Es innegable que en medio de la crisis de Derechos Humanos que vivimos, la discriminación contra las personas LGBT+ está más que latente y en ocasiones amenaza la propia vida.

Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

Web original | Imagen : Jorge Luis Aguilar Pantoja

Por: Miguel Concha

21 de mayo de 2022

o podemos negar que en el contexto de crisis de derechos humanos en el que nos encontramos, la discriminación en todos sus niveles hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales e intersexuales (LGBT+) está más que latente. Los discursos de odio que perpetúan prejuicios y estigmas sociales en torno a las diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género distintas a la heterosexualidad, y al binarismo que le corresponde, continúan siendo la excusa mal fundada de movimientos antiderechos, así como la causa y justificación de agresiones y violaciones a derechos humanos que en muchas ocasiones culminan en crímenes de odio que arrebatan la vida.

El pasado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la lucha contra las homo-lesbo-bi y transfobias, que no son más que expresiones de odio hacia las personas sexo/género diversas. Fecha por ello en la que con justicia hacemos memoria de las luchas y exigencias de colectivos de personas LGBT+, y enunciamos las violencias que de manera cotidiana sufren. De acuerdo con el informe Muertes violentas de personas LGBT+ en México (https://bit.ly/3MtVZQj), durante 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas de personas LGBT+ en el país, por razones presuntamente relacionadas con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Las víctimas: 19 hombres gays, dos mujeres lesbianas, 55 mujeres trans y dos personas de orientación sexual no definida. Pero estas cifras apenas nos ayudan a vislumbrar una parte del panorama, en el que las instancias de procuración de justicia no cuentan con registros oficiales que nos acerquen a la realidad, pues con certeza muchos casos perpetrados en contextos de vida precarizada y exclusión social siguen en el desconocimiento debido a un nulo acceso a la justicia, quedando por lo mismo en la impunidad. Un dato que es necesario subrayar es que de las víctimas registradas en 2021, cinco personas eran defensoras de derechos humanos.

Desde una perspectiva interseccional, y recordando que México es uno de los países con mayor riesgo para las personas defensoras de derechos humanos, agregar una de orientación sexual, de identidad y de expresión de género diversa, complejiza aún más esa labor e incrementa el riesgo de ser víctimas de crímenes de odio. Por tanto, es fundamental que esta característica sea considerada en los mecanismos, legislaciones e instancias de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Son múltiples las vulnerabilidades estructurales que las personas LGBT+ enfrentan de manera cotidiana y que se traducen en desplazamientos forzados, migraciones, o en el limitado acceso a otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, a los derechos laborales… En general, pues, a una vida digna, y en particular a los casos de personas que se han visto en la necesidad de desplazarse de sus lugares de origen, debido a los riesgos derivados de las homo-lesbo-bi-transfobias.

Será necesario que el Estado mexica-no garantice espacios seguros, y con es-to proteger sus derechos humanos. Y esto no sólo para los desplazamientos al interior del país, sino también para quienes desde Centro y Sudamérica transitan por el territorio mexicano. No ignoremos que hay luchas surgidas desde la sociedad civil organizada e impulsadas por colectivas LGBT+ que han logrado el reconocimiento de múltiples derechos humanos para las personas sexo/género diversas. Es empero fundamental atender las vulnerabilidades estructurales que aún impiden su pleno goce, lo cual se dificulta por las omisiones en las que el Estado mexicano incurre.

Un tema particular, y una de las líneas de acción aún pendientes, es garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan la libertad de decidir sobre su orientación sexual, identidad y expresión de género, evitando cualquier acto discriminatorio en espacios públicos y privados que afecten su integridad, educación y vida consecuente. Reconocemos la labor de las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado durante más de 40 años las luchas y acciones de exigencia. Sin duda, propuestas como la tipificación de los crímenes de odio –impulsadas en estados como Oaxaca–, o la de los transfeminicidios, fortalecerá el acceso a la justicia y abonará para garantizar una vida libre de violencia para personas LGBT+. Continúa el llamado exigente dirigido a las autoridades de procuración de justicia, a legisladoras y legisladores, a los gobiernos en sus tres niveles.

La búsqueda de garantizar una vida digna y el pleno ejercicio de los derechos humanos para las personas sexo/género diversas ha tenido logros importantes que nos ayudan a acercarnos a ese otro mundo posible, donde sea una realidad garantizar todos los derechos para todas las personas, donde las vidas de las personas LGBT+ sí importan.