Desde hace más de 10 años hacer periodismo en México es una labor de alto riesgo para quienes lo ejercen, llegando incluso a sobrepasar a países que se encuentran en guerra declarada. Asesinatos, agresiones y censura a cientos de periodistas forman parte de una enorme deuda que tiene el Estado con el incumplimiento de sus derechos, ya que no solo se enfrentan a este panorama de violencia, sino también a la impunidad que se ha ejercido ante el asesinato de al menos 160 compañeros desde el 2000 hasta el 16 de mayo en el que el periodista Armenta Ávalos fue asesinado afuera de un comercio en Ciudad Obregón, hecho que ocurre debido a la ineficiencia de condiciones que aseguren garantías y leyes que protejan de una manera integral el ejercicio del periodismo.

En el 2012 se publicó la Ley de Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en donde se establece la responsabilidad de cooperación entre las entidades federativas para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Dicha Ley, a más de ocho años de su publicación, no ha logrado garantizar lo que prometía, pues no se han generado las condiciones necesarias para que su efectiva protección sea una realidad.

Muestra de ello es que, por ejemplo, Javier Valdez y Miroslava Brech, periodistas asesinados en 2017, contaban ya con medidas de protección por parte del Estado. Familiares y activistas enfatizaban en que la exigencia de seguridad tanto para Miroslava como para Javier fue muchas veces retrasada e ignorada por las autoridades, siendo esta falta de atención uno de los factores que finalmente permitieron los crímenes que terminaron con sus vidas.

Ante todo este panorama que acompaña el ejercicio del periodismo en México y sumando la situación extraordinaria que enfrentamos en gran parte del mundo ante el virus SARS-COV2, se van agravando las violencias que ya se vivían pero que ahora se recrudecen: desde el despido masivo de personas que trabajan en medios, la falta de cuidado de las empresas de comunicación ante sus trabajadores y la información que emiten, agresiones por parte de la ciudadanía, nulos derechos laborales y una incertidumbre constante sobre qué es lo que pasará a futuro con esta profesión a nivel mundial.

Algunos de los medios de comunicación más importante del país se han visto salpicados por sus posturas e investigaciones críticas sobre la forma en la que el gobierno está enfrentando la contingencia sanitaria, algunos de ellos se han visto expuestos también ante el descubrimiento de información falsa e incluso ataques hacia otros periodistas, lo que habla de una crisis de la libertad de expresión e información en un momento de suma importancia para evitar la propagación aún más extensa del virus en el país. Por su cuenta, la prensa mexicana independiente ha aportado coberturas desde lugares alternativos, presentando datos e historias que van surgiendo ya desde años anteriores en donde muchos de estos pequeños medios se habían visto censurados; medios que además constantemente se encuentran en crisis y acentúan el hecho de que ser periodista en México es una dinámica constante de emergencia.

Para dar cuenta de algunos desafíos tuve la oportunidad de charlar con cuatro personas que trabajan en diferentes geografías y medios de comunicación para tener un panorama de lo que el gremio de personas periodistas están viviendo en medio de esta emergencia sanitaria, se han cambiado algunos nombres por motivos de seguridad.

En primer lugar resalta que la incertidumbre, el miedo y la irresponsabilidad que muchas empresas de comunicación están ejerciendo sobre sus trabajadoras y trabajadores viola derechos humanos básicos para el libre desarrollo de su labor. Hay una aparente preocupación, pero la realidad que reflejan la precarización y violencia que enfrentan todos los días y las pocas medidas de seguridad al tratar de cubrir ciertas noticias son responsabilidades que ya han cobrado vidas. Mariana Hdz, que trabaja como camarógrafa de un canal de televisión en la Ciudad de México expresa: “La verdad sí me da miedo cuando nos mandan a cubrir hospitales, cuando empezó todo esto, muy, muy al principio me mandaron con una reportera al INER, literal nos mandaron hasta el laboratorio en donde entregan las pruebas y ahí no nos dieron protección de nada, ni en el hospital, ni el canal, nos pusimos un cubrebocas y eso gracias a que mi reportera llevaba. Me sentí muy insegura, quizá de COVID no me pude contagiar, pero era la sala de muestras y de cualquier otra cosa te puedes haber contagiado”.

Por su cuenta, Christopher Rogel Blanquet, que es fotoperiodista freelance para diversas agencias, reflexiona que posiblemente “el índice de probabilidades de que el COVID nos dé a nosotros es más alto que a otras personas, eso partiendo de que no solamente estamos saliendo como muchos, sino que estamos buscando las historias a partir de lo que ocurre con el COVID, eso nos está afectando; además, en mi caso como freelance ya perdí muchos proyectos. Para otros hay preocupación por la solvencia económica. A muchos de los colegas que están trabajando les han bajado el salario, algunos del 30% al 40% y no así la carga de trabajo”.

Mientras tanto, Isael Rosales Sierra, periodista en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resalta que “hay una carencia desde antes de la pandemia en el sistema de salud, es nula la presencia, no hay infraestructura, incluso en algunas comunidades no hay medicamentos, tienen que curarse las personas con yerbitas y ahí le van buscando, el sistema de salud en las comunidades muy poco ha funcionado, ha funcionado en algunas por las personas que se organizan, alzan la voz, pero si no, no hay nada. La marginación, la discriminación, el olvido de las comunidades sirve también para que ellos no crean en un gobierno que anda diciendo que hay una enfermedad.

“Faltan muchas cosas para que esta pandemia pueda transformar las cosas, no puede ser, no toca los cuerpos, la conciencia como para que mueva hacia una transformación. Siguen los problemas de siempre y se convierte en algo triste,se convierte en una violencia del Estado y es que seguimos en las mismas, pero es una oportunidad para visibilizar otras cosas, efectivamente”.

La importancia de imaginar una transformación social que provenga de esta nueva crisis, nos debe poner alertas y ser bastante críticas y críticos con la centralización de energía en un solo problema, no es que las violencias históricas hayan desaparecido, al contrario, parece ser que se están agravando, y esta normalidad que tanto se espera, nos esta siendo impuesta. El contexto pandémico nos brinda la oportunidad de visibilizar las problemáticas que aún no se resuelven, activar la organización comunitaria y la solidaridad como una forma de resistencia que continúa, que enfatiza la urgencia de paz con justicia y desde un enfoque de derechos humanos.

Finalmente, Roselia Chaca, que es reportera de El Universal en Oaxaca, comenta que agradece conservar el trabajo, ya que “muchos compañeros ya lo perdieron. Yo estoy por nómina, soy suertuda porque sí tengo seguridad social, tengo un contrato, no tengo que mandar factura para que me paguen, cada quincena llega mi sueldo, mi papá, mi mamá están en el seguro, además que el sueldo está muy bien. Las y los periodistas venimos arrastrando un estrés postraumático después de lo del terremoto, mi empresa me ayudó, porque yo perdí parte de mi casa, por eso me siento afortunada, en mi caso sí he recibido un poco más de apoyo pero no todos lo reciben, aquí muchos perdieron su casa y no recibieron apoyo ni del gobierno”.

Las diversas voces resaltan que las y los periodistas carecen la mayor parte de las veces de condiciones que garanticen su seguridad física, de equipos de protección al personal, de acceso a la atención médica; además de ser continuamente receptores de un flujo interminable de información, miedo al contagio y demás situaciones que vulneran su salud mental. Luchemos por medios más libres, que exijan y garanticen que las personas periodistas cuenten con protección integral del Estado para ejercer su profesión sin miedo y sin riesgo.