Inauguración del Foro: Por la Construcción de Un nuevo Modelo Agroalimentario de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País realizado en El Altillo

Buenos días a todas las personas aquí presentes. A nuestras compañeras y compañeros de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, y a las y los funcionarios que nos acompañan el día de hoy. Aprovecho también para enviar un saludo a todas y a todos ustedes por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización integrante de la Campaña Sin Maíz No Hay País. Nos congratulamos mucho por la realización de este Foro, y por encontrarnos con compañeras y compañeros con quienes hemos luchado desde hace más de 10 años por la soberanía alimentaria, una alimentación sana y la recuperación del campo y el maíz nativo. Ser parte de este entretejido de organizaciones y colectividades es un honor para mí y para el Centro Vitoria, pues la Campaña Sin Maíz No Hay País se ha ganado un lugar referencial en la lucha relacionada con la soberanía alimentaria, y ha sido el punto de partida de muchos esfuerzos, locales y nacionales, que hasta la fecha se dedican a la defensa de nuestros maíces criollos y la economía campesina.

Esfuerzos, como la articulación de distintas organizaciones campesinas con la sociedad civil, académicas, académicos y colectivos que se dedican a la defensa de los bienes comunes, en torno a la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, resultan de suma importancia, pues el contexto actual del modelo neoliberal, que avasalla al campo, y nos bombardea con alimentos chatarra que afectan nuestra salud, entre muchas otras de sus afectaciones, sigue haciendo indispensable entretejer nuestras luchas, pero también nuestras esperanzas, para sumar que poco a poco nos dé frutos esta lucha, que hoy requiere de acciones concretas que empujen al cambio del modelo económico.

Ahora más que nunca es menester recuperar al campo mexicano y posicionar en la agenda nacional la vida digna de las campesinas y campesinos. La tremenda crisis de derechos humanos que hay en el país tiene como una de sus raíces el abandono del campo; el cual ha sido lentamente invadido por el crimen organizado y por proyectos extractivos de las grandes empresas. La destrucción del tejido social de las comunidades, relacionado con las pocas oportunidades ofrecidas a las y los campesinos, se ha traducido no sólo en desplazamientos del campo a las ciudades, sino en que las manos que pudieran dedicarse al cuidado de la tierra, del maíz, del frijol, del café y otros alimentos básicos de la dieta y cultura mexicanas, hayan sido cooptadas, para defender sus intereses, por los carteles a lo largo y ancho del país. Esto, aunado a la complicidad de autoridades de todos los niveles, y a los megaproyectos que han buscado imponerse en todo el territorio nacional, ha desatado una ola de violencia generalizada que, a un mismo tiempo, usa y afecta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Por ello, desde la Campaña Sin Maíz No Hay País pensamos que una estrategia posible, de entre tantas otras que pueden tomarse para erradicar la crisis de derechos humanos en México, es generar políticas integrales en torno al campo, en las que se garantice el derecho de las campesinas, campesinos y comunidades indígenas a una vida digna. Políticas dirigidas al mantenimiento de sus usos y costumbres, a su derecho a definir sus propios medios de vida, y a producir para sí mismas y para los demás alimentos sanos y culturalmente aceptables. El campo es la primera línea de defensa de los derechos humanos en México para erradicar la violencia; y para ello es necesario elaborar un nuevo marco de leyes, normas y reglamentos basados en la ética y la protección de los bienes comunes, en los derechos humanos individuales y colectivos a un medio ambiente sano; a una alimentación sana, suficiente y accesible, a la biodiversidad, a la libre circulación natural de las semillas, a la información y a la libre determinación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, cuya aplicación se lleve a cabo sin reservas por parte del Ejecutivo, y cuya observancia sea cumplida por el Poder Judicial en todas las sentencias dictadas.

Ahora bien, la crisis del campo en México tiene sus raíces en la imposición del sistema económico neoliberal, del cual es expresión ejemplar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A raíz de la ratificación de este Tratado se priorizó, por ejemplo, la importación de maíz estadunidense, por sobre la producción interna mexicana, disminuyendo los aranceles para este cereal. Tras 25 años de la vigencia del TLCAN, son evidentes los estragos que esta política ha hecho en la producción de maíces criollos, mermando la economía de las y los campesinos, y dejando el mercado abierto a maíz sin nixtamalizar, y a semillas genéticamente modificadas. La nueva versión de este Tratado está ahora a la espera de su ratificación, cosa que no sólo perpetuaría las afectaciones que ya hemos visto, sino que además fortalecería a las empresas frente al Estado mexicano: los Tratados de Libre Comercio estipulan que las empresas pueden demandar ante tribunales internacionales, o paneles externos de solución de controversias, a los Estados parte, si ven afectadas sus inversiones en el país. Esto beneficia claramente a las decisiones de las empresas en nuestro propio país, sin considerar las afectaciones a los derechos humanos. Además, en los llamados “tratados de nueva generación” están previstas las protecciones a los transgénicos y a las nuevas biotecnologías creadas por empresas como Monsanto; de forma tal que aunque la siembra comercial de transgénicos, como el maíz y la soya, esté hasta la fecha prohibida de manera precautoria en nuestro país, los alimentos genéticamente modificados pueden entrar a las mesas mexicanas, sin que las empresas proporcionen información sobre su contenido. No menos importante, por lo perjudicial que resulta para la salud, es el uso de agrotóxicos, particularmente plaguicidas altamente peligrosos, como el glifosato, que no solo afectan a la salud de quienes los consumimos, sino que también dañan al medio ambiente sano, pues pueden causar la muerte de abejas y otros polinizadores. Además, es de llamar la atención que el uso de este tipo de agrotóxicos esté prohibido en varios países, mientras en México siguen estando permitidos.

Este contexto, que trasciende las fronteras nacionales, amerita que el tema del libre comercio, en relación con la defensa del maíz y el derecho a la alimentación, se aborde a profundidad. Desde diversos enfoques, e incluso desde instancias internacionales, se ha visto que los tratados de libre comercio son contradictorios con los tratados de derechos humanos que el Estado mexicano está obligado a observar. El Señor presidente ha dicho que la era neoliberal en México ya terminó. Sin embargo, esta afirmación no puede ser tal, si no se toma una postura clara en favor de los derechos de las personas y de los pueblos, de sus formas de vida frente a los tratados de libre comercio, y, por supuesto, una postura clara en favor de la soberanía alimentaria y de la economía propia del país. Una parte mínima de esta postura tendría que ser garantizar la salida del maíz y del frijol de los tratados de libre comercio (particularmente del TPP11), para que el Estado tenga capacidad real de regular las importaciones y exportaciones de estos alimentos básicos.

El contexto actual en México hace no sólo necesario que se hagan declaraciones oficiales contra el uso de los transgénicos y contra el modelo económico neoliberal. Es indispensable que las declaraciones se materialicen en acciones concretas en defensa del derecho humano a la alimentación, a la salud, al medio ambiente sano, y a un modelo económico que permita acortar la brecha de desigualdad, en un país donde el 80 por ciento de las personas viven en pobreza, y cuenta por otro lado con algunas de las personas más ricas del mundo.

Lo anterior hace evidente que el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos no sólo impacta un derecho, sino que éste funciona como un derecho llave, y tiene un impacto en otros derechos. Por tanto, es de primordial importancia emprender acciones que materialicen las declaraciones del Jefe del Ejecutivo Federal, y que las mismas sean exigibles para así coadyuvar a que las personas tengan una vida digna. Por ejemplo, es menester elaborar un nuevo marco legal de leyes, reglamentos y normas basadas en la ética y la protección de los bienes comunes, los derechos humanos individuales y colectivos a un ambiente sano, a una alimentación sana, accesible y suficiente, a la biodiversidad, a la libre circulación natural de las semillas, a la información y a la libre determinación de los pueblos. Una legislación a la altura de un país centro de origen, megadiverso y pluricultural, cuya aplicación por parte del Ejecutivo sea sin reservas, y cuyo respeto por parte del Poder Judicial esté asegurado en todas las sentencias dictadas.

Tal es el caso del derecho humano a la alimentación, el cual, en palabras de Oliver de Schutter, Ex-Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, implica tener acceso de manera regular, permanente y libre, directamente, o mediante compra con dinero, o de alguna otra forma, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a la que se pertenece, y garantice una vida psíquica y física individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna.

A lo largo de una década, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es sin duda un referente en la agenda de la construcción y establecimiento de una verdadera Soberanía Alimentaria y un auténtico cuidado de la naturaleza. La Campaña ha sido, es, y muy seguramente seguirá siendo una articulación vibrante, en la que se intercambien saberes y se hacen esfuerzos colectivos, con impacto en la agenda nacional desde las localidades. Desde la Campaña seguiremos haciendo milpa.

Finalmente, y con todo y la buena voluntad expresada por el gobierno actual de trabajar por la soberanía o autosuficiencia alimentaria, sabemos que los cambios sólo serán posibles si está presente en ellos la organización social. Todas las políticas y acciones dirigidas a la recuperación del campo tienen que ser acompañadas, monitoreadas, evaluadas y sobre todo implementadas por las comunidades campesinas e indígenas, acompañadas por las personas defensoras de derechos humanos, y por académicas y académicos que puedan compartir sus conocimientos y herramientas para determinar su efectividad e idoneidad. Como decimos en la Campaña Sin Maíz No Hay País, sólo conformándonos en una milpa diversa y nutritiva podremos transformar de manera estructural la actual situación del campo y del derecho a la alimentación, e ir construyendo una soberanía alimentaria con alimentos campesinos para todas y todos.