Editoriales | Animal Político
Por: Valeria Martínez
16 de febrero de 2024
Hablemos de violencias graves contra las mujeres. En México, la palabra feminicidio es una derivación del término inglés feminicide, implica privar de la vida a una mujer por razón de género y aparece prohibido oficialmente en el código penal federal hasta el año 2012. No obstante, desde principios de la década de los 90, se difundieron las primeras muertes violentas en Ciudad Juárez, Chihuahua, junto con la exposición de los cuerpos sin vida en lugares públicos.
Actualmente, se ha legislado bastante sobre ello, por lo que existen ciertos lineamientos para catalogar como tal este crimen; pero en un país donde diariamente al menos 11 mujeres son asesinadas, los delitos asociados continúan siendo invisibilizados y la impunidad es un común latente. Esto último nos invita a cuestionar si las y los funcionarios públicos encargados de llevar estos casos realmente están preparados para brindar justicia, ¿y qué necesitamos para reaccionar frente a las graves violencias de género en el país?
A menudo escuchamos prejuicios respecto al género como “mira cómo anda vestida” o “es su culpa por beber y andar sola de noche”; estigmas sociales que han entorpecido, incluso frenado investigaciones penales por considerar a la víctima “provocadora”. Esto, sin mencionar las afectaciones que recaen directamente sobre las familias, quienes resultan ser otras víctimas de estos delitos; personas con todo el derecho a ser respetadas y atendidas con diligencia y dignidad en todo momento, pues su peregrinar es largo en espera de hacer justicia.
El caso de Danna Reyes (2020) expone lo antes mencionado: una joven de dieciséis años privada de la vida con extrema violencia por tres agresores. Ante esto, el entonces fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, se negó a investigar el suceso como feminicidio, emitiendo juicios de valor al manifestar que la víctima contaba con tatuajes en todo su cuerpo, entonces “quizá se lo merecía”. Ello provocó que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y otros organismos en defensa de los derechos humanos exigieran la no revictimización ni estigmatización a las víctimas de estos delitos.
Además de los estigmas sociales, hoy en día encontramos que son las familias (y ahora víctimas indirectas) quienes han tomado las riendas sobre el ejercicio de búsqueda y exigencia de justicia. Quienes encabezan las investigaciones y aportan elementos clave para robustecer las carpetas con evidencias contundentes e incluso lideran las indagaciones complementarias, mismas que permiten vincular los procesos con posibles agresores. Aun así, la negligencia y la impunidad son factores que siguen latentes en las investigaciones referentes a estos temas.
Muestra de ello es el caso de Monserrat Juárez, privada de la vida por su expareja en 2023, quien además intentó desaparecer su cuerpo. Un feminicidio que pudo haberse evitado, ya que un año atrás el padre de la víctima había levantado una ficha de búsqueda por su desaparición. Pese a esto, bastó con una llamada de Monserrat donde manifestaba “estar bien” para que la ficha fuera dada de baja, sin verificación previa. La negligencia de las autoridades permitió que Monserrat volviera al espacio donde sería encontrada sin vida meses más tarde: la casa de su agresor, el mismo domicilio y su pareja como probable responsable.
La historia de Montserrat no es la única. El contexto de machismo normalizado, el poco manejo de protocolos de atención, capacitaciones deficientes y la poca confianza que la sociedad tiene al denunciar, han abonado a que sea complejo para la población femenina salir de círculos de violencia.
¿Por qué la pertinencia de incluir en estas prácticas la perspectiva de género? De inicio, es una herramienta fundamental para la investigación y resolución de casos donde está presente cualquier signo de violencia, pues permite interrumpir estas ideas permeadas desde estereotipos normalizados, hasta el entendimiento del contexto social de las víctimas. En 2023 la fiscalía de la CDMX manifestó la reducción de manera considerable en materia de feminicidios en la ciudad. Esto es un avance importante, aunque quedan esfuerzos por redoblar. Así lo deja ver el informe de ese mismo año presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual resalta la reincidencia de Ciudad Juárez como la ciudad con más feminicidios.
La perspectiva de género es una metodología que ayuda a identificar y cuestionar la desigualdad social y cultural que se crea a partir de diferencias biológicas existentes entre hombres y mujeres. Una vez identificadas, se buscan emprender acciones que permitan modificar estas desigualdades. En muchos casos, si este enfoque fuera aplicado al momento de investigar y/o juzgar, se podrían entender las relaciones de poder que existen entre agresores y víctimas, el contexto social que permitió (o no) actuar a la víctima de cierto modo y de qué manera dar resoluciones justas.
¿Qué pasa cuando factores como la ignorancia, la apatía y la desarticulación de la sociedad, provocan el desinterés de atender bajo esta visión? Lo anterior es notable incluso en espacios como el poder judicial, cuando las juezas y los jueces continúan renuentes a juzgar desde el género, aún con la existencia de protocolos, jurisprudencias y criterios relevantes en la materia. Es necesario aprender a analizar no solo lo que obra en las carpetas de investigación, sino el contexto de cada víctima, lo que no se palpa de cada caso; leer entre líneas cada hecho suscitado, tomando en cuenta las relaciones asimétricas entre víctima y agresor, o bien, las relaciones de confianza que son violadas al momento de cometer los ilícitos.
Finalmente, la critica que se puede realizar al sistema jurídico mexicano relacionado con estos temas recae en la urgencia de apostar mucho más por una cultura de prevención, detección y el tratamiento de delitos que han resultado ser la antesala del feminicidio: la violencia familiar, el acoso, el abuso sexual, la violencia vicaria y el resto de los delitos de género. Optar por nuevas políticas públicas que vayan encaminadas a fortalecer los modelos de capacitación para la detección oportuna de agresiones en las instituciones educativas de nivel básico y media superior, en territorios vulnerables donde los delitos son mayores, que permitan reconocer y evitar a tiempo estas violencias, podría ser una vía de acción.
* Valeria Martínez, abogada y colaboradora del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A. C. (@CDHVitoria).
