La “victimización” del Estado y la defensa de los derechos humanos
18 de enero de 2015
Por: Melissa Vértiz Hernández
De acuerdo con información publicada el 22 de diciembre de 2014 en medios y redes sociales, después de 3 años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) entrega información desclasificada, en donde se demuestra la participación de la Policía Municipal en el secuestro y ejecución de migrantes de Centro y Suramérica en 2011. Esta situación se da después de la negativa, tanto del gobierno estatal como del federal, con respecto de la participación de autoridades en estos hechos, argumentando actos realizados por grupos organizados. Esto contrasta con la insistencia, desde esa fecha, por parte de sociedad civil y de organizaciones internacionales no gubernamentales defensoras de derechos humanos sobre la participación y/o anuencia de las autoridades para llevar a cabo estos hechos.
Esta situación es botón de muestra de la impunidad, la corrupción y el desvío de poder que existen en México, pero sobre todo es un golpe contundente a la postura y al discurso oficial del gobierno mexicano de colocarse en un papel de víctima frente a este tipo de actos, realizados por el crimen organizado con su anuencia, sobre todo en lo que hace a ejecuciones y/o secuestros de personas migrantes. Recordemos también a heridos, ejecutados y desaparecidos de Iguala, Guerrero, y la clara participación del Estado en hostigamientos y asesinatos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, hemos insistido en diferentes foros y espacios de incidencia política, sobre el vínculo que existe entre autoridades de diversos niveles con el crimen organizado, creándose así un ambiente de impunidad y corrupción, al parecer interminable, pues tampoco el sistema judicial mexicano contribuye a que las personas responsables de estos actos, sean autoridades o no, sean llevados ante la justicia.
Son nulos los mensajes y acciones que permitan vislumbrar que las obligaciones del Estado al derecho a la verdad, tanto a familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, como a la sociedad en general, la reparación del daño y sobre todo las garantías de no repetición puedan ser una realidad en este país.
Algo que es preocupante del mensaje de Enrique Peña Nieto, a propósito de su visita a Estados Unidos en días pasados, es el agradecimiento que da al mandatario del país vecino para seguir trabajando en materia de seguridad y combatir al crimen organizado, inclusive atreviéndose a mantener un compromiso de “mayor control en la frontera Sur del país mexicano para tener una migración ordenada y controlada”.
En la práctica esto no es algo nuevo, estas acciones han tenido como resultado, entre otras cosas, abusos y violaciones a derechos humanos en contra de personas tanto mexicanas como migrantes internacionales, principalmente de Centroamérica, quienes han sido víctimas de ejecuciones, desapariciones y un interminable listado de violaciones a sus derechos humanos.
En este contexto es importante recordarle a la sociedad, y sobre todo al gobierno mexicano en sus tres poderes y niveles de gobierno, cuestiones tan fundamentales en materia de derechos humanos como son los compromisos internacionales de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Los cuestionamientos que como sociedad debemos hacernos justamente deben ir en este sentido, saber si el gobierno de México está cumpliendo con estas obligaciones o, por el contrario, está siendo rebasado por la propia sociedad civil, la cual genera las condiciones para ejercer sus derechos, y que ha creado y construido sus propios mecanismos de defensa y promoción de los derechos humanos. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la importancia de apostarle a construir y, en su caso, fortalecer procesos organizativos que permitan generar cambios verdaderos tanto en las instituciones como en la vida política y pública de nuestro país.
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