• La Ciudad de México es una de las entidades federativas con mayor retraso en el proceso de implementación de la Ley General de Víctimas.
• El cambio de gobierno capitalino representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México.
• Urge instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México con presupuesto y recursos necesarios para una adecuada atención de las víctimas.

Por mucho tiempo, la Ciudad de México ha sido percibida como un oasis en medio de un país aquejado por un contexto de violencia generalizada. Este Oasis se desvanece con una simple lectura de datos oficiales que nos confronta con una realidad en la que la inseguridad va creciendo, al igual que la sed de justicia de las víctimas y de la sociedad.

La Ciudad de México, como muchas otras ciudades del país, se ha vuelto en los últimos años una inmensa fábrica de víctimas. Oficialmente, se ha registrado en la Ciudad de México un total de 744 casos de personas desaparecidas, incluido 327 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, todos investigados en el fuero común. Sólo en los últimos 10 años (2007-2017), se ha contabilizado en nuestra Ciudad un total de 8,932 homicidios dolosos y 783 secuestros. A lo anterior, se suman todos los casos de feminicidios, trata de personas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tortura o ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos y violaciones a los derechos humanos.

Todas estas víctimas y/o sus familiares no solamente han experimentado de primera mano esta violencia, sino también se han enfrentando a la indiferencia, inercia, incompetencia y/o negligencia de las autoridades que por Ley deberían de protegerlas y atenderlas. Ante esta situación, la mayoría de las víctimas ni siquiera acuden ante las autoridades para denunciar los hechos. Se estima que la cifra negra para delitos en la Ciudad de México es del 93,8%; entre las razones para no denunciar se destaca la desconfianza en las autoridades (23.2%)3. Esta cifra negra permite dimensionar la magnitud de las víctimas que hoy en día deberían ser atendidas por las autoridades. Sin embargo, parece que al momento las autoridades de la Ciudad de México no han tenido disposición de hacerse cargo de esta población agraviada que demanda lo razonable: justicia, asistencia, protección, verdad y reparación del daño.

A más de cinco años de aprobarse la Ley General de Víctimas, la Ciudad de México sigue sin asumir su responsabilidad frente a las miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos. Cabe recordar que la Ley General de Víctimas fue aprobada el 9 de enero de 2013 como resultado de una proceso de demanda encabezado por las propias víctimas, sus familiares y las organizaciones civiles frente a la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos que se vivía en el país, lo anterior con el fin de convertir a las personas víctimas en sujetos de derechos. Si bien la LGV establecía un plazo de 180 días naturales para que los Congresos Locales armonizarán todos los ordenamientos locales, fue hasta diciembre de 2017 que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Víctimas para la Ciudad de México4, sin ningún proceso de consulta a la sociedad civil, contraviniendo los principios de participación conjunta, publicidad, rendición de cuentas y transparencia. Esta Ley establecía un plazo de 120 días para la elección de la persona Titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual venció el 21 de junio de 2018, es decir hace tres meses, sin que se logrará tal objetivo.

La tardada armonización de la Ley y ausencia de una Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México no solamente ha impedido el acceso de las víctimas a las medidas de ayuda, asistencia y reparación previstas en la Ley, sino también, en muchos de los casos, ha acentuado su situación de vulnerabilidad. Un Estado omiso en la tutela de los bienes y los derechos de las personas se convierte en cómplice de los victimarios, por lo que éste tiene la elevada responsabilidad de crear un sistema que permita a las víctimas o a sus familiares encontrar un acceso oportuno a mecanismos que contribuyan a su protección, asistencia y a la reparación integral de los daños sufridos.

Por lo anterior, las organizaciones civiles, colectivos y personas expertas que conforman el Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas deseamos llamar su atención sobre esta deuda impostergable que la Ciudad de México tiene con las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Consideramos que este cambio de gobierno representa una oportunidad para avanzar hacia un mayor respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de las víctimas en la Ciudad de México. En este sentido, le invitamos en su calidad de Jefa de Gobierno electa para la Ciudad de México a establecer como prioridad en su futura agenda de trabajo las siguientes acciones:

1. Crear el Sistema de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, como una instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas, la cual tendrá por objeto proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, y demás políticas públicas que se implementen para la ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, tal como previsto en el artículo 79 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.
2. Diseñar un Programa de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, mediante el cual se formularán los mecanismos, directrices y lineamientos para la ejecución de los servicios y prestaciones relacionados con los derechos de ayuda, asistencia y atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
3. Autorizar la estructura y presupuesto para la instalación de la Comisión a partir del 1 de enero del 2019. Para tal efecto, se alienta al equipo de transición y el gobierno actual a preparar conjuntamente y a la brevedad el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, asegurando la asignación de recursos para: a) la instalación de la Comisión de Atención Integral a Víctimas de la Ciudad de México, misma que debería contar con un presupuesto anual de por lo menos 50 millones de pesos para su operación; y b) la creación de un fideicomiso para el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, mismo que debería corresponder al 0,0014 del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
4. Designar a la persona titular de la CAIV-CDMX, una vez que el Congreso de la Ciudad de México haya preseleccionado la terna de personas candidatas. Este proceso deberá realizarse de forma transparente, incluyente y participativo con consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil (artículo 115).
5. Instalar la Comisión de Atención Integral a Víctimas para la Ciudad de México, tal como previsto en el artículo 112 de la Ley. La Comisión deberá ser un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, cuyo objeto será desarrollar mecanismos de coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, mecanismos, procedimientos que contempla la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. La Comisión tendrá a su cargo los tres mecanismos siguientes:

• Registro de Víctimas de la Ciudad de México que tendrá a su cargo el proceso de ingreso y registro de las víctimas en la Ciudad de México (artículo 140).
• Asesoría jurídica, para la atención a víctimas en la Ciudad de México, como área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativa y de derechos humanos, dependiente de la Comisión de Víctimas (artículo 162). Lo anterior, asegurando que las personas contratadas para desempeñarse en la Asesoría Jurídica sean de nuevo ingreso y con un perfil adecuado, lo cual implica que no provengan de la Unidad de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ya que esta área ha sido señalado en numerosas ocasiones por sus prácticas criminalizantes y estigmatizantes hacia las víctimas.
• Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ciudad de México, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas (artículo 152).

6. Emitir el reglamento de Ley de Víctimas para la CDMX. El proceso de elaboración del Reglamento deberá realizarse de forma transparente, incluyente y participativo con consulta y participación de colectivos de víctimas, experto/as y organizaciones de la sociedad civil.

El Observatorio Ciudadano sobre Derechos de las Víctimas es una coalición conformada por más de 110 organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas del país interesadas en promover una efectiva implementación de la Ley General de Víctimas y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la atención a Víctimas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

De antemano agradecemos la pronta atención que pueda prestar a este asunto.

FIRMANTES

Organizaciones civiles

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos- Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT)*

Representantes de los colectivos de familiares de personas desaparecidas

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Colectivo de Familiares Amigos Desaparecidos de Tamaulipas; Colectivo de Familiares en Búsqueda de Desaparecidos María Herrera; Colectivo Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos; Colectivo Voces Unidas por la Vida, Sinaloa; Desaparecidos Justicia, Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos, Estado de México; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, Guerrero; Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Jalisco; Familias Unidas, Coahuila; Familias Unidas de Nayarit; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León: Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros. Nos Hacen Falta; Solecito de Veracruz; Uniendo Esperanzas, Estado de México.

Experta: Eliana García

*Integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos

A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación  para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).