Los países que transitan de regímenes autoritarios con un significativo uso de sus fuerzas armadas contra la población hacia gobiernos que apuntan a ser democráticos, han implementado mecanismos ordinarios y extraordinarios que buscan investigar la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado. Se han creado instituciones y leyes con el fin de sancionar a los responsables. Se ha aspirado a que víctimas y sobrevivientes, así como familias y comunidades afectadas accedan a medidas que reparen los daños a la par que los Estados garanticen que hechos similares no se repitan.

Las leyes, instituciones, comisiones integradas por víctimas y sociedad civil creadas para tales fines han sido llamados, al cabo de los años, procesos de Justicia Transicional con cuatro ejes fundamentales: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En el caso de México, durante el año 2000 con el término de setenta años aproximadamente de gobiernos del mismo partido político, el gobierno alternante instaló un mecanismo extraordinario del que se esperaba atendiera algunas de las exigencias históricas y sentidas para la población.

En el 2002 se creó la Fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado (FEMOSPP), para conocer la verdad sobre la perpetración de crímenes cometidos contra grupos, comunidades y movimientos sociales durante la segunda mitad del siglo XX en varias regiones del país, así como identificar y sancionar a los responsables en los distintos niveles. También durante ese sexenio se creó la Comisión de la verdad del estado de Guerrero (Comverdad); posteriormente en el año de 2015, como mecanismo de justicia alternativa, se creó la Comisión de la Verdad de Oaxaca. Es cierto que estas experiencias informaron que hubo una política de Estado que atentó sistemáticamente contra la integridad y la vida de participantes y líderes de distintos movimientos sociales en distintas épocas, aunque también es cierto que no se ha esclarecido la responsabilidad de los altos funcionarios del gobierno ni de las fuerzas de seguridad, al igual que la reparación integral para el total de las víctimas ha sido mínima. Además que en los sexenios siguientes las violaciones graves a los derechos humanos y el clima de violencia generalizada no ha cesado.

A este último respecto, el gobierno federal electo en 2018 abrió una nueva expectativa para acceder a una política de justicia transicional como uno de sus principales ejes de gobierno, construida desde la participación efectiva de las decenas de miles de víctimas en el país. Asimismo, los primeros meses de la actual administración fueron de apertura para las colectivas de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia que durante décadas han acompañado a las víctimas y sus colectivas, así como desarrollado un trabajo de documentación y discusión constante sobre las violencias extremas ejercidas diferenciadamente contra los distintos grupos de la sociedad (mujeres, comunidades indígenas, campesinos, estudiantes, entre otros), importante para la comprensión y transformación de las condiciones estructurales. Sin embargo, poco después del primer año de este sexenio en varias ocasiones el diálogo se ha tornado insuficiente, mientras que la creación de mecanismos extraordinarios que permitan conocer la verdad, acceder a la justicia y reparación integral, y garantías de no repetición ha sido para pocos casos. Las cifras más recientes conocidas sobre violencia y violaciones graves a los derechos humanos muestran que durante el actual sexenio prevalece la violencia feminicida, la desaparición de personas, la persecución y ejecuciones extrajudiciales contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como distintos actos represivos por parte de algunos agentes del estado en contra de estudiantes normalistas y movimientos sociales.

Con el empuje incesante de las víctimas, en este sexenio se han construido, por y desde sus necesidades, instancias como la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la aprobación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF). Sin embargo, instituciones creadas en sexenios anteriores que buscan favorecer el ejercicio pleno de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) o el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, junto con otros mecanismos creados en los últimos veinte años, son insuficientes para afirmar la existencia de una justicia transicional efectiva en México.

Asimismo, la capacidad de las instancias de administración y procuración de justicia no ha permitido investigaciones en que se pueda conocer quiénes han sido los altos mandos responsables en los distintos casos de violaciones a graves a los derechos humanos, así como las circunstancias sociales y políticas que los sucitaron, en consecuencia tampoco se han llevado a cabo procesos donde se sancione a los perpetradores en todos los niveles de responsabilidad, persistiendo un clima de impunidad. Es el mismo caso para la implementación de medidas satisfactorias para resarcir los daños sufridos por las personas y las comunidades.

Para que sea palpable la transición de gobierno a un régimen democrático y justo en México es indispensable el diseño de políticas públicas comprometidas en asegurar la construcción de procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, en un diálogo y participación constantes con víctimas, organizaciones de la sociedad civil y academia. Hasta entonces, la insuficiente respuesta del Estado mexicano se acumulará en la deplorable deuda histórica.