Si no hay una garantía del acceso al servicio eléctrico mediante costos justos y regulados, se obstaculiza el uso de las tecnologías necesarias para la continuación de la educación. ¿Cómo avanzar al reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica ante la pandemia?
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : Arturo Vázquez
Por: Mariana Bermúdez
11 de abril de 2021
La pandemia ha impactado en los contextos sociales, políticos y económicos del mundo entero, generando transformaciones en las sociedades. El sostenimiento de la vida bajo la modalidad virtual implica para quienes así lo habitan de nuevas necesidades y condiciones personales y colectivas que se sustentan únicamente a través de la garantía y el acceso a otros derechos humanos “básicos” en cuanto a servicios, tal es el caso de la energía eléctrica.
En México, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) ha sido un referente sobre la petición del reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano indispensable para todas y todos. Este movimiento surge a raíz de la extinción del organismo Luz y Fuerza del Centro (LFC), decretado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009 durante el gobierno presidencial de Felipe Calderón Hinojosa.
Las demandas de la ANUEE residen en la exigencia de la protección de sus derechos laborales ante los despidos injustificados y no liquidados por parte de LFC, el derecho a la protesta social sin la criminalización y la judicialización de procesos hacia las personas integrantes, la eliminación de cobros excesivos de luz infundados hacia los y las compañeras de la Asamblea, así como la lucha para las jubilaciones y pensiones para las personas adultas mayores, entre otros. Esto tiene causas y consecuencias bajo tres rubros: la garantía de los derechos humanos mediante el principio de interdependencia, el resguardo de condiciones necesarias para el acceso y el ejercicio de derechos humanos ante el contexto pandémico, y la resolución por parte del Estado a las peticiones de la ANUEE.
De acuerdo a las legislaciones nacionales, regionales e internacionales en materia de derechos humanos, todos los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Es decir, estos derechos deben garantizarse para todas las personas, independientemente de las características propias, contexto o región del mundo donde residan. Además de que están relacionados entre sí, por lo que el cumplimiento o no de un derecho impacta directamente en la garantía de otros.
Por tanto, la propuesta del derecho a la energía eléctrica de la ANUEE no sólo reside en el acceso, el otorgamiento y la garantía del servicio de la luz, sino que también comprende la construcción de la infraestructura pertinente que permita el uso de la misma. Para esto, se requiere que el gobierno destine recursos económicos, humanos e institucionales que garanticen el acceso y el ejercicio de este derecho humano y que, bajo el principio de interdependencia, la limitación o la ausencia de éste provocaría la violación de otros derechos.
Un ejemplo de ello es la protección del derecho a la educación, ya que la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 ha provocado el establecimiento del confinamiento social como medida preventiva de contagio, lo que ha provocado que las actividades cotidianas (principalmente laborales y educativas) se realicen a través de la virtualidad. En ese sentido, si no hay una garantía del acceso al servicio eléctrico mediante costos justos y regulados para todas las personas, no se puede acceder al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s), necesarias para la continuación de la educación de niñas, niños, juventudes y personas adultas.
Por estos motivos, es indispensable la atención y la resolución de las peticiones de los y las compañeras de la ANUEE por parte del gobierno federal, en torno al establecimiento de una tarifa social justa para el uso de la energía eléctrica que sea accesible para todas y todos. Asimismo, es imprescindible el restablecimiento y el seguimiento de las mesas de negociación con las autoridades federales correspondientes para la condonación de los adeudos mediante el “borrón y cuenta nueva” hacia las personas integrantes de la Asamblea.
De la misma manera, es necesaria la suspensión de los procesos judiciales iniciados en contra de compañeras y compañeros de la ANUEE con la finalidad de no criminalizar al movimiento y reparar integralmente los daños derivados de las violaciones a sus derechos humanos. En resumen, debe priorizarse el reconocimiento del derecho humano a la energía eléctrica, en donde el Estado mexicano asuma las responsabilidades competentes y el cumplimiento de sus obligaciones en dicha materia, para garantizar condiciones de vida dignas y justas para ellas y ellos ante la pandemia del COVID-19.
* Mariana Bermúdez es colaboradora del CDH Vitoria (@CDHVitoria)
Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre. #YoSoyAnimal
