• -Es inaceptable que se coaccione el voto de los mexicanos en situación de pobreza y vulnerabilidad.
• -En los procesos electorales de 2017 y aún más en los de 2018 se observa una intensa competencia entre los partidos políticos y los candidatos en la compra de votos sin que las autoridades electorales intervengan para frenarla.
• -Hay un incremento considerable de programas sociales sin la normatividad adecuada, sin padrones de beneficiarios, ni reglas de operación, lo que permite su uso discrecional.
• -Tres secretarías elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas en el primer trimestre del año.
• -PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE de 26 millones a 146 millones en tan sólo tres meses.
• -Durante el actual proceso electoral se han destinado mayores recursos a los programas sociales para comprar y coaccionar el voto.
• -El manejo de los programas sociales se encuentra en manos de operadores políticos.
• -Lamentamos la decisión del TEPJF al haber cancelado los criterios emitidos por el INE para garantizar la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Fue una decisión inoportuna y significó un retroceso en lo poco que se había avanzado.

El Comité Conciudadano para la Observación Electoral considera que el uso de las condiciones de pobreza y de inseguridad económica de la población para inducir, coaccionar u obligarla a votar en favor de un candidato o partido constituye el mayor problema de los procesos electorales en curso y es el factor que más contribuye a la inequidad en las contiendas.

La compra y coacción del voto es también la más clara expresión de los niveles de desigualdad que existen en nuestro país y de la ausencia de un Estado que haga efectivos los derechos humanos de la población.

Con las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de revocar resoluciones aprobadas por el INE, -entre otras: la de garantizar la equidad en el uso de recursos públicos en la contienda; la de suspender los programas sociales que no contaran con reglas de operación o padrón de beneficiarios, y la de suspender durante el proceso electoral la entrega de tarjetas que implicara el ofrecimiento de un beneficio personal directo o de una futura incorporación condicionados a un determinado resultado electoral- se produjo un gran retroceso en lo poco que se había avanzado.

Cuando las personas se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica son susceptibles de ser engañadas ante el temor de perder los beneficios de un programa social o el empleo o ante la promesa de recibir algún pago a cambio. Sin sustento legal alguno y con engaños, les son solicitadas copias de su credencial para votar o son tomados los datos de las mismas haciéndoles creer que ello las obliga a votar por un determinado candidato o candidata.

Desde hace más de tres décadas en México la política social se realiza con programas focalizados para superar la pobreza; sin embargo, se ha mantenido prácticamente igual el número de personas pobres (53.4 millones de personas). Se trata en realidad de programas para administrar la pobreza que permiten a los gobernantes en turno y a sus partidos utilizarlos de manera clientelar para obtener su voto. Así, en todos los órdenes de gobierno se desarrollan programas sociales porque les rinde frutos electorales a quienes los promueven.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) ha logrado detectar  casi 6,500 programas incluyendo los federales, los estatales y los municipales. Los recursos destinados a nivel federal en los 154 programas sociales ascienden en 2018 a más de 910 mil 283 millones de pesos. El gobierno federal gestionó préstamos por 300 millones de dólares del Banco Mundial para ampliar el programa PROSPERA en 2018.

En las nueve entidades que tienen elecciones para gobernador se incrementaron considerablemente los fondos para programas sociales. En el primer trimestre de este año; las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) elevaron su gasto presupuestal entre 53 y 548 por ciento en los programas sociales y direcciones operativas. PROSPERA pasó de 14 mil millones de pesos a 20 mil millones y el IMJUVE  de 26 millones a 146 millones en sólo tres meses.[1]

La mayoría de los programas sociales se llevan a cabo con un alto grado de discrecionalidadlo que permite usarlos con fines distintos al desarrollo social; no cuentan con la normativa necesaria para su implementación y control; no tienen padrones de beneficiarios o no están actualizados, ni tienen reglas de operación o éstas son complejas a fin de permitir espacios para su uso electoral.

Asimismo, como responsables de los programas sociales, los gobiernos designan a operadores políticos más que a especialistas en desarrollo social, como ocurre actualmente en la SEDESOL y en el Gobierno de la CDMX.

Desde hace varios procesos electorales diversas organizaciones han denunciado el uso electoral de programas sociales, sin que las autoridades hagan algo al respecto. En el Estado de México por ejemplo, para el proceso electoral de 2017 se mantuvo la promoción de prácticamente todos los programas sociales a pesar de que la Ley señala que sólo se podrán difundir los relativos a servicios educativos, salud y protección civil. Los recursos que se destinaron a los programas sociales se incrementaron y se ejercieron durante el primer semestre en su totalidad. En Veracruz se alteraron los padrones de beneficiarios para registrar a militantes de partidos políticos.

En el actual proceso electoral se ha denunciado el uso político electoral de los programas sociales en diversos estados de la República y en varias delegaciones de la Ciudad de México. Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha documentado en su portal democraciasinpobreza.mx, 151 reportes ciudadanos de situaciones de coacción del voto de prácticamente todos los partidos: Estos intercambios no son solo a cambio del voto en sí, sino a cambio de la credencial para votar o su fotocopia.[2]

En razón de lo anterior exhortamos al INE y a sus consejos estatales y distritales, a los OPLES y a la FEPADE a frenar y castigar dentro de sus atribuciones la compra y coacción del voto, así como al INAI por el mal uso de la información personal de la credencial para votar. Todos los organismos deberían desarrollar mecanismos confiables para captar las denuncias de la población.

Asimismo, sugerimos al INE y a los OPLES realizar una intensa campaña para que la población no sea intimidada y ejerza con libertad su voto, destacando la secrecía del mismo.

Exigimos que los patrones dejen de presionar a sus trabajadores sobre la orientación de su voto y no sancionen a aquéllos que expresan sus preferencias electorales. El voto libre y secreto es un derecho humano y cada persona debe ejercerlo de acuerdo a sus propias convicciones y sin presión.

Exijamos al próximo Congreso de la República legislar en materia del uso de recursos públicos en periodos electorales para evitar los daños que la ausencia de legislación está provocando en la equidad de las contiendas, y a los gobiernos también exigimos una reformulación de las políticas sociales para que estén orientadas a garantizar derechos y no a formar clientelas que solo perpetúan la pobreza.

Nos manifestamos en contra de que los partidos políticos y gobiernos lucren con la pobreza y vulnerabilidad de los mexicanos. Tampoco es aceptable que algunos dueños o directores de empresas generen miedo entre sus empleados. Nadie puede pretender determinar el sentido del voto de otro ciudadano con base en la amenaza y el miedo. Todos debemos generar las condiciones para que las y los mexicanos votemos en libertad.

Firman:

Elisa Alanís, Hugo Almada, Jorge Alonso, Socorro Apreza, Ivabelle Arroyo, Abelardo Ávila, Elena Azaola, Alberto Aziz, Bernardo Barranco, Julio Miguel Bazdresch, Isabel Blanco, Julio César Bonilla, Joaquín Borrell, Sergio Caloca, Angélica Carrasquedo, Ingrith Carreón, Héctor Castillo Berthier, Isabel Castro, Alfonso Celestino, María Enriqueta Cepeda, Miguel Concha, Paola Contreras, Gabriel Corona, Magdalena Cos, José Antonio Crespo, Carlos Cruz, Gabriela Delgado, Fernanda Díaz de León, Miguel Eraña, Esteban Garaiz, Aidé García, Vivette García, Brenda Gómez, Ana Vanessa González, Ramón Gutiérrez, Katya Hinke, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Lucina Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Erika Llanos, Norma Loeza, Osiris Marín, María Isabel Martínez, Consuelo Morales, Oscar Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Marisol Noriega, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Herminia Pasantes, Andrea Pérez, Carlos Pérez, Ivet Pérez, Donancy Resendiz, Ana Saiz, Maylí Sepúlveda, Alberto Serdán, Mónica Tapia, Francisco Tortolero, Enrique Valencia, Karina Vaquera, Gustavo Vela, Marcela Velázquez, Elio Villaseñor, Flor Zamora, Carlos Zetina.

Centro por un Recurso Efectivo AC, Circo Volador, Cause Ciudadano, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC (CADHAC), Controla Tu Gobierno AC, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social AC (Incide Social), Iniciativa Ciudadana para el Diálogo para la Promoción de la Cultura del Diálogo AC, Red por la Participación Ciudadana, Spatium Libertas AC.

[1][1] Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), Resultados Preliminares, 22 de mayo de 2018, Democracia sin Pobreza.

[2]Íbid.