México es el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo. Oficialmente, desde 2010, 73 periodistas han sido asesinados y 12 han sufrido desaparición forzada. Además, se registraron otros 44 intentos de asesinato. Estas alarmantes cifras tuvieron como consecuencia que en diciembre de 2017, tras la invitación del gobierno mexicano, tuviéramos la visita histórica de dos relatores del sistema universal y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos: el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron el país para analizar el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos para con los periodistas.

Luego de su visita, el pasado 11 de junio publicaron su informe final. En él destacan con preocupación la grave crisis de seguridad e impunidad que hay en México, así como el debilitamiento del Estado de derecho y de su gobernabilidad.

Apuntaron que el homicidio, las agresiones físicas y amenazas, así como las desapariciones forzadas, son un grave problema que demuestra el panorama catastrófico en contra de los periodistas en el país, lo que ha logrado silenciar la libertad de expresión en México. Más de 12 comunicadores fueron asesinados en 2017, incluyendo a Miroslava Breach Velducea y a Javier Valdéz Cárdenas, periodistas cuyo trabajo de investigación y documentación constituyó la fuente principal para la labor de visibilización de las víctimas de desplazamiento interno que ha realizado en años recientes la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Como destacaron los relatores, a esta situación dramática se le añade el grave contexto de impunidad, pues 99.6 por ciento de los delitos contra periodistas aún no han sido esclarecidos. Los especialistas consideraron en su informe como inadmisibles estos niveles de impunidad, pues incluyen una falta de independencia de las autoridades locales, altos índices de temor, desconfianza de las víctimas y sus familiares, carencia de investigaciones eficientes y falta de preservación de la evidencia, entre otros problemas.

En consecuencia, instaron a México a remplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, juzgamiento y vigilancia, de conformidad con sus obligaciones internacionales. Destacaron igualmente el caso del desplazamiento interno forzado, que también afecta a los periodistas. Los relatores reconocen que los comunicadores víctimas de esta dramática situación no reciben ayuda por parte del Estado.

Señalaron que las medidas de protección que les otorgan no son suficientes cuando se desplazan a otra entidad, muchos abandonan a sus familias y tienen dificultades para realizar su labor periodística en el nuevo estado. Como mencionan los relatores, en definitiva, no existe una estrategia adecuada para periodistas desplazados, ni garantías para asegurarles un retorno seguro o para reubicarlos adecuadamente. Con el fin de tomar medidas para su regreso seguro o, cuando esto no sea viable, medidas para integrarlos en una nueva comunidad; para el caso de periodistas desplazados, los relatores recomendaron fortalecer el mecanismo de protección.

Por considerar el impacto negativo que tiene sobre el acceso a la información y las tareas de supervisión que otorga a las fuerzas armadas, y por las facultades que les atribuye sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y protestas, así como las implicaciones que tiene en temas de facultades de inteligencia que también les brinda, es muy importante que los relatores hayan expresado su preocupación por las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, y que hayan instado a las autoridades a derogarla.

La definición amplia y ambigua de seguridad nacional de dicha ley despertó también la preocupación de los relatores, quienes señalaron que estas disposiciones suponen un retroceso sobre los avances en temas de transparencia y acceso a la información en el país.

En conclusión, México tiene una inmensa deuda con los periodistas. Como destacan los relatores, los ataques que padecen, la estigmatización que los discrimina, la criminalización que sufren, las amenazas, los altos índices de homicidios y la desaparición forzada, representan la amenaza más desafiante a la libertad de expresión en el país. Luego de este informe, y de cara a un nuevo sexenio, confiamos en que las autoridades realicen trabajos sustantivos para fortalecer el trabajo de los periodistas, tomen medidas efectivas y reales para combatir la impunidad, y reconozcan que la libertad de expresión es fundamental para la preservación de la democracia en México.