En abril de 2019 se llevó a cabo el Segundo Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos¹ en la Comunidad Purépecha en Arantepacua, Michoacán, surgido de la necesidad de dar seguimiento a los puntos de reflexión y acuerdos generados colectivamente durante el “Primer Encuentro”, un espacio realizado un año atrás en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Su objetivo fue llevar a cabo la compleja tarea de pensar en procesos de verdad, justicia, reparación integral y no repetición, desde la diversidad de necesidades, preocupaciones e intereses de las víctimas y sobrevivientes.

De ahí se propuso y generó la articulación denominada “Segundo Encuentro”, compuesta por personas, grupos, colectivos, comunidades y movimientos de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos para sumar desde las diversas experiencias de lucha y resistencia con un objetivo: llegar a las instituciones para abrir la puerta a la manifestación y escucha de la sentida y digna exigencia de verdad y de justicia para las víctimas y sobrevivientes del país.

Así pues, el Segundo Encuentro inició entonces una serie de actividades para generar acuerdos y propuestas² colectivas en beneficio de las víctimas y sobrevivientes, quienes conviven entre una multiplicidad de procesos de distintas violaciones graves a los derechos humanos con la agravante de la constante criminalización a través del injusto encarcelamiento y actos en contra de la seguridad e integridad física de las y los sujetos más visibles de dichas colectividades.³

Aún cuando por parte del gobierno del estado se han manifestado propuestas y llevado a cabo acciones para mitigar los impactos generados por la crisis de derechos humanos, el Segundo Encuentro se ha mantenido firme en cuanto a la necesidad de buscar espacios para ser reconocidos como sujetos activos que merecen no solamente ser escuchados, sino considerados en la construcción de propuestas relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia, así como la atención a víctimas y sobrevivientes.

Las exigencias colectivas de búsqueda y verdad también son replicadas en luchas individuales, tal y como lo manifestó Lourdes Mejía, defensora y madre del tesista y activista de la UNAM, Carlos Sinuhé Mejía, durante la disculpa pública dirigida a la memoria de su hijo y a su familia: “continuaré luchando por justicia, no sólo para ti: sino para todos y todas. Para que tu sangre, hijo, sirva y haya justicia porque yo te parí a la vida y tú me pariste a la lucha…”.

La digna manifestación de Lourdes ejemplifica la necesidad urgente de entender la importancia que guarda el reconocimiento y la articulación, ya que hacen que el dolor y la lucha cobren sentido cuando se hace eco de las exigencias y existe una colectividad dispuesta a caminar de la mano, nombrando a quienes no están, pero no se olvidan y que se hacen presentes en cada manifestación, reunión, encuentro e interlocución con las autoridades.

Ahora bien, las articulaciones de víctimas y sobrevivientes se encuentran en un contexto nuevo: la imposibilidad de buscar espacios de participación y encuentro debido a la crisis sanitaria que ha generado impactos negativos a las personas que buscan con urgencia dar seguimiento a sus procesos de justicia. Aunado a esto, existen implicaciones inmediatas derivadas de la pandemia que recrudecen el desgaste económico y psicoemocional previo, debido a la falta de acceso a medidas que les permitan sostener los diversos procesos de exigencia de justicia.

Lo anterior obliga a las articulaciones de víctimas y sobrevivientes a repensar nuestras formas de lucha y de exigencia para hacer frente a los obstáculos y nombrar a quienes no están, un ejemplo: la marcha virtual organizada por las madres y familiares de personas desaparecidas, actos de memoria en nombre de las víctimas, y asambleas virtuales para invitar a la reflexión y colocar sus necesidades en el centro de la agenda de las autoridades a fin de que éstas sean atendidas de forma urgente e inmediata.

Ante este panorama y los recientes hallazgos de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, surge la oportunidad para que el Estado mexicano aprenda de las lecciones de impunidad recogiendo las aportaciones y experiencias de las víctimas y sobrevivientes para impulsar estrategias de fortalecimiento de las instituciones en materia de procuración y administración de justicia. Así como a realizar acciones dirigidas al esclarecimiento, el conocimiento de la verdad y la atención integral a las víctimas a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno logren coordinarse “…colocando en el centro de la atención el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, con un trato digno y respetuoso…”, tal como manifestó el subsecretario y presidente para la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas.

Si bien estos retos se presentan en medio de una crisis de derechos humanos que se acentúa con la emergencia sanitaria, representan también una oportunidad para entablar un diálogo entre las instituciones gubernamentales y las articulaciones de víctimas y sobrevivientes para solventar una deuda histórica que todavía no ha sido atendida: el reconocimiento del papel fundamental de las víctimas y sobrevivientes en la construcción de un régimen democrático y justo cuando estas visibilizan su digna y continua exigencia para mantener viva la memoria que tanto hace falta a la sociedad para clamar justicia y decir: ¡ya basta!

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¹ Encuentro Arantepacua.

² Por una verdadera justicia para todas las víctimas del país.

³ Mensajes y acuerdos del 2do Encuentro.