Por décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México dedicadas a la defensa de los derechos humanos han ideado estrategias para llevar a cabo acompañamientos y actividades en condiciones poco favorables, articulándose y fortaleciéndose ante un Estado que no atiende de manera efectiva ni integral a todos los sectores de la población.

La histórica labor realizada por las organizaciones¹ ha requerido un ejercicio continuo de planteamientos y acciones creativas en las formas de trabajo y los mecanismos de acompañamiento, defensa jurídica, incidencia política y/o educación popular, atendiendo a los contextos en los que se desenvuelven y que complejizan la implementación de estrategias sostenibles e integrales para su labor.

El recorte y la eliminación de recursos públicos, los discursos y narrativas que descalifican su labor, el contexto de riesgo, impunidad y amenazas constantes, así como la falta de políticas fiscales y tributarias integrales que atiendan sus realidades específicas y condiciones², son elementos que constituyen la actualidad en el que muchas OSC desarrollamos nuestras actividades, sumando además la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos pone en una situación de bastante complejidad y mayor vulnerabilidad.

Sin duda, durante esta contingencia nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestras dinámicas y formas de trabajo en circunstancias que dificultan mucho más la labor de defensa dentro de una OSC. Entre ellas las medidas de distanciamiento social, la limitada comunicación e interlocución con las autoridades e instituciones y las actividades total o parcialmente detenidas en éstas. Además, dicha emergencia tiene un impacto diferenciado en las personas y grupos que acompañamos: comunidades, colectivos y articulaciones que desde mucho tiempo atrás se enfrentan a escenarios de vulnerabilidad, violencia, precarización y nula atención en sus procesos y exigencias de justicia, verdad y reparación, ahora agudizados ante la emergencia sanitaria.

Esta discusión se enmarca en un contexto que pareciera ir “contra reloj” ya que el inicio de las medidas de confinamiento y distanciamiento social no significaron una paralización de actividades en las OSC, al contrario, se multiplicaron cuando la pandemia dejó ver que el Estado continúa sin priorizar sus obligaciones de atención. No es un escenario desconocido para las OSC la reducción o limitación de sus agendas y actividades ante la falta de recursos, llegando a plantearse en algunos casos escenarios como el cierre total de los espacios, lo cual desafortunadamente sí ha sucedido a lo largo de los años en México. Así, mientras las necesidades de atención aumentan, el acceso a recursos que sostengan las actividades continúa a la baja y el panorama se torna más preocupante, colocando en una extrema incertidumbre a muchos espacios que realizan actividades indispensables para la defensa de los derechos humanos.

El tema de la sostenibilidad siempre ha sido una constante en los diálogos y reflexiones hacia el interior de las OSC, así como parte de las exigencias del sector frente al Estado. No obstante, la pandemia ha dejado ver mucho más la necesidad de generar estrategias que impacten positivamente en la sostenibilidad integral y la operatividad de nuestros espacios, garantizando una proyección a largo plazo que brinde seguridad no sólo a las personas defensoras dentro de las organizaciones, sino también a las personas que acompañamos y que son el motor principal de nuestro trabajo.

Nos enfrentamos a una situación de emergencia que está teniendo fuertes efectos en la manera en que defendemos los derechos humanos, realzando la importancia de configurar y/o fortalecer alianzas y vínculos que permitan construir y llevar a cabo una agenda común desde las bases y la colectividad para tener un mayor alcance a corto, mediano y largo plazo tanto a nivel local como nacional. Defender derechos humanos es nuestro derecho y debe garantizarse su ejercicio en condiciones integrales y dignas, lo que conlleva desde la obligación del Estado para generar y brindar herramientas y mecanismos que permitan la sostenibilidad de las OSC, hasta la responsabilidad que tenemos al interior de nuestros espacios para asegurar el bienestar integral de nuestros equipos.

Es así que las OSC tenemos una diversidad de retos al exterior y al interior, los cuales deben mirarse y ser dialogados en todo momento desde visiones críticas y autocríticas que apuesten por la dignidad humana y el ejercicio integral de los derechos humanos. Es fundamental continuar con estas reflexiones tanto al interior de nuestros espacios como con actores diversos, quienes cuentan con saberes y trayectorias valiosas, las y los que han demostrado su apoyo a las causas y aún más con las personas y grupos que acompañamos, explorando alternativas y compartiendo experiencias y herramientas que permitan construir acciones colectivas efectivas.

La tarea no es sencilla, aún quedan muchas reflexiones por dar y si bien son discusiones largas es imprescindible darles su debido espacio en el momento actual. ¿Cómo construimos e implementamos una sostenibilidad integral y digna dentro de las OSC? ¿Cómo seguimos impactando en procesos de carácter estructural cuando cada vez son más las necesidades inmediatas? ¿Qué implica la emergencia sanitaria para la defensa de los derechos humanos? ¿Qué nuevas realidades deberemos enfrentar?

Estos cuestionamientos y otros se encuentran profundamente interrelacionados en cada una de nuestras labores por la defensa y promoción de los derechos humanos. El panorama claramente no es alentador, pero es indispensable no dejarse llevar por esta incertidumbre; la historia de las OSC no ha sido fácil pero la construcción de redes y las luchas compartidas continúan. Los impactos del contexto actual serán múltiples y empiezan a reflejarse. Es momento de seguir repensando las formas de hacer y vivir la defensa de los derechos humanos dentro de las OSC, sin dejar de lado que nuestro compromiso sigue siendo el mismo: abonar en la construcción de un país más democrático, justo y digno.