Saludo a la Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación; a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; al Lic. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; y a todas las autoridades de la Ciudad de México; al Sr. Jan Jarab, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y a participates que nos acompañan esta mañana. Asimismo, agradezco los esfuerzos que se han venido realizado para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, y en particular por desarrollar este Foro temático que pondrá especial énfasis en la importancia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Me parece muy conveniente iniciar mi participación recordando que el 23 de marzo de 1981 el Estado mexicano ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales, a partir del cual reconoció la importancia de este conjunto de derechos, y por tanto se obligó a adoptar medidas técnicas y económicas para su plena efectividad y ejercicio.

Sin embargo, aún con la ratificación de este Pacto el Estado mexicano hasta ahora no ha garantizado efectivamente el ejercicio de estos derechos; ejemplo de esto, es la falta de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual es una vía de exigibilidad y justiciabilidad que permite a las víctimas de violaciones relacionadas con los DESC defender, proteger y acceder a sus derechos y a la justicia.

Así pues, es necesario reconocer a los derechos económicos, sociales, culturales y también a los ambientales como derechos humanos que deben garantizarse más allá del desarrollo de políticas públicas o programas de prestación de servicios, sino desde una perspectiva de igualdad sustantiva que permita eliminar la desigualdad estructural por medio de acciones que garanticen el ejercicio de cada uno de estos derechos; considerando el contexto sociocultural y económico en donde se construyen y reproducen las estructuras de poder que perpetúan los privilegios y las desventajas que impiden el pleno desarrollo de las personas en situaciones de empobrecimiento.

Dicho esto, me gustaría abordar la situación que organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha manifestado sobre nuestro país en materia de desarrollo económico y social. Si bien, México es uno de los países con mayor índice de personas en situación de empobrecimiento, colocando a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca como los más afectados, es necesario superar el aspecto de la falta de ingresos como el único elemento constitutivo de la situación de pobreza que adolecen millones de personas en nuestro país, ya que la mayoría de la población en esta situación, se ha visto históricamente privada de la seguridad, las capacidades y las opciones suficientes para poder desarrollarse en el marco de un nivel de vida adecuado.

En este sentido, es importante señalar que la escasez de recursos tampoco exime a los Estados en la aplicación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que los Estados están obligados a demostrar que han hecho uso del máximo de sus recursos para la efectividad progresiva de cada uno de los derechos, fijando metas que permitan evaluar si las medidas adoptadas van en función de la satisfacción de las obligaciones contraídas.

Otro punto fundamental, es la necesidad de reconocer que aun cuando el derecho internacional contempla el margen de discreción a los Estados, el cual brinda la libertad a los mismos para seleccionar los mecanismos que utilizará para hacer efectivas sus obligaciones, este principio no puede ser utilizado para incumplir o justificar la derogación o limitación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que estos actos están enmarcados en las obligaciones mínimas esenciales que cada Estado parte se ha comprometido a cumplir, independientemente de la disponibilidad de los recursos.

En consonancia con lo anterior, es necesario la adopción de medidas efectivas que se centren en la elaboración y aplicación de criterios e indicadores de evaluación, con enfoque de derechos humanos, que atiendan a los más altos estándares internacionales para su construcción, y que permitan a la población acceder a información, fidedigna, imparcial y transparente. Por lo que es fundamental que las instituciones encargadas de llevar a cabo esta tarea cuenten con los recursos y autonomía necesaria para cumplir efectivamente sus propósitos en beneficio de la sociedad.

Por otra parte es sumamente necesario establecer mecanismos de supervisión, con la finalidad de garantizar el acceso a recursos judiciales adecuados ante posibles violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyan el derecho al resarcimiento, la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Por ello, es primordial garantizar a su vez la seguridad de quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, durante su visita a México en 2017, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos concluyó que uno de los sectores más criminalizados, son aquellos que promueven los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ya que su labor ha comprometido los intereses económicos que giran en torno a la realización de proyectos a gran escala en materia de minería, energía o infraestructura, evidenciando la falta de regulación de particulares, así como la falta de cumplimiento de las normas internacionales por parte del Estado en relación a tareas concretas que pudieran ser retomadas en el Programa Nacional de Derechos Humanos se identifica la urgente necesidad de fortalecer, acorde con la Constitución Política, instituciones encargadas que tengan por objeto la medición de la pobreza y la evaluación de todas las estrategias y fondos de toda la política de desarrollo social. Me refiero puntualmente, al fortalecimiento del Consejo Nacional del Consejo de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL).

Como he dicho, los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son derechos humanos y como tal, el Estado debe cumplir sus obligaciones y abstenerse de realizar actos que limiten y obstaculicen su ejercicio. De acuerdo con los principios de interdependencia, universalidad, progresividad e indivisibilidad. De lo contrario se estaría dando continuidad a políticas y modelos que profundizan la desigualdad y el desarrollo a expensas de la seguridad y dignidad de las personas y las comunidades.