Se podría decir que el Estado mexicano ha adoptado, en principio, todas las medidas a fin de salvaguardar los derechos de las infancias, pero ¿realmente se han llevado a la práctica dichos compromisos?

Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político

Web original | Imagen : Victor Manuel Chima

Por: Ariadna Rosales y Andrea Cruz

10 de diciembre de 2020

A comienzos de este año, el mundo entero se ha visto embargado por una crisis sanitaria, lo cual ha obligado a que la mayoría de las personas permanezcamos en confinamiento. Como consecuencia se han suspendido algunas labores, lo cual ha provocado cambios en las dinámicas sociales; jornadas de cuarentena o aislamiento social, cierre de escuelas, traslado de labores presenciales a la virtualidad, que, sin duda, han afectado en diferentes maneras a la población. Ahora bien, existe un grupo que ha sido relegado en las medidas que ha adoptado el Estado para poder contener y mitigar la pandemia por la Covid-19: las infancias.

El artículo 4º de la Constitución mexicana reconoce el principio del interés superior de la niñez, mismo que se debe priorizar en cualquiera de los procedimientos en los que se vean involucradas personas menores de edad. Por ello, idealmente, en los procedimientos relacionados con las infancias deben aplicarse puntualmente derechos como el acceso a la justicia, a la alimentación, a la salud, a la educación, etc., así como los principios de celeridad procesal, legalidad, entre otros. Esto es más preocupante cuando se analiza el papel que ha tenido el Estado con este grupo en específico desde el inicio de la pandemia.

El Estado mexicano declaró la emergencia sanitaria por el brote de coronavirus SARS-COV-2 el 30 de marzo pasado, y con ello, la aplicación de medidas para contener y reducir el número de contagios. Por su parte, la Ciudad de México emitió la declaratoria un día después, además de la publicación de las medidas sanitarias que se desarrollarían de manera local.

La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado en que los Estados deben poner como prioridad a las infancias y juventudes en las medidas que adopten para controlar la pandemia. También solicitó que se abstengan de suspender procedimientos judiciales que pongan en riesgo derechos y libertades. En el mismo tenor, el 26 de mayo el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes emitió un acuerdo en el que solicita a las Fiscalías de los estados y al Tribunal Superior de Justicia dar continuidad a los procedimientos y al otorgamiento de pensiones alimenticias, como una acción indispensable para la protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por la Covid-19.

Así, se determinó que los Juzgados Familiares de Proceso Escrito continuaran recibiendo demandas o solicitudes acerca de violencia contra las mujeres, adolescentes, niñas y niños, así como en materia de alimentación, además de ordenar las medidas urgentes necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las personas que pudieran resultar afectadas.

En suma, se podría decir que el Estado mexicano ha adoptado, en principio, todas las medidas a fin de salvaguardar los derechos de las infancias, pero ¿realmente se han llevado a la práctica?, ¿se han continuado los procedimientos?, ¿se garantizan sus derechos?

Según datos del Informe elaborado para la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, “si se compara marzo de 2020 con abril de 2020, puede verse que los asesinatos de mujeres aumentaron”, lo cual pone al descubierto que aún con las medidas de distanciamiento, persiste la crisis de violencia de género en México. Por otro lado, de acuerdo con este informe el mes de abril de 2020 registró un aumento del 42% en las llamadas al 911 por violencia familiar, en comparación con abril del 2019.

Lo anterior impacta de manera directa en el entorno familiar de las infancias. El hogar podría parecer el lugar más seguro, sin embargo, para las niñas, niños y adolescentes en México eso es solamente un ideal. Según la Red por los Derechos de la Infancia en México, la epidemia de violencia contra la niñez no se detiene aún con el confinamiento, ya que el 63% de las niñas y niños de entre 1 y 14 años han experimentado al menos algún tipo de violencia.

La situación descrita se ha intensificado desde la suspensión de labores y la interrupción de los términos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que se han evidenciado las omisiones en la atención y el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. A pesar de que se determinó que los Juzgados Familiares de Proceso Escrito tenían la obligación de recibir las demandas en las que se argumentara violencia contra mujeres, adolescentes, niñas y niños, una vez más la realidad supera a la normativa.

Al no acceder oportunamente a la justicia y no procurarse medidas preventivas, la niñez se encuentra expuesta a un ambiente de violencia que se acentúa con la pandemia, impidiendo así que puedan tener acceso a un desarrollo integral y una vida digna.

* Ariadna Rosales y Andrea Cruz son colaboradoras del CDH Vitoria.

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