Editoriales | ūüďį Columna semanal de Fr. Miguel Concha en La Jornada

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Por: Miguel Concha

S√°bado ūüďÖ

25 de abril de 2020

Diversos posicionamientos de personas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos concuerdan, de una u otra manera, con respecto al Covid-19, en un aspecto com√ļn: cualquier medida que tome el Estado mexicano para atender y contener la pandemia debe tener como centro el pleno respeto y garant√≠a de los derechos humanos de todas las personas, especialmente los de los grupos de atenci√≥n prioritaria o que hist√≥rica o coyunturalmente se encuentran en mayor situaci√≥n de vulnerabilidad. Ejemplo de esto es la Resoluci√≥n 1/2020, titulada¬†Pandemia y Derechos Humanos en las Am√©ricas¬†(https://bit.ly/3csq9RE), adoptada el pasado 10 de abril por la Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Comisi√≥n).

En términos generales, esta resolución hace un llamado a los 35 estados miembros de la Organización de Estados Americanos, uno de ellos México, para que adopten la perspectiva de derechos humanos de manera inmediata e interseccionalmente en toda estrategia, política o medida dirigida a enfrentar la pandemia.

Asimismo, la resoluci√≥n se√Īala que toda medida que restrinja, suspenda o limite derechos necesita ser adecuadamente justificada. Por ejemplo, con la mejor evidencia cient√≠fica y ajust√°ndose a los principios¬†pro persona, de proporcionalidad y temporalidad, los cuales han de procurar el estricto cumplimiento de los objetivos de salud p√ļblica y protecci√≥n integral. As√≠, la resoluci√≥n tambi√©n expone que los estados deben abstenerse de suspender ciertos derechos, entre ellos el reconocimiento a la personalidad jur√≠dica de las personas, a la vida, a la integridad personal y los derechos pol√≠ticos.

Aunado a esto, la Federaci√≥n Mexicana de Organismos P√ļblicos de Derechos Humanos, compuesta por 33 organismos del Estado nacional, dedicados a la defensa y promoci√≥n de los derechos humanos, emiti√≥ un pronunciamiento (https://bit.ly/3eBrqrw) en el que declar√≥, entre otras cosas, que¬†la emergencia sanitaria no debe convertirse en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse como una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

De esta manera, y seg√ļn la doctora Fabiola Mart√≠nez Ram√≠rez, la emergencia sanitaria desencadenada por el Covid-19 no justifica de ninguna manera que el Estado mexicano pase por encima de los derechos humanos, sino que todas las autoridades, en sus diferentes √°mbitos y niveles de competencia, est√°n obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, as√≠ como a cumplir con sus deberes espec√≠ficos. Es decir, a prevenir, investigar, sancionar y reparar sus violaciones.

Sin embargo, medidas como la publicación de la controvertida Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica (en adelante, Guía), actualmente en revisión, que después fue manejada por las autoridades como un proyecto no aprobado, representaba un claro desconocimiento e inaplicación de las obligaciones generales y deberes específicos del Estado o, por lo menos, de quienes integran el Consejo de Salubridad General.

Así, parecía que la Guía se tomaba la atribución para decidir arbitrariamente quién viviría y quién moriría en situaciones de asignación de recursos escasos, a través de meros criterios utilitaristas, hoy aparentemente eliminados, como el llamado vidas-por-completarse, o el Triaje, el cual es, parafraseando a Mauro González Luna ( Proceso, Num. 2268, p. 12), una suerte de volado, donde el azar toma la decisión. Medidas como la Guía son la puerta de entrada a numerosas violaciones a derechos humanos por acción, omisión o aquiescencia. Una de éstas es la discriminación o los tratos diferenciados e injustificados contra grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad; entre ellos las personas adultas mayores, contraviniendo con ello instrumentos jurídicos vinculantes, como la Constitución (artículo 1), la Ley Federal Para Prevenir y Erradicar la Discriminación (artículos 1-4) y la Resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana (resolutivos 3, 36, 40, 43, 58, 67, 69, 71 y 76).

Por estos y otros motivos, saludamos los genuinos esfuerzos de las autoridades, pero a la vez las llamamos a reali-zar dos tareas esenciales en estos tiempos de crisis: cumplir con sus obligaciones generales y deberes específicos, para que durante y después de esta pan-demia, todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos reconocidos en la Constitución de nuestro país y en los tratados internacionales ratificados en México, mediante procedimientos de protección adecuados que permitan su materialización.

Y en segundo lugar, adoptar criterios razonablemente objetivos, bajo la perspectiva de derechos humanos que permitan priorizar, sin discriminar, como los test de proporcionalidad (https://bit.ly/2RWgxXD) y de máximo uso de recursos disponibles (https://bit.ly/2KpbbA0), así como modelos bioéticos congruentes para deliberar problemas y dilemas éticos.