Del 6 al 27 de octubre, el papa Francisco convocó en Roma al Sínodo de obispos para la región panamazónica. El anuncio se dio desde el 15 de octubre de 2017, y por medio de 65 mil consultas y 2 mil 200 reuniones, en su preparación participaron 87 mil 200 personas. En estos días se reúnen en aquella ciudad 180 obispos, arzobispos y cardenales con otros tantos especialistas, teólogos, laicos y agencias católicas de desarrollo.

En la Iglesia católica un sínodo es un grupo de obispos, escogidos de varias regiones de la Tierra, que en determinadas épocas se reúnen para fomentar la unión estrecha entre ellos y el Papa, en orden a robustecer la integridad e incremento de la fe, las costumbres y la disciplina eclesiástica, prestarle ayuda con sus consejos, y para tratar los temas relativos a la acción de la Iglesia en el mundo.

El documento preparatorio, que suele elaborarse a partir de las opiniones de las conferencias nacionales de obispos de la región, sirve para orientar los temas a debatir durante los sínodos, pide en lenguaje teológico para este Sínodo señalar nuevos caminos. Es decir, pasar de una pastoral y ministerios de visita esporádica, dado lo alejado de las comunidades, sobre todo indígenas, y la insuficiencia de los sacerdotes célibes para atenderlas, así como la ausencia de la mujer de las instancias de decisión de la Iglesia, a una pastoral y ministerios de presencia. Lo que implica abrirse de nuevo en la Iglesia al espinoso debate de la posibilidad de la ordenación sacerdotal, ahora para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por sus comunidades, aunque ya tengan una familia constituida y estable, y al acceso de la mujer al ministerio ordenado diaconal.

Pide también que los pueblos originarios se adueñen de la Iglesia, y que en un proceso deinculturación de la fe sean sujetos activos de la evangelización, y la Iglesia adquiera un rostro amazónico. En contraste, el misionero debe dar el protagonismo a la comunidad local. Todo esto implica cambios estructurales que de algún modo han venido siendo preparados, aunque sea remotamente, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965) y las Conferencias Episcopales de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida, Brasil (2007). Pero también el reconocimiento de derechos fundamentales postergados en la Iglesia, como el que tiene toda comunidad cristiana a sus ministerios ordenados y a la misma celebración eucarística, fuente y culmen de la vida cristiana, y que no es tanto una prerrogativa, cuanto más bien un derecho.

De acuerdo con la enseñanza de Francisco, en su Encíclica Sobre el cuidado de la casa común del 24 de mayo de 2015, el documento de trabajo pide que la Iglesia supere la ecología verde y asuma junto al pobre, aunque escuchándolos, el cuidado de la casa común (la Tierra), con todas sus implicaciones.

Como se sabe, la Panamazonia es una región que comparten nueve países latinoamericanos –Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Suriname, Guyana y Guyana Francesa– y está habitada por 34 millones de personas, de las cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos. Muchos de sus desafíos, empero, son compartidos por otras naciones de la región y el mundo, México entre ellas.

Como explica en uno de sus últimos textos a este respecto, el teólogo colombiano Edgar Beltrán, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, también buscó la conversión estructural de un ministerio sacerdotal importado a un ministerio sacerdotal autóctono indígena, fruto de sus mismas comunidades. No creía en el diaconado permanente (de varones casados), porque no solucionaba el celebrar la Eucaristía, y en cambio le restaba al laico lo poco que ya había adquirido.

No obstante, llegó a ordenar unos 400 diáconos permanentes indígenas. Pero intuyó siempre ese ministerio como una etapa necesaria a escala antropológica, histórica y sacramental, hacia un sacerdocio autóctono en sus mismas comunidades indígenas. Para allá iba en su proceso pastoral.

Con un grupo de obispos, a escala colegial, quiso llegar a la ordenación sacerdotal de indígenas. Esta acción de potestad colegial la había explicitado el Concilio en el número 4 del decreto sobre los obispos, y un buen número de ellos estaba conformando esa potestad colegial para la ordenación sacerdotal de indígenas. Pero el mismo Concilio, a petición de Paulo VI, requería que el Papa aprobara cualquier acción colegial o la aceptara libremente. Y eso no fue posible en este caso.

Todos esos diáconos eran realmente viri probati, varones probados. No en el sentido usado vulgarmente de ancianos de sexo cansado. Estaban arraigados en sus comunidades y eran parte permanente de ellas, con una pastoral de permanencia. Las comunidades necesitaban la Eucaristía, los candidatos a celebrarla estaban probadamente listos, y así lo demandaban a su pastor. Pero la autoridad eclesiástica suprema lo impidió. ¿Será posible ahora?