El Comité de los Derechos del Niño apremió al Estado mexicano para adoptar políticas amplias para proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier violencia.
Editoriales | Blog «La dignidad en nuestras manos» del Plumaje de Animal Político
Web original | Imagen : Víctor Chima
Por: Ariadna Rosales y Melissa García
23 de mayo de 2021
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a fin de lograr las mejores condiciones para el libre desarrollo de su personalidad. En México se reconoce ese derecho en el artículo 4º de nuestra Constitución. El 21 de septiembre de 1990 el Estado mexicano ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que reconoce que los niños, niñas y adolescentes son individuos con derechos y que al encontrarse en pleno desarrollo, físico y mental es necesario garantizar sus derechos y desarrollar su personalidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.
El 8 de junio de 2015 el Comité de los Derechos del Niño, órgano que supervisa la aplicación de la Convención, en su examen periódico al Estado mexicano externó su preocupación en cuanto a la elevada incidencia de castigos corporales en niñas, niños y adolescentes, además de la violencia familiar, violencia de género y la falta de acceso a la justicia. En las observaciones se recalcó que toda forma de violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluido el castigo corporal, es injustificada y perjudicial para el desarrollo y los derechos de la infancia y adolescencia. Se apremió al Estado para adoptar a nivel federal y estatal políticas amplias para prevenir y sancionar toda forma de violencia, además de urgir en la necesidad de proteger y asistir a niñas y niños víctimas de cualquier tipo de violencia.
El confinamiento sanitario ha cambiado la forma de vida de todas las personas, especialmente de los niños, niñas y adolescentes, quienes particularmente han tenido que ausentarse de sus escuelas y poner en pausa sus actividades diarias, dejando al descubierto realidades que dan pistas sobre las desigualdades sociales que perseveran.
En principio el cierre de los servicios de cuidado infantil, centros de apoyo social, las restricciones de movilidad y la inaccesibilidad a servicios básicos para familias, como lo son los centros de esparcimiento social, han aislado a los niños y niñas de la sociedad y por ende, impidiendo que tengan un adecuado desarrollo.
Los hogares, fuera de ser un lugar seguro, para muchas y muchos se han convertido en un entorno en donde normalmente el 63% de niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia según datos de Balance Anual REDIM 2020. De acuerdo con el informe “Las dos pandemias: violencia contra las mujeres en México en el contexto de COVID-19”, elaborado por las organizaciones civiles Equis Justicia para las Mujeres, Intersecta y la Red Nacional de Refugios1, se documentó un aumento notable en las llamadas de auxilio relacionadas con violencia sexual, familiar y contra las mujeres. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó respecto a llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer un total de 260,067 durante el 2020.
Este año el Congreso Federal aprobó diversas reformas a la Ley General de los niños, niñas y adolescentes (“LGDNNA”) y al Código Civil Federal, uno de sus propósitos es impulsar una educación encaminada a la paz desde los hogares, eliminando la idea de educar a niños y niñas usando el castigo corporal como forma de corrección o disciplina. También prohíbe cualquier tipo de trato humillante, así como explotación infantil o trabajo forzado.
El artículo 47 de la LGDNNA define el castigo corporal como cualquier acto cometido hacía niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física o actos que pretendan causar dolor aunque sea leve. Esta reforma era aún más necesaria como medida de urgencia para atender los impactos diferenciados que ha tenido la crisis sanitaria en el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia.
Aunque reconocemos la labor por parte del Estado mexicano a través de la publicación de las reformas a los instrumentos mencionados anteriormente, es necesario que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos de la niñez, así como la sanción, reparación y prevención si alguno de estos derechos son violentados. Ante el siguiente período de sesiones en el Comité de los Derechos del Niño, reiteramos la obligación de las autoridades mexicanas para adoptar todas las medidas necesarias otorgando una protección reforzada a estos grupos de atención prioritaria conforme al interés superior de la niñez, situación que requiere de mayor urgencia en medio de una crisis de derechos humanos y sanitaria.
*Ariadna Rosales y Melissa García son colaboradoras del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. (@CDHVitoria)
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