Además del deterioro por las condiciones de explotación extrema que ya de por sí sufre la diversidad de seres vivos que habitan sobre la tierra, la clase política pretende poner a la venta esta inconmensurable riqueza de la que nuestro país es privilegiado.

En octubre de 2016 la senadora Ninfa Salinas presentó una iniciativa de Ley General de Biodiversidad (LGB), elaborada de prisa y con graves fallas, incluso a nivel de su constitucionalidad, que refleja los intereses del grupo empresarial al que pertenece.

El objeto de esa regulación es supuestamente establecer las facultades de los distintos órdenes de gobierno. Es decir, disposiciones de carácter administrativo para aprovechar legalmente la biodiversidad.

Se señala que se busca garantizar el derecho a un medio ambiente sanoy, como parte de los fines, se establece regular en beneficio social la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los elementos naturales que componen la biodiversidad. También se busca supuestamente lograr la participación justa y equitativa en (sic) los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional asociado, admitiendo que los recursos genéticos están en posesión de comunidades indígenas.

De esta manera, con un discurso conservacionista y pretendidamente de protección a la naturaleza y a los pueblos indígenas, se busca despojar a éstos de una diversidad biológica que se ha generado en un largo proceso que implica el conocimiento de quienes por siglos han convivido con ella, conservándola, transformándola y haciéndola útil para la humanidad.

Como se sabe cada una de las especies está ligada a un cúmulo de conocimientos que esta ley considera como conocimiento asociado, pues la ciencia occidental necesita de ellos para acceder a los llamados recursos genéticos. Será difícil que un investigador o empresa sepa dónde encontrar y cómo obtener los beneficios de una especie si los pueblos que las han usado por años no se lo explican.

En suma, la biodiversidad es un complejo entramado en el que se conjunta la naturaleza, el conocimiento, las condiciones ambientales y las necesidades humanas específicas. Elementos culturales éstos que nos llevan a definirla con mayor claridad como diversidad biocultural, pues en realidad la biodiversidad no existe sin las personas que la crean, recrean, conservan, disfrutan y comparten.

Por el contrario, la LGB busca diseccionar la biodiversidad dentro de una concepción que consiste en ir aislando los recursos genéticos que son susceptibles de uso y apropiación por quienes detentan la tecnología. Generalmente las grandes empresas, pues de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) 90 por ciento de las patentes del mundo pertenecen a enormes corporaciones. En la exposición de motivos la senadora Salinas plantea que el término de biodiversidad deja de tener una dimensión de país, para pasar a un ámbito internacional y político, lo cual sorprende, porque, como en el caso del petróleo y la energía, dejaremos que otros exploten, administren y aprovechen como un negocio privado una riqueza que pertenece a todos los mexicanos. La Constitución señala en el artículo 27 que los recursos naturales son de la nación. En este sentido, la LGB, que fue aprobada el 15 de diciembre pasado, mientras se discutía en el Senado la polémica Ley de Seguridad Interior, pretende regular elementos naturales establecidos en el 27 constitucional, lo cual la lleva a ser justamente inconstitucional.

Pretende, en cambio, fundamentarse en el artículo 73 XXIX-G de la Constitución, el cual da facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de protección al ambiente y preservación ecológica, pero no en materia indígena y menos en recursos naturales. La LGB es, en definitiva, una norma de distribución de competencias, pero no de reconocimiento de derechos. Viola en este sentido los derechos humanos de los mexicanos, pues la biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, que goza de sus beneficios como de un derecho humano básico.

Pasa por alto además los derechos de los pueblos indígenas previstos en el artículo 2 de la Constitución. Como también se sabe, el contenido de éste fue producto de una larga lucha del movimiento zapatista por el reconocimiento en 1994 de los derechos de los pueblos indígenas. Y uno de los pendientes de los Acuerdos de San Andrés fue precisamente el de la propiedad sobre los recursos naturales que se asientan en sus territorios.

Recordemos que más de 50 por ciento del territorio del país está en manos de ejidos y comunidades. El debate, pues, sigue en el aire. Sin embargo, y como una nueva traición a las comunidades indígenas, se pretende emitir esta regulación poniendo en peligro su integridad, y apropiándose violentamente de sus conocimientos.

Lejos de dar claridad, deja sin ninguna definición a quienes son los sujetos de derecho, con lo cual se crearán graves conflictos y se abrirá la puerta a la rapiña de grandes empresas, que, sobra decirlo, están ávidas de esta riqueza.

Hablamos de miles de millones de dólares que las industrias biotecnológica, farmacéutica y cosmética, entre otras, buscan generar apropiándose de la biodiversidad. Organizaciones indígenas, campesinas, defensoras de derechos humanos, sociales y académicas hemos denunciado los graves riesgos de esta normatividad, y hemos llamado a impedir que se apruebe. Quienes nos oponemos a ella conocemos el mandato que la humanidad debe atender: el cuidado del planeta y de todo ser vivo que habite en él. No todo lo que existe en la Tierra nos pertenece y es susceptible de mercantilizarse.