El punto de partida de todo diálogo debe de ser el derecho humano al trabajo en sus dos dimensiones, tanto el derecho a trabajar, como el derecho a condiciones adecuadas en el desempeño laboral. Como todo derecho humano, tiene contenidos esenciales. Entre los principales, que el trabajo debe ser a) Disponible, es decir, con la existencia de servicios especializados para asistir y apoyar a las personas en la identificación y obtención de empleos; b) Accesible, lo que significa que debe existir un mercado de trabajo abierto a todas las personas, y c) Aceptable y de Calidad, lo que implica condiciones favorables y justas de trabajo, especialmente en lo relativo a las condiciones de seguridad, al derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adiciona a estos contenidos otros fundamentales bajo el concepto de Trabajo Digno, el cual añade políticas de fomento de empleo de calidad. Además, el Diálogo Social incluye, de acuerdo a la OIT, todo tipo de negociación, consulta o simple intercambio de informaciones entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre cuestiones de interés común relacionadas con la política económica y social. (http://www.ilo.org/public/spanish/ dialogue/themes/sd.htm).

De lo anterior se sigue, a) que el derecho al trabajo no es un asunto sólo jurisdiccional, sino que incorpora múltiples dimensiones; entre ellas b) la política económica, sin que se reduzcan a ella, puesto que el trabajo digno va más allá de la creación de ocupación y empleo; c) la capacitación y asesoría para la obtención de empleos; d) la política social como redistribución de recursos y protección social, y e) la gobernanza, teniendo en cuenta que el diálogo social es entre gobierno y actores del mundo del trabajo. Una relación tan compleja como la del trabajo es a toda luz merecedora, no de acciones puntuales, sino de toda una política pública impulsada y ejecutada por una agencia de gobierno especializada y capaz de tener interlocución en plano de igualdad con las demás agencias, a fin de poder lograr una política transversal en materia laboral. Tarea que sería imposible por una instancia que esté subordinada a otra, como ocurre con las subsecretarías.

Frente a lo anterior, es claro que resulta del todo plausible la preocupación del gobierno electo por la austeridad en el uso de los recursos públicos, misma que tiene una doble dimensión, por un lado evitar el desperdicio en obras o consumo suntuario, y por otro optimizar los rendimientos de cada peso que la sociedad le otorgue al gobierno. En el primer sentido, no parece mucho lo que se podría ahorrar con la supresión de la Secretaría del Trabajo, toda vez que hay recursos, como los de la inspección laboral, o la capacitación para la ocupación y el empleo, que son una parte importante de su presupuesto, y que en cualquier hipótesis de reorganización administrativa continuarán ejerciéndose. Por el lado de la optimización de recursos no parece una mala inversión aumentar incluso el presupuesto para cumplir, tanto las obligaciones que establece la modificación del artículo 123 de la CPEUM, como las nuevas obligaciones que en materia laboral impone la Constitución de CDMX.

En consecuencia, el anunciado proceso de diálogo entre la Jefa de Gobierno electa y las organizaciones del mundo del trabajo debe ser la gran oportunidad para que de él surja una secretaría del trabajo fortalecida que se encargue tanto de la promoción de los aspectos jurídicos, como de la capacitación, la elaboración de estrategias para el fomento del trabajo digno, la protección de los derechos laborales y el diálogo social. Así como de aquellas acciones que la adaptación del trabajo al cambio tecnológico demanda, y las estrategias para la mejor vinculación de las y los jóvenes al trabajo y la igualdad de género en el ámbito laboral para la construcción de la cohesión social. Capaz de diseñar y ejecutar una amplia política laboral en todas las líneas de acción que el tiempo actual demanda.

Desde hace dos décadas las innovaciones realizadas por los gobiernos de esta entidad han servido para impulsar cambios a escala nacional. Hoy, cuando la sociedad ha ordenado avanzar en el cambio, es de esperarse que la ciudad sea innovadora en la garantía del derecho humano al trabajo.