• -Como en anteriores elecciones, una vez más se observa una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto
• –La actuación de la Sala Superior del TEPJF, con sus decisiones recientes, ha abonado a generar desconfianza y confusión
• -Nos preocupa la descomposición intencionada y la captura por parte de los partidos políticos del pilar ciudadano de las autoridades electorales
• –A cinco días de la elección, falta conformar el 10% de las mesas de funcionarios de casilla
• -Observamos un porcentaje alto, casi de 34%, de sustituciones de funcionarios de mesas de casilla en comparación con otros procesos electorales, así como la duplicación del número de observadores electorales en Chiapas y el Estado de México
• -Hay riesgo de que se anule la elección por la falta de información sobre gastos de campaña de manera oportuna
• -Exigimos a todos los actores de la contienda electoral, el respeto y reconocimiento de los resultados electorales

  

Como Comité Conciudadano para la Observación Electoral lamentamos profundamente la incapacidad del Estado mexicano para frenar la violencia política y detectamos un alto grado de desconfianza a las instituciones electorales, los partidos, las coaliciones, las y los candidatos, a las instituciones federales y los gobiernos locales y al proceso electoral, en general. Ello derivado de la falta de contundencia en la actuación de las autoridades electorales para frenar el lamentable desempeño y ausencia de apego a la ley de los partidos políticos, las coaliciones y las y los candidatos, así como de la intervención ilegal del gobierno federal, los gobiernos locales y de actores no estatales como empresarios, sindicatos y sus organizaciones y medios de comunicación.

Las campañas y los debates han estado plagados de mentiras, engaños, infundios, agresiones directas, verdades a medias y frases fuera de contexto, sin consecuencia alguna para quienes los emiten y difunden. Desgraciadamente, para el avance de nuestra democracia, se ha privilegiado la denostación sobre las propuestas y la construcción de un voto informado. Lamentamos el impulso y la difusión de campañas negras de parte de los medios de comunicación y las redes sociales.

Una vez más, observamos una práctica extendida e impune de compra y coacción del voto por el gobierno federal, los gobiernos locales, los partidos, los empresarios y los sindicatos, y tememos que se haya repetido la transferencia indebida de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda a los gobiernos estatales, para apoyar al PRI, mediante empresas fantasma, como ocurrió en Chihuahua. Por ello denunciamos la incapacidad o desidia de las autoridades electorales para frenar y castigar la avalancha de irregularidades. No podemos aceptar esta normalización antidemocrática.

En ese sentido preocupa el elevado número de observadores electorales aprobados hasta ahora en Chiapas (4,038) y en el Estado de México (6,184) y que el mismo se haya duplicado respecto del proceso electoral de 2012. Los observadores podrían estar siendo usados para reforzar la compra y coacción del voto desde el interior de las casillas en dos estados con elevados niveles de pobreza.

Con suma preocupación advertimos la “validación” por parte de la Sala Superior del TEPJF del uso de las tarjetas de dinero como medio de propaganda con las que los candidatos prometen la realización de depósitos en efectivo una vez que resulten electos. Esto es un doble atentado contra la democracia: primero porque implica solicitar el voto con una promesa de dinero y en segundo lugar, porque compromete los recursos económicos del Estado en favor de una minoría.^[1]

Llamamos la atención sobre la falta de certeza que genera la Sala Superior del TEPJF al resolver sólo días antes de la jornada electoral que los votos de la Candidata independiente Margarita Zavala deberán considerarse como votos nulos y agregar de manera confusa y cuestionable que, de marcarse la boleta en ese recuadro, más otro recuadro, el voto contará para esa otra opción. Con ello la Sala Superior agrega una presión desmedida sobre la capacitación electoral y abre la posibilidad de confusión durante los cómputos en casilla. ^[2]

La intensa confrontación que ha caracterizado a las campañas políticas no ha hecho más que abundar en la extensión del conflicto a nivel de familias, comunidades y sectores sociales y económicos; con la polarización se abona a la extendida violencia que prevalece en la mayor parte el territorio nacional y se dificulta la reconciliación y la construcción de la paz que necesitan darse a partir del día después de las elecciones.

Nos preocupa la incapacidad (real o intencionada) de los partidos y coaliciones, así como de las y los candidatos, de proporcionar de manera oportuna la información sobre los gastos de campaña con fines de fiscalización. Esta conducta pone en altísimo riesgo de nulidad la elección, abriendo la posibilidad de que la Sala Superior del TEPJF aplique el cuestionado criterio, aprobado en febrero pasado, que obliga al ganador a comprobar o refutar las acusaciones de que pudiera ser objeto.^[3] 

Asimismo, nos preocupa que el carácter ciudadano del Instituto Nacional Electoral, así como de los institutos locales se ha desdibujado. El pilar ciudadano de las autoridades electorales -fincado en los consejeros generales, locales y distritales- ha sido capturado por las burocracias electorales y sus familiares, así como por miembros activos de los partidos políticos. Muchos de los nombrados como consejeros no asisten a las sesiones de consejo ni realizan las tareas de organización y vigilancia de los procesos electorales que les corresponden en el territorio, reciben prebendas por su docilidad, además de acosar y agredir a los pocos consejeros ciudadanos independientes.

En esta elección la captura y descomposición de los consejos ciudadanos ha alcanzado incluso a capacitadores, observadores y funcionarios de casilla, posiciones que están siendo ocupadas por miembros activos de los partidos y de sus organizaciones afines, particularmente del PRI, que no ha dejado de tener gran influencia en las instituciones y estructuras electorales.

También resulta de observarse que al 25 de junio el INE reporta un porcentaje de 33.97% de sustituciones de funcionarios de mesas directivas de casilla designados, lo cual es alto respecto a otros procesos electorales. Preocupan de manera particular cinco entidades con los porcentajes más elevados: Jalisco 40.26%; Nayarit 44.34%; Tlaxcala 45.31%; Quintana Roo 49.03% y Chihuahua 51.44%. Esto nos alerta pues un alto número de sustituciones implica que el proceso de capacitación y designación de funcionarios de casilla presentó fallas.

Si bien el INE reporta un porcentaje de 88.35% de casillas a nivel nacional que ya cuentan con 9 funcionarios designados, es preocupante que a menos de una semana de la elección exista un alto porcentaje de casillas que no cuentan con la totalidad de funcionarios designados.

 

Por lo anterior, exigimos:

1. – A todas las autoridades a cumplir de manera exhaustiva sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de coordinación, análisis, prevención, investigación y sanción de conductas antidemocráticas y a garantizar a las y los ciudadanos el ejercicio libre y en paz de su sufragio.
2. – Que se investiguen y sancionen las conductas ilegales que generan polarización social, haciendo apología de la guerra sucia en materia electoral y de la violencia política, como es el caso de la masiva e intensa campaña telefónica o las acusaciones de actos corrupción -sin evidencias comprobadas- en contra de candidatos a la Presidencia de la Republica.
3. – Que el INE difunda un informe detallado sobre el alto nivel de sustituciones de funcionarios de casilla y el elevado número de observadores en varios estados.
4. – Que en vista de que los resultados del PREP (Programa de Resultados Preliminares) no fluirán con la rapidez de los procesos electorales anteriores, resulta indispensable que éste programa y los conteos rápidos funcionen de manera adecuada y eficiente, para evitar poner en vilo la certeza de los resultados de la votación y la credibilidad de las autoridades electorales, específicamente la del INE. Estas herramientas son indispensables para que los ciudadanos conozcamos de manera oportuna los resultados de la elección.
5. – Que el mecanismo utilizado en los centros de recolección, traslado y resguardo de paquetes electorales esté blindado de cualquier intervención, manejo indebido o alteración de las boletas o actas electorales.
6.  – A todos los actores de la contienda electoral, el respeto y reconocimiento de los resultados electorales contribuyendo así, al fortalecimiento de nuestro diseño constitucionalmente democrático y, al mismo tiempo, iniciar de inmediato el proceso de reconciliación de nuestro país y el compromiso por la recomposición del tejido social. 

 

Hacemos un llamado a las y los observadores electorales nacionales e internacionales para que ejerzan su función de manera activa con el objeto de inhibir situaciones de violencia política, la compra y coacción del voto, los actos de temor o intimidación al electorado, el uso indebido de programas sociales y, que, en su caso, denuncien las acciones que constituyan conductas ilegales y contrarias a los principios constitucionales en materia político-electoral. Así también para vigilar de manera especial la actuación conforme a derecho de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

 

Llamamos a todas y todos los ciudadanos a salir a votar con libertad y sin temor.

El voto es libre y secreto.

Es nuestro medio para convocar a la paz, a la reconciliación y a la construcción de un proyecto de país democrático, con la participación de toda la ciudadanía.

Firman:

Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, José Antonio Crespo, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Fernanda Díaz de León, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Ramón Gutiérrez, Katya Hinke, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Norma Loeza, Osiris Marín, María Isabel Martínez, Consuelo Morales, Oscar Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Marisol Noriega, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ivet Pérez, Donancy Resendiz, Ana Saiz, Maylí Sepúlveda, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Marcela Velázquez, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.

Centro por un Recurso Efectivo AC, Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC, Red por la Participación Ciudadana, Spatium Libertas AC.