A puerta cerrada en la Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior (LSI) fue aprobada en lo general y en lo particular el pasado 30 de noviembre. De inmediato y sin mayor explicación, fue turnada al Senado para continuar con lo que parece ser el proceso para su inminente aplicación.

A diferencia de lo que el jefe del Ejecutivo ha descrito como una ley de “imperiosa necesidad”, esta LSI no constituye un instrumento adecuado para enfrentar la crisis de violencia de nuestro país, pues formaliza un modelo de seguridad ineficaz en el combate al crimen organizado y con probadas consecuencias negativas para la población, las instituciones, y un Estado de derecho y garante de derechos humanos.

Por si fuera poco, la LSI permite la intervención militar en áreas de inteligencia civil por cualquier medio lícito, sin la responsabilidad de hacer públicas esas investigaciones y determina que los organismos constitucionales autónomos (comisiones de derechos humanos,  Instituto Nacional Electoral, universidades autónomas, etc.) deben proporcionar la información que les requieran las autoridades en contextos de afectaciones a la llamada seguridad interior.

Esta errónea Ley que formaliza la militarización de la seguridad pública, afirmación que quienes gobiernan hoy dicen que es “absurda”, adscribe la coordinación de las acciones de seguridad interior a la Secretaría de Gobernación, pero asignando el mando a las FFAA en caso que éstas intervengan, aunque la Suprema Corte de Justicia de la NacióN (SCJN) ha establecido que los militares deben subordinarse a los civiles cuando colaboren en tareas diferentes a su mandato constitucional; asimismo omite que las FFAA ajusten su organización, medios y adiestramiento en apego a los derechos humanos para intervenir en esas labores.

En un escenario global de militarización es necesario defender principios basados en la democracia y los derechos humanos, encaminados a la construcción de la paz y la recuperación de la seguridad ciudadana. Con la opacidad en su redacción y acelerada aprobación, la LSI tan sólo promueve la impunidad de delitos, más violaciones graves a derechos humanos y actos continuados de corrupción; al mismo tiempo que deja entrever más claramente el mensaje autoritario del partido en el poder, de los grupos parlamentarios aliados y de las autoridades que han asegurado su aprobación, paradójica y sospechosamente, previo a la coyuntura del 2018.

Es urgente para México, una #SeguridadSinGuerra y otro y mejor modelo de seguridad.