Los meses pasan y los diversos asuntos por atender se complejizan desde la transición de gobierno, la toma de protesta y los días efectivos de trabajo del nuevo gobierno. La agenda de los derechos humanos –particularmente la atención a víctimas de graves violaciones– se ha visto sin duda resentida en ese proceso de cambio de titulares y grupos encargados de atender las necesidades de aquellas personas que padecen las secuelas de agresiones que han afectado fuertemente sus proyectos de vida.

Uno de los principales retos de este gobierno tiene que ver con poner efectivamente al centro de su quehacer los derechos humanos, y, para avanzar en tan importante asunto, a las víctimas y sus organizaciones acompañantes como principales interlocutores. Los pasados 3, 4 y 5 de abril se llevó a cabo en la comunidad indígena de Arantepacua, Michoacán (https://bit.ly/2H2HO6G) el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país. Participaron diferentes víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, así como personas defensoras de derechos e integrantes de colectivos y movimientos sociales provenientes de por lo menos 10 estados de la República y de diversos países. En dicho encuentro, derivado del Primer Encuentro realizado en Nochixtlán, Oaxaca, del cual di cuenta en estas mismas páginas ( La Jornada, 24/11/18), se pudieron escuchar más concretamente valoraciones sobre las acciones del gobierno en relación con los temas más preocupantes de víctimas y sobrevivientes.

Por un lado, sigue en efecto la incógnita relacionada con el proceso que el mismo gobierno detonó en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que en su momento se llamó justicia transicional, pues abrió una expectativa que hasta ahora, en palabras de diversas víctimas y sobrevivientes, no se ha visto reflejada en propuesta concreta alguna. Ni, según su decir, mucho menos se han sentido incluidas en algún proceso de construcción de política pública referente al tema, si es que existe. Por las mismas colectividades de este encuentro se ha definido por otro lado que los tiempos del actual gobierno y sus priorizaciones no necesariamente empatan con los tiempos de las víctimas y sobrevivientes. Por ello definieron la necesidad de movilizarse para abrir canales de diálogo efectivos que permitan poner sobre la mesa asuntos de urgencia, seguimiento y atención que les lleven a condiciones más dignas, para revertir así situaciones estructurales que están propiciando de manera generalizada impunidad y violaciones a derechos.

La agenda de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos no se reduce únicamente a medidas de atención inmediata. Por el contrario, la mirada de estos grupos de víctimas es de largo plazo. Buscan también que se reviertan de raíz las condiciones estructurales que han generado que la violencia no cese y las graves violaciones a derechos humanos resulten casi imparables. Los y las más excluidas toman de nueva cuenta en sus manos la tarea de visibilizar sus demandas, y con ello apuntalar una agenda efectiva que sirva para las miles de víctimas que han padecido los estragos de la violencia.

Los grupos que se dieron cita en la comunidad purépecha de Arantepacua tienen entre sus objetivos, conforme se expresó en sus definiciones políticas, continuar con su exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. En ello se incluye la atención efectiva a sus casos, en los que se cuentan las violaciones a derechos humanos que han padecido integrantes de la comunidad de Arantepacua, quienes en el contexto de este encuentro conmemoraron el segundo año de las agresiones a esa comunidad, el 5 de abril de 2017. Así como la atención efectiva a casos, como los muchos pendientes que dejaron a la comunidad de Nochixtlán los ataques del 19 de junio de 2016, y la debida atención a familias de víctimas de feminicidio, que también acudieron a la cita; a integrantes de la comunidad de Amatán, Chiapas; a familiares y amigos de mujeres y hombres jóvenes desaparecidos o ejecutados en la Ciudad de México; a comunidades indígenas desplazadas, como la de Chenalhó, y muchas otras personas que acudieron a encontrarse y compartir sus demandas.

Entre las acciones legítimas de estos grupos de víctimas para obtener verdad y justicia se incluye la movilización del pasado miércoles 24 de abril, cuando acudieron a la Ciudad de México para buscar atención en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llegaron desde sus diversas comunidades y lugares con la esperanza de ser escuchadas y ver garantizados sus derechos. Con la genuina voluntad de exigir lo que es suyo: verdad, justicia, reparación y no repetición. Toca ahora a los órganos autónomos, al gobierno federal y a los gobiernos locales atender lo que se pidió. Para que eso suceda, apoyemos lo más posible como sociedad civil.