Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces, para siempre acalladas: la humanidad se empobrece. En su poema Cuando muere una lengua Miguel León Portilla nos recuerda la importancia del México multicultural. Hoy, en plena pandemia, a causa del Covid-19, un megaproyecto impulsado por intereses industriales está desplazando al pueblo guarijío. Se trata de la presa Los Pilares, en Sonora. Armando Haro y Ramón Martínez revelan en el libro Patrimonio biocultural y despojo territorial en el Río Mayo (2019), publicado recientemente por El Colegio de Sonora, los atropellos e ilegalidades del proceso que hoy amenaza a los guarijíos.

Es innegable que los pueblos originarios de nuestro país y su herencia cultural han sido histórica y sistemáticamente agredidos por el desarrollo occidental, llevándolos casi al borde del exterminio. Con una óptica mercantilista, se les ha despojado de sus recursos naturales, sus expresiones culturales y costumbres, vulnerando así sus derechos esenciales. En nuestros días este despojo territorial y cultural, aunado al desplazamiento forzoso de diversas comunidades, se ha incrementado debido a los nuevos megaproyectos y desarrollos industriales.

Para los guarijíos los territorios no significan lo mismo que para la visión occidental. Para ellos el territorio es la base simbólica que sustenta su origen y los identifica culturalmente. La naturaleza es, además, un ente sagrado y polimorfo en el que moran subjetividades de los seres vivos y de los antepasados inanimados. Así lo expresa un líder guarijío: los Pilares para nosotros es un lugar importante y sagrado, ya que en estas aguas estancadas y termales es donde nuestros antepasados y nosotros adquirimos los conocimientos necesarios para ser músicos de pascolas, arrendadores de caballos, cantadores de venado, cantadores de tuburi, rezadores, curanderos, chamanes y para ser buenos jinetes.

Por ello, el valor biocultural del territorio que pretenden arrebatar a los guarijíos va más allá del valor comercial que sirve para satisfacer intereses mineros y de la agroindustria. Nada de esto importó, pues la presa se inició sin tomar en cuenta ni a las comunidades originarias, ni al impacto socioambiental que ella tendría. Primero se justificó con la excusa de generar energía y expandir la agroindustria, y luego, debido a la resistencia de los guarijíos, con el argumento de que era necesaria para la protección civil.

Según lo exponen Haro y Martínez, parece que la verdadera razón se esconde en los vastos yacimientos no explotados de plata y otros minerales que hay en territorio guarijío. Desde el inicio la manifestación de impacto ambiental (MIA) tuvo grandes deficiencias y se descuidaron aspectos cruciales, como los riesgos al patrimonio biocultural y la opinión de los guarijíos o el necesario enfoque de cuenca para valorar el impacto en la biodiversidad, la cultura y el bienestar de todas las personas ahí asentadas.

Aunado a otras graves irregularidades, las autoridades judiciales también cometieron diversos atropellos ante los múltiples amparos que promovieron los guarijíos. Algunos fueron desechados por considerar sobreseimiento o, cuando al fin se concedían, eran parciales, pues sólo se otorgaban para efecto de no desplazarlos, pero se permitía la continuación de las obras, aunque ambos fueran parte del mismo proceso y no obstante que las obras en sí mismas implicaran un riesgo de desplazamiento.

Finalmente, a inicios de 2019, después de cinco años de juicios y siete de lucha, se les concedió el amparo y protección de la justicia federal. El juez también anuló la MIA y el permiso de construcción de la presa. Pero esto poco importó, ya que a finales de 2019 el gobierno federal otorgó 600 millones de pesos para terminar la presa, a pesar de las denuncias y amparos. Los han aislado, no pueden acceder a los terrenos de siembra y han limitado su suministro de agua.

Para amedrentarlos, el gobierno ha llegado incluso a negarles, ilegalmente, servicios básicos, como el suministro de agua potable o el acceso a los apoyos federales, al grado que los llevaron al borde de la hambruna. Además, quien se niega a ceder sus territorios, ha sido víctima de amenazas e intentos de soborno por parte de las autoridades.

Hoy la presa se ha llenado, y al abrir las compuertas, sin aviso previo, se han inundado todos los caminos hacia las comunidades guarijías. Las comunidades de Mochibampo, Mesa Colorada y San Bernardo tendrán que ser desplazadas forzosamente de sus tierras ancestrales si el nivel de agua sube como temen los pobladores. Esperamos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos actúe ante este caso. No sólo están despojando a un pueblo de su territorio, en los hechos, lo están sentenciando a muerte. Agradezco la contribución de Daniel C. Santander en la elaboración de este texto.