Persiste un rezago importante por parte del Estado Mexicano para cumplir sus responsabilidades respecto a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, ¿Cuáles son algunos de ellos?

Editoriales | Columna de opinión en la Revista Contralínea

Web original | Imagen : David Manrique

Por: Cassandra Meléndez, Ariadna Buenrostro y Mariana Neyvi Ortiz

Febrero de 2022

En  2011 el Estado Mexicano reformó el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), allí se argumenta que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. En este sentido, México ha ratificado diversos tratados en materia de derechos, los cuales, a partir de esta reforma, son los instrumentos rectores para que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias estén obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas que transitan y/o habitan en el país. 

Sin embargo, a pesar de estos logros en materia jurídica, en México se vive una grave crisis de derechos humanos que impacta en mayor proporción a las personas en condiciones de vulnerabilidad y además se ha profundizado por la pandemia. 

El primer mes del 2022 comenzó con los asesinatos de cuatro periodistas: José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado en Tijuana y Roberto Toledo en Michoacán. A pesar de que existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la realidad es que esta herramienta jurídica ha mostrado tener significativas deficiencias para garantizar la vida y la dignidad de las personas en riesgo. 

En el régimen internacional de los derechos humanos existe el Sistema Interamericano, compuesto por la Comisión Interamericana y la Corte; por otra parte, también existe el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cual deriva de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tanto el sistema regional como el universal cuentan con mecanismos jurisdiccionales y cuasi-jurisdiccionales para exigir a los Estados miembros que garanticen los derechos humanos. En este contexto de violaciones a derechos humanos, los retos y desafíos continúan para cumplir con lo establecido en los tratados internacionales, convenciones, informes y recomendaciones en la materia, a continuación, presentamos algunos retos de la agenda internacional en temas de derechos humanos que el Estado Mexicano debe enfrentar en el 2022. 

Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos

A partir de la ratificación de diversos tratados internacionales se ha consolidado el marco normativo nacional de protección de los derechos humanos y existen diversos comités que periódicamente evalúan a los Estados para conocer el cumplimiento de lo pactado. Ante esto, México cuenta con más de 3,500 recomendaciones formuladas por diversos órganos de tratados, así como de mecanismos del sistema universal y regional. Al respecto el gobierno Mexicano ha implementado el Sistema de Seguimiento y Atención de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos (SERIDH), sin embargo, diversas organizaciones de la sociedad civil han argumentado que este mecanismo no es eficaz para implementar y dar seguimiento a dichas recomendaciones. Este es uno de los grandes retos para el 2022, ya que cumplir con las recomendaciones internacionales implica implementar políticas que ahonden en los problemas estructurales que ocasionan la violencia y la desigualdad en el país.

Otro de los compromisos internacionales es el cumplimiento de la Agenda 2030, pues debido a la pandemia se han intensificado los índices de pobreza, desigualdad y discriminación. Solo por ejemplificar esta situación, de acuerdo con el INEGI, en 2020 5.2 millones de estudiantes entre los 3 y 29 años no se inscribieron al ciclo escolar debido a dos causas principales, por un lado la COVID pero también la falta de dinero y recursos para hacerlo. Ante esto, el Estado Mexicano tiene el reto de implementar medidas con base en los instrumentos internacionales para erradicar las brechas de desigualdad que ha dejado la crisis sanitaria en el país. Para dar seguimiento a la agenda 2030 México firmó en 2020 el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2020-2025, busca ser una herramienta para impulsar la planificación, el monitoreo y para reportar las acciones encaminadas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Por otro lado, en junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022 y en octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en donde su mandato terminará en 2023, por lo tanto México tiene que replicar lo acordado en estos espacios de diálogo y negociación para ser implementado en el país.

Sistema interamericano 

Apenas el 21 de enero de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció que el Estado mexicano es responsable por el caso del asesinato de la defensora Digna Ochoa, ella fue encontrada sin vida el 19 de octubre de 2001 y posterior a su muerte las investigaciones continuaron durante 10 años. El Estado Mexicano planteaba en su averiguación que la defensora se había suicidado, sin embargo, en abril de 2021 México reconoció la responsabilidad internacional parcial por la violación a las garantías judiciales, finalmente el 21 de enero de 2022, la Corte determinó que hubo numerosoas falencias en el manejo y documentación de la escena del crimen. Además, se determinó que las investigaciones estuvieron sesgadas por la aplicación de estereotipos de género que apelan a aspectos personales de la defensora. 

Uno de los principales alcances de este fallo es que se fortalece los estándares internacionales sobre libertad de expresión y protección a personas defensoras de derechos humanos. La CIDH y la Corte Interamericana han recalcado en su jurisprudencia que el derecho de la libertad de expresión guarda una relación estructural con la democracia y la convierte en una condición necesaria para facilitar la autodeterminación personal y colectiva, así como para hacer operativos los mecanismos de control y denuncia ciudadana. 

La sentencia del Caso Digna Ochoa tiene repercusiones sustanciales para que existan garantías de no repetición y se generen precedentes en la defensa del derecho a la vida de las personas defensoras y periodistas. Uno de los grandes retos para el Estado Mexicano es cumplir con las reparaciones que estipulan las diversas sentencias de la Corte Interamericana a fin de resarcir los daños de manera integral. La exigencia no debe dejar de ser que el Estado Mexicano implemente reparaciones integrales y transformadoras, ha hecho falta en otras sentencias, ejemplo claro es el caso González y otras vs México (Caso Campo Algodonero), pues hoy en día la violencia hacia las mujeres continúa en todo el país a pesar de existir un fallo en contra de México. 

La importancia de las OSC y la incidencia internacional 

Finalmente, es necesario reconocer que a lo largo de los años se ha exigido el cumplimiento de cada uno de los tratados internacionales, sin embargo existe un rezago por parte del Estado Mexicano respecto a sus responsabilidades internacionales. Sobre lo dicho, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han utilizado la incidencia internacional a través de informes, intervenciones y declaraciones tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano. Esta incidencia internacional ha servido para visibilizar violaciones graves a derechos humanos, pero también para recordar la obligación que tiene el Estado mexicano para cumplir sus responsabilidades. Frente a este panorama, resulta primordial el fortalecimiento del diálogo por parte del Estado Mexicano con las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de víctimas, entre otros actores políticos y sociales para avanzar en garantizar los derechos humanos. Las OSC complementan las tareas y deficiencias de los Estados al exigir la garantía de los derechos y se articulan para hacer frente a las injusticias. Falta mucho para reconocer que se requiere de las OSC y por supuesto, de las experiencias de las víctimas, de otra manera se seguirá retrasando la obligación de cumplir con lo estipulado en los diversos tratados. 

*Escriben Cassandra Meléndez, Ariadna Buenrostro y Mariana Neyvi Ortiz, colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (derechoshumanos.org.mx)