México fue sujeto a evaluación por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) el pasado 08 y 09 de agosto en Ginebra, Suiza. El Comité muy oportunamente señaló la necesidad de combatir la discriminación racial estructural que históricamente ha estado presente en México, y afecta principalmente a las comunidades y pueblos indígenas, y a la población afromexicana.

Organizaciones de la sociedad civil presentamos información al CERD para exponer la situación de discriminación racial que viven estas comunidades y pueblos, y para denunciar el racismo estructural e institucional presente en el Estado mexicano contra los grupos históricamente marginalizados y discriminados.

Pusimos especial énfasis en la falta de políticas integrales y efectivas para erradicar la discriminación racial; las recientes “consultas” relacionados a megaproyectos que impactan directamente en la vida y en los territorios de las comunidades y pueblos indígenas; la política migratoria adoptada por la nueva administración que pone en una grave situación de vulnerabilidad a las personas migrantes y refugiadas; asimismo, la dificultad en el acceso a la justicia para las comunidades y pueblos indígenas, en especial, la discriminación que viven las mujeres indígenas al pretender acceder a la justicia.

Gran parte de estas problemáticas fueron señaladas por parte del CERD y cuestionadas a la delegación mexicana encabezada por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería. Sin embargo, y después de las reuniones de trabajo, el Comité emitió alrededor de 40 recomendaciones en la materia.

Algunas de las principales recomendaciones son:

1. Tipificar como delitos los actos de odio y discriminación racial: debido a la falta de homologación en todas las entidades federativas sobre la definición y prohibición de la discriminación racial, además de asegurar que estos actos sean considerados como agravantes en actos delictivos.
2. Elaborar una política nacional integral de lucha contra la discriminación racial que incluya la adopción de un plan nacional contra el racismo y la discriminación: el Estado mexicano debe construir una política integral y efectiva que considere la participación de todos los grupos que se enfrentan a actos de discriminación racial. Proporcionando todas las capacidades institucionales, financieras y humanas para su implementación.
3. Consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada para las comunidades y pueblos indígenas: se debe asegurar que todos los procesos de consulta consideren las condiciones y realidades particulares de los pueblos y comunidades indígenas, y que su realización se de en contextos seguros y libres de cualquier tipo de amenaza, al igual que debe brindarse toda la información necesaria para que la participación sea efectiva y exista representatividad de los distintos grupos. Este tema es de especial interés debido a las consultas relacionadas en casos de megaproyectos como el tren maya o el corredor transístmico, en las cuales el Comité señala que no se han respetado estos principios y se han dejado de lado los intereses de las comunidades afectadas.
4. Discriminación racial relacionadas con el género: se deben tomar las medidas necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación que viven las mujeres indígenas y afromexicanas. Garantizar su acceso a la salud reproductiva y sexual con pertinencia cultural, erradicando las prácticas existentes de violencia obstétrica.
5. Erradicar la discriminación racial dentro del sistema de justicia y el sistema penitenciario: persisten las prácticas discriminatorias en el sistema de justicia que afectan principalmente a las comunidades y pueblos indígenas. El Estado mexicano debe adoptar medidas efectivas e integrales para garantizar su acceso a la justicia, y combatir la corrupción existente en ambos sistemas. Asimismo, reconocer, respetar y fortalecer los sistemas de justicia indígenas.¹

Las organizaciones de la sociedad civil reconocemos la importancia de esta evaluación que pone especial énfasis en la urgencia de adoptar medidas integrales para erradicar la discriminación racial y los discursos de odio y atender a las poblaciones afectadas por éstos.

Finalmente, es importante decir que es de suma importancia que el Estado mexicano atienda sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos derivados de este tipo de evaluaciones, por ejemplo, a través de un mecanismo nacional de seguimiento e implementación de las recomendaciones internacionales, el cual se configure a partir de un proceso participativo donde se involucren de manera integral a las comunidades afectadas, a las víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. He aquí más tareas para la cuarta transformación.

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* Donovan Ortega (@donoortega) es colaborador del @CDHVitoria.