Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF
Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF. La CDHDF que queremos. -La CDHDF debe volver a ser un referente nacional en la materia -La actual administración de la Comisión muestra acciones y omisiones que ponen en riesgo su autonomía -Sociedad civil llama a no reelección y elección de una nueva presidencia que fortalezca su autonomía y capacidades del organismo Organizaciones de la sociedad civil llamamos a realizar un proceso transparente y ciudadano para la elección de una nueva persona titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Es apremiante superar la imagen de una Comisión autorrestringida, ensimismada y aislada. Para lograrlo es indispensable la no continuidad de Perla Gómez Gallardo al frente de la CDHDF, así como dotar de legitimidad el proceso de elección y elegir un perfil idóneo que blinde a la Comisión y atienda sus necesidades institucionales profundas e históricas. Les exigimos a las y los tomadores de decisión la no reelección y el paso a un proceso transparente, objetivo e imparcial, que considere los tiempos necesarios para garantizar un proceso participativo y no un proceso de negociación opaco como el que caracterizó la pasada designación. Existe un alto cuestionamiento público de si la CDHDF cumple en la actualidad su mandato de promover y proteger los derechos humanos en esta Ciudad. La evolución de la Comisión, que durante varios años logró destacarse como un referente nacional en la materia, hoy se percibe con una baja presencia pública y como un actor distante de las víctimas, sus familiares, de las organizaciones sociales y civiles, y de los problemas que aquejan a quienes vivimos o transitamos en la Ciudad de México. Se procuró, desde sociedad civil, como en todas las administraciones que han pasado por la CDHDF, promover el diálogo y un trabajo constante con la Comisión, desafortunadamente, durante la administración que termina se han diluido constantes espacios estratégicos de diálogo y no se han incentivado sinergias para impulsar conjuntamente luchas o propuestas encaminadas a fortalecer la agenda de derechos humanos de la Ciudad, a visibilizar los nuevos problemas que la aquejan. La actual administración de la CDHDF ha cometido acciones y omisiones que ponen en riesgo la autonomía de la institución y generan distancia de las víctimas, que la alejan de las organizaciones de la sociedad civil y academia; sectores que han sido críticas al señalar sus incongruencias respecto del mandato de la Comisión y señalado deficiencias en la atención a víctimas, en la gestión interna, en su relación con su Consejo Consultivo, en su autonomía y en general con la relación con víctimas y sociedad civil. Tomado en cuenta lo anterior, organizaciones de la sociedad civil , diversas personas y víctimas nos pronunciamos por el fortalecimiento de la Comisión. Creemos que ésta debe seguir representando un punto de referencia y vanguardia en materia de vigilancia, promoción y protección de los derechos humanos en la Ciudad y en el país a través de un proceso de elección de una nueva presidencia que fortalezca la autonomía y capacidades del organismo. ORGANIZACIONES y COLECTIVIDADES FIRMANTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO: 06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez Académicas en Acción Crítica Afluentes SC Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. ASILEGAL Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A.C. Católicas por el Derecho a Decidir A.C. Cauce Ciudadano A.C. Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Circo Volador Colectiva Las del Aquelarre Colectivo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México Colectivo Siglo XXI Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. Documenta. Análisis y acción para la justicia social A.C. El Caracol A.C. Efecto Útil. Monitoreo de Organismos Públicos de Derechos Humanos A. C. Escuela Latinoamericana de Actoria Social Juvenil Familias Diversas, A.C. GENDES Grupo Interdisciplinario de Sexología A.C. i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana Infancia Común Iniciativa Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, A.C. (INCIDET) Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. Investigación, Organización y Acción Comunitaria, Altepetl Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana A.C. MIRA, Mujeres Iberoamericanas en Red Movimiento Urbano Popular Observatorio Eclesial Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL) Organización Popular Independiente Pro Niños Red de Mujeres Sindicalistas Red Democracia y Sexualidad Red Retoño de prevención social de la delincuencia organizada REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México República Laica Ririki Intervención Social Secretariado Social Mexicano Spatium Libertas A.C. Unión Popular Valle Gómez, A.C. Voces Mesoamericanas Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) LA CDHDF QUE QUEREMOS. DOCUMENTO COMPLETO. Imagen destacada : Internet Entradas relacionadas: La CDHDF que queremos Organizaciones de la sociedad civil llaman a dotar de legitimidad y transparencia proceso de elección de presidencia de la CDHDF Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Perito independiente concluye que Lesvy no se suicidó
PERITO INDEPENDIENTE CONCLUYE QUE LESVY NO SE SUICIDÓ Ciudad de México, 04 de agosto de 2017 -Perito criminalista presentó mecánica de hechos que desmienten versión de Procuraduría: lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas de suicidio. -Muerte de Lesvy no fue suicidio sino feminicidio, por lo que exigen que el caso sea reclasificado por el Poder Judicial. -Familia de Lesvy y Centro Vitoria como organización defensora del caso expresamos nuestro respaldo a peritaje realizado. En conferencia de prensa, el maestro en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Víctor Chávez, acompañado de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), mostraron información que demuestra que Lesvy Berlín Rivera Osorio no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). La opinión técnica, que incluye una reconstrucción de los hechos en condiciones similares a las que determinan las autoridades que habrían ocurrido en la caseta de teléfono, concluye que no pudo ocurrir asfixia al no ser posible la suspensión del cuerpo. Las lesiones de Lesvy no corresponden a mecánicas suicidas. VIDEO. Por ello, tanto la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio como el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C., expresamos nuestro respaldo al trabajo del Maestro Víctor Chávez y del OCNF, quienes se han mantenido cercanos al trabajo de defensa que realizamos, luego que la PGJCDMX se negó a conceder la coadyuvancia institucional del OCNF en las investigaciones. Actualmente, el caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria, luego de que este Centro de Derechos Humanos interpuso un recurso de apelación para que el delito se reclasifique como feminicidio. Existen pruebas suficientes para que el acusado sea inculpado por dicho delito y no por “homicidio simple doloso por omisión”, como lo pretende el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Autoridades encargadas de garantizar el acceso a la justicia han violentado de manera reiterada los derechos humanos de las víctimas, revictimizando y actuado sin perspectiva de género. Entre los actos violatorios de derechos humanos, resaltamos la actuación del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña, y de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera. Ambas autoridades deben ser destituidas de su cargo de manera inmediata por obstaculizar el acceso a la justicia para Lesvy. Finalmente, señalamos la urgencia de corregir la deficiente actuación de las autoridades, para realizar la investigación complementaria con perspectiva de género y determinar la vinculación a proceso del acusado por el delito de feminicidio. El caso de Lesvy debe ser un punto de inflexión que permita que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 VIDEO Imagen destacada: Jorge Aguilar Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Sometidos a juicio todos los transgénicos de maíz en el país
SOMETIDOS A JUICIO TODOS LOS TRANSGÉNICOS DE MAÍZ EN EL PAÍS Ciudad de México, 12 de julio de 2017 -4 años de impugnaciones abren debate judicial sobre daños a la biodiversidad y a la salud humana -Pendiente aprobación de audiencias con especialistas -Llamado a seguir defendiendo al maíz nativo dentro y fuera de los tribunales Por primera vez en la historia de los organismos genéticamente modificados (OMG) uno de sus cultivos, objeto de alteraciones, será sometido a juicio en toda una nación. Tribunales mexicanos, después de 4 años de impugnaciones, han abierto el debate judicial sobre si su siembra acarreará daños a la biodiversidad y a la salud humana, en el territorio que es centro de origen mundial de este cultivo. Y es que en el juicio no sólo se analizará cada zona de cultivo, sino los potenciales daños a larga distancia y entre las diferentes regiones. Esto supera las evaluaciones que hasta antes de 2013 había practicado la Secretaria de Agricutura (SAGARPA) para siembras de tipo experimental y en programa piloto, que solo se enfocan al área de liberación de los transgénicos. A diferencia de los juicios sobre transgénicos que se han realizado o realizan en otros países, en que solamente se estudian a los herbicidas, o los daños que puede ocasionar exclusivamente un evento transgénico, el debate judicial en México comprende las afectaciones que cualquier organismo alterado genéticamente pueda ocasionar sobre las reservas genéticas de los maíces nativos y sus parientes silvestres en México, es decir sobre la biodiversidad de la cual depende el cultivo de este cereal en todo el orbe. Las afectaciones a los derechos a la salud y a la alimentación también serán objeto de análisis; sin embargo, aún no se ha definido si estas afectaciones pueden estudiarse dentro de un juicio colectivo como parte de los daños que ocasiona la liberación de OGM al ambiente. El juicio federal de acción colectiva que fue impulsado por la Colectividad del Maíz[1]desde julio de 2013, espera que se cumpla la finalidad que consiste en que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos relacionados: derecho a la alimentación, derecho a la salud y derechos de los pueblos originarios y por lo tanto la negación de permisos. Desde septiembre de 2013 los tribunales federales han dictado diversas órdenes para suspender la siembra comercial. En marzo de 2016 un tribunal de apelaciones sujetó a vigilancia judicial las siembras con fines de investigación científica; sin embargo, la SAGARPA ha pospuesto la tramitación de tales permisos. Lo anterior arroja un logro de 46 meses en los que no se ha autorizado en el país siembra alguna de maíz transgénico, por mandato judicial. En el tiempo que ha pasado, con base en las resoluciones de los tribunales de apelaciones y de amparo, las partes implicadas en el juicio han tenido la oportunidad de proponer sus pruebas, no obstante, entre las resoluciones que quedan pendientes está, por un lado, “que se aprueben las audiencias con especialistas que como demandantes propusimos para demostrarlo, por otro que se ratifique -definitivamente- que los permisos de siembra pre comercial y comercial estén suspendidos hasta el final del juicio y finalmente que se confirme -también definitivamente- que los permisos con fines de investigación científica estén sujetos a vigilancia judicial, con la amenaza que de no hacerlo se reinstale la suspensión”, explicó el Colectivo. De esta forma, las próximas semanas serán cruciales para conocer cuál será el futuro del maíz transgénico en México según los tribunales de este país. Finalmente la Colectividad Ciudadana señala que el juicio aún no está ganado y lanza el llamado a seguir defendiendo al maíz nativo dentro y fuera de los tribunales ante las latentes amenazas que enfrenta el maíz nativo, la soberanía alimentaria y los derechos campesinos, y ante la presencia del maíz transgénico en el campo y en nuestra comida. “Es necesario no confiarse y redoblar esfuerzos en la defensa del maíz en su centro de origen, salvaguardar la riqueza biocultural del maíz en su centro de origen, proteger el ambiente, la salud y estar alerta a las decisiones del Poder Judicial sobre nuestro principal alimento y bien común de la humanidad”. -0o0- Información: Representante común Adelita San Vicente Tello 044 55-26-53-77-00 | Abogado René Sánchez Galindo 044 55-5436-4248 | Comisión científica Dr. Antonio Turrent 044 55-21-289957 | Comisión de Comunicación Francia Gutiérrez 044 55-39-22-68-98 [1] Formada por 53 personas, científicos, investigadores, académicos, campesinos, apicultores, defensores de derechos humanos, ambientalistas, artistas, representantes de organizaciones civiles, todos consumidores. Demanda colectiva maíz Imagen destacada (modificada): West Virginia C Entradas relacionadas: Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio
LESVY NO SE SUICIDÓ, LA VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER POR FEMINICIDIO Ciudad de México, 10 de julio de 2017 -La investigación de la PGJCDMX contiene elementos suficientes para acreditar el feminicidio de Lesvy -Falso que en los videos se observe que Lesvy se quitó la vida, pero sí muestran fuertes agresiones físicas del presunto feminicida contra la víctima. -Exigimos renuncia del Fiscal de Homicidios de la PGJCDMX y de la titular de la fiscalía de Coyoacán. La muerte de Lesvy Berlín Rivera Osorio es un feminicidio y debe investigarse y juzgarse como tal; la joven no se suicidó como pretende concluir la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX). Así lo sostuvimos hoy en la Audiencia de vinculación a proceso, donde acudimos la familia y sus defensoras y defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., así como representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y diversas organizaciones que de forma solidaria acudieron a la audiencia. Durante esta audiencia solicitamos al juez que bajo ninguna circunstancia el proceso judicial debía basarse en la acusación de la PGJCDMX, que imputa a una persona el delito de homicidio simple doloso por omisión, toda vez que en la carpeta de investigación se hallan datos de prueba con el estándar suficiente para señalar la probable responsabilidad de su pareja por el delito de feminicidio. Algunos datos de prueba en la investigación que permiten acreditar el delito de feminicidio se refieren a las lesiones infamantes que sufrió Lesvy previo a su asesinato, incluidas, por ejemplo, un golpe fuerte con una cadena directo a su rostro y golpes en su cabeza que generaron sangrado interno, así como la posterior exposición pública de su cuerpo (recordemos que apareció sin vida en las inmediaciones del Campus de Universidad Nacional Autónoma de México); otro elemento que considera el tipo penal de feminicidio es la probada relación afectiva y de confianza que Lesvy tenía con su pareja, lo que la colocó en un estado de suma vulnerabilidad. Por ello, fue requerido por la familia y la defensa que se vincule a proceso a esta persona en razón de ser el probable responsable del asesinato de Lesvy, y esta vinculación debe ser por el delito de feminicidio. Esto que requirió la familia y defensa fue negado, el delito por el que esta persona sigue vinculado a proceso permanece como homicidio simple doloso, por lo que fue presentado el recurso de apelación ante esta resolución. Solicitamos también, se fijara el plazo para la investigación complementaria, con el fin de fortalecerla y generar el más alto estándar probatorio que permita llevar a juicio a esta persona y sancionarla por el delito de feminicidio agravado, dicho plazo será de 4 meses. Además, se ha solicitado y logrado la nulidad de un peritaje que revictimiza a Lesvy. En razón de las violaciones a derechos humanos de las víctimas cometidas por la Procuraduría General de Justicia desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio, exigimos la inmediata renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña; así como la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información a su cargo. No fue suficiente la renuncia del anterior Procurador, ya que funcionarios y funcionarias como estos fiscales son responsables directos de la violación a los derechos de las mujeres en la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad de México debe rectificar su línea de investigación, tal y como en su momento se comprometió, y remover todo obstáculo para que todas las mujeres accedan a la justicia y puedan vivir una vida libre de violencia. ¡Ni un feminicidio más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Segundo Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM 10 de Julio de 2017 El Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas en género expresa su preocupación por el comunicado de prensa CS2017-584 que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México emitió el pasado 06 de julio, en el que nuevamente se revictimiza a Lesvy Berlín Rivera Osorio y a su familia. No se garantizaron ni respetaron los derechos de las víctimas, conforme lo señalan los ordenamientos vigentes, pues al concluir que se trató de un suicidio, el Ministerio Público no comunicó previamente el punto a la familia para que ésta pudiera hacer observaciones oportunas ejerciendo su función de coadyuvancia como lo señala la Constitución. Los familiares de la víctima y su asesora jurídica tampoco conocieron antes la carpeta de investigación en su totalidad ni con el tiempo necesario para analizar las diligencias desahogadas de las que tuvieron conocimiento. Por tanto, en congruencia con nuestro comunicado del pasado 26 de junio y ante las recientes acciones de la PGJ, exigimos nuevamente que se observe el debido proceso ya que existe una notoria ausencia de perspectiva de género y no se ha investigado el caso como feminicidio, con lo cual se incumplen ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, asi como la jurisprudencia obligatoria «1a./J. 22/2016 (10a.) ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”, derivada del caso Mariana Lima, la cual determina que ante muertes violentas de mujeres, la primer línea de investigación que debe seguirse es la de feminicidio. Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Dra. Ana Buquet Corleto; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Lucía Núñez Rebolledo; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Gloria Ramírez Hernández; Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Mtra. Lourdes Enríquez Rosas; Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja; Federación Mexicana de Universitarias (FEMU A.C.) Mtra. Leticia Cano Soriano; Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) Imagen destacada : Jorge Aguilar Entradas relacionadas: Lesvy no se suicidó, la vinculación a proceso debe ser por feminicidio RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA)
RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN
RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE DECLARACIONES REVICTIMIZANTES DE PGJCDMX: FAMILIARES Y DEFENSA DE LESVY BERLÍN Ciudad de México, 06 de julio de 2017 Ciudad de México, 06 de julio de 2017. -Dos meses después, PGJCDMX presenta la hipótesis de suicidio como concluyente aún cuando la investigación continúa abierta y con inconsistencias graves. – La estrategia de la PGJCDMX ha sido impedir el acceso pleno al expediente de investigación del caso a la familia y a la defensa. La familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., como organización acompañante, rechazamos contundentemente las declaraciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que de nueva cuenta dio a conocer información y realizó la detención de una persona sin que la familia fuera notificada de manera previa y adecuada. La PGJCDMX afirma que Lesvy se quitó la vida en presencia de un acompañante que no impidió el hecho y por ello “se acreditó la existencia del delito de homicidio simple doloso”. La Procuraduría inició la investigación estigmatizando, criminalizando y revictimizando a Lesvy; dos meses después, difunde un comunicado formulando una hipótesis que presenta como concluyente, aun cuando la investigación continúa abierta y ha presentado inconsistencias graves. Insistimos en que numerosos dictámenes periciales se realizaron bajo una lógica criminalizante, revictimizante y carente de perspectiva de género. La PGJCDMX, ha sostenido una estrategia que se ha caracterizado por ocultar la información a la familia de Lesvy y a la defensa, sosteniendo desde el primer momento la culpabilidad de Lesvy de su propia muerte. En su propio mensaje, la Procuraduría ha informado que realizar 16 entrevistas y revisar 20 horas de video le ha llevado 2 meses completos; tras los cuales hasta el día de ayer, 5 de julio (1), fueron entregados a este Centro de Derechos Humanos en su totalidad la carpeta de investigación y los videos de vigilancia proporcionados por la Universidad Nacional Autónoma de México, evitando a toda costa la intervención en la coadyuvancia institucional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), e impidiendo que la familia y la defensa pudieran corroborar que la investigación se desarrollaba de acuerdo a los estándares aplicables en la investigación de feminicidios. La PGJCDMX sigue actuando al margen de la familia, de las víctimas, de sus acompañantes y defensoras, y del OCNF que ha solicitado la coadyuvancia institucional en el caso. La PGJDCMX continua sin admitir que el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio es un feminicidio y que el Gobierno de la Ciudad de México ha sido incapaz de proteger la vida de numerosas mujeres frente a la violencia feminicida.¡Ni una más! ¡Justicia para Lesvy! ¡Justicia para todas las mujeres! Atentamente: Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Contacto: Jorge Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 (1). Entregados en una reunión que terminó pasadas las 22:00 horas del 5 de julio. Entradas relacionadas: Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
Organizaciones de la sociedad civil se suman al llamado para rechazar el proyecto de Ley de Seguridad Interior en México
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL SE SUMAN AL LLAMADO PARA RECHAZAR EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO Canadá. 03 de julio de 2017 Ante el alto riesgo de aprobación de la Ley de Seguridad Interior en México, que tiene como principal objetivo legitimar la intervención del ejército en acciones de seguridad pública, nosotros y nosotras, representantes de organizaciones sociales de las Américas, unimos nuestra voz a los diferentes organismos de la sociedad civil mexicanos e internacionales que denuncian sobre la afronta a los derechos humanos que significaría la aprobación de dicha ley. Todo indica que la estrategia de militarización implementada por el gobierno mexicano desde el año 2006, lejos de mejorar la situación de los derechos humanos en el país, acarreó un aumento considerable de los hechos de violencia, con 213,000 muertos y más de 30 mil desaparecidos desde esta fecha. Existe evidencia (1) de múltiples casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares desde el inicio de esta estrategia de militarización, y los índices de violaciones de los derechos humanos alcanzan niveles nunca antes vistos. Entre 2006 y 2014 hubo más de 1,273 denuncias por tortura en manos de militares (2). En este contexto, resulta altamente preocupante la intención del gobierno mexicano de seguir con una estrategia de guerra, normalizando el Estado de excepción y el actuar de las fuerzas militares en los asuntos de seguridad pública, aún más considerando que varias disposiciones del proyecto de Ley de Seguridad Interior contravienen a la Constitución Política del Estado. Entre otras disposiciones preocupantes, cabe mencionar que el proyecto de ley: Faculta al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para operar como investigadores y realizar acciones de vigilancia a la población por “cualquier método de recolección de información”, sin restricción y sin la facultad de un juez, vulnerando el respeto y la garantía del derecho a un debido proceso, de las garantías judiciales y del derecho a la privacidad, entre otras consecuencias; Prevé que la documentación sobre acciones realizadas por las fuerzas armadas en la aplicación de la ley será considerada clasificada por 12 años, por motivos de seguridad nacional, sin que organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o miembros del Congreso puedan tener acceso a esta información; Considerando que la ley no tiene carácter de aplicación específica contra el crimen organizado sino contra “quien ponga en riesgo la nación” (Artículo 3), abre paso al uso de la fuerza pública, incluyendo la fuerza letal, contra manifestaciones pacíficas de las comunidades y de los movimientos sociales; Significa la normalización de un régimen de excepción donde las fuerzas armadas se sustituyan a las fuerzas policiales para asegurar la seguridad pública, y donde los derechos a la libre expresión, los derechos de libre tránsito, al debido proceso y la presunción de inocencia, entre otros, serían violentados; Privilegia acciones de represión y confrontación con la población en vez de apostarle a generar acciones de diálogo y paz en las zonas y regiones afectadas por una violencia generalizada, por ejemplo, a través de la formación y capacitación adecuada de las policías y del apoyo a iniciativas ciudadanas y comunitarias para asegurar la seguridad. Ante esto, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra fuerte preocupación por la eventual aprobación de esta nueva Ley de Seguridad Interior que da paso a la represión y a eventuales actos de tortura y asesinatos que pueda cometer el gobierno mexicano, a través de las fuerzas militares, bajo el pretexto de mantener el orden y a la seguridad. Un país militarizado demuestra una crisis institucional profunda y en México ya ha generado graves casos de tortura, feminicidios, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y múltiples ejecuciones extrajudiciales. Creemos de suma importancia que el Estado mexicano apueste por generar condiciones de paz y no de guerra para resolver la severa crisis de los derechos humanos que conoce actualmente el país, y respete el conjunto de las disposiciones de la Constitución del Estado Mexicano, que prevé que las fuerzas armadas estén reguladas y sometidas al poder ejecutivo y al control civil. Al mismo tiempo hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atenta, a que denuncie las graves violaciones perpetradas por el Estado mexicano y sus órganos de gobierno y a que inste a sus gobiernos a que ejerzan presión sobre México para que éste respete los múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales este país ha suscrito. ORGANIZACIONES FIRMANTES QUEBEC Centre international de solidarité ouvrière (CISO) Centrale des syndicats du Québec (CSQ) Centro de trabajadores y trabajadoras inmigrantes (CTTI) Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL) Confédération des syndicats nationaux (CSN) Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM–CSN) Conseil régional Montréal métropolitain-FTQ El bloque de artistas del Centro de trabajadores inmigrantes L’Entraide missionnaire Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques – UQÀM Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) Projet Accompagnement Québec-Guatemala (PAQG) Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) Syndicat canadien de la fonction publique-Québec (SCFP-Québec) Syndicat des Métallos Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes (STTP) Syndicat des employés de service section locale 800 CANADÁ Canadian Council for International Co-operation CIPOVAN- Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”-Vancouver Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) Common Frontiers Colombian Action Solidarity Alliance (CASA) Inter Pares Migrant Worker’s Dignity Association (MWDA) MiningWatch Canada INTERNACIONAL Acción Colectiva, México Bios Iguana A.C., México Coalición Fortaleza Latina PA, Estados Unidos Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), Haití Consejo Tiyat Tlali. Sierra Norte de Puebla, México Costureras de Sueños, México Otros Mundos AC/Chiapas, México Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C., México Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, México 1 Ver entre otras fuentes, Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista
BALA DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN PONE EN RIESGO VIDA DE NORMALISTA Ciudad de México, 29 de junio de 2017 -Ataque contra Gael Solorio Cruz, normalista de Tiripetío, es un claro intento de ejecución extrajudicial. -Es urgente una valoración médica confiable e independiente hecho por especialistas. -La bala, aún incrustada en el cuerpo de Gael, representa una evidencia crucial para el esclarecimiento de los hechos. A raíz de los actos de represión del pasado 21 de junio en Tiripetío, Michoacán, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, el normalista Gael Solorio Cruz, de 22 años, despertó de un estado de coma inducido y permanece grave a causa de una bala que atravesó su mejilla izquierda y que aún se encuentra incrustada en su cuerpo. De acuerdo con las entrevistas, documentos, diligencias y datos recabados por las organizaciones firmantes con familiares, normalistas y con otros testigos, además de los videos y fotografías documentados por los mismos estudiantes y personas vecinas del lugar de la agresión; elementos de la policía estatal y del Grupo de Operaciones Especiales accionaron armas de fuego de forma directa contra los normalistas que se manifestaban en Tiripetío, Mich. para solicitar el pago de sus becas. Con ello se atentó de forma evidente e intencionada contra la integridad y vidas de los normalistas. La familia de Gael ha sido excluida permanentemente por parte del personal médico del lugar donde se encuentra hospitalizado. Bajo el esquema de “el que paga manda”, los médicos han otorgado prioritariamente la información a funcionarios de la Secretaría de Educación Pública del estado de Michoacán, revictimizando a la familia al violentar su derecho a recibir la información de manera directa, inmediata, adecuada y comprensible. Por lo tanto, es urgente que la familia reciba una valoración médica confiable sobre el estado de salud de Gael, ya que las actitudes del personal médico que hasta ahora le ha atendido generan desconfianza sobre su objetividad e independencia en la determinación del diagnóstico y pronóstico de salud del joven normalista. Por tanto, es necesario un estudio médico autónomo hecho por especialistas en cirugía maxilofacial, neurología, neurocirugía, y en rehabilitación, para asegurar la vida de Gael y prevenir secuelas irreparables. Por otra parte, es importante mencionar que la atención otorgada a la familia del normalista Gael, por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán se presentó hasta cuatro días después de los hechos y su actividad se realizó con desatención a las obligaciones estipuladas en la nueva Ley General de Víctimas, por lo que se puede considerar, además de tardía, improvisada e insuficiente. Es urgente que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán realice las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades respecto a los perpetradores y a los autores intelectuales de la gravísima agresión contra Gael y los normalistas de Tiripetío, así como, de ser pertinente de acuerdo a la valoración médica, preservar la bala, ahora incrustada en su cuello, como evidencia crucial de la acción ilegal y desmedida de agentes del Estado; lo que permitirá alcanzar la verdad de los hechos, dictar las sanciones correspondientes y procurar justicia. El ataque contra Gael Solorio Cruz es un intento de ejecución extrajudicial que evidencia una tendencia, también en gobiernos locales, de criminalizar la protesta social y hacer uso excesivo y brutal de la fuerza para diluir la organización social y las justas demandas que enarbolan los normalistas de Tiripetío. Por lo tanto exigimos al Estado, en todos sus niveles, que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones; y genere los mecanismos necesarios para atender las necesidades de Gael, su familia y sus compañeros normalistas. Atentamente. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP. AC. Servicios y Asesoría para la Paz Serapaz Contacto: Jorge Luis Aguilar (Centro Vitoria) 56 59 67 97 ext. 227 Imagen destacada: desinformemonos Entradas relacionadas: Bala del gobierno de Michoacán pone en riesgo vida de normalista Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM
Comunicado del Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Junio de 2017 El Grupo Interdisciplinario de universitarias expertas en género, convocado por la Oficina de la Abogada General de la UNAM, el 11 de mayo del presente año, manifiesta que, ante el lamentable y doloroso hallazgo en el campus de Ciudad Universitaria del cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio, estudiante y parte de nuestra comunidad, es importante se incrementen las acciones al interior de la Universidad, así como las medidas de apoyo a su familia. La violencia y la violencia de género en todas sus manifestaciones es un fenómeno que debe ser enfrentado no sólo con leyes sancionadoras, sino principalmente por medio de acciones institucionales concretas que fomenten el respeto y la garantía de los derechos humanos de las mujeres y de todas aquellas personas con expresiones de género diferentes al modelo hegemónico. En tal virtud, comunicamos que este Grupo impulsará, con el apoyo de las autoridades de nuestra Máxima Casa de Estudios, las siguientes acciones mínimas para promover una transformación tendiente a mejorar la actual forma en que se abordan y enfrentan las problemáticas relacionadas con las violencias de género. 1. Seguimiento de las mesas de discusión del Protocolo para la Atención de casos de violencia de género en la UNAM, con el objeto de que se introduzcan mejoras al mismo y, sobre todo, a los mecanismos ya establecidos para la prevención y sanción de la violencia de género en la UNAM. 2. Impulsar la elaboración de protocolos de actuación con perspectiva de género en diversos temas para el personal de seguridad de la Universidad. 3. Promover que en la Licenciatura en Ciencia Forense –con independencia de que ya existe la asignatura de Derechos Humanos y Criminalística con perspectiva de género– se incluya la materia de elaboración de periciales en distintas especialidades con perspectiva de género (PEG), así como foros de discusión y reflexión sobre la importancia del perito con PEG en la investigación de feminicidios y delitos sexuales. 4. Asimismo, este grupo va a realizar las gestiones correspondientes para la organización de acciones académicas de difusión, reflexión y debate, como seminarios, foros, cursos y campañas de información, con objeto de favorecer la prevención de la violencia de género. En cuanto a la investigación que por feminicidio debe llevar la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, queremos expresar nuestra indignación por el trato que han dado las autoridades de dicha Procuraduría a la asesora jurídica y a familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ya que se les han negado y se les continúa negando el acceso total a los registros de la investigación, proporcionándoles a cuentagotas partes de ésta, lo que obstaculiza que se realice de manera oportuna y eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y garantizado por parte del Ministerio Público. Por tal motivo, exigimos a la PGJ CdMx que entregue copias de todas y cada una de las diligencias y actuaciones realizadas en la carpeta de investigación de Lesvy Berlín Rivera Osorio, sobre todo, aquellas relacionadas con las primeras actuaciones, con la inclusión de todas las fotografías y videos. Asimismo, informamos que este Grupo está realizando las gestiones correspondientes para la organización de un acto público de redignificación de la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio en nuestra Universidad. Grupo de académicas expertas en perspectiva de género de la UNAM Dra. Ana Buquet Corleto; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Lucía Núñez Rebolledo; Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG) Dra. Gloria Ramírez Hernández; Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) Dra. Martha Patricia Castañeda Salgado; Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEICH) Mtra. Lourdes Enríquez Rosas; Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) Dra. Ydalia Pérez Fernández Ceja; Federación Mexicana de Universitarias (FEMU A.C.) Mtra. Leticia Cano Soriano; Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) Texto original en Gaceta UNAM : Imagen destacada(modificada): Perseo Greco Entradas relacionadas: Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia
Preocupaciones y propuestas de la sociedad civil de México y de la UE respecto de la “modernización” del Acuerdo Global UE y México (TLCUEM)
PREOCUPACIONES Y PROPUESTAS DE LA SOCIEDAD CIVIL DE MÉXICO Y DE LA UE RESPECTO DE LA “MODERNIZACIÓN” DEL ACUERDO GLOBAL UE Y MÉXICO (TLCUEM) Junio 2017 El Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (que es parte del Acuerdo Global) entró en vigor hace 17 años. El acuerdo de libre comercio existente permitió a la UE alcanzar la liberalización del 95% de los bienes y servicios. Sin embargo, la UE ha considerado que este tratado ha quedado «obsoleto». El acuerdo “modernizado” entre la UE y México apunta a alcanzar el mismo nivel de liberalización que en el tratado entre Canadá y la UE (CETA). Debido a que los aranceles entre México y la Unión Europea ya son bajos, el Acuerdo propuesto se centraría en ampliar la liberalización de servicios, en temas normativos, derechos de los inversores (incluyendo el mecanismo de solución de disputas inversor-Estado), compras y empresas públicas, propiedad intelectual y barreras no arancelarias al comercio. La UE y México anunciaron a principios de abril que su objetivo es concluir las negociaciones antes de finales de 2017. Las negociaciones se están dando a un ritmo muy rápido y en secreto. Esto ha hecho imposible una participación significativa de la sociedad civil y su seguimiento de las negociaciones. Preocupaciones ante la próxima ronda de negociaciones Profundización del modelo del Acuerdo Global vigente fracasado Estudios internacionales independientes han evaluado que este Acuerdo no logró los resultados prometidos en términos de desarrollo sostenible, la creación de empleo y la protección de los derechos humanos en México, y ni siquiera logro diversificar el comercio en el país latinoamericano[1]. Así también, la clausula democrática del acuerdo global no ha desembocado en ninguna decisión o medida que haya ayudado con la situación continua de violación de derechos humanos, incluidas las violaciones por parte de inversores europeos, en México. El dialogo político no ha favorecido un dialogo significativo entre la sociedad y el gobierno. Nada de esto se ha tenido en cuenta al diseñar el nuevo mandato de negociación para el proceso de modernización. Es preocupante que el nuevo tratado profundice el mismo modelo de liberalización del comercio en lugar de promover un nuevo tipo de relaciones basadas en la complementariedad económica, que respete plenamente los derechos humanos y que priorice el derecho del gobierno a determinar su modelo de desarrollo económico por encima de la competencia y las ganancias de las grandes corporaciones. Derechos exigibles para los inversores vs. falta de obligaciones de los inversores respecto a los derechos humanos El objetivo explícito de añadir un capítulo de protección de las inversiones significa que la agenda de modernización del TLC es, ante todo, una extensión y profundización de las protecciones a los inversores. Este capítulo de protección de las inversiones permitirá a los inversores extranjeros desafiar unilateralmente las regulaciones de interés público introducidas por los gobiernos, haciendo uso del mecanismo de solución de disputas inversor- Estado, el cual permite eludir los sistemas jurídicos nacionales. Hay una preocupación generalizada respecto a que un TLC modernizado entre la UE y México, en el cual se incluya el arbitraje de inversiones, va a restringir el futuro espacio político del gobierno para, en un futuro, revocar la muy controvertida y poco popular decisión del gobierno mexicano de abrir, después de décadas, la industria de explotación de petróleo y gas a compañías extranjeras. Las compañías de petróleo y gas se encuentran entre los usuarios más activos del mecanismo de solución de controversias inversor-Estado a nivel global[2]. Por otro lado, las empresas europeas tienen trayectoria en la violación de los derechos humanos y el medio ambiente en México, casi con total impunidad[3]. El capítulo de inversiones propuesto, elaborado por la Unión Europea, no hace nada para abordar esta situación. Por el contrario, profundizará el desequilibrio entre los derechos vinculantes para las corporaciones y las normas voluntarias cuando se trata del respeto a los derechos humanos. La propuesta de la UE no incluye ninguna obligación para los inversores, sólo derechos. Capítulos débiles sobre desarrollo sostenible, derechos sociales y diálogo político Los capítulos propuestos sobre desarrollo sostenible y diálogo político incluyen compromisos redactados de forma vaga y no vinculantes sobre salvaguardias medioambientales. Las disposiciones débiles y no exigibles de este capítulo contrastan agudamente con los fuertes privilegios aplicables para los inversores extranjeros que se proponen en el capítulo de inversiones. No se establecen recursos judiciales para las comunidades afectadas por el tratado propuesto. Por último, el derecho al desarrollo no está garantizado por este capítulo, sino que, por el contrario, se pone en peligro. Ataque a los servicios públicos Si el acuerdo de modernización con México sigue el enfoque de ´lista negativa´ del CETA para los compromisos en materia de servicios, los derechos de la ciudadanía de acceso a los servicios básicos como el agua, la salud, educación o la energía, estarán bajo amenaza. Impacto sobre los pequeños agricultores y la soberanía alimentaria En las negociaciones actuales, la UE insiste en que México reconozca el Convenio Internacional de 1991 para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Esto restringiría aún más la libre circulación del intercambio de semillas entre campesinos y amenazaría la diversidad de especies mexicanas de maíz. Las víctimas serán los tres millones de agricultores cuya agricultura tradicional es una piedra angular de la seguridad alimentaria del país[4]. Recomendaciones Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil de México y Europa abajo firmantes, exigimos un cese de las negociaciones en curso hasta que la Comisión Europea y el gobierno de México se comprometan a: 1- Revelar el mandato de las negociaciones comerciales, y publicar los borradores de textos de negociación consolidados. 2. Asegurar la consulta y participación significativa de la sociedad civil de México y Europa en los procesos de toma de decisiones relacionados con políticas y acuerdos económicos a través de mecanismos institucionalizados y comprensivos que garanticen la transparencia y permitan una amplia participación de actores interesados de la sociedad Civil, incluyendo una representación justa de las comunidades y representantes de los grupos afectados.. 3. Llevar a cabo una
