馃摪 El conflicto de Nahuatzen se trata de un caso claro de criminalizaci贸n, t谩ctica usada para infundir miedo entre personas defensoras de los derechos colectivos de sus comunidades ind铆genas.
Editoriales | Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada
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Por: Miguel Concha
S谩bado聽09 de enero de 2021
Jos茅 Antonio Arreola y聽Jos茅 Luis Jim茅nez fueron condenados el 8 de noviembre de 2019 a siete a帽os de prisi贸n por el delito de sabotaje. En realidad se trata de concejales de la comunidad de Nahuatzen, en Michoac谩n. A inicios de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) decidir谩 si convalida su criminalizaci贸n u ofrece su protecci贸n a una comunidad valiente en el ejercicio de sus derechos.
Desde septiembre de 2015 la comunidad ind铆gena pur茅pecha de Nahuatzen decidi贸 ejercer su autonom铆a a nivel comunitario, y luchar por el reconocimiento de su Concejo de Gobierno. No es la 煤nica comunidad en el municipio que ha optado por la autonom铆a. Arantepacua, Sevina y Comachuen son otras comunidades que han optado por la figura de Concejo de Gobierno y ejercen su presupuesto directamente, decidiendo as铆 el tipo de desarrollo que se impulsa mediante sus prioridades de gasto.
Optar por la autonom铆a fue el resultado de una reflexi贸n profunda que se remont贸 hasta sus ra铆ces ancestrales para resolver un problema actual: la inseguridad. La comunidad de Nahuatzen denunci贸 los v铆nculos de las autoridades municipales con el crimen organizado y concluy贸 que las din谩micas de los partidos no tienen controles suficientes para evitar que los candidatos electos sean influenciados o conducidos por los intereses de grupos criminales que controlan los territorios de Michoac谩n.
Y fue as铆 como decidieron poner la seguridad bajo la responsabilidad colectiva de la comunidad, haciendo uso de sus sistemas normativos propios. Esta decisi贸n, respaldada en un primer momento por el tribunal electoral, encontr贸 gran resistencia de actores locales, que han convertido al sistema electoral, basado en partidos, en su fuente de ingreso econ贸mico y en su estrategia de control pol铆tico sobre el territorio. Estos grupos vieron afectados sus intereses con la opci贸n por la autonom铆a, y han utilizado una diversidad de recursos para recuperar el poder pol铆tico perdido.
En 2020 diversas organizaciones sociales organizaron una Misi贸n Civil de Observaci贸n que document贸 los patrones de violaciones a los derechos humanos en la regi贸n, particularmente la situaci贸n de dos concejales de Nahuatzen que hoy se hallan presos injustamente en una c谩rcel de Uruapan, Michoac谩n. En 2019 fueron condenados por los delitos de sabotaje, robo calificado y robo de veh铆culo automotor. Organizaciones civiles, como la Red Solidaria Michoacana, y Servicios y Asesor铆a para la Paz, han documentado el proceso judicial y han denunciado p煤blicamente que las pruebas con las que los condenaron fueron fabricadas.
Se trata de un caso claro de criminalizaci贸n, t谩ctica usada para infundir miedo entre personas defensoras de los derechos colectivos de sus comunidades ind铆genas. La acusaci贸n contra Jos茅 Antonio y Jos茅 Luis es supuestamente por liderar un grupo de 60 a 70 personas que ocasion贸 disturbios y disparos de armas de fuego el primero de noviembre de 2018. Esta acusaci贸n fue sustentada por el testimonio de funcionarios del ayuntamiento y una persona con v铆nculos cercanos a los funcionarios locales.
Los peritajes incluidos fueron realizados por dos peritos de la fiscal铆a , y mencionan la existencia de cerraduras y vidrios rotos y documentos desordenados en su inmueble. Sin embargo, la fiscal铆a no ofreci贸 ninguna prueba objetiva de la realizaci贸n de la supuesta marcha, como podr铆an ser fotos, videos tomados por observadores circunstanciales, etc. De acuerdo con lo documentado por las organizaciones civiles, con testimonios de los habitantes de Nahuatzen, los hechos nunca ocurrieron. Todo es un montaje. Y por ello, en diciembre de 2020 los defensores presentaron un recurso de reclamaci贸n ante la SCJN, el cual ser谩 resuelto pr贸ximamente por la ministra Norma Luc铆a Pi帽a Hern谩ndez.
Se trata del 煤ltimo recurso judicial disponible. En sus manos est谩 la posibilidad de iniciar un proceso que permita el respeto al estado de derecho y a los derechos humanos colectivos e individuales de la comunidad de Nahuatzen. Sin embargo, lamentablemente el encarcelamiento de los dos concejales no es un hecho aislado, pues se da en un contexto de agresiones constantes contra el conjunto del Concejo Ciudadano Ind铆gena de Gobierno de Nahuatzen, ya que heridas de bala, agresiones por parte de la polic铆a municipal, violencia pol铆tica en contra de las mujeres concejalas, retenci贸n ilegal del presupuesto, intromisi贸n del tribunal electoral en la vida comunitaria de Nahuatzen, entre otros incidentes graves, son la constante del ambiente en que vive una comunidad que ha decidido luchar por el ejercicio de su derecho a la libre determinaci贸n.
Para esta comunidad, as铆 como para otras ubicadas en la meseta pur茅pecha en Michoac谩n, el ejercicio de sus derechos colectivos es fundamental para afrontar los serios problemas en temas de seguridad y para mantener sus formas de vida comunitaria.
