En los seis meses escasos que nos separan del 2019, millones de personas en todo el planeta han cambiado su dinámica de vida y sufrido una brusca colisión con todo lo que imaginaban posible hasta ese momento. En muchas de ellas, en las ciudades de las capitales mundiales y en comunidades urbanas, justo las que parecían menos vulnerables al hambre, se ha mostrado con toda claridad el brevísimo margen de supervivencia de gran parte de la población que necesita de la movilidad para subsistir.

Por un lado, vemos la forma en que la enfermedad se manifiesta con mayor gravedad en los sistemas inmunes más debilitados y aquellos con enfermedades crónicas. En el caso de nuestro país, la emergencia sanitaria ha puesto de relieve los costos particulares de haber olvidado políticas sociales y desarticulado instituciones encaminadas a la garantía del derecho a la salud, la seguridad social, la vivienda, el trabajo digno, la alimentación sana y otras condiciones mínimas que, de no ser resueltas, afectarán a largo plazo la calidad de vida y salud de las personas.

Pero es que el mismo sistema económico está dispuesto a sacrificar la vida de las personas en beneficio de las ganancias distribuidas entre minorías ricas (las cuales sí son minorías). La vida actual, hasta antes de este choque, tenía ya las condiciones exactas para marginar y excluir a segmentos enteros de la población, y para priorizar a otros. La desigualdad anula y desecha a más personas que nunca antes en nuestra generación. Al mismo tiempo, las paradojas del momento político que vivimos nos hacen ver que las debilidades que abrieron paso a la enfermedad social de la inequidad, son un mal que persistirá y se cronificará aún más tras la pandemia si no actuamos a tiempo.

Por otro lado, cuando se hace más necesario un compromiso profundo para reflexionar y encaminar nuestras acciones a la erradicación de la discriminación, racismo y homofobia, desde la cúpula del gobierno se piensa oportuna la desaparición del órgano autónomo responsable de aportar luces sobre esa titánica tarea. En el momento en que habría de estar en el centro de nuestra atención la violencia que viven las mujeres y personas no heterosexuales confinadas sin opción en hogares misóginos y homofóbicos, se acelera el endurecimiento de la precarización de las instituciones defensoras de derechos humanos que tienen a su encargo, entre otras, la tarea de construir e implementar políticas para la transformación de fondo de las dinámicas sociales que replican y hacen persistir las violencias.

La política de “primero los (y las) pobres” que propone el Jefe del Ejecutivo debe ir acompañada de reformas profundas que atiendan el compromiso de generar las condiciones necesarias para abatir la pobreza y desigualdad en todos los sentidos. Este aspecto ha sido recordado por un clarificador mensaje de la ciudadanía participativa a través de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, órgano severamente lastimado en la opinión pública a partir de las declaraciones del Presidente sobre su trabajo.

En cada vez más aliados y aliadas en toda la sociedad, e incluso en las instituciones, se fortalece la preocupación de que el principio de “austeridad republicana”, que en el discurso buscaba recortar el lujo y despilfarro del aparato burocrático, se transforme en un obstáculo para la operación misma de algunos sectores del gobierno, reitero, siendo aún mayor alarma cuando se trata de aquellos específicos que están encargados de visibilizar y ser un rostro más cercano y amable a los grupos que han permanecido en el olvido y la sombra.

Cuando las crisis ocurren, los cambios profundos se van materializando bajo razón de las ideas que dominan el debate público. De esa forma es como la derecha y sus corporaciones se han aprovechado de la tragedia para apretar la soga y desmantelar al Estado, pero es también en esos momentos de shock cuando se distinguen a mejor contraste las injusticias del sistema, y las izquierdas tienen una gran oportunidad para imaginar nuevos comienzos y avanzar de manera organizada y persistente.

En esta lógica es indispensable que la transformación que vivimos, además de combatir la enfermedad, pueda vislumbrar un escenario donde los gobiernos aumenten su presencia y capacidad. La búsqueda de poner en orden un aparato burocrático corrupto no debe traducirse en el adelgazamiento del Estado a un nivel tal que no pueda ni siquiera otorgar los insumos suficientes para que las y los servidores públicos puedan desempeñar sus tareas, tener empleos dignos y entornos seguros. La excusa de reordenar el presupuesto nacional para brindar apoyos económicos directos no tendría que poner en riesgo a los organismos democráticos que han permitido que en las últimas décadas se amplifique cada vez más el diálogo de la ciudadanía con sus instituciones, o que han servido de puente para que más personas puedan exigir sus derechos de manera efectiva.

Un gobierno cuyo acercamiento más profundo con las personas es a través de un cajero, no estaría resolviendo las profundas necesidades por violencias y carencias que se radicalizan en la crisis. Un gobierno que fortalece su presencia únicamente en la milicia, y no a través de otras instancias y órganos que hacen contacto directo con la ciudadanía, se queda sin escuchar a quienes viven mayor marginación y discriminación. Esta crisis nos alcanza en un escenario diferente con respecto a los derrumbes de la economía en los 90’s o en 2008, donde se optó por la “obligación” de pagar para salvar a las empresas de interés privado y los banqueros. Ahora vemos un momento en el que se vislumbra con mayor claridad la necesidad de dirigir el rescate hacia otros lados, otros grupos, otras poblaciones, justo las que quedan más abandonadas en cada ocasión que se adelgaza el Estado y, de esta manera, se les deja a merced de la economía de mercado. Sigamos insistiendo.