Este 10 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fecha que nos interpela y obliga a mirar cómo vamos en el mundo y en nuestro país en cuanto al progreso de esa aspiración universal. En esta ocasión nos ocupamos del ejercicio de derechos de la sociedad civil, actor fundamental en el avance de la democracia participativa, que en razón de la gobernabilidad implica un entorno propicio para el diálogo político y la incidencia en lo público de la sociedad civil organizada.

Hoy en un gran número de países se enfrentan retrocesos por el progresivo cierre de espacios cívicos de participación social y ciudadana ganados a costa de sacrificios de quienes se movilizaron por la democracia y el ejercicio de sus derechos de expresión y asociación a lo largo de décadas.

Por eso la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para la Efectividad del Desarrollo (AOED), a la que se sumaron varias organizaciones y redes en México, decidió impulsar el Día mundial de acción contra la reducción de espacios cívicos: trabajando juntos para defender los derechos humanos y el espacio cívico para un mundo justo y sostenible, para valorar sus actuales circunstancias, identificar las opciones de salida de una situación crítica y demandar el diálogo político con el actual gobierno.

Desde la acción nacional, en la que participaron OSC y redes, recuperamos aquí lo expresado. La AOED convocante revela que en muchos países se enfrentan entornos que limitan y coartan el espacio cívico. Los actores sociales de distintos sectores están siendo amenazados y perseguidos. El hostigamiento, mediante arresto arbitrario, detención, uso selectivo de medidas legales y regulatorias, incluyendo restricciones en las finanzas, se han convertido en una experiencia común entre las OSC.

En México, a pesar de la situación crítica que enfrenta a causa de las medidas tomadas por el gobierno, que la estigmatiza y desconoce sus derechos, la sociedad civil organizada y comprometida con el progreso del país, sigue actuando por sus valores y objetivos. Su larga lucha por una cobertura legal dio lugar a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC (Lffarosc), un marco legal que les reconoce como actores de interés público y ofrece argumentos claros para su fortalecimiento.

Por ello, la Circular Uno que emitió el gobierno el 14 de febrero para eliminar el acceso a recursos públicos para las acciones que realizan, contradice lo establecido en la Lffarosc. A esa decisión se agrega la descalificación de años de trabajo y acción por la democracia del país de un conjunto de OSC calificadas (descalificadas) de intermediarias.

Hoy un número notable de OSC trabaja con los mínimos; otro, lamentablemente, ha ido desapareciendo o ha decido concluir su trabajo ante un escenario adverso, producto de un gobierno que considera que no requiere actuar y gobernar con la sociedad civil.

De entre las propuestas hechas en el Foro de las OSC en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México el pasado 6 de diciembre, para avanzar hacia procesos políticos más inclusivos y erradicar el cierre de los espacios cívicos, destacamos: que la participación pública en la toma de decisiones es un derecho que tenemos las personas, grupos, pueblos, comunidades y las OSC; por tanto, es obligación del Estado crear un entorno propicio y seguro para el ejercicio y defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, generales y específicos. Es necesario que se tomen medidas adecuadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente los daños por amenazas, ataques, violencias o delitos cometidos en contra de personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del territorio y de OSC. Preservar y fortalecer los mecanismos de participación o consulta existentes y que sean vinculantes; además de crear nuevos dispositivos de participación y consulta conforme a estándares internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos.

Los participantes demandaron el pleno reconocimiento del papel de las OSC en el desarrollo social; la defensa de los derechos humanos para todas las personas, y su reconocimiento como instituciones de la democracia que el Estado está obligado a proteger y fortalecer, destinando fondos públicos suficientes y respetando su autonomía institucional.

Además, demandaron espacios de diálogo y colaboración que permitan detonar un proceso democrático, deliberativo, efectivo, inclusivo, sustantivo, transparente, con metodología y criterios públicos claros, que den certeza sobre el alcance, tiempos, espacios y consecuencias de cualquier espacio de consulta y participación existente. Y para una nueva relación gobierno-sociedad, solicitaron abrir un diálogo político con representantes responsables del Ejecutivo de la participación ciudadana.