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Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho la oportunidad que me brinda el grupo organizador para participar en esta presentación. Saludo a todas y a todos, especialmente a Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; a Jade Ramírez, de la Red de Periodistas de a Pie; a Alejandro Cerezo Contreras, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos ACUDDEH A.C.; a Fernando Ríos Martínez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos; a Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo México; y a Clara Meyra, de la Fundación Rosa Luxemburgo Stiftung, Oficina Regional México.
El Informe denominado Defender los derechos humanos en México: ¿el fin de la impunidad?, elaborado conjuntamente por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, presenta información importante sobre violaciones graves a derechos humanos contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de éstos, las cuales fueron cometidas por el Estado mexicano desde el 1 junio de 2018 al 31 de mayo de 2019, es decir, en los últimos seis meses del sexenio de Enrique Peña Nieto y los primeros seis del periodo del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, el Informe también da cuenta de quienes se beneficiaron en algún sentido con las violaciones a derechos humanos: autoridades estatales y/o personas o grupos particulares.
Antes de pasar de lleno al Informe que nos congrega el día de hoy, creo oportuno mencionar un punto elemental para comprender y valorar más la riqueza del propio Informe: esclarecer la importancia de la documentación en el marco de las violaciones graves a derechos humanos. Así, la documentación es un proceso de recopilación, análisis, sistematización y organización de información relevante y documentos que se consideran importantes.
Ahora bien, ¿qué importancia reviste el hecho de documentar violaciones graves a derechos humanos? Básicamente, digamos que este tipo de documentación es una herramienta que se usa para el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición, por lo que es una estrategia de exigibilidad y justiciabilidad de derechos humanos. Dicho de otra forma, la documentación permite, en primer lugar, construir memoria para no olvidar, y en segundo, defender derechos humanos, ya que la documentación se convierte en posibles pruebas para denunciar y atender las violaciones graves a derechos humanos[1].
Así pues, el Informe documenta violaciones graves a derechos humanos que sufrieron personas, organizaciones y comunidades defensoras a manos de autoridades estatales, y lo hace a través de una metodología rica en contextos, definiciones, fundamentos de instrumentos nacionales e internacionales en materia de violaciones graves a derechos humanos; cifras, comparativos y conclusiones. Igualmente importante es señalar algunos tipos de violaciones graves a derechos humanos registrados en el Informe: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detención arbitraria y otras como amenazas, hostigamiento y ataques físicos.
Después de revisar el Informe, podremos notar que éste no ofrece un registro de todo el universo de las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las amenazas, hostigamientos y ataques físicos, sino que se concentra en aquellas violaciones a derechos humanos que cumplen con los siguientes dos criterios: en primer lugar, la identidad de las víctimas: personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; y en segundo, la de quien realizó las violaciones: el Estado mexicano, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, es decir, de las autoridades que violaron derechos directamente, que se abstuvieron de hacer algo para impedirlas, o bien, que las permitieron o consintieron de una u otra manera.
Las cifras del Informe son crudas: a lo largo de los 12 meses señalados se presentaron 105 eventos de violaciones a derechos humanos contra personas, colectivos y organizaciones defensoras, que implicaron mil 153 actos que afectaron a 42 organizaciones, 19 comunidades, 42 personas defensoras, un familiar de éstas y 542 personas integrantes de alguna organización defensora de derechos humanos. Por lo tanto, de las cifras totales, 64 eventos con 822 actos ocurrieron durante los últimos seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras que 41 eventos con 331 actos sucedieron en el primer semestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Si traducimos lo cuantitativo en cualitativo, lo anterior significa que la comparación entre el final de un sexenio y el principio del otro nos da a conocer que, si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos disminuyeron en el gobierno del actual Presidente, entre ellas las detenciones arbitrarias (194 con Peña Nieto y 154 con López Obrador), otras cosas no se han modificado, por ejemplo, el hecho de que los funcionarios y funcionarias públicos o autoridades sigan violentando, por acción, los derechos humanos de las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos; o por otro lado, el mantenimiento de las ejecuciones extrajudiciales como mecanismo de represión estatal.
Comparar el final de un sexenio y el principio de otro tiene, sin lugar a dudas, un claro objetivo estratégico: demostrar, por medio de datos, evidencias, razonamientos e interpretaciones la continuidad o discontinuidad del actual gobierno con respecto a la represión estatal, la cual es una forma de poder que siempre busca inhibir, desarticular y eliminar las resistencias y luchas de la sociedad civil, las organizaciones y los movimientos sociales y populares contra las políticas neoliberales, represión que desgraciadamente se materializa en las violaciones graves a derechos humanos por motivos políticos hacia personas, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos.
Las 38 ejecuciones extrajudiciales, las tres desapariciones forzadas, las 348 detenciones arbitrarias, aunadas a las amenazas, hostigamientos y ataques físicos que padecieron personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, muestran que la gran prueba de fuego para que la actual administración enfrente y erradique las violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano, es, por un parte, la lucha efectiva contra la impunidad y la corrupción del y en el Estado, porque, hoy en día éste no sólo no cumple cabalmente con su obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, sino que es precisamente él quien los violenta gravemente; y por otra, el ataque a las causas estructurales que propician que estas violaciones se perpetúen. No sobra decir que un factor determinante es la estructura política y económica que aún se sostiene. Sólo así, el cambio de gobierno pudiera empezar a ser efectivo con un efectivo cambio de régimen, más todavía, con un cambio estructural.
Finalmente, quisiera agradecer nuevamente a las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, A.C., al Comité Cerezo México y a la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, porque, como señalé al principio de mi intervención, este octavo Informe -al igual que los anteriores-, es una herramienta más y muy importante que podremos usar para la defensa de los derechos humanos y para continuar procurando el acceso a la verdad, la búsqueda de la justicia, la reparación integral del daño y garantías de no repetición para las personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de violaciones graves a derechos humanos.
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[1] Cfr. CDHVitoria, Manual de investigación para la defensa de los DESCA. Herramientas para la documentación y análisis con perspectiva de derechos humanos. Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., México, 2014, p. 65ss.
