Como el Presidente de la República y el Congreso de la Unión en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró sus puertas a las víctimas de la violencia.

El pasado 2 de octubre, nuestro colectivo –integrado por más de 300 organizaciones y personas– presentó una solicitud dirigida a las ministras y ministros para la realización de audiencias públicas sobre la Ley de Seguridad Interior. Para que abrieran la justicia constitucional en medio de la crisis de violencia que padecemos y que esa Ley busca perpetuar. Nos han dicho que no y no solo eso: El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ya ha hecho público un proyecto que empezaría a discutirse por el Pleno a partir del próximo 12 de noviembre.

En sus 501 páginas el proyecto invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma. Propone declarar inconstitucionales 7 artículos, modificar 4 y declarar la validez de 23 de los 34 que integran la ley. Aunque la propuesta invalida algunas de las partes más graves de la Ley, deja intacta la parte central de la misma y requiere que al menos 8 de las 11 ministras y ministros voten por eliminar dichas partes. Sin embargo, los riesgos de mantener al ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten. Por ello, desde #SeguridadSinGuerra consideramos que el proyecto es deficiente y es también un mensaje de impunidad.

No basta, por ejemplo, con quitarle la facultad al presidente para emitir una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior si no es a petición de los estados, como lo propone el Ministro. Tampoco con eliminar la reserva sobre toda la información generada bajo la aplicación de la ley por considerarse de seguridad Nacional. Una sentencia constitucional apegada a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos no debe permitir que un concepto como el de “Seguridad Interior” , que es el corazón de la ley, sea considerado constitucional. ¿Está enterado el Ministro Pardo de los abusos que por 12 años se han cometido aun sin esa ley debido a la actuación de militares y marinos que no están capacitados para realizar labores de seguridad pública?

Si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la SCJN, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías sin los controles establecidos en el artículo 29 constitucional, lo cual además contraviene el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si ese proyecto es lo máximo que el Alto Tribunal puede ofrecerle a un país al que le urge la paz, la demanda al nuevo Congreso para abrogar la Ley de Seguridad Interior es más pertinente que nunca. La fuerza política vencedora en la pasada elección puede y debe impulsar su eliminación del orden jurídico mexicano de una vez por todas. No se puede construir paz con una ley que, al mantener el paradigma de la militarización de la seguridad pública, camina en contra de los legítimos esfuerzos por escuchar a las víctimas del país y construir mecanismos de justicia transicional.

¿Morena y el presidente electo están realmente oyendo lo que se ha dicho en las escuchas nacionales?

No hay necesidad de esperar la sentencia de la SCJN. El momento demanda congruencia y responsabilidad. Entender que lo que deberíamos estar construyendo es una auténtica política de fortalecimiento y dignificación de las policías en todo el país en vez de falsas soluciones y hasta peticiones de aplicación de la Ley de Seguridad Interior, como la aprobada desde el Congreso de Sonora, impulsada por Morena. No a la militarización disfrazada de guardia civil ni al aumento de tropas. No a sentencias como salidas políticas.