A finales de 2012, Felipe Calderón terminó su gestión con la aprobación de la reforma laboral, la cual sería la primera de varias reformas estructurales como la educativa, energética, tributaria, en telecomunicaciones, que han sido aprobadas e implementadas en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto.

El sexenio actual se presenta con el slogan “Vamos a mover a México”, haciendo referencia a todas las trasformaciones necesarias para que nuestro país responda a los requerimientos del mercado global. Las llamadas reformas estructurales son medidas de corte neoliberal que lejos de propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos más empobrecidos y marginados, agrava su situación al afectar de forma negativa el ejercicio de los derechos humanos, particularmente los económicos, sociales, culturales y ambientales.

Para hacer más atractivo el país para la inversión extranjera, el Estado mexicano trata de adelgazar el marco jurídico de protección y respeto de los derechos humanos, contraviniendo la reforma constitucional de 2011. Su intención es hacer que los derechos humanos no representen un obstáculo para la dinámica de mercado, por ejemplo:

1. La reforma laboral permite la subcontratación haciendo más nebulosas las relaciones de trabajo, disminuyendo las obligaciones obrero-patronales para las grandes corporaciones dejando la responsabilidad de la seguridad social en los empleados. Reconoce el pago por horas y, cuando hay un conflicto laboral, limita el pago de salarios caídos a un año, yendo en contra de las conquistas del movimiento obrero como la jornada máxima de 8 horas y un salario digno que la cubra, la estabilidad en el empleo y la justicia laboral.

Esto sólo favorece a las empresas que buscan generar altos rendimientos a bajos costos, sacrificando las condiciones laborales de los empleados por acumular mayores ganancias. Cuestión que resalta cuando se sabe que México es de los países con jornadas laborales más largas y peor pagadas.

2. La reforma educativa, lejos de tocar temas relacionados con los contenidos de los planes de estudio o de nuevas metodologías pedagógicas, no es otra cosa que una medida de control laboral del gremio magisterial, pues este representa uno de los sectores de mayor oposición al régimen en los últimos tiempos. La reforma crea al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación para hacer que las y los docentes que se muestran críticos ante las acciones del gobierno sean despedidos sin respeto a sus derechos laborales, propiciando así un debilitamiento del sector magisterial como actor político, especialmente a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

No obstante, los cuerpos docentes han denunciado que dicha evaluación no corresponde con las condiciones de formación del magisterio y las diferencias regionales a las que se enfrentan particularmente en las zonas rurales de alta marginación y pobreza. También denuncian, que se invierte más en esta evaluación que en corregir y subsanar los rezagos en infraestructura y equipamiento que padece el sistema público de educación. Consideran que la reforma debe contar con una plena participación del magisterio pues es quien mejor conoce la situación del sistema educativo y el contenido académico.

3. México y el mundo en general, experimentan una intensificación del modelo extractivista, donde se busca explotar al máximo los recursos naturales como el agua, los minerales y los energéticos. En ese sentido, la reforma energéticadebilita la protección estatal en el sector de extracción y explotación energética, abriendo este nicho de mercado a los capitales privados principalmente los extranjeros.

La reforma adelgaza o incluso elimina las figuras de propiedad social de la tierra. Permite que corporaciones privadas puedan explotar territorios sagrados, la propiedad comunal y ejidal, o bien territorios que están destinados para reserva ecológica, anteponiendo el interés económico a los derechos de los pueblos y comunidades o incluso al cuidado y preservación del medio ambiente.

Dentro de sus leyes secundarias, se encuentra la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos, la cual pretendía criminalizar cualquier acto de defensa realizado frente a las violaciones a los derechos humanos derivadas de la implementación de tal reforma, pero debido a una acción de inconstitucionalidad se encuentra detenida por atentar contra el derecho de acceso a la información y a la libertad de expresión. Derechos que también están en riesgo con la reforma en telecomunicaciones que al regular las señales de celular y el internet, trata de dificultar la labor de quienes documentan violaciones a derechos, particularmente en contextos de protesta social.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el actual gobierno pretende “Mover a México” a través de las reformas estructurales, las contrarían el llamado y el deber que tiene el Estado de proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos, los cuales deberían estar por encima de cualquier interés económico.