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Dominicans for Justice and Peace y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria agradecen al Comité por el espacio. México atraviesa por una crisis de derechos humanos que ha impactado, entre otros, el derecho de asociación y participación política.
A pesar de las grandes oportunidades que representan estos ejercicios democráticos, el Estado mexicano no ha generado hasta ahora las condiciones necesarias para permitir una participación integral y efectiva. Por ejemplo, las iniciativas ciudadanas reconocidas por la Constitución Política permiten que la ciudadanía pueda presentar iniciativas de ley o reforma.
Sin embargo, estas no han sido respetadas desde su aprobación. Otro mecanismo es la figura del Parlamento Abierto, que busca evitar el monopolio de las autoridades electas en asuntos que interesan y preocupan a la ciudadanía. En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil solicitaron la activación del Parlamento Abierto. El Gobierno, no obstante, lo rechazó.
Además, cabe señalar que, durante el sexenio pasado, se estima que al menos 110 personas defensoras fueron asesinadas, y hubo cerca de 2 mil violaciones a sus derechos entre 2013 y 2017, incluyendo casos de criminalización y obstrucción de sus actividades; agresiones físicas y psicológicas; fabricación de delitos; campañas de desprestigio; amenazas; hostigamiento, entre otros. Aún con avances normativos en materia de protección, se reconoce que el Estado mexicano no cuenta con una política de prevención, investigación y reparación integral efectiva.
En el marco del nuevo gobierno federal se ha impulsado una narrativa y acciones tendientes a la deslegitimación de la defensa de los derechos humanos y del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, mediante declaraciones promovidas desde el Estado, que hacen más difícil el contexto en el que desarrollan sus labores.
Otro aspecto de preocupación son los recursos limitados de las organizaciones, con reducción de 50% del presupuesto público aprobado para el ejercicio fiscal 2018. De las más de 44 mil organizaciones registradas legalmente en México, sólo un poco más de 2 mil recibieron recursos públicos, lo que afecta principalmente a organizaciones comunitarias que trabajan a favor de los sectores más vulnerabilizados.
En este contexto, recomendamos al gobierno:
- Asegurar mecanismos efectivos e integrales de participación política, que atiendan
todas las demandas y exigencias presentadas por la ciudadanía y que respecten la
diversidad de condiciones sociales y contextos del país. - Fortalecer mecanismos de protección integral para las personas defensoras que se
encuentren actualmente en situaciones de riesgo y promover el reconocimiento de su
labor. - Generar diálogos propositivos con las organizaciones de la sociedad civil y garantizar
un ambiente propicio para su labor, asegurándose la destinación de recursos públicos
suficientes para el desarrollo y promoción de sus actividades.
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Declaración oral conjunta presentada por:
Dominicans for Justice and Peace
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, A.C. O.P.
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