• Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha incumplido con sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas.
• La asesoría a víctimas debe gestionarse de manera autónoma a la fiscalía para no poner en riesgo el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima.
• Deben asignarse recursos adecuados y suficientes para la operación de la Comisión de Atención a Víctimas y de la Asesoría Jurídica para la Ciudad de México.

Por medio de la presente, las organizaciones civiles y colectivos de víctimas firmantes saludamos la emisión de la propuesta de la Comisión Técnica para la transformación de la procuraduría a fiscalía de la Ciudad de México.

Ante las múltiples y recientes quejas por violación, filtración de información, omisión, negligencia sobre casos penales desde el interior de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX), coincidimos con la Comisión Técnica en la imperiosa necesidad de fortalecer las capacidades de las y los integrantes de la futura Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de las víctimas.

Deseamos recordar que las reformas constitucionales de 2008 y 2011 redefinieron el carácter de la víctima dentro de los procesos penales, reconociéndole un papel más activo en el desarrollo de su defensa y protección judicial. Lo anterior dio paso a que en 2013 se publicara la Ley General de Víctimas, y posteriormente de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las cuales surgen como resultado de un proceso de carácter político-social que demandaba el surgimiento de un modelo integral de atención a víctimas que canalizara sus necesidades en el marco de los procesos penales. Sin embargo, el retraso en el proceso de armonización de la Ley y en la instalación de la Comisión ha ocasionado que la procuraduría continuará asumiendo la asesoría jurídica de las víctimas a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, área que ha carecido de capacidades humanas, financieras y técnicas para atender adecuadamente a las víctimas.

Conservar la asesoría jurídica dentro de la nueva estructura de futura Fiscalía significaría mantener la subordinación que hoy en día tiene el asesor jurídico respecto a la institución investigadora,  pues implica un posible conflicto de interés en detrimento de una defensa adecuada de las víctimas.

En este contexto, debe consolidarse con carácter urgente y paralelamente al proceso de transición de la procuraduría en fiscalía, una asesoria jurídica como eje fundamental para la defensa adecuada y protección judicial de las víctimas, lo cual supone independencia y autonomía frente a la futura fiscalía.

Tal como establecido en el artículo 162 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, la Asesoría Jurídica, “área especializada en asesoría, asistencia y acompañamiento jurídico para víctimas en materia penal, civil, laboral, familiar, administrativas y de derechos humanos” deberá depender directamente de la Comisión de Atención a Víctimas. Lo anterior permitirá asegurar que las asesoras y los asesores jurídicos cumplan con su función de “vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctima en las actuaciones del Ministerio Público, en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de ésta la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de sus derechos por parte del Ministerio Público”[1]. Por lo expuesto anteriormente, consideramos urgente fortalecer a la Comisión de Atención a Víctimas para la Ciudad de México, en particular dotando de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Asesoría Jurídica para que cumpla efectivamente con su funciones de representar a la víctima de manera integral, garantizando así la equidad procesal de las partes, y con ello el desarrollo de una defensa adecuada y protección judicial de la víctima.