Aceptémoslo, la incertidumbre que permea a buena parte de la humanidad lo cambiará todo. Es difícil imaginar lo que representarán en términos sociales, económicos y políticos las medidas urgentes que se han tomado en diversos países para atender el riesgo del virus, su peligro es el más alto desde los eventos de influenza ocurridos en 1918 y 2009, según el modelo del Imperial College de Londres.

Nos han dicho que para detener la pandemia debemos cambiar la forma en que hacemos todo. La radicalidad de las medidas de confinamiento podrían alargarse indefinidamente de acuerdo al mismo colegio experto; una alternativa propuesta es el planteamiento de una cuarentena extendida que se flexibiliza cuando el ritmo de los ingresos a cuidados intensivos de los hospitales se relaja, pero que eventualmente reactiva las medidas de aislamiento social con la llegada de hipotéticos picos en el futuro de ingresos a urgencias. De esta forma, la aparente mejor estrategia supondría que nos confinemos durante dos de cada tres meses consecutivamente, eso al menos hasta que existan avances en el tratamiento a los síntomas o se termine y distribuya satisfactoriamente una vacuna.

Por otro lado, aún en el escenario de que todo “volverá a la normalidad” después de algunas semanas o meses, la pandemia supone ya un cambio importante a las normas sociales y algunas reorientaciones que se asoman a largo plazo. Se profundizará, por ejemplo, la alternativa del trabajo y estudio a distancia como una dinámica con mayor presencia, pero que supone una opción al alcance exclusivo de quienes tienen de una u otra forma acceso a internet y la tecnología necesaria para dicha tarea, así como garantías sociales, educativas o laborales que les permiten “adaptarse” a la situación, aspecto que en el contexto actual sólo podría profundizar la desigualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos.

Y sólo en ese punto ya existe un indicador del momento en el cual llega la llamada crisis sanitaria a algunos países, contrastando con mayor nitidez la inequidad estructural en todos los ámbitos en los que vivimos, pero también para reimaginar las formas de hacerles frente. Si las protestas masivas y calles abarrotadas de reclamos contra el cambio climático, la violencia feminicida y la concentración de la riqueza ocuparon las primeras planas en todos los continentes, a partir de este momento los movimientos sociales tendrán oportunidad de explorar con mayor creatividad su alcance a través de medios tecnológicos y la organización con las y los más próximos, reflexionar sobre los horizontes políticos y el hacer voz en común aún con la distancia física y las plazas restringidas. Al mismo tiempo se pone en el centro de la discusión la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. El sentido de su encargo se hace más presente cuando es tan palpable que para vivir dignamente falta que todas y todos puedan tener un techo donde resguardarse, acceder a servicios médicos de calidad, agua y energía, alimentos con los cuales subsistir y los medios necesarios que permitan de alguna forma atenerse al resguardo, son en primer lugar condiciones fundamentales e irrenunciables.

Son realidades que no pueden esperar y el evento actual permite visibilizar con mayor crudeza las desigualdades estructurales y la precarización de las sociedades profundizada en las últimas décadas por el avance del libre mercado. No sólo es atender la indicación del confinamiento, medida planteada unilateralmente desde la lógica clínica para disminuir la anunciada crisis, sino además generar las condiciones necesarias y adecuadas para reducir las brechas sociales que se han exacerbado con el impacto de la medida, afectando diferenciadamente a los grupos históricamente marginados.

Han destacado desde muchas organizaciones de la sociedad civil, instituciones y movimientos comunitarios muchas propuestas para reducir los riesgos de las personas migrantes, resguardar a las personas que viven en poblaciones de calle, monitorear los riesgos de quienes están privadas de su libertad, dar alternativas a las mujeres cuyo riesgo a la violencia aumenta al estar enclaustradas con su agresor y asegurar un dialogo atento, cercano y digno con las personas adultas mayores, más vulnerables a padecer de las consecuencias físicas de la enfermedad, pero también de estar en situación de pobreza y olvido institucional, situación que hace crecer exponencialmente el riesgo.

Las situaciones excepcionales, de crisis, han ofrecido el combustible para que los diversos mecanismos del poder –políticos, simbólicos, económicos, (…)- se afiancen y radicalicen en las sociedades. Del shock y la conmoción surgen miedos más o menos profundos que paralizan y aturden a las comunidades, generando escenarios sociales ideales para el avance de políticas draconianas y de libre mercado que difícilmente pasarían sin protesta y desencuentro con la población en circunstancias democráticas. De esa forma mientras la guerra representa probablemente el evento más traumático para una sociedad, la naturaleza en forma de volcanes, terremotos, tsunamis, hambrunas y epidemias también puede despejar el camino para que los grupos que acaparan el poder y los recursos destraben medidas impopulares para las mayorías y, además, que esto se haga en nombre de la seguridad o en búsqueda de salir de la sensación de emergencia (sea dicha emergencia real o percibida).

No hace falta buscar demasiado para distinguir la tendencia de algunos gobiernos, proclives de por sí a ser autoritarios, para aprovechar de manera oportunista el pánico colectivo y desplegar respuestas que suenan desproporcionadas y que podrían sumar al miedo amplificado por el despliegue mediático. Para nombrar algunos ejemplos está Chile que ha decretado una prohibición explícita de movilizaciones y asambleas; en la misma región, Perú creó un registro de las personas detenidas por infringir el toque de queda y también ha publicado una ley que “faculta a las Fuerzas Armadas a hacer uso de la fuerza para garantizar el cumplimiento del Estado de Emergencia para frenar al COVID”.

De esta forma, mientras avanza el contagio del virus le siguen también relatos y códigos que se instalan desde los valores históricos autoritarios y militares: la obediencia, la disciplina, los toques de queda y las armas como símbolo (e instrumento) de contención. Si bien la presencia de las fuerzas armadas es parte habitual de los protocolos de atención a emergencias a nivel internacional, no debe ser así su intervención en tareas de seguridad pública y mucho menos para hacer cumplir los mandatos de aislamiento y restricción a la movilidad.

En este contexto de emergencia, los Estados deben abstenerse de realizar prácticas violentas y actos de abuso de poder, todas las medidas implementadas deben ser justificadas, proporcionadas y necesarias; no esperemos que los escenarios persistentes de violencia generalizada en algunas regiones continúen aumentando o se exacerben por este tipo de prácticas realizadas desde el aparato estatal.

Una cuarentena extendida, o en otras palabras, el escenario de una pandemia persistente o emergencia continuada, supondría de esta forma una puerta abierta para el relajamiento del estricto cumplimiento de los estándares de derechos humanos en nombre de la seguridad y supervivencia, más aún en lugares donde la crisis de derechos humanos es latente. No sería la primera ocasión. Sucede similar a la lógica de endurecimiento de las medidas de seguridad que siguió a los atentados terroristas del 911 (2001), su equivalente serían los proyectos que algunos gobiernos están hoy realizando para identificar a quienes representan un riesgo de contagio, de ejemplo está el monitoreo de la ubicación de teléfonos móviles para verificar el confinamiento u otras medidas de vigilancia intrusiva.

Más allá de la incertidumbre que genera la situación actual que llega a trastocar la crisis que ya vivíamos, se ha descubierto una intención común de hacer frente a este reto de proporciones que aparentemente aún no vislumbramos con claridad, esfuerzos que se reconocen desde el actuar solidario y colectivo de los grupos, sectores y movimientos, todos involucrados para reducir los impactos negativos y para generar, aún desde el confinamiento, redes de apoyo que resultan de caer en cuenta que, a pesar de todo, lo primordial es que dependemos necesariamente de las y los demás.

Sin embargo, lo colectivo e individual no alcanza a entrever escenarios positivos sin el actuar integral, efectivo y responsable de los Estados, por lo que frente a panoramas inciertos, repensar y reflexionar sobre los modelos de actuación en crisis sanitarias y emergencias resulta una tarea fundamental para el bienestar de la humanidad. La crisis que ya vivíamos va a continuar, los escenarios de zozobra persistirán y a esta altura es arriesgado someterse a una esperanza contradictoria de “volver a la normalidad”. Por eso, desde ya, queda la responsabilidad de seguir apostando por la vida digna, por formas inéditas de dialogar, articularnos y avanzar en el respeto de todas las libertades y derechos humanos, dejando sin efectos el shock autoritario que suele caminar al paso de los momentos de miedo y que apuesta por lógicas persecutorias, de aislamiento y seguridad autoritaria como únicas alternativas posibles.