- Sin argumentos basados en elementos de prueba, decisión de Procuraduría de CDMX amenaza impedir conocer la verdad, combatir la corrupción y fincar responsabilidades.
- Parcial voluntad de Gobierno de la CDMX para atender las demandas de acceso a justicia de víctimas del sismo
El día 19 de septiembre del 2017, la Ciudad de México vivió uno de los momentos más tristes en su historia. Aproximadamente a la una de la tarde de ese día, nos tomó por sorpresa un sismo de 7.1 grados de magnitud en la escala Richter, con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos. La fuerza de este sismo dejó múltiples inmuebles dañados, y algunos de ellos se derrumbaron en cuestión de segundos, provocando la muerte de un gran número de personas. Ejemplo de esto fue el caso del inmueble ubicado en la calle Bolívar, número 168, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Este edificio colapsó dejando atrapadas a diversas personas, así como víctimas mortales.
Si bien los sismos generalmente son entendidos como “fenómenos” de la naturaleza que no se pueden evitar, también diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos públicos de derechos humanos han documentado, en diversos informes e investigaciones, una gran cantidad de factores que son omitidos para posibilitar disminuir los riesgos ante tales fenómenos; identificamos prácticas de corrupción y la omisión por parte de diversas autoridades en las tareas de inspección y revisión de la seguridad de los edificios, situaciones que aumentaron vulnerabilidades y daños, por lo cual es pertinente hablar de desastres socialmente construidos.
En este marco, el día 29 de septiembre del 2017, se abrió una carpeta de investigación para investigar los delitos de responsabilidad de los directores responsables de obra, homicidio y lesiones en el caso del inmueble ubicado en Bolívar 168. Desde ese entonces, ha pasado más de un año en que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) ha omitido brindar información y avances efectivos en sus investigaciones; incluso se ha dificultado recabar pruebas debido a la omisión de diversas autoridades, así como las trabas para acceder a la carpeta de investigación, pues ésta constantemente era llevada de un lado a otro sin que se informara a las víctimas y sus asesores, violentando con ello el derecho de las víctimas a conocer y contribuir en las investigaciones.
En días recientes, fue notificado a familiares y víctimas que la PGJ-CDMX determinó el no ejercicio de la acción penal para el caso de Bolivar 168. En la exposición de su criterio menciona que no encuentra elementos suficientes que determinen una conducta penal y atribuye el resultado al sismo mismo. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toman en cuenta las múltiples observaciones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), mismas que derivaron en recomendaciones; tampoco consideran los diversos medios de prueba que integrados en la carpeta de investigación.
Es importante, señalar que se determinó el no ejercicio de la acción penal sin haber investigado las irregularidades relacionadas a los permisos de uso de suelo y reglamentos en la materia, y sin considerar los peritajes emitidos por expertos que develan que la causa del colapso es el sobrepeso del inmueble. Para las víctimas y esta organización defensora de derechos humanos acompañante del caso de Bolívar número 168, es evidente que la PGJ-CDMX incurre en arbitrariedades y omisiones al momento de resolver de esta manera. Con ello, impide el acceso a la justicia para las víctimas del sismo del 19 de septiembre.
Derivado de esta determinación, corresponde resolver al juez de control en turno revocar el no ejercicio de la acción penal y ordenar una investigación apegada a derecho que considere los derechos de las víctimas y se valoren todos los elementos de pruebas a fin de que se pueda judicializar el caso, para que de esta manera las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia, sentándose un precedente para la no repetición de este tipo de casos.
Exhortamos al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a resolver tomando en cuenta los más altos estándares en derechos humanos y valorando los medios de prueba que integran la carpeta de investigación, a no cerrar las investigaciones de éste ni de ningún caso relacionado con el sismo del 19 de septiembre de 2017, además de ordenar que se realicen los peritajes pertinentes y diligencias necesarias para evitar la impunidad, estableciendo adecuadamente responsabilidades, y asegurando de esta manera el acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas.
De igual manera exhortamos a la PGJ-CDMX para que se ocupe y realice las investigaciones con estricto apego a derecho, sin favorecer a algunas de las partes y tomando en cuenta los más altos estándares en materia internacional de los derechos humanos de las víctimas.
