Buenos días senadoras, senadores, organizaciones sociales y asistentes en general. A nombre de nuestro director Don Miguel Concha Malo y de todo nuestro equipo de trabajo, agradecemos la invitación para participar en este Conversatorio de suma importancia para los derechos humanos en México.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos esenciales para que personas y comunidades cuenten con condiciones de vida digna, y puedan ejercer su autonomía, vivamos sin miedo y en libertad.

Recordamos que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio. Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; inclusive ha adoptado algunas medidas violatorias a los mismos en los últimos años.

Cuando se adoptó el Pacto Internacional no se estableció mecanismo alguno de vigilancia, ni de cumplimiento que garantizará el compromiso adquirido por los Estados, ni que permitiera que las víctimas de violaciones de sus DESC tuvieran un mecanismo de exigibilidad y denuncia. Por esta razón, y después de muchos años de la aprobación del Pacto, el 10 de diciembre de 2008 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC).

La importancia del Protocolo Facultativo resulta en ser una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender  y protegerse, así como exigir medidas de reparación a los Estados. El Protocolo establece tres mecanismos para atender las violaciones:

1. Un procedimiento de comunicaciones individuales y colectivas: el cual permite a las víctimas presentar una petición o queja antes el Comité DESC  (el cual es un grupo de 18 personas expertas que examina los avances y desafíos que tienen los Estados en materia de los DESC).

1. Un mecanismo de quejas interestatales o comunicaciones entre Estados: lo que posibilita que un Estado parte pueda presentar una comunicación a otro Estado señalando la falta de cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los DESC, ésto se hará bajo mutuo acuerdo de reconocimiento del mecanismo.

1. Un mecanismo operativo de comunicación: el cual permitirá al Comité DESC realizar una investigación a partir de recibir información fiable con respecto a la falta de cumplimiento del PIDESC.

Hasta el momento alrededor de 45 Estados lo han firmado y 24 de éstos lo han ratificado. México es uno de los Estados que hasta la fecha no ha ratificado el Protocolo Facultativo, resultado del poco o nulo interés hasta ahora mostrado, y más grave aún por la falta del pleno reconocimiento a este grupo de derechos, los cuales históricamente han sido desplazados a un segundo nivel frente a los Derechos Civiles y Políticos.

Durante la última década, el Estado mexicano ha considerado a los DESCA como servicios que puede o no conceder (incluso que se acceda a ellos según puedan o no pagarlos la población), resultando en que sólo un parte de la población mexicana puede tener acceso y por ende ejercerlos, dejando de lado principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas.

Los DESCA no son servicios, no son mercancías, ni concesiones que el Estado tenga que darle a la población, son derechos que tienen el mismo nivel de importancia que otros, atendiendo el principio de indivisibilidad e integralidad, acorde al texto constitucional, que establece que los derechos tienen la misma jerarquía y que el Estado no tendría que priorizar unos sobre otros, por lo que su garantía, protección, promoción y respeto es una obligación del Estado.

Frente a la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país, los DESCA también están siendo afectados, y las personas y sus comunidades violentadas. Mecanismos de justiciabilidad y exigibilidad de los DESCA son urgentes frente un contexto de impunidad estructural predominante, principalmente en el acceso a la justicia, derivado de las acciones y omisiones del Estado mexicano, en relación a este grupo de Derechos.

Durante el sexenio pasado vimos cómo estos derechos fueron fuertemente violentados. Las Reformas Estructurales, por ejemplo en materia energética, y su correspondiente normativa secundaria, afectan directamente a las comunidades y pueblos indígenas, sin atender, por ejemplo el derecho a la consulta según estándares internacionales; por el contrario, es reforma da beneficios a empresas sobre las comunidades en el aprovechamiento de las tierras, entre otras cuestiones. Además, como organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado falta de garantía de derechos como el medio ambiente sano, al agua, el impulso de la soberanía alimentaria y/o a la salud, con todas las implicaciones que corresponden.

La ratificación del PF-PIDESC permitirá que víctimas cuenten con un mecanismo de exigibilidad y denuncia, que es urgente. En un contexto como el nuestro, en el cual muchas comunidades y personas han sufrido violaciones a sus derechos, la ratificación del Protocolo supone saldar una deuda que el Estado mexicano debe resarcir en aras de promover, asumir y reconocer los DESCA y establecer  mecanismo de vigilancia, con el firme compromiso de que las personas puedan acceder a la justicia a través de este medio.

Este momento político en México, es sin duda una oportunidad para que la ratificación del Protocolo se concrete. Distintos mecanismos internacionales han exhortado al Estado mexicano a ratificar el Protocolo, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto y en su momento, fue una fuerte impulsora junto a distintas organizaciones de la sociedad civil de la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC”. Esperamos que en este nuevo gobierno hallemos una mayor sensibilidad para poder aprobar el Protocolo, y no seguir argumentando excusas, como la del gobierno anterior, que no se podía ser aprobado, mientras no se contara con el visto bueno de todas autoridades involucradas en su cumplimiento.

Otros mecanismos como el Comité DESC de Naciones Unidas,  en su informe más reciente a México en 2018 emitió la recomendación 71 relativa al tema. Además, el Consejo de Derechos Humanos en el Tercer Ciclo de Revisión del Examen Periódico Universal (EPU) lo menciona en la recomendación 132.1. En ambas se insta al Estado México a acelerar la conclusión de las consultas interinstitucionales lo más pronto posible para la ratificación del Protocolo.

Asimismo, mencionar que los derechos humanos no deben estar sujetos a la política económica, por lo que la limitante de recursos por parte de un Estado no puede ser el argumento para justificar la falta de cumplimiento de sus obligaciones. De hecho el PIDESC menciona la obligación de los Estados de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los DESC, por tanto no pueden limitar la obligación de  vigilancia sobre el pleno ejercicio de éstos. Se deben elaborar estrategias y/o programas que prioricen a las poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad y que pueda suponer un gasto menor para Estados en esta situación.

Como organizaciones defensoras de derechos humanos, acompañantes de víctimas y comunidades que han sufrido violaciones particularmente a sus DESCA, nos parece prioritario solicitar que el Estado mexicano reconozca mecanismos como el Protocolo Facultativo, atienda efectivamente sus obligaciones a nivel internacional y responda integralmente a las demandas apremiantes a nivel nacional, con respecto a la crisis de derechos humanos que enfrentamos.