A días de conmemorar el aniversario del sismo del pasado 19 de septiembre, la iniciativa académica y ciudadana Documenta Desde Abajo 19s presentó un informe denominado Contra el desamparo del Estado: Informe ciudadano sobre las violaciones a los derechos de las personas damnificadas por el sismo 19S. En él se da cuenta de omisiones y fallas del Estado mexicano para atender necesidades y garantizar derechos de las personas que se vieron afectadas por el sismo.

Documenta desde abajo 19s es un proyecto de documentación de afectaciones desde un enfoque de derechos humanos que incluye no sólo los daños patrimoniales más visibles, sino también datos significativos sobre las mayores repercusiones en derechos humanos, como los perjuicios inmediatos a la vida, a la integridad personal, a la salud física y sicológica, y al tejido social.

Así como afectaciones de más largo aliento a los derechos sociales, económicos y culturales, derivadas de la imposibilidad definitiva o temporal de volver a hogares, fábricas, escuelas, lugares de recreación y espacios que antes habitaban.

Este esfuerzo articula a organizaciones defensoras de derechos, academia, sociedad civil y brigadas de estudiantes de diversas universidades, quienes los meses posteriores al terremoto se dieron a la tarea de documentar directamente dichas afectaciones en albergues siniestrados, entre damnificados y entre familiares de quienes perdieron la vida. Se trata pues de un trabajo inédito que ha construido un archivo no oficial de las afectaciones causadas por los sismos. El informe, que se dio a conocer el pasado miércoles en el Centro Universitario Cultural (CUC), se da también cuenta de la difícil situación que enfrentaron las personas y comunidades por esa circunstancia, y se subraya la responsabilidad del Estado por acción u omisión en esas afectaciones.

Algo fundamental es que este informe se centra en las personas y no en los edificios que registraron daños, y porque nos muestra que los colapsos de estos inmuebles han generado daños de muy distinta índole para las personas que los padecieron.

Vale decir, que es un documento que incluso se adelanta a las informaciones oficiales que a un año del sismo debieran de dar autoridades de los ámbitos federal y local, así como instituciones autónomas de derechos humanos. Se hace pues necesario leer y retomar este informe en virtud de varios de sus aspectos.

Por un lado por su innovación, profesionalismo y compromiso contundente con los derechos de las personas que resultaron damnificadas por el sismo. Y por otro porque desde un enfoque de derechos contiene un aspecto metodológico que es relevante para documentar desastres naturales o desastres socialmente construidos. Me refiero a su particular metodología relacionada con recabar información de manera independiente desde brigadas ciudadanas y usando los derechos humanos como guía.

De lo que resulta información importante para prevenir, denunciar y atender violaciones a los derechos humanos. Además, mediante este informe se hace evidente la falla del Estado no únicamente durante el sismo, sino posterior, pues se ha confirmado que la atención en albergues fue brindada y ofrecida principalmente por colectivos de organizaciones sociales.

Incluso, gracias a la organización ciudadana hoy sabemos que hubo atención a personas que se quedaron sin hogar, pues el Estado había ya retirado su apoyo en los albergues.

El documento da cuenta también de que los damnificados padecen ahora por desgracia una agudización de sus afectaciones, pues se registran pérdidas de empleo, empobrecimiento, además de que se han tenido que enfrentar a un constante abuso por parte de diversas autoridades.

De conformidad con la información contenida en el documento, hoy podemos también identificar y denunciar que el trato que recibieron fue diferenciado.

En efecto, quienes elaboraron el informe sostienen que hubo una evidente desigualdad en la presencia y actuar del gobierno entre la población que habita delegaciones más y menos pobres y periféricas. En estás últimas se enfrentaron a una mayor vulnerabilidad y falta de atención adecuada, dado el desamparo en que los dejó el gobierno.

Además de los datos que nos proporciona y analiza este informe, nos ofrece también una clave de lectura y de interpretación frente a estas situaciones, cuando sostiene que los desastres no pueden comprenderse sólo como fenómenos naturales, sino sobre todo como procesos sociales en los que hay responsabilidad de las autoridades en términos de derechos humanos, ya sea porque dejaron de cumplir algunas de sus obligaciones, o porque cometieron actos que los violan.

Con la finalidad de desplegar al interior del Estado las condiciones de cumplimiento de sus obligaciones frente a desastres socialmente construidos, y para garantizar que no haya repetición de estas desgracias, se hace urgente que se retomen las recomendaciones formuladas en este informe.