, que las agresiones que enfrentan en México las y los periodistas y las personas defensoras, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje, son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas. Señor Primer Ministro, en momentos tan difíciles como los que definen hoy la situación de México, hacemos un llamado para que Canadá, país cuyo pilar de la democracia se ha basado en el respeto de los derechos humanos, promueva el respeto de los mismos con sus países
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Admite SEGOB solicitud de Alerta de Género para la Ciudad de México
ADMITE SEGOB SOLICITUD DE ALERTA DE GÉNERO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 09 de octubre de 2017 -ONG exigimos la conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de seguimiento, con profesionales en investigación criminal con perspectiva de género y conocedoras de la problemática de desaparición y trata de mujeres Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C. organizaciones peticionarias de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, con el acompañamiento del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todas y Todos”, manifiestan el beneplácito luego de la admisión de dicha solicitud, realizada el pasado 6 de septiembre de 2017. La admisión es un paso hacia garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, las siguientes acciones tendrán que realizarse con apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que dicho derecho sea garantizado de manera efectiva. Ejemplo de ello, es la conformación de el Grupo de Trabajo que realizará la investigación sobre el contexto de violencia feminicida e impunidad en la Ciudad de México, como se prevé en el artículo 36 del Reglamento de la LGAMVLV. Como organizaciones peticionarias, exhortamos a las autoridades federales a que se garantice la conformación de dicho Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de expertas con profesionales en investigación criminal con perspectiva de género y conocedoras de la problemática de desaparición y trata de mujeres. La convocatoria difundida por el Gobierno Federal el pasado 5 de octubre, deberá cumplir con dichos requisitos a fin de implementar medidas de prevención, seguridad y justicia que elimine dichas problemáticas en la Ciudad de México. Cabe recordar que de 2012 a 2016 las autoridades capitalinas reconocen como feminicidios 260 casos, pero esos datos reflejan sólo aquellos casos que el Ministerio Público tuvo la voluntad de investigar y tipificarlos como tal, lo que no necesariamente responde al total de asesinatos de mujeres (feminicidios y homicidios dolosos). Las organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres, estaremos atentas de las acciones que implemente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para eliminar el contexto de violencia feminicida, desaparición y violencia sexual contra las mujeres en la Ciudad de México, pues estamos convencidas de que existe una falta de reconocimiento y dimensión real por parte de las autoridades de la problemática que impera; así como el incremento de las formas crueles en los feminicidios y el aumento considerable en el número de desapariciones que podrían estar vinculadas con trata de mujeres. Si bien la Ciudad de México destacó por su avanzada en la protección de los derechos de las mujeres: tipificó el feminicidio como delito autónomo, y cuenta con un Protocolo Especializado para la investigación ministerial, pericial y policial del delito de feminicidio, actualmente vive un estancamiento que violenta la vida e integridad de las mujeres por lo que estaremos atentas para que las autoridades federales, procedan de manera cabal y den respuesta favorable, rápida y eficaz a la solicitud y problemática que viven las mujeres en esta ciudad. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Para mayor información: Atziri Ávila. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | Entradas relacionadas: Organizaciones exigimos información y certezas sobre edificio de Bolívar esquina Chimalpopoca después del sismo. El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio
Organizaciones exigimos información y certezas sobre edificio de Bolívar esquina Chimalpopoca después del sismo.
ORGANIZACIONES EXIGIMOS INFORMACIÓN Y CERTEZAS SOBRE EDIFICIO DE BOLÍVAR ESQUINA CHIMALPOPOCA DESPUÉS DEL SISMO Ciudad de México, 02 de octubre 2017 Debido al sismo del martes 19 de septiembre del presente año, el edificio que se encontraba en la calle Bolívar 168, colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc, se colapsó. En torno a este predio, se han documentado una serie de irregularidades e información respecto a este sitio y al actuar de las autoridades en torno al mismo. La mala gestión de la información por parte de las autoridades para documentar y brindar información sobre las condiciones de este inmueble, el motivo del colapso y las personas que allí se encontraban durante y después del sismo, ha causado especulaciones que carecen de información acreditada, oficial y certera respecto a los hechos en el lugar, provocando incertidumbre en la sociedad e incluso a nivel internacional. Durante las labores voluntarias de rescate y de remoción de escombro por parte de ciudadanas y ciudadanos, se hizo evidente la falta de coordinación de las autoridades que hicieron presencia en el lugar (Policía Federal, policía de la Ciudad de México, elementos de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas), tanto entre ellas mismas como con la sociedad civil y la ciudadanía. Las autoridades no dieron ni han dado información sobre las personas que se encontraban en el predio, las labores de rescate, la presencia de maquinaria en el lugar ni las motivaciones para suspender la búsqueda; esto provocó tensiones al punto de que el viernes 22 de septiembre se produjo un altercado entre granaderos y las brigadas solidarias que se encontraban removiendo escombros y recogiendo acopio para las zonas afectadas por el sismo. Existen varias versiones confusas y contradictorias sobre quién utilizaba el predio en cuestión. Por otro lado, varios medios y periodistas de investigación independientes han dado cuenta de que en Bolívar 168 se encontraban varias empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de juguetes, ropa y cámaras de seguridad[1]; pero hasta la fecha, no hay información clara de quiénes eran las personas que se encontraban laborando dentro del edificio en el momento del colapso ni de quiénes eran los dueños del mismo. Asimismo, de acuerdo con un trabajo periodístico, se reportó que el predio se encuentra relacionado con la Procuraduría Agraria, perteneciente a la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano[2]. Debido a las irregularidades y opacidad en el actuar de las autoridades en torno al lugar y a la información poco clara sobre las víctimas que se encontraban en el edificio, las organizaciones exigimos a las instancias y autoridades correspondientes, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, información contundente que dé cuenta de, al menos, las siguientes preguntas: ¿Cuántas personas se encontraban presentes cuando ocurrió el sismo y se derrumbó el lugar? ¿Cuántos cuerpos se encontraron en el lugar? ¿Cuántas personas sobrevivieron ilesas al derrumbe? ¿Cuántas personas están heridas a raíz del derrumbe y cuántas de ellas, sobrevivientes, fueron atendidas por servicios médicos? ¿En qué lugar están siendo atendidas y cuál es su situación? ¿Cuántas personas que se encontraban en el edificio no han sido localizadas o han sido reportadas como extraviadas? ¿Cuántas de las personas que fueron encontradas eran de nacionalidad distinta a la mexicana? ¿Cuáles son las representaciones consulares de otros países a las que han dado información? ¿Qué autoridades se están coordinando para poder dar información clara y oportuna a las y los familiares de quienes se encontraban en el edificio? ¿Quién o quiénes son las personas dueñas o responsables del edificio? ¿Quiénes eran las personas que laboraban ahí y qué labores realizaban? ¿En qué empresas u oficinas trabajaban? ¿Por qué el Estado mexicano, a dos semanas del sismo, no ha dado ninguna información? ¿Quién es la autoridad o autoridades que se encargarán de dar información a la sociedad, personas afectadas y sus familiares? Exigimos que se abra una investigación en torno a la supuesta relación que existe entre este predio con una instancia del Gobierno Federal. El acceso a esta información es importante y necesaria para generar certidumbre tanto en la sociedad mexicana como en la comunidad internacional que se ha solidarizado ante esta emergencia y pudieran tener connacionales víctimas, garantizando en todo momento el respeto pleno e irrestricto a los derechos humanos. Ello también es especialmente relevante para las personas que se han visto afectadas e involucradas de manera directa o indirecta con las actividades que ahí se realizaban y con las labores de rescate y documentación sobre derechos humanos. Atentamente: Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C., ProDESC. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, PODER. Red Internacional de Migración y Desarrollo Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. [1] .- http://www.sinembargo.mx/28-09-2017/3317892 [2] .- http://www.proceso.com.mx/504893/fabrica-caida-en-chimalpopoca-vieja-conocida-del-gobierno Imagen destacada : Alberto Ledezma Entradas relacionadas: El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
El Reglamento de la Ley de Movilidad inhibe el Derecho a la Libertad de expresión y a la Protesta Social
EL REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVILIDAD INHIBE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y A LA PROTESTA SOCIAL Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017 Con la publicación del artículo 220 del Reglamento de la Ley de Movilidad se contradicen los acuerdos y avances logrados con Sociedad Civil sobre Protesta Social. El pasado 15 de septiembre, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que establece en su artículo 220 la obligación de dar aviso sobre las marchas y reuniones que tendrán lugar en la capital del país por medio de un escrito con una serie de requisitos que pueden dejar vulnerables a las personas que se manifiestan, además de mitigar el ejercicio de la protesta social. De esta manera, el Gobierno de la Ciudad de México, además de contradecir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver en 2016 que el aviso previo no era condición para ejercer el derecho a manifestarse públicamente, además contradice las propias posturas del gobierno capitalino, como la incorporación del Derecho a la Protesta en la Nueva Constitución de la Ciudad de México y otras disposiciones legales en las que se generan mejores condiciones para el ejercicio libre y pleno de la protesta social, a partir del diálogo mantenido con las Organizaciones de la Sociedad Civil para lograr avances en la materia. La Ley de Movilidad fue publicada el 14 de julio de 2014, y contiene disposiciones que restringen las libertades de expresión y reunión en contextos de protesta social a través de sus artículos 212, 213 y 214. Debido a esto fue impugnada por las comisiones de derechos humanos, tanto nacional como del Distrito Federal, a través de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN. Además, desde el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) en coordinación y colaboración con diversos actores, promovió en su momento juicios de amparo en su contra en los que jueces federales determinaron que los artículos 212, 213 y 214, son inconstitucionales por violar los derechos a la libertad de expresión y reunión.[1]. Finalmente, el 11 de agosto de 2016, la SCJN resolvió las Acciones de inconstitucionalidad 96/2014 y 97/2014, determinando que estos artículos son constitucionales, pero debiendo realizar una interpretación conforme con la Constitución Federal y los tratados internacionales[2]. Si bien la SCJN no declaró inconstitucional el artículo 212 (referente al “aviso previo”), le dio sentido a través de las siguientes líneas interpretativas: 1) el aviso nunca debe constituir una autorización; 2) no debe contener mayores requisitos que lo vuelvan burocrático, debiendo ser una mera notificación; 3) puede darse o no el aviso previo, aún así, las autoridades siempre están obligadas a proteger y garantizar los derechos humanos; 4) el término “perfectamente lícito” debe entenderse conforma al artículo 9 constitucional, que regula las “reuniones pacíficas con objeto lícito”; 5) el Estado no debe calificar previamente ninguna manifestación o expresión; 6) las manifestaciones espontáneas se encuentran totalmente protegidas. A pesar de este antecedente, el Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal desobedece lo dictado por la SCJN al establecer que las manifestaciones “deben tener un fin perfectamente lícito” y que “es necesario dar aviso previo” por medio de un escrito donde se solicitan, para que “las autoridades presten las facilidades necesarias para las manifestaciones públicas”, una serie de requisitos: nombre completo de la persona que organiza, nombre de la manifestación, hora de inicio y conclusión, lugar y ruta, número estimado de asistentes, número y tipo de vehículos a utilizar. Es decir, impone la necesidad de dar aviso, sin considerar la existencia de manifestaciones espontáneas y estableciendo requisitos desproporcionales para el ejercicio de un derecho, incluso generando la posibilidad de calificar de manera previa las protestas, su contenido y sus participantes. Lo anterior, en claro incumplimiento a los estándares internacionales y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que al hacer referencia a la Ley de Movilidad, señaló expresamente que “recomienda a los Estados que todavía exigen autorización o permiso previo para la realización de manifestaciones y protestas en espacios públicos enmendar la normativa nacional a fin de eliminar este requisito y establecer expresamente la presunción general en favor del ejercicio de este derecho.”[3] Además, resulta sumamente alarmante que el actual Gobierno establezca medidas restrictivas y regresivas para el uso del espacio público exigiendo información que puede ser utilizada contra las personas que ejercen su derecho a la protesta, intención que fue evidente durante los dos primeros años de gestión de la actual administración y pareció cambiar a partir de 2015 con los cambios en la titularidad de Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, surge la preocupación por la omisión de los esfuerzos de diálogo que ha impulsado FLEPS con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobierno; siendo que la agenda de este Frente, partiendo de la buena fe, ha buscado acuerdos para garantizar todos los derechos implicados en el ejercicio de la protesta social. En este sentido se logró la elaboración y publicación -el 29 de marzo pasado- del Protocolo de la SSPCDMX para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones y Reuniones. De la misma manera, se construyó un Protocolo para la Secretaría de Gobierno para la Concertación Política en el Contexto de Reuniones y Manifestaciones, aún sin publicar y entrar en vigor. En suma y apelando a los esfuerzos que han servido para incidir en la garantía de los derechos a la libertad de expresión y de reunión, esperamos desde el FLEPS, que se modifiquen todas aquellas disposiciones del nuevo Reglamento de la Ley de Movilidad que restrinjan de manera injustificada, innecesaria y desproporcionada los derechos de reunión y libertad de expresión. En caso contrario, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y/o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpongan de nueva cuenta una acción de inconstitucionalidad para evitar que se
ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México
ONG piden Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México 07 de septiembre de 2017 -Estancada la Ciudad de México en la defensa de los derechos de las Mujeres -La revictimización, estigmatización, la falta de la debida diligencia y la impunidad: caldo de cultivo que violenta a las mujeres en la Ciudad de México A pesar de que la Ciudad de México destacó por su avanzada en la protección de los derechos de las mujeres: tipificó el feminicidio como delito autónomo,[1] y cuenta con un Protocolo Especializado para la investigación ministerial, pericial y policial del delito de feminicidio[2], actualmente vive un estancamiento que violenta la vida e integridad de las mujeres. Según información oficial proporcionada en el informe presentado por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México (PGJCdMX) ante el Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Feminicidio, del 1 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, es decir en sólo 7 meses, se registraron 101 casos atendidos por el laboratorio de genética forense.[3] De 2012 a 2016 las autoridades capitalinas han reconocido como feminicidios 260 casos: 17 en la Delegación Álvaro Obregón; 3 en Azcapotzalco; 7 en Benito Juárez; 18 en Coyoacán; 6 en Cuajimalpa; 24 en Cuauhtémoc; 29 en Gustavo A. Madero; 9 en Iztacalco; 59 en Iztapalapa; 5 en Magdalena Contreras; 12 en Miguel Hidalgo; 6 en Milpa Alta; 16 en Tláhuac; 22 en Tlalpan; 11 en Venustiano Carranza y 16 en Xochimilco. Sin embargo, las cifras reconocidas por la PGJCDMX sólo considera aquellos casos en los que el Ministerio Público tuvo la voluntad de investigarlos y tipificarlos como feminicidio, y no necesariamente responde al total de asesinatos de mujeres (feminicidios y homicidios dolosos) perpetrados. Organizaciones no gubernamentales hemos identificado también un aumento en las formas violentas de los asesinatos de mujeres en la Ciudad de México, una extrema saña en sus cuerpos, quitándoles la vida con disparos de arma de fuego; a través de métodos que implican el uso excesivo de la fuerza física, como: asfixia, golpes, o fueron degolladas o apuñaladas[4]. En la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida que se ve agravado con la inadecuada atención a las víctimas y la falta de debida diligencia en las investigaciones, que se convierte en un mecanismo de impunidad y permisividad. A ello se suma la desaparición de niñas y mujeres, que constituye una problemática grave y forma parte de la violencia feminicida a visibilizar para erradicar. En respuesta a la solicitud realizada a la Unidad de Transparencia de la PGJCDMX, las autoridades capitalinas informaron que de enero de 2015 a diciembre de 2016, se reportaron 2494 mujeres como ausentes o extraviadas, de las cuales se localizaron 1836, y quedan 644 mujeres pendientes de localizar, el 60% entre 0 y 17 años de edad.[5] Existen también diversos informes e investigaciones que visibilizan el incremento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la Ciudad de México, lo que muchas veces es invisibilizado y no investigado por las autoridades capitalinas y que pudieran estar vinculadas a la trata de personas y al crimen organizado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en su informe La Ciudad de México de cara a la Novena Comparecencia ante el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer[6], señaló que una de las violaciones más graves y frecuentes hacia los derechos humanos de las mujeres que fueron motivo de expedientes de queja investigados por la CDHDF entre 2013 y 2016 es la desaparición forzada pero pese al incremento de las desaparición de las mujeres en la Ciudad de México, el portal oficial de Alerta Amber, señala que de 2015 a 2017 únicamente se activó 9 veces, de las cuales 8 casos eran de niñas. Ante la falta de debida diligencia y de perspectiva de género, así como las omisiones y negligencias observadas de forma generalizada, a partir de los casos y del análisis estadístico de la impunidad en los mismos, las organizaciones firmantes solicitamos a la Secretaría de Gobernación y a las autoridades capitalinas: -La emisión de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México. -Reconocimiento real de la problemática que impera en la Ciudad de México en donde el feminicidio y sus formas crueles han incrementado en los recientes años. -Además de las medidas que determine el Grupo de trabajo, se establezca un mecanismo de supervisión técnica y operativa, conformado por un grupo de expertas/os en investigación criminal, que evalúe las actuaciones integrales que prevé el Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio en todos los casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios, desde la entrada en vigor del Protocolo. -Actualizarse y adecuarse a los nuevos estándares de protección a los derechos de las mujeres nacionales e internacionales a fin de garantizar de manera efectiva el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Las organizaciones peticionarias y que acompañamos la solicitud de la Alerta de Género, vemos en este mecanismo la posibilidad para que las autoridades de la Ciudad realicen acciones firmes para garantizar los derechos de las mujeres sin pretextos ni dilaciones. Atentamente: Justicia Pro Persona A.C. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todas y Todos» Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) [1] Decreto publicado el 26 de julio de 2011 en la Gaceta del Distrito Federal. En el reconoció las razones de género a través de hipótesis objetivas para su acreditación. [2] Publicado mediante Acuerdo A/017/2011 el 25 de octubre de 2011. [3] Informe de actividades relativo al periodo de 01 de noviembre de 2016 al 30 de junio de 2017, Oficio No 102/100/942/2017, suscrito por el Coordinador General de Servicios Periciales. [4] Ídem [5] Folio de transparencia 0113000180517 del 8 de mayo de 2017. [6] Disponible en http://CDHDF.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/Informe-Anual-2016-vol4-Mujeres.pdf — Para mayor información: Atziri Ávila. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | www.observatoriofeminicidiomexico.org.mx – Jorge
ONG repudian ascenso de quienes obstaculizan el acceso a la justicia en la Ciudad de México
ONG REPUDIAN ASCENSO DE QUIENES OBSTACULIZAN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 31 de agosto de 2017 El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) manifiestan su indignación ante el ascenso de Marco Enrique Reyes Peña, quien se desempeñaba como titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) para ahora desempeñarse como Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales[1]. Como organizaciones no gubernamentales nos preocupa que se “premie” a servidores públicos cuyos resultados no han sido tangibles ni a favor de la garantía de los derechos humanos, sino que contrario a ello, han obstaculizado el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias. En los casos de feminicidio, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio tiene grandes pendientes por resolver como el multihomicidio y feminicidios en la colonia Narvarte o el reciente feminicidio de la joven universitaria Lesvy Berlín Rivera Osorio, por mencionar algunos ejemplos de casos que han merecido el repudio nacional e internacional y que aún están impunes. El pasado 10 de julio de 2017 familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y sus representantes pidieron la destitución de las y los funcionarios públicos de la Ciudad de México responsables de la alteración del lugar donde ocurrieron los hechos y de las violaciones a derechos humanos cometidas desde el inicio de las investigaciones, sin embargo, en lugar de la investigación de sus responsabilidades son ascendidos y premiados. Cabe mencionar que Araceli Osorio, madre de Lesvy Rivera Osorio y su representación legal, requirieron al entonces titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, se imputara a Jorge Luis González por el delito de feminicidio pero esta solicitud fue negada por lo que el feminicida de Lesvy Rivera fue imputado y vinculado a proceso por homicidio simple doloso por omisión; lo que mantiene la postura oficial de el supuesto suicidio y niega la responsabilidad de la pareja de Lesvy. Como organizaciones defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, manifestamos nuestra preocupación por las acciones y decisiones que ponen en riesgo el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y que contrario a ello, revictimizan a quienes buscan acceder a la justicia. Manifestamos que la negativa, negligencia y omisión de juzgar con perspectiva de género violenta los derechos de las mujeres, por lo que hacemos un llamado a las autoridades capitalinas para tomar las acciones necesarias para que los feminicidios en la Ciudad de México no queden impunes. ATENTAMENTE Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (conformado por 40 organizaciones de 22 estados del país). Para mayor información Atziri Ávila, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Cel.9512536082 ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org.mx @OCNF | FB: OCNFeminicidio México | www.observatoriofeminicidiomexico.org.mx Jorge Aguilar, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 @CDHVitoria http://derechoshumanos.org.mx/ [1] Edmundo Garrido anuncia nuevos nombramientos en la PGJ-CDMX, 24 Hrs, disponible en: http://www.24-horas.mx/edmundo-garrido-anuncia-cambios-en-la-estructura-de-la-pgj-cdmx/ Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia
Carta de Consejeras y Ex-Consejeros de la CDHDF sobre proceso de elección de nueva presidencia Ciudad de México Agosto de 2017 Dip. Leonel Luna Estrada Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. Dip. Luciano Jimeno Huanosta Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura. P r e s e n t e s Quienes suscribimos la presente, un grupo conformado por algunas y algunos Consejeros y Exconsejeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF), nos dirigimos respetuosamente a ustedes a efecto de hacer referencia a la conclusión del cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo como presidenta de la CDHDF, quien fue designada para el periodo 5 de noviembre de 2013 al 31 de octubre de 2017. En razón de ello, y en términos de lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que establece la competencia de la ALDF para el nombramiento de la persona que presidirá dicho organismo autónomo, manifestamos lo siguiente: Recuperar el piso mínimo de credibilidad en éste organismo autónomo, dependerá del perfil de la o el ombusperson que se designe, para ello resulta necesario que la persona que encabezará los trabajos de la Comisión demuestre cabalmente que cuenta con una amplia trayectoria y vasto conocimiento en torno al tema de derechos humanos, así como las cualidades gerenciales para establecer un modelo de gestión que coloque nuevamente a la institución como un organismo de contrapeso y un referente, como en gestiones anteriores, de las Comisiones locales por el impacto nacional e internacional que generaron sus actividades. Consideramos relevante señalar, la espiral de debilitamiento institucional que se ha generado durante los últimos cuatro años, es evidente la nula articulación y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) las cuales, junto con la academia y la ciudadanía, son actores clave para el fortalecimiento, promoción y educación de la cultura de los derechos humanos. Las OSC han contribuido históricamente con un arduo trabajo que se traduce en acciones concretas en favor de la agenda de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad. En esa lógica, reiteramos que el rol pasivo que ha establecido el organismo como un espectador de graves violaciones a los derechos humanos, así como la falta de incidencia en temas del orden legislativo que abonen efectivamente a la agenda pendiente de los derechos humanos, claramente, han restado fuerza a la Comisión. Adicionalmente, ponemos el acento en los problemas internos que han caracterizado a la gestión que concluye. Los constantes movimientos de personal han tenido como consecuencia habituales prácticas de acoso y hostigamiento laboral, gran cantidad de despidos injustificados, rotación excesiva de personas con perfiles deficientes en puestos estratégicos del cuerpo directivo —Seis Secretarios Ejecutivos, dos Directores Ejecutivos de Administración, Tres Coordinadores de Investigación en Derechos Humanos (Uno de ellos con quince días en el cargo), dos Directores de Comunicación, por mencionar algunos, y lo más grave –en detrimento de eficiente política de austeridad y racionalidad–, la erogación aproximada de cuarenta millones de pesos destinada al pago de liquidaciones del personal. En la misma lógica, resulta indispensable que la persona electa para presidir la Comisión asuma un compromiso verdadero para colaborar y reposicionar la figura de su Consejo como un espacio de reflexión e intercambio amplio de opiniones para establecer de manera conjunta los lineamientos generales para las actividades de este organismo. El detrimento de esta figura, así como la limitada interlocución e interacción con la Presidencia actual de la institución, ha repercutido directamente sobre el prestigio de la Comisión. Es así que hacemos patente nuestra preocupación por el rumbo que durante estos cuatro años ha tomado la CDHDF. Reiteramos respetuosamente la necesidad de reconfigurar al organismo como un espacio cercano a la ciudadanía, a la academia, a los organismos internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil, pero sobretodo un organismo público autónomo con un proyecto de gestión —articulado, progresista y colaborativo— que abone a la defensa efectiva y pleno goce de los derechos fundamentales de las personas que habitan y transitan la Ciudad de México. En virtud de todo lo anterior y considerando la inviabilidad para un segundo periodo de gestión, solicitamos a la ALDF que, en términos de lo dispuesto en el artículo 106 de su Ley Orgánica, convoque a los organismos no gubernamentales, entidades, instituciones y personalidades que estime convenientes y que se han distinguido en la promoción y defensa de los derechos humanos, a proponer a un candidato o candidata para hacerse cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Firman: Elena Azaola Garrido, ex Consejera. José Antonio Caballero Juárez, ex Consejero. José Luis Caballero Ochoa, ex Consejero. Miguel Concha Malo, ex Consejero. Santiago Corcuera Cabezut , ex Consejero. Denise Dresser Guerra, ex Consejera. Tania Espinosa Sánchez, Consejera. María de los Ángeles González Gamio, ex Consejera. Clara Jusidman Rapoport, ex Consejera. Ernesto Lopez Portillo Vargas, ex Consejero. Nancy Pérez García, Consejera. Nashieli Ramírez Hernández, ex Consejera. José Woldenberg Karakowsky , ex Consejero. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Carta Pública de Araceli Osorio a las y los Integrantes del Consejo Universitario de la UNAM.
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM 10 de Julio de 2017 Por medio de la presente les saludo cordialmente, deseándoles éxito en sus actividades como representantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de manifestarles lo siguiente, en virtud de estar directamente relacionado con su labor como consejeros/as universitarios/as: I. El día 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria fue encontrado el cuerpo sin vida de mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante y parte de la comunidad universitaria. II. El 11 de mayo del presente año la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, a través del Boletín UNAM-DGCS-324, informó sobre la conformación del Grupo de universitarias expertas en violencia de género, que contribuiría al desarrollo de las investigaciones del caso. III. El 26 de junio de 2017, en la Gaceta UNAM, se publicó un Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género en el que reconocieron a Lesvy Berlín Rivera Osorio como estudiante universitaria, además de exigir que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México actuara con la debida diligencia y respeto a los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, en el comunicado referido las académicas informaron sobre la realización de gestiones para la organización de un acto público de redignificación de la memoria de mi hija en la Universidad. IV. Mediante oficio del 5 de julio de 2017 dirigido al Rector Enrique Graue, solicité la preservación del lugar de los hechos para garantizar la intangibilidad de los elementos, rastros o indicios que aún permanecen ahí y para evitar cualquier pérdida, destrucción, alteración o contaminación del mismo. En el mismo documento pedí la emisión de un acuerdo o la implementación de un mecanismo jurídico para que las autoridades universitarias preservaran el lugar de los hechos con el propósito de esclarecer el feminicidio de Lesvy, garantizar el acceso a la justicia y no repetición de los hechos, la sanción a los responsables, la memoria y la reparación integral del daño. V. El 10 de julio del 2017, por medio de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Grupo de académicas expertas en perspectiva de género publicó un segundo comunicado donde expresaron su preocupación por la actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México puesto que realizó su trabajo al margen de los protocolos para la investigación del delito de feminicidio y con ello revictimizó a mi hija Lesvy Berlín Rivera Osorio y a la familia obstaculizándonos el acceso a la justicia. Entre las exigencias del grupo de expertas en género se encuentra la observancia del debido proceso, investigar el delito con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio, cumpliendo con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales y la jurisprudencia obligatoria «1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, derivada del caso Mariana Lima Buendía, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres la primer línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio. VI. El 10 de julio del 2017 se publicó también un comunicado de la Comunidad Académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM (CIEG) quienes, de igual manera que el grupo de expertas en género, se inconformaron con las conclusiones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y exigieron el esclarecimiento de los hechos colocando el feminicidio como principal línea de la investigación. En ese tenor, hago de su conocimiento el extrañamiento de la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio porque no fue preservado adecuadamente el lugar de los hechos e incluso fue modificado pues, durante el periodo vacacional, se colocó un nuevo cable y auricular en la caseta telefónica donde el feminicida privó de la vida a mi hija. Por lo anteriormente expuesto y en virtud de las facultades que ustedes tienen como integrantes del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, les solicito atentamente manifestar su conformidad con las siguientes peticiones dirigidas a ustedes y al Rector Enrique Graue: PRIMERO. Suscribir un acuerdo por el que se declare como sitio para la preservación de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio y de las demás víctimas de feminicidio en México, el lugar donde se ubica la caseta telefónica, delimitado por el pasillo verde frente al edificio 4 del Instituto de Ingeniería y el edificio 2 del mismo Instituto en Ciudad Universitaria. SEGUNDO. Realizar el acto de dignificación pública de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio, reconociéndola como miembro de la Comunidad Universitaria, como medida de no repetición de la violencia feminicida y de reparación del daño a la dignidad de mi hija, de sus familiares y de la comunidad universitaria. TERCERO. Pronunciarse para que las instituciones que procuran e imparten justicia busquen el pleno esclarecimiento de los hechos, actúen con la debida diligencia, investiguen, juzguen y sancionen los hechos con perspectiva de género. CUARTO. Pronunciarse por la erradicación de la violencia de género en la UNAM. Sin otro particular aprovecho para enviarles un cordial saludo, esperando su favorable y pronta respuesta. Ciudad Universitaria a 30 de agosto del 2017 ¡No fue suicidio, fue feminicidio! ¡Justicia para Lesvy! Atentamente ARACELI OSORIO MARTÍNEZ Madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de
La CDHDF que queremos
La CDHDF que queremos. Existe un alto cuestionamiento público de si la CDHDF cumple en la actualidad su mandato de promover y defender los derechos humanos en esta Ciudad. Una Comisión que durante varios años se destacó como un referente nacional en la materia, hoy se percibe con una baja presencia pública y como un actor distante de las víctimas, sus familiares, de las organizaciones sociales y civiles y también de los problemas que aquejan a quienes aquí vivimos o transitamos. Se procuró desde sociedad civil, como en todas las administraciones que han pasado por la CDHDF, promover el diálogo y una alianza con la Comisión, pero desafortunadamente se han diluido los espacios estratégicos de diálogo y no se han incentivado sinergias para impulsar conjuntamente luchas o propuestas encaminadas a fortalecer la agenda de derechos humanos de la Ciudad o a visibilizar los nuevos problemas que la aquejan. La actual administración de la CDHDF evidencia acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía, se cuestiona la capacidad de gestión interna, se ha distanciado de las víctimas, sociedad civil y academia, que han sido críticas del desarrollo de una serie de acciones en las que se han señalado las incongruencias respecto al mandato de la Comisión y además, ha disminuido el papel estratégico del Consejo Consultivo. A continuación, se esbozan algunos hechos que fortalecen los argumentos señalados: Atención a víctimas Existe una política institucional de trato selectivo de los casos que da lugar a que sólo en pocos de ellos se realicen recomendaciones, a pesar de que cientos lo requerirían para que se solicite la reparación del daño a las víctimas. Esta política es contraria a la normatividad de la CDHDF, sin embargo, existe desde el inicio del funcionamiento de la institución, y se ha sostenido por la actual presidencia a pesar de conocer sus consecuencias negativas para los derechos humanos desde 2014. El uso selectivo de las recomendaciones produce los siguientes problemas: se invisibilizan las violaciones de derechos humanos; se obstaculiza la reparación del daño para víctimas que lo necesitarían en cientos de casos; y se genera el incremento de expedientes en trámite (lo que se ha denominado como “rezago” y que implica mantener abiertos los expedientes por años, muchos de los cuáles eran sencillos de investigar), el cual sólo puede disminuir forzando las conclusiones mediante prácticas irregulares que evitan la emisión de las recomendaciones que jurídicamente corresponderían tras la investigación de las violaciones de derechos humanos denunciadas. De esta forma la emisión de recomendaciones se sujeta a agendas establecidas discrecionalmente por quien preside la institución. Por ello, la actual administración de la CDHDF, en lugar de atender la causa estructural del “rezago”, ha preferido presionar al personal para que concluya los casos, profundizandose prácticas contrarias a los derechos humanos en la investigación de los casos. El cierre extraordinario de casos no significa necesariamente eficacia o justicia. De esta forma, el año 2016 tuvo el cierre de expedientes más drástico en la historia de la CDHDF, habiendo concluido más quejas (9,903) que las recibidas (8,196) en ese año. Forzar la conclusión de casos ha empeorado la situación de la atención a víctimas, la cual ya era de por sí complicada por la selectividad en la atención de casos y emisión de las recomendaciones, lo que se ha reflejado, por ejemplo, en un incremento inusitado en 69% en el cierre de expedientes con la causal “sin elementos suficientes”. La estrategia de atención al rezago de la actual administración está en la conclusión de expedientes principalmente los que tienen más años abiertos, ya que esta administración busca referir que el “rezago” es culpa de las anteriores administraciones mientras se busca cómo cerrar los casos sin una verdadera estrategia de atención y de investigación exhaustiva. Hay una percepción de ex colaboradoras y ex colaboradores de la misma Comisión de que se fuerza a las víctimas para conciliar y poder concluir casos donde se acreditaron violaciones de derechos humanos, ejemplo de ello son los casos de Carlos Sinhué y el referente a invasión de giros en la Central de Abastos. Es preocupante que ni siquiera en los casos donde finalmente se emitió una recomendación por considerarlos casos relevantes se hace acompañamiento en una estrategia de defensa, como el caso Narvarte o en el litigio estratégico ante sistemas regionales de derechos humanos (caso Jesús Ángel Gutiérrez Olivera), entre otros. En otras administraciones esto se realizaba, acompañando los casos de una estrategia en medios y en algunos casos continuando con la emisión de informes especiales. Hay además una omisión de incluir en los puntos recomendatorios acciones para reparar violaciones a derechos humanos determinadas en las mismas Recomendaciones. Por ello hay una marcada percepción de distanciamiento entre las víctimas con la Comisión, donde es recurrente la ausencia de investigación de los casos; el favorecimiento al desistimiento de las quejas; el propiciar conciliaciones que favorecen a la autoridad y no a la víctima; la falta de atención y trato digno a las víctimas y/o sus familiares. A esto habría que añadir que, frente al supuesto rigor técnico de las Recomendaciones emitidas, éstas han sido criticadas duramente por falta de cobertura en cuanto a los derechos humanos violentados, además de que en ellas no se solicita la reparación integral del daño. Esto, por ejemplo puede observarse en las recomendaciones 03/2017 (sobre derecho a la vida en relación a dos personas privadas de la libertad, respecto las cuales no se solicitó ninguna medida de satisfacción) 04/2017 (sobre 14 personas que perdieron la vida en reclusorios, respecto de las cuales no se solicitaron medidas de satisfacción ni rehabilitación para sus familiares), 16/2017 (sobre condiciones de trabajo de policías de la PGJDF, donde no se solicitó ninguna medida de compensación, ni de satisfacción), o la 17/2017 (sobre derechos laborales de 31 policías auxiliares en que no solicitó medidas de compensación, ni rehabilitación, ni satisfacción). De esta manera, a pesar de que existe una selectividad en el uso de las recomendaciones,
