La Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas define a la tortura como todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella información o una confesión, castigarla, intimidarla o coaccionarla, a ella o a otras, cuando dichos dolores o sufrimientos sean causados por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

En la historia de México la tortura ha sido una práctica regularmente empleada por autoridades y fiscalías para la obtención de información respecto de delitos y movimientos sociales o políticos. Sin embargo, en años recientes se ha empleado como medio para castigar y generar terror entre la población, causando con ello graves violaciones a los derechos humanos y dejando una gran cantidad de víctimas.

Tal fenómeno ha alcanzado en el país niveles tan alarmantes, que diversos organismos internacionales han puesto su mirada en México. Claro ejemplo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace poco sentenció al Estado mexicano en el caso Atenco por hechos de tortura sexual.

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas, creado en 1988, tiene entre sus principales tareas evaluar periódicamente a los diferentes Estados parte de la Convención Contra la Tortura, y por ello en diversas ocasiones (siete) el Estado mexicano se ha sometido a este escrutinio, siendo la última en mayo pasado.

Organizaciones de la sociedad civil presentaron informes paralelos frente al CAT, en los que dan cuenta de que la tortura en México es una práctica generalizada que impacta de manera diferenciada a ciertos grupos poblacionales más vulnerables, y que parte de la impunidad estructural que persiste en distintas instancias y niveles de gobierno.

Durante la reciente revisión ante el comité denunciaron que la delegación mexicana no pudo respon-der a los cuestionamientos realizados, entre otros factores por la falta de una implementación efectiva de los instrumentos jurídicos existentes.

Entre las observaciones finales, el CAT resaltó que si bien en años recientes se han presentado avances legislativos en el tema, como lo es la implementación de la Ley General contra la Tortura –que homologa en toda la nación los tipos penales sobre tortura y malos tratos, y prescribe, además, la imprescriptibilidad para la investigación y sanción de tal delito– la tortura en México presenta niveles alarmantes de incidencia, ya que conforme a datos proporcionados por el propio Estado, en enero de 2019 la Fiscalía General de la República contaba con 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación en trámite por este delito.

Asimismo, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura. Lo cual no solo indica que dicha práctica se ejerce constantemente, sino que también revela que miles de casos quedan en la impunidad. Factor que ha fomentado la continuidad de esta práctica.

Uno de los casos más recientes fue el de Carlos Canto Salgado, que se conoció mediante la difusión de un video en redes sociales. En él se muestra a un hombre atado de manos, con los ojos vendados con cinta adhesiva, y a personas, a las que se identifica como elementos de seguridad de Guerrero, que lo torturan e interrogan respecto a los hechos relacionados con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tal suceso no únicamente refleja el crudo panorama de la tortura en la República Mexicana, también demuestra uno de sus efectos más graves, como lo es la toma de declaraciones y recolección de pruebas a partir de tormentos y tratos crueles. Dicho caso es particularmente alarmante, pues desde hace alrededor de un año organismos internacionales denunciaban que la mayoría de las declaraciones retomadas en la llamada verdad histórica para el caso Ayotzinapa carecían de legitimidad al presentar señales de tortura, dejando al descubierto una línea de investigación ya totalmente desacreditada.

Ante este panorama, la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador tiene la tarea de generar líneas de acción encaminadas a combatir tal problema. Y entre sus principales encomiendas está la de diseñar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura correspondiente a este sexenio, el cual deberá tomar en cuenta las experiencias y opiniones de las diversas organizaciones de la sociedad civil que por años han trabajado para visibilizar y erradicar dicha práctica, además de recoger las voces de aquellas personas y sus familiares que han sido víctimas de diversos episodios de tortura en los sexenios anteriores. Ello con la finalidad de diseñar una política pública contra la tortura en apego a los más altos estándares internacionales en derechos humanos.