Sábado 17 de agosto de 2019

Miguel Concha 

Estamos viviendo en la historia de nuestra nación un momento de crisis, de desconfianza hacia las medidas de nuestro gobierno y de incertidumbre sobre nuestro futuro. Nuestra reacción ha sido por parte de algunos la crítica violenta y viral a las decisiones de las autoridades, sin analizar con hondura y responsabilidad las causas de esta situación. Como acaba de mostrar el Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) en su informe acerca de los pasados 10 años de desarrollo de la política social, de 2008 a 2018, la pobreza en nuestro país se ha incrementado en 3 millones de personas, pasando de 49.5 a 52.4 millones.

Además, la población que carece de suficientes ingresos para su alimentación es igual que la que había en 2008, y son ya 21 millones las personas que se levantan cada día sin saber si tendrán dinero para comer. Lo más preocupante es que en todas las naciones de Latinoamérica sin excepción, incluyendo a los centroamericanos, se ha reducido en los pasados 10 años sustancialmente la pobreza e incluso en alguno, como en Uruguay, prácticamente ha desaparecido. ¡Increíble! ¿No? Las razones que explican esta realidad son diversas.

Como han dicho varios expertos, una de ellas es que hemos actuado económicamente motivados por la necesidad técnica de ser competitivos a escala mundial mediante mano de obra barata, lo cual asimétricamente fue aprovechado desde dentro en el Acuerdo Económico de América del Norte, y denunciado ventajosamente desde fuera 20 años después. Lo que implícitamente establece para las empresas que para tener éxito deben incrementar conti-nuamente su productividad. Lo que en es-te paradigma económico consiste en su relación entre ingresos y salarios, y las obliga a reducir el número de empleados y a pagar los salarios mínimos posibles.

Uno de los rasgos subrayados por el reciente informe del Coneval para explicar el aumento de la pobreza es precisamente la inseguridad social de las familias y los bajos salarios de los trabajadores. Otra política muy peculiar nuestra, y que también explica nuestra situación, pero que en cambio no se aplica en la mayoría de los países, es la de otorgar incrementos anuales al salario mínimo inferiores a la inflación anual. Lo cual implicó, como ya se ha también dicho, que de 1977 a 1995 los trabajadores perdieran 70 por ciento de su capacidad adquisitiva. Y ello sin considerar que los incrementos al salario mínimo se convierten en referencia para el resto de los sueldos de los trabajadores, como la experiencia nos lo ha probado.

Por último, otra razón de peso es eviden-temente la corrupción, tanto en el sector público, como en el privado, la cual incrementa claramente la desigualdad y la pobreza, al permitir entre otras cosas lapresencia de múltiples monopolios y oligopolios que encarecen ilegal e indebidamente los precios de los productos, originando con ello de manera injustificada una reducción significativa en los ingresos de las personas de escasos recursos, quienes deben pagarlos en beneficio de los multimillonarios del país. No hay poder en efecto que les vaya a la mano en los precios de sus productos y servicios, que desde luego no son regulados por la famosa ley de la oferta y la demanda. Como dato adicional, puede afirmarse que la pobreza que se origina por el sensible incremento del desempleo, del empleo informal o por grupos de personas que ni siquiera buscan trabajo, es igualmente factor de la creciente inseguridad que asola nuestra sociedad, y que incluso mediante la extorsión ha comenzado a afectar el crecimiento de nuestra economía.

Me atrevo a hacer algunas propuestas que implican la participación, tanto del gobierno, como de las empresas, las que, con gran sentido de responsabilidad social, están obligadas moralmente a participar solidariamente en ellas. La primera es el establecimiento de sólidos sistemas de seguridad social, que incluyan el acceso efectivo a la salud y a la educación, estancias infantiles (las oficiales y las auténticas), pensiones para adultos mayores y fondos de ahorro para la vivienda.

Considero indispensable que el salario mínimo se duplique gradualmente en los próximos tres años, lo cual no sólo reducirá sustancialmente la pobreza, sino que motivará el aumento del PIB al aumentar el consumo. Y, desde luego, es prioritario que se combata la corrupción, incluyendo la necesidad de que en el mercado se supriman los monopolios y se fijen los precios en auténtica competencia. Pues, como han expresado muchos especialistas, se trata de restablecer el círculo virtuoso entre trabajo digno, salario justo, consumo popular, mercado interno, inversión productiva, producción suficiente y crecimiento de la economía. De no tomar estas medidas y otras similares, los 60 millones que realmente viven en pobreza seguirán aferrados, querámoslo o no, al populismo.

Consultar artículo en La Jornada.

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