Captura corporativa del Estado
Captura corporativa del Estado Sábado 24 de junio de 2017 Miguel Concha El grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. La visita tuvo como objetivo evaluar los esfuerzos realizados por parte del Estado mexicano para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales. En el marco de la visita más de 100 organizaciones de la sociedad civil presentaron un Informe en el que documentaron 68 casos de abusos a derechos humanos, de los que el grupo de trabajo retomó seis casos emblemáticos, para evidenciar los abusos a derechos humanos. De esto di cuenta al concluir esa visita el año pasado ( La Jornada, 10/09/16). El informe final del grupo de trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas trasnacionales y otras empresas, que presentó el pasado 8 junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, subraya temas fundamentales que desde tiempo atrás han venido preocupando a organizaciones sociales, comunidades y expertos en el tema. Observó por ejemplo que se requiere redoblar esfuerzos en concientizar a las empresas sobre su responsabilidad de respetar los derechos humanos y ejercer la diligencia debida en relación con sus actividades e inversiones. Y en la presentación del informe se destacó que los integrantes del grupo detectaron que las empresas no perciben ni reportan lo que hacen para prevenir las consecuencias negativas de sus acciones sobre los derechos humanos. Mucho menos cómo abordan casos concretos para revertirlas. El mismo informe señala que el Gobierno tampoco ha trazado pautas claras, ni fijado expectativas definidas para las empresas, en relación con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus actividades. De allí la urgencia de contar ya con el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, en el que se hagan sobre sus contenidos y metas las mayores consultas posibles a comunidades y organizaciones sociales, teniendo en cuanta que, con relación a las empresas de titularidad pública, el Gobierno tampoco dispone de pautas y políticas claras para modificar, mediante las prácticas de contratación pública, la conducta de las empresas. Asimismo el grupo de trabajo concluye que hasta la fecha el sector bancario de México ha prestado poca atención a sus responsabilidades en materia de derechos humanos. El informe hace énfasis en la urgencia de respetar el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, conforme al Convenio 169 de la OIT, especialmente en el diseño y la ejecución de proyectos a gran escala. Reitera además que las consultas deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los proyectos, y que han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos no sean viables. En su momento las organizaciones sociales denunciaron que en 32 de los 68 casos documentados de abusos por parte de empresas se vulneró el derecho a la tierra y al territorio; y en 28, el acceso a la información. Durante la presentación del informe la organización no gubernamental Dominicans for Justice and Peace, con estatuto consultivo ante el ECOSOC, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC, manifestó que conforme a sus propias observaciones sobre el terreno es de suma preocupación que el Estado mexicano esté priorizando los intereses económicos de las empresas trasnacionales sobre la protección de los derechos humanos de su población, especialmente grupos vulnerables como los trabajadores agrícolas y las comunidades indígenas. Concordaron por ello con el grupo de trabajo en que por parte del Estado y las corporaciones sigue habiendo una gran necesidad de consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas, antes de emprender cualquier megaproyecto. El grupo de trabajo denunció también que con demasiada frecuencia los ataques contra defensores de los derechos humanos quedan impunes, sin que se realicen investigaciones ni se apliquen sanciones efectivas, sobre todo cuando aquellos defienden sus propios recursos y territorios. Pudo además comprobar la censura y las sanciones que sufrían los periodistas de investigación que habían expuesto casos de conflictos de intereses y corrupción. Las informaciones sobre el contexto que se hicieron desde la sociedad civil arrojaron que en 62.5 por ciento de los casos relacionados con empresas se documentan amenazas y ataques contra los defensores de derechos humanos y las comunidades mismas que defienden sus derechos. Resulta entonces fundamental y urgente que tanto el Estado como las empresas lleven a cabo las recomendaciones del grupo de trabajo de la ONU, y que los más altos funcionarios del Gobierno y los directores generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y los ataques contra los defensores de los derechos humanos son inaceptables y no se tolerarán. Las empresas mismas debieran reconocer públicamente la importancia de su labor, en la construcción de una verdadera democracia en México. Y con el propósito de evitar o mitigar las consecuencias negativas de las actividades empresariales en los derechos humanos, el grupo de trabajo recomendó también reforzar la supervisión y evaluación de los efectos ambientales y sociales. Se detuvo además en señalar la limitada capacidad de las autoridades competentes para llevar a cabo inspecciones con el objeto de controlar la contaminación ambiental causada por la actividad empresarial. Con este informe, las empresas por fin han sido señaladas como agentes que provocan violaciones a los derechos humanos. La cuestión ahora será ver cómo el Estado, haciendo uso de su soberanía frente al poder corporativo, puede dar cumplimiento a estas y otras recomendaciones. Consultar artículo en La Jornada. Imagen destacada (modificada) : jorgegaygago Entradas relacionadas: Líneas de acción para una visión de futuro Simulación e impunidad en Tlaxcala Revisión del TLCAN y participación social Libertad de realización y justicia La ANUEE y el derecho a la energía eléctrica Derecho al agua y al saneamiento en México Defensa ciudadana de la Constitución de la CDMX Biodiversidad amenazada En la encrucijada del norte y el sur Premio Don Sergio Méndez Arceo
Nuevamente el estado usa armas letales contra normalistas y su ejercicio a la libre expresión
NUEVAMENTE EL ESTADO USA ARMAS LETALES CONTRA NORMALISTAS Y SU EJERCICIO A LA LIBRE EXPRESIÓN Ciudad de México, 24 de junio de 2017 -Cinco jóvenes estudiantes heridos de bala por la policía mientras ejercían su libre expresión. -Entre las personas heridas, se encuentran un menor de edad y un herido de gravedad en coma en el hospital de Morelia por impacto de bala en el rostro. El pasado miércoles 21 de junio, en el contexto de una protesta por parte de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, Michoacán, se desató una brutal represión en su contra por parte de la Policía Estatal de Michoacán. De acuerdo a lo documentado en video y por diversos testimonios que han llegado al Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), los elementos policíacos estaban armados y dispararon con armas de fuego hacia la multitud, violando así diversas disposiciones internacionales y dejando a 5 jóvenes estudiantes heridos de bala, entre ellos a un menor de edad y a Gael Solorio Cruz, quien se encuentra herido de gravedad por una bala en la cara y en estado de coma inducido dentro de un hospital en Morelia*, de acuerdo al testimonio de su familia. De acuerdo a los convenios internacionales firmados por México sobre los controles del uso de la fuerza, los cuerpos policiacos tienen prohibido hacer uso de armas letales en el contexto de manifestaciones. Es por ello que las organizaciones civiles que integramos el FLEPS condenamos enérgicamente el uso excesivo de la fuerza contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, mientras ejercían su derecho a la libre expresión. Estos hechos deben ser investigados para que las personas que resulten responsables materiales e intelectuales, rindan cuentas ante la justicia. Desde el FLEPS identificamos un patrón preocupante en el modo de actuación gubernamental ante las demandas de las y los estudiantes normalistas en México, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural y violencia económica que enfrentan desde sus comunidades de origen y que se perpetúa en sus procesos formativos. Dicha tendencia apunta hacia la criminalización y uso de la fuerza que se ejerce contra las y los estudiantes sin propiciar canales de diálogo para atender sus demandas. Es responsabilidad del estado de Michoacán brindar los canales adecuados que permitan colocar las demandas de quienes integran las escuelas normales del país, y en ningún caso usar armas letales en contra el libre ejercicio de la libertad de expresión. Condenamos el abuso de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos del estado de Michoacán en los contextos de protesta, y exigimos que se tomen medidas inmediatas por parte del gobierno estatal para que se permita a los familiares de Gael Solorio Cruz el acceso pronto y oportuno a la información clínica sobre la situación médica del joven normalista. De igual forma, exigimos que cese el hostigamiento del Gobierno Michoacano en contra de los Estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre e Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Resonar. RELATORÍA DE LOS HECHOS ESCUELA NORMAL RURAL “VASCO DE QUIROGA” DE TIRIPETÍO MICHOACÁN “EN TIEMPOS DE ENGAÑO UNIVERSAL, DECIR LA VERDAD SE CONVIERTE EN UN ACTO REVOLUCIONARIO” En el afán de desaparecer el normalismo rural y la lucha estudiantil en México, los diferentes niveles de “gobierno” en conjunto con sus dependencias de burócratas han hecho un sinfín de crueles actos y delitos, desde una simple amenaza hasta muertes y desapariciones. Estas son actitudes que el régimen impone para que la sociedad y las masas populares que luchan y levantan la voz por los derechos humanos y constitucionales, establecidos en nuestra carta magna para la integridad y bienestar de todo individuo perteneciente a la nación, sean apagadas y calladas mediante represión y violencia, apoyados por sus instancias militares, policiales y judiciales (SSP, SEDENA, PGR, PFP, etc.), encargadas de hacer el trabajo sucio e intimidar más a la sociedad. Cabe señalar que esta manera de intimidación para control de la gente no es nueva y tiene antecedentes que tuvieron gran magnitud, tal es el caso de la matanza del 2 de octubre de 1968, el asesinato y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014 y ahora nuevamente el día 21 de junio del año cursante, el gobierno del Estado de Michoacán hace de sus actos represivos causando que varios alumnos de la normal y pobladores estén heridos y algunos de gravedad, tal es el caso de compañero GAEL SOLORIO CRUZ perteneciente a la Normal Rural de Tiripetío, quien se encuentra en una situación de salud muy delicada por el impacto de una bala de arma de fuego accionada por elementos de la policía del estado de Michoacán, la cual le penetró en el lado izquierdo de la cara de dicho compañero y quedando alojada en una de las cervicales, pese a esta alarmante situación los doctores del hospital “STAR MEDICA” de Morelia, donde se atiende al estudiante, se niegan a darnos la información verídica sobre el expediente médico del compañero Gael, esta posición de los médicos de negarse a darnos el expediente médico hace pensar mucho de ellos, como que su intención fuera la de ocultar la información para después acomodarla a su favor. Es por estas acciones negativas por las que nos manifestamos en contra de los actos ocurridos en la Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán,
En defensa de la Constitución. Mensaje a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México
EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN. Ciudad de México, 05 de mayo de 2017. A la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México Quienes suscribimos, personas y organizaciones que a través de diversas maneras e instrumentos hemos aportado a la existencia de la Constitución de la Ciudad de México, incluyendo la defensa de la misma ante los recursos de inconstitucionalidad presentados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos con suma preocupación que uno de los contenidos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México contradice abiertamente lo que señala la Constitución de la Ciudad y pone en riesgo el ejercicio democrático en las elecciones de las alcaldías I.- Los numerales 3, 4 y 5 del literal A del artículo 53 de la Constitución Política de la Ciudad de México, indican que el 60% de los integrantes del consejo de cada una de las alcaldías lo integrará quienes hayan obtenido la mayoría relativa en cada circunscripción de las que conformen el territorio de la alcaldía. Esto es, independientemente de que hayan formado parte de la planilla del alcalde que haya ganado la elección o de otra planilla. Y señalan como máximo de concejales para cualquier partido o coalición el mismo 60 %, porcentaje que, por estas mismas disposiciones, solamente de manera excepcional podrá ser alcanzado por cualquier planilla contendiente en las elecciones para alcalde. Estas disposiciones concuerdan con lo que establece el inciso a) de la fracción VI del artículo 122 de la Constitución Federal. II.- Contraviniendo lo anterior, el inciso a) de la fracción V del artículo 17 del Código, aprobado el 30/05/2017, dice que el 60% de concejales para una alcaldía será electo por mayoría relativa en su conjunto por la planilla ganadora. Esto significa que independientemente de cómo hayan sido los resultados en cada circunscripción del territorio de la alcaldía, ese 60% lo determinará la planilla ganadora, con lo que la mayoría que significa esa proporción de concejales será la regla y no la excepción como lo establecen, tanto la Constitución de la Ciudad como la reforma del artículo 122 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Los contrapesos que a través de la forma de integración de los consejos la Constitución de la Ciudad de México prevé para las alcaldías y sus demarcaciones, dejan de existir en esta disposición del Código, con lo que se abre la puerta para que las decisiones sean tomadas prácticamente de manera exclusiva por el alcalde, volviendo así irrelevante la función de los Concejos. Tal disposición contenida en el proyecto de código electoral aprobado, guardando las proporciones, resulta tan absurda como si a quien resultara electo para la Jefatura de Gobierno se le asegurara que -por ese solo hecho- obtendría automáticamente el 60% de los diputados al Congreso de la Ciudad La democratización que la Constitución de la Ciudad propone para las alcaldías quedaría como letra muerta en caso de que permanezca en esos términos lo establecido en el artículo 17 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Por lo antes expuesto les solicitamos que, a partir de las observaciones hechas por el Jefe de Gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 48 del vigente Estatuto de Gobierno para “hacer observaciones y devolver” a la Asamblea Legislativa el mencionado Código Electoral, si bien, según lo informado por los medios, las observaciones realizadas no hacen referencia a las fracciones a las que nos referimos, esta Asamblea puede aprovechar la ocasión para adecuar el art. 17 a la Constitución Política de la CDMX, toda vez que el artículo 48 del Estatuto señala que “El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la Asamblea”. No se refiere sólo las observaciones realizadas. Tenemos la certeza que la acción que les solicitamos es imprescindible para construir la confianza social en la Constitución Política de la Ciudad. A su vez esta confianza es indispensable para continuar con su defensa ante los cuestionamientos recibidos por parte de instancias conservadoras, la Asamblea Legislativa debe demostrar a la ciudadanía que no es parte de esas fuerzas. Cuauhtémoc Cárdenas, Miguel Concha, Alfonso Suárez del Real, Clara Jusidman, Olga Sánchez Cordero, Ifigenia Martínez, Mayela Delgadillo, Enrique Provencio, Miguel Ángel Velázquez, Pilar Berrios, Martha Tagle, Roberto Eibenchutz, Jorge Fernández, Manuel Canto, Jaime Rello Alejandro Encinas Nájera (OSC); Ángel Ruiz (OSC); Angélica Nadurille (OSC); Arturo Caballero Barrón (OSC); Bernardo Bátiz, (Constituyente), Antonio Gershenson Táfelov; Araceli Moreno Acosta (OSC); Aristeo López Pérez, (Constituyente); Blanca Ramírez Velázquez (UAM-X) Carlos Aguilar Astorga (UAM – L); Carlos Labore; Carlos Ventura Calleja (OSC); Cecilia Soto González, (Constituyente); Clara Eugenia Salazar Cruz (Col-Mex); Consuelo Sánchez, (Constituyente); Cristina Sánchez Mejorada (UAM – A) Daptnhe Cuevas (OSC); Denis Reyes (Vecinos); Edgar Avilés (Vecinos); Emilienne De León Aulina (OSC); Emilio Pradilla Cobos (UAM – X); Enrique Ortiz Flores (OSC); Eric Flores Cervantes, (Constituyente); Ernesto Jiménez Olín (MUP); Fabrizio Mejía Madrid, (Constituyente); Federico Sobrino Medina (Vecinos) Gabriela Delgado Ballesteros (OSC); Gabriela Rodríguez (Constituyente); Gabriel Quadri, (Constituyente); Gilberto Anguiano Soria; Guénola Caprón (UAM – A); Guillermo Ramírez (Vecinos); Héctor Tejera Gaona; Humaya Valeria Hernández (OSC); Humberto Lozano Avilés, (Constituyente) Javier Jiménez Espriú, (Constituyente); Javier Héctor Flores (Vecinos); Jesús Ramírez Cuevas, (Constituyente); José Vázquez Hernández (Vecinos); Judith Reséndiz (Vecinos); Julio Moguel; Laura Breña Huerta; Laura Zapata Carmona (OSC); Leticia Parada (Veciinos); Lidia Pico; Lilia Rossbach, (Constituyente); Lorena Velazco Díaz (OSC); Lucía Álvarez Enríquez (CEIICH – UNAM) Manuel Ontiveros (Vecinos); Margarita Favela Gavia (CEIICH – UNAM); Margarita Valdez, (Constituyente); María del Carmen Amezquita (Vecinos); María del Sol Castilla Solís (Vecinos); Martha Recasens Diaz de León (OSC); Miguel Ortega Vela (OSC); Miguel Ángel Velázquez, (Constituyente); Neftalí Granados (OSC); Noemí Stolarski Rosenthal; Norma Isabel González (Vecinos); Obed Martínez Soriano (MUP); Óscar Calzada (Vecinos); Patricia Ramírez Kuri (IIS- UNAM); René Cervera, (Constituyente); Rubén Berinstain Martínez (Vecinos); Saúl Escobar Toledo (INAH); Silvia Emanuelli (OSC); Valentina Goma; Víctor García Zapata (OSC); Viridiana Hernández (OSC); Ximena Andión (OCS); Yazmín Rico Amaya (Vecinos) ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES Asamblea de barrios Nahui ollin; Asamblea de barrios
ANUEE avanza en conquista de derechos sociales, las autoridades deben cumplir cabalmente acuerdos
ANUEE AVANZA EN CONQUISTA DE DERECHOS SOCIALES, LAS AUTORIDADES DEBEN CUMPLIR CABALMENTE ACUERDOS. Ciudad de México, 3 de junio de 2017 El 31 de mayo de 2017, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), tras más de 40 días manifestándose en plantón, lograron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Energía (SENER) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) firmaran la minuta de mesa de negociación para resolver algunas de las demandas fundamentales del movimiento por la energía eléctrica: el borrón y cuenta nueva respecto a los cobros de luz, y la implementación de una tarifa social para la energía eléctrica. En vista de esta posibilidad de llegar y sostener acuerdos con el Gobierno Federal, la ANUEE ha decidido levantar el plantón instalado a las afueras de las instalaciones de la CFE a partir del día 2 de junio del 2017. La ANUEE ha luchado arduamente contra los cobros indebidos y excesivos impuestos por la CFE desde hace 7 años, tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro, convocando sobre todo a las colonias populares de la Ciudad de México y del Estado de México. A lo largo de este tiempo, sus demandas han sido claras y definitivas: el borrón y cuenta nueva a los recibos de energía eléctrica, la tarifa social de la misma que beneficie a las personas, el reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano y no como un privilegio sólo para quien pueda pagarlo, la renacionalización de la industria eléctrica, y la derogación de la reforma energética. En este sentido, la ANUEE instaló su plantón a las afueras de las instalaciones de la CFE, ubicadas en la esquina de Paseo de la Reforma, el día 17 de abril de 2017. Durante estos días, las compañeras y los compañeros de esta Asamblea realizaron actividades culturales, informativas, de formación en derechos humanos y de protesta pacífica; en las cuales mostraron su determinación y ánimo de lucha por la mejora de las condiciones de vida de las personas y los pueblos. Durante las movilizaciones y acciones que la ANUEE ha convocado, sus integrantes han sufrido la criminalización, el hostigamiento y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas estatales. Recordamos que en el marco de este plantón, las compañeras y compañeros de este movimiento social fueron encapsulados por la policía federal, así como el lamentable fallecimiento del compañero Gerardo Mata Mendoza, quien permaneció en pie de lucha hasta la madrugada del 19 de mayo. La ANUEE retiró el plantón de la CFE con la promesa de llegar a acuerdos con el Gobierno Federal, viendo en este hecho como una victoria ganada al Estado, pero teniendo muy en claro que la lucha por el derecho a la energía eléctrica y el cese a los cobros excesivos de luz sigue y debe seguir en pie. Como integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., exigimos el cumplimiento integral e inmediato de los acuerdos tomados por la ANUEE y las instancias federales implicadas. Asimismo, reiteramos nuestra solidaridad y nuestra disposición a continuar acompañando este movimiento social, que es ya un referente en la defensa colectiva de los Derechos Humanos y es un aliento para la construcción de un país más digno y en paz. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Luis Aguilar: 56596797 ext. 227 Imagen Destacada: Facebook Entradas relacionadas: A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos. Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad
A 27 dias del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria, familia sigue demandando justicia y respeto a sus derechos.
A 27 DIAS DEL FEMINICIDIO DE LESVY EN CIUDAD UNIVERSITARIA, FAMILIA SIGUE DEMANDANDO JUSTICIA Y RESPETO A SUS DERECHOS. Ciudad de México, 29 de mayo de 2017 -Familiares de Lesvy y defensores exigen pleno acceso y otorgamiento de copias de la carpeta de investigación. -El Centro Vitoria denuncia falta de transparencia de Procuraduría de la CDMX y nula garantía de derechos de las víctimas. -Urgente que las autoridades cumplan con sus responsabilidades de esclarecer los hechos y garantizar justicia para Lesvy. El 3 de mayo de 2017 Lesvy Berlín Rivera Osorio fue asesinada en Ciudad Universitaria. A casi un mes de su fallecimiento, la información que las autoridades han proporcionado a la familia se resume a 51 hojas que contienen sus propias declaraciones y las del personal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que encontró el cuerpo. Una sola vez se ha han permitido ver un fragmento del expediente. Sólo dos horas en 26 días, han sido dedicadas por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) para describir, no explicar, el contenido de la carpeta de investigación a su familia. Las autoridades responsables han violentado los derechos de las víctimas desde el principio de la investigación. Estigmatizaron a Lesvy por ser mujer y por ser joven. La Procuraduría de la CDMX hizo públicas supuestas declaraciones de la pareja de Lesvy, atribuyendoles veracidad y re victimizando así a su familia. Los primeros días después del suceso realizó una intervención al domicilio que ella tenía, sin considerar que su madre y su padre debían ser notificados, estar presentes y estar de acuerdo con la realización de esa diligencia. Sabemos que “el tiempo que pasa es la verdad que huye”; por ello, hacemos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México y especialmente al Procurador Rodolfo Ríos Garza para que actúen de forma urgente y adecuada para dar respuesta a las siguientes peticiones: -Permitir acceso pleno al expediente de investigación y la emisión de copias de todas las actuaciones que obran en la carpeta, incluyendo dictámenes periciales, videos y fotografías. -Informar a la familia de Lesvy los resultados que se obtengan de la investigación de manera constante, directa y sin publicitarlos. -Conducir su actuación acorde a los más altos estándares internacionales para la investigación y esclarecimiento de feminicidios. -Explicitar a la familia y a este Centro de Derechos Humanos, en su carácter de representantes legales y acompañantes, las líneas de investigación que está siguiendo respecto del caso, así como su plan de investigación. -Aceptar la coadyuvancia institucional del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), articulación de organizaciones acompañantes de casos similares. -Facilitar las labores del grupo de expertas en género de la UNAM interesadas en acompañar el caso. -Cumplir con su responsabilidad de encontrar la verdad, hacer justicia, sancionar a los responsables de este crimen y dignificar la memoria de Lesvy Berlín Rivera Osorio. En un país donde las violaciones graves a derechos humanos son cotidianas, es urgente detener la impunidad. Para nosotras y nosotros, como familia de Lesvy y como Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. (Centro Vitoria), nos preocupa la opacidad de la actuación de la Procuraduría, que mantiene a las víctimas al margen de las investigaciones y de las decisiones, violando de esta manera los derechos de las y los familiares, y obstaculizando nuestro trabajo como defensoras y defensores de derechos humanos. Finalmente, recordamos que las personas que habitamos o transitamos por la Ciudad de México, en particular las mujeres, no merecemos vivir con miedo; las autoridades civiles deben garantizar la seguridad de todas y todos en un ambiente de pleno respeto y garantía a los derechos humanos. #JusticiaParaLesvy Atentamente, Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio y Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. Contacto: Jorge Luis Aguilar. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA) Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. 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Organizaciones sociales de Canadá, Estados Unidos y México acuerdan trabajar juntas ante amenaza de Trump y renegociación del TLCAN (NAFTA)
ORGANIZACIONES SOCIALES DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO ACUERDAN TRABAJAR JUNTAS ANTE AMENAZAS DE TRUMP Y RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN (NAFTA) 28 de mayo de 2017 -Organizaciones de los tres países denuncian las consecuencias y afectaciones del TLCAN sobre sus pueblos, durante Encuentro trinacional. -Rechazan el actual modelo de Tratados de Libre Comercio -Impugnan toda opacidad y discrecionalidad en torno a la renegociación del TLCAN El día de ayer por la tarde culminó el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México, llevado a cabo en el Palacio de Medicina edificio histórico bajo resguardo de la UNAM, en la Ciudad de México, durante los días 26 y 27 de mayo. A la cita acudieron más de cien organizaciones sociales (anexa lista) provenientes de los tres países; participaron también algunos parlamentarios críticos de estos Tratados; asimismo, Rectores de dos Universidades (UAM-I y de Chapingo) que se congratularon de esta iniciativa y recalcaron que cualquier nueva negociación debe contar con la participación de todos los sectores sociales y se comprometieron a que la academia apoye en este proceso. También participaron importantes centros de investigación y elaboración de alternativas que apoyan a los organizaciones sociales. Durante dos días de trabajo, se discutió y reflexionó sobre las graves afectaciones, que desde la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), han padecido pueblos, comunidades y personas de estos tres países, también discutieron sobre la orientación y objetivos que debiera tener las relaciones entre los países de América del Norte. Condenaron este modelo porque ha afectado gravemente el desarrollo nacional, y porque es contrario a los intereses de los pueblos. Las organizaciones, movimientos de la sociedad civil y comunidades originarias rechazamos no sólo detalles técnicos del actual TLCAN, sino la orientación y filosofía que lo guía; luchamos por la construcción de un nuevo modelo de integración, cooperación e intercambio entre los países que garantice el bienestar de todas y todos, y el pleno respeto a los derechos humanos. Para ello, deben participar en el proceso de discusión sobre el TLCAN todos los sectores de la sociedad y no sólo grandes empresarios. Reunidas en pleno, las organizaciones acordaron trabajar conjuntamente para hacer frente a las amenazas del actual gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y fortalecer su articulación de cara al anuncio que hicieron los gobiernos de estos tres países de “modernizar” el TLCAN, incorporando nuevos temas y profundizando algunos otros, según lo ya discutido en el Tratado de Asociación Transpacífico. Asimismo, durante las reuniones del Encuentro, las y los representantes de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales, de migrantes, de derechos humanos, de derechos digitales, ecologistas y de defensa del medio ambiente, ratificaron la urgencia de articularse en alianzas trinacionales, tal como se suscitaron cuando se inicio la negociación del TLCAN en 1994. Renovaron la conciencia de que fue este tipo de articulaciones las que permitieron derrotar al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y congelar y detener el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). Reconocieron y se comprometieron a llevar a cabo sendos esfuerzos para impulsar, recuperar y construir formas creativas de integración y cooperación internacional, venidas desde las organizaciones sociales y en beneficio de las y los trabajadores, campesinos e indígenas, y de toda la población en general, con base en el cuidado de la naturaleza y el respeto irrestricto de los derechos humanos para todas las personas y pueblos de los tres países. Las distintas organizaciones sociales, al termino el Encuentro, regresaron a sus respectivos países para compartir la información y sinergias logradas, profundizar y concretar las acciones que en cada país y trasnacionalmente realizaremos. Esta incorporación de las bases de las organizaciones fortalecerá y generará mayor legitimidad y fuerza entre la sociedad civil para hacerle frente a la renegociación del TLCAN. Por ello, es que las organizaciones participantes dejaron claro que éste será uno de muchos esfuerzos y reuniones trinacionales que buscarán revertir la amenaza que representa Trump y su gobierno para la región de Norteamérica y también para el mundo. Además, convocaron a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias y propuestas de interlocución política para lograr una mayor incidencia en la re-orientación del rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable. Después de las consultas correspondientes en sus organizaciones y redes, darán a conocer los planes de acción, movilizaciones, campañas y declaratorias que buscarán incidir en esta coyuntura internacional. En el caso de las organizaciones mexicanas, al inicio del Encuentro, dieron a conocer un pronunciamiento desde México, donde se establecieron las principales preocupaciones de las organizaciones articuladas en México, fijando así una primera postura ante la coyuntura internacional actual y frente al TLCAN. Convergencia de Organizaciones Sociales México mejor sin TLCs. Entradas relacionadas: Reacomodo neoliberal del comercio ¿Deberíamos defender el TLCAN? México en la Encrucijada Internacional Estado mexicano pretende resucitar TPP Comunicado: Al Gobierno Federal y el Senado de la República: el TPP no pasará
Las organizaciones sociales de México; demandamos la sustitución del TLCAN
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MÉXICO; DEMANDAMOS LA SUSTITUCIÓN DEL TLCAN -Apostamos por un modelo distinto de relaciones comerciales y cooperación. -Exigimos se respete la soberanía nacional y de los pueblos. -Demandamos un desarrollo integral asociado al respeto de los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. Ante el inminente proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las organizaciones de la sociedad civil de México agrupadas en la Convergencia Mexico sin TLCs, nos pronunciamos, en primer lugar, por la desaparición de un tratado que ha afectado gravemente el desarrollo nacional, ha sido contrario a los intereses de los pueblos, el medio ambiente y nuestro sistema democrático y ha provocado un verdadero desastre social. Nos pronunciamos por abrir un proceso de construcción de un nuevo acuerdo de cooperación entre los tres países sustentable y sostenible. Que promueva verdaderamente el desarrollo nacional e impacte de manera directa en el mejoramiento de los salarios, del nivel de vida de los campesinos, el bienestar de los pueblos, la soberanía alimentaria, los derechos humanos, especialmente los derechos de los migrantes y proteja de manera efectiva el medio ambiente. El TLCAN ha sido fuente de pobreza y desigualdad, despojo y depredación de los recursos naturales y los territorios, ha violado sistemáticamente derechos humanos y ambientales de manera permanente, ha permitido el crecimiento de un poder supra nacional de las grandes corporaciones, excluyente de la mayor parte de la sociedad. Su renegociación significa la consolidación de un sistema comercial donde las empresas se apropiarán aún más de las riquezas de nuestros pueblos y explotarán las circunstancias a su favor para someter a nuestros países; al mismo tiempo que pretende la confrontación entre nuestros pueblos en beneficio del capital y exacerba la xenofobia contra los migrantes. El TLCAN ha logrado que la economía mexicana sea preponderantemente dependiente de la economía estadounidense; que las formas de degradación del medio ambiente lleguen a extremos tales que grandes porciones del territorio no puedan ser habitados; que el agua de los ríos se convierta en tóxica; que las comunidades sean despojadas de sus tierras; que la precarización del trabajo llegue al extremo en que cada día hay más trabajadores sin salario y de quienes pagan por trabajar, hay más trabajo forzado; se ha reforzado el sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora; se ha conseguido concentrar aun más la riqueza aumentando las desigualdades, así como la descomposición social y la violencia, desde el estado y la delincuencia organizada. Todo acuerdo comercial debe transitar de manera real y sostenida en la creación de trabajos decentes y salarios dignos para todos, sin importar la nacionalidad; aumentos salariales consistentes que recuperen la pérdida del poder adquisitivo al menos, de los últimos 23 años en que ha estado vigente el TLCAN, recuperar la soberanía nacional respetando a los pueblos y los territorios campesinos e indígenas, garantizar que la seguridad social y los servicios públicos de calidad lleguen de manera eficiente a toda la población; el cuidado del medio ambiente y la rehabilitación del mismo en los casos que sea necesario. Asimismo, La competitividad de México en la región no puede seguir con base en los bajos salarios, malas condiciones de trabajo y laxa regulación ambiental. Tampoco la competitividad en Estados Unidos debe fundarse en la sobre-explotación de los migrantes, la violación de sus derechos humanos y un trato indigno independientemente de que sean documentados o no. Cualquier nuevo acuerdo debe incluir resolver esta injusticia social con los migrantes. El gobierno de Enrique Peña Nieto carece de autoridad moral para encabezar y ser responsable de cualquier negociación en nuestro nombre. Todas las negociaciones comerciales deben abrirse a la participación amplia y plural de la sociedad civil, sin simulaciones a través de las organizaciones controladas por el gobierno. Esto implica el desmantelamiento del sistema de control corporativo sobre la clase trabajadora, así como la publicación previa de los textos y la construcción de mecanismos de intercambio de información, participación social y deliberación. Queremos una deliberación pública, abierta de los temas de los acuerdos comerciales y que los acuerdos se sometan a consulta de nuestros pueblos. La convergencia de Organizaciones y movimientos sociales Mexico sin TLCs que representan a los sindicatos, a campesinas y campesinos, a los pueblos indígenas, a las organizaciones ambientalistas, los colectivos de derechos humanos, grupos religiosos y otras organizaciones de la sociedad civil hemos colaborado desde el inicio del TLCAN y estamos ratificando nuestro compromiso de trabajar conjuntamente y lanzamos un llamado a construir un movimiento amplio y diverso para desafiar la renegociación de un TLCAN más neoliberal. Por lo anteriormente expuesto reiteramos: No, a este modelo de relación comercial que ha tenido resultados nocivos en materia ambiental, que ha estimulado la deforestación a manos del avance descontrolado de la frontera agrícola y un aumento en la generación de desechos tóxicos, contaminación del agua y emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros impactos. Además del bajo crecimiento durante varias décadas, creciente desempleo, precarización del empleo, expansión de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social y profundización de las asimetrías entre nuestros países. Las prioridades de los movimientos sociales son: 1. Impulsar una campaña de amplio diálogo social al interior de cada uno de nuestros países y en Norte América, particularmente con las expresiones más progresistas y democráticas de la sociedad estadounidense y canadiense, en un esfuerzo regional del Norte de América, en torno a valores que reviertan la precarización del empleo y que se garantice el pleno respeto a los derechos laborales, y económicos sociales y culturales y de los pueblos originarios y por la construcción de formas superiores de cooperación e integración económica para el desarrollo de diversas regiones del mundo. 2. Consensar una postura y estrategias comunes frente a la inminente renegociación del TLCAN y frente a otros escenarios de la globalización neoliberal y el libre comercio. 3. Avanzar en la construcción de una visión común sobre formas y alternativas de integración y cooperación regional integrales que comprendan las dimensiones política, económica, social, ambiental
Agresiones contra la ANUEE violentan el derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales
AGRESIONES CONTRA LA ANUEE VIOLENTAN EL DERECHO A LA PROTESTA Y A LA INTEGRIDAD E INTIMIDAD PERSONALES. Ciudad de México, 26 de mayo de 2017 El miércoles 24 de mayo del 2017, entre las 9 y las 10 de la mañana, agentes de la policía municipal de Chimalhuacán, Estado de México, detuvieron a 5 integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), en la Avenida Sindicalismo, entre Acayetl y Bordo Xochiaca. En el momento de la detención, la policía municipal indicó que su intervención había sido solicitada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para retirar del lugar a las y los integrantes de la ANUEE que se encontraban realizando actividades de protesta civil pacífica. Sin embargo, CFE niega que hayan sido ellos quienes hicieron dicha solicitud. Las personas detenidas, en su mayoría adultas mayores y entre las que se encontraban 4 hombres y una mujer, fueron llevadas a la Séptima Delegación de la Comandancia Municipal de Chimalhuacán. Nunca se les notificó la acusación o causa de su detención. De acuerdo al testimonio de uno de los detenidos, los hombres fueron privados de libertad en los separos del lugar; tras ello, fueron forzados por integrantes de la policía a bajarse los pantalones y retirarse la ropa interior. La mujer que detuvieron fue llevada a un separo diferente. Poco antes de ponerles en libertad, las personas detenidas fueron forzadas a firmar un documento, el cual no les permitieron leer. También fueron despojadas y despojados de sus pertenencias durante la detención, incluyendo gafas y zapatos. Mientras las personas de la ANUEE estaban privadas de libertad, personal de CFE instaló los postes y la interconexión de líneas aéreas, acción que habría motivado los actos de protesta civil pacífica. Denunciamos este acto como evidentes detenciones arbitrarias y de hostigamiento contra las y los integrantes de la ANUEE, así como la violación al derecho a la protesta y a la integridad e intimidad personales. El derecho a la intimidad o a la vida privada es aquel ámbito de la libertad necesario para el pleno desarrollo de la personalidad, espacio que debe estar libre de intromisiones ilegítimas, y que constituye el presupuesto necesario para el ejercicio de otros derechos. Uno de los componentes del ámbito de la intimidad personal es “la intimidad corporal o pudor”. Por ello, cuando se exhibe públicamente y contra la voluntad de las personas las partes del cuerpo que generalmente no son descubiertas, en contextos no propicios y arbitrarios, se viola su privacidad corporal, consecuentemente se transgrede su intimidad personal. Las revisiones corporales, para ser respetuosas de derechos humanos, sólo pueden realizarse cuando medie causa legítima establecida en una norma que las justifique, se deben realizar por autoridad competente, en lugares donde exista privacidad y a través de procedimientos adecuados, los cuales deberán considerar la edad, sexo y circunstancias de la persona que puedan ameritar un trato diferenciado; cualquier forma de injerencia que se aparte de estos mínimos será arbitraria y, por tanto, violatoria de derechos humanos, entre otros del derecho a la intimidad personal. Responsabilizamos al gobierno y policía municipal de Chimalhuacán, así como a la CFE, por la comisión de estas violaciones a derechos humanos. Reiteramos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la urgencia de implementar las medidas cautelares que este Centro de Derechos Humanos ha solicitado para las personas de la ANUEE que continúan en resistencia contra los cobros indebidos excesivos de energía eléctrica por parte de la CFE. Recordamos que la resistencia de la ANUEE es ya un referente en la defensa colectiva de los Derechos Humanos y es un aliento para la construcción de un país más digno y en paz. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Luis Aguilar: 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad
Manifestaciones presentada por el Dr. Miguel Concha en relación a las acciones de insconstitucionalidad contra la Constitución de la Ciudad de México
RESUMEN DE MANIFESTACIONES PRESENTADA POR EL DR. MIGUEL CONCHA MALO EN RELACIÓN A LAS ACCIONES DE INSCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México, 23 de mayo de 2017. Instituciones Promoventes. Acciones de Inconstitucionalidad promovidas por Partidos Políticos, como MORENA, PARTIDO NUEVA ALIANZA, y autoridades del orden federal, como PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes promovieron, una cada instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, en contra del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Recordando que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control de la constitucionalidad tramitada únicamente ante la SCJN, donde se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, a fin de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. PRIMERA MANIFESTACIÓN. La primera Manifestación se refiere a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República, autoridad que impugna el artículo 3° numerales 1 y 2, así como el título Segundo de la “Carta de los Derechos” de la Constitución de la CDMX, porque en su opinión va en contravención de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se extralimitan en relación con las fuentes de reconocimiento de derechos humanos, las cuales son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que México sea parte. En sentido opuesto, las y los especialistas elaboradores del Proyecto de Constitución de la CDMX no consideran esta manifestación inconstitucional, debido a que establecer un catálogo de derechos humanos en esta Constitución Local representa reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales. Además la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se reserva atribución expresa para legislar como fuente única en materia de Derechos Humanos al Congreso de la Unión. Por lo tanto, debe entenderse que a las Entidades Federativas les compete igualmente esta facultad. Como Delegado, considero que el hecho de que la Ciudad de México contenga en su legislación propia un catálogo de derechos humanos, representa una ampliación en la protección de los ya establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales. SEGUNDA MANIFESTACIÓN. El segundo concepto de impugnación es el artículo 11, apartado 1 de la Constitución de la Ciudad de México, que establece “derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional”, exponiendo que las personas que se encuentren en dicha situación tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de migrantes. Para la Procuraduría General de la República, autoridad que nuevamente impugna este precepto, invade la competencia del Congreso de la Unión para facultar en materia de emigración e inmigración. El parecer de la Asamblea Constituyente es que el precepto mencionado no invade la competencia del Congreso de la Unión, porque no establece facultades para autoridades locales, sino que reconoce los derechos de los migrantes. Sumado a lo anterior, la CDMX ya ha tenido normatividad para atender este sector de la población, como Ley de Interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal; el Programa General de Desarrollo 2013-2018, en el que se encuentra el Programa sectorial de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana para el Distrito Federal (2013-2018), y el Acuerdo por el que se declara a la Ciudad de México una Ciudad Santuario, donde son bienvenidas todas las personas, y de manera específica todas y todos los mexicanos trabajadores migrantes y sus familias de retorno al territorio nacional, sin que éstos fueren impugnadas por invasión competencial. Como delegado considero que el que exista este precepto en la Constitución de esta entidad federativa fortalece nuestra misión de defensores ante toda autoridad, ya sea de nivel federal o estatal. TERCERA MANIFESTACIÓN. Como tercera impugnación que nos atañe es la revocación de mandato, a propósito del cual la Procuraduría General de la República sostiene que va en contravención con los artículos 109 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En defensa exponemos que no existe una facultad constitucional expresa a favor del Congreso de la Unión para legislar sobre un medio de control de gobernabilidad, por lo que ésta debe entenderse reservada para las entidades federativas. Cabe aclarar que cuando hablamos de la revocación de mandato, no se trata de un procedimiento para fincar responsabilidades de las personas servidoras públicas, como considera la PGR, sino de una herramienta de la sociedad para retirar el mando a una persona en la que ya no se confía. Además de que la figura se encuentra vigente en varias entidades federativas, tanto en disposiciones constitucionales como secundarias. La existencia de este mecanismo para equilibrar el uso del poder en la Ciudad de México representa la oportunidad para el gobernado de tomar parte en las decisiones políticas del Estado y tener mayor presencia en la justicia y en la cohesión social. La participación de la sociedad en este tipo de decisiones representaría un aumento en el interés político de la población, y fortalecería a la democracia como régimen político de nuestro país. CUARTA MANIFESTACIÓN: Finalmente está la impugnación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al artículo 36, apartado B de la Constitución de la CDMX, el cual prevé un juicio de restitución de derechos humanos por Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), aceptadas y no cumplidas. La violación que supuestamente traería este artículo, es el acceso al sistema constitucional no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, vía recurso de inconformidad, y a la tutela efectiva de los derechos humanos consagrados en los artículos 1º; y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este precepto no está facultando al Poder Judicial de la Ciudad de México para pronunciarse sobre el
A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS
A UN MES DE RESISTENCIA DE LA ANUEE, SE REQUIERE INELUDIBLE DIÁLOGO Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS Ciudad de México, 16 de mayo de 2017 Hace casi un mes, el día 17 de abril del 2017, las personas que integran la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) comenzaron un plantón a las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la esquina de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Sur. Esta manifestación es contra los cobros indebidos y excesivos de luz, a la vez que exigen una tarifa social por el uso de energía eléctrica y el reconocimiento de la misma como un derecho humano. Ellas y ellos también han hecho explícito su rotundo rechazo a la reforma energética promovida y aprobada en el actual sexenio. La ANUEE se conforma por diversas personas y colectivos que han emprendido esta lucha desde hace por lo menos siete años, cuando la extinción de Luz y Fuerza del Centro provocó abusos en contra de usuarias y usuarios de energía eléctrica, sobre todo en zonas populares y rurales. Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, este caso y la situación que nos presenta es muestra y síntoma de la errónea política energética implementada en nuestro país, donde no se consulta a la ciudadanía, se imponen reformas privatizadoras y se violentan derechos humanos elementales. Se hace urgente un verdadero diálogo de las autoridades que hasta el momento están involucradas, como son la Secretaría de Gobernación y la CFE; Este Centro de Derechos Humanos ha identificado graves omisiones de parte de las autoridades para resolver el conflicto de fondo y para atender las demandas y exigencias de este movimiento. Por el contrario: las autoridades se han mostrado evasivas y han hostigado a las compañeras y compañeros del plantón. No se requiere administrar el conflicto, sino resolverlo de raíz y respetar los derechos humanos de las personas involucradas. Debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que sostienen el plantón frente a las instalaciones de la CFE, este Centro de Derechos Humanos ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal su efectiva intervención para garantizar la salud, la integridad y protección de las personas que están en el plantón, así como que se garantice integralmente el derecho a protestar y expresarse libremente. Se requiere urgentemente “borrón y cuenta nueva”, que refiere a que la CFE se retracte de los cobros desproporcionados y aleatorios que emitió contra hogares de escasos recursos, y que, por el contrario, se generé una tarifa justa y popular. En México es necesario reconocer el derecho a la energía eléctrica, para que se garantice el acceso y goce del derecho de manera justa y equitativa, y no como un privilegio que sólo pueden pagar quienes tienen los recursos para hacerlo. La energía eléctrica es un derecho y no una mercancía. Denunciamos también la serie de agresiones de las que han sido objeto quienes son integrantes de la ANUEE. Hacemos memoria de quienes han dejado su vida en esta lucha, como el compañero Gerardo Mata Mendoza, quien murió afuera de las instalaciones de la CFE la madrugada del 29 de abril, mientras ejercía su derecho a manifestarse y oponerse a la política de cobros de la CFE. La defensa de derechos humanos que ejerce la ANUEE nos recuerda que es posible revertir la lógica de privatización y violación sistemática de derechos humanos, que ha sostenido el Estado mexicano en el actual sexenio a raíz de sus reformas estructurales. La lucha de la ANUEE es un referente ya de defensa colectiva de derechos y un aliento para la construcción de un país digno y en paz. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C. Contacto: Jorge Luis Aguilar: 56596797 ext. 227 Entradas relacionadas: Los hechos de Palmarito evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior Juventudes defensoras resistimos y nos organizamos frente a la guerra y la violencia Agresiones contra Brigada Humanitaria Marabunta contravienen Protocolo de Actuación en contextos de manifestaciones. La vida pública de la Ciudad de México en riesgo Albazo: Partido Verde pretende privatizar los recursos genéticos del país con Iniciativa de Ley General de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social denuncia graves retrocesos en la Ley sobre el Uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora Los pueblos latinoamericanos decimos NO a los Tratados de Libre Comercio Sobre la iniciativa de Ley general de Biodiversidad Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social saluda la publicación del Protocolo de Protección de Personas en el Contexto de Manifestaciones en la Ciudad de México SCJN evade la protección de derechos humanos al determinar que “Ley Eruviel” no es inconstitucional
